La corrupción y su freno. Ciudadanía, instituciones y normas

En Uruguay están quienes piensan que el modelo a seguir es el chileno, precisamente
de corte acusatorio, donde son los fi scales los que conducen la investigación, incluso
coordinando acciones con representantes del Ministerio Público de otros países.
El derecho de acceso a la información pública
En 2009 también se aprobaron normas de transparencia para garantizar el Derecho
de Acceso a la Información (DAI) de los ciudadanos, como herramienta de control de
la actividad pública y del gasto de los recursos públicos.
El acceso a la información pública –entre múltiples utilidades– permite a los ciudadanos
observar lo que sucede dentro del gobierno y expone los errores de la gestión, al
tiempo que permite una visualización más clara de posibles actos de corrupción.
La Ley Nº 18.381 sobre “Derecho de Acceso a la Información Pública”, del 17
de octubre de 2008, constituye un avance importante en esa materia, en la que Uruguay
también estaba rezagado frente a la comunidad internacional, encontrándose en franco
incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales asumidas. Antes que Uruguay,
ya 80 países habían adoptado legislaciones de acceso a la información. Pero esto
no le impide a Uruguay posicionarse ahora entre la avanzada de América del Sur, donde
ni Brasil ni Argentina han adoptado aún esta herramienta, al tiempo que en otros países
como Perú, Ecuador y Bolivia la debilidad institucional en la materia no garantiza el pleno
acceso a la información.
Esa norma reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental
de toda persona. Por primera vez establece obligaciones de transparencia activa
para el Estado, lo que constituye un avance sustancial frente a la sugerencia de transparencia
que hacía el artículo 7º de la Ley Nº 17.060. A su vez, se establece un procedimiento
reglado y efi caz para atender las peticiones de información de los ciudadanos y, lo que es
más importante, se articula un procedimiento jurisdiccional (breve y garantista) para resolver
los confl ictos que surgen entre los ciudadanos y el Estado para acceder o desclasifi car
información.
La ley de acceso a la información pública contiene normas fundacionales de una
incipiente institucionalidad en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En efecto, crea una Unidad de Acceso a la Información Pública en la órbita de la Agencia
para el Desarrollo del Gobierno de Gestion Electrónica y la Sociedad de la Información
y del Conocimiento (AGESIC) con la misión de implementar las políticas públicas de
transparencia y acceso a la información a nivel público.
Más recientemente, con la Ley Nº 18.485 sobre “Partidos Políticos” del 11 de
mayo de 2009, se avanzó en otro campo donde existían importantes rezagos: el control
sobre el fi nanciamiento público y privado de los partidos políticos.
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