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La revista de la Asociación para las Naciones Unidas en España
Octubre 2011
42
Palestina en la ONU
La crisis financiera y el FMI
La ‘primavera árabe’
Los ‘indignados’ del 15-M
Alcaldes por la Paz, XXXII Premio por la Paz

Editorial
Incertidumbres y liderazgos
Naciones Unidas
Pág. 4 - 66 Asamblea General de la ONU
Palestina y tiempos de cambio
Pág. 6 - Palestina en la ONU.
Consideraciones sobre la solicitud de admisión como miembro
de pleno derecho
Pág. 13 - Palestina en la ONU
Consideraciones históricas de una ocupación
Pág. 16 - La crisis financiera y económica
y el Fondo Monetario Internacional
Pág. 20 - Tribunales penales internacionales ad hoc: ¿misión cumplida?
Pág. 21 - La OIT en el siglo XXI. Aproximación a una acción
institucional para el progreso de la justicia social
Pág. 26 - La opinión pública y la ONU Entre el apoyo y la indiferencia
Pág. 28 - Noticias ONU
Mundo
Pág. 30 - El desencanto y las dudas planean sobre las revueltas árabes
Pág. 38 - ‘Indignados’ del 15-M: más que un aviso
Pág. 42 - Por un Estado y un pueblo europeos
Pág. 42 - Violencia transnacional: Centroamérica y México
Actividades ANUE
Pág. 50 - Alcaldes por la Paz, XXXII Premio por la Paz
Pág. 51 - UNYANET, el impacto positivo de los jóvenes
Pág. 52 - Noticias ANUE
Pág. 54 - Agenda ANUE
ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES
UNIDAS EN ESPAÑA
Presidentes honorarios
Francesc Casares Potau
Lluís Armet Coma
Marina Bru Purón
Presidente
Eduard Sagarra i Trias
Vicepresidente 1º
Xavier Pons Ràfols
Vicepresidenta 2º
Lídia Santos i Arnau
Secretario
Joan Soler Martí
Tesorero
Albert Barbany i Hurtado*
Vocales
Ildefons Valls i Torné
Rafael Jorba i Castellví
Pablo Pareja Alcaraz
Xavier Fernández Pons
Rosa Ana Alija Fernández*
Directora
Àngels Mataró Pau
Adjunto a Dirección
Xavier Guerrero Fernández
Staff
Ariadna Quintero Valderrama
Raül Jiménez Jiménez
Teresa Visa Pérez
Bernat Comes Llovera
Eirene Ramos Nuño
Pablo Rodríguez-Aguilera
* Pendiente de ratificación por la
Asamblea General de la ANUE
REVISTA 42
Consejo de redacción
Xavier Pons Ràfols
Àngels Mataró Pau
Joaquim Coca Edo
Diseño, maquetación
y coordinación
Bernat Comes Llovera
Raül Jiménez Jiménez
Colaboradores revista 42
Eirene Ramos Nuño
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Impresión
Masanas Gràfiques
c/ Moles, 31, bajos
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Depósito legal B 32.843-92
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por sus colaboradores.
La Redacción se reserva el derecho de
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función de sus criterios profesionales.

Editorial 42
Incertidumbres y liderazgos
El agudo rebrote de la crisis financiera y económica
mundial de este verano, que ha afectado especialmente
a algunos países europeos y de manera
particular a España, ha agudizado la inquietud de
amplios sectores de la sociedad española –con unas
tasas de paro absolutamente insostenibles– ante las
incertidumbres que nos depara el futuro y la necesidad
de una adecuada y efectiva gestión de este
futuro colectivo. Esto se ha traducido en movimientos
como el 15-M y en una creciente desafección respecto
de la clase política, de los sindicatos y de otras
instituciones, de manera especial de las entidades financieras.
Una auténtica marea de descontento, de
difícil articulación, se extiende por amplias zonas de
nuestro país, reflejando las insatisfacciones presentes
y las preocupaciones por la salida a esta situación.
Una situación crítica que ha conducido al Gobierno
socialista a un callejón de difícil salida –más aún en
vísperas electorales– y a importantes tensiones sociales
ante la adopción de medidas de recortes y ajustes
presupuestarios, que afectan a algunos de los pilares
del Estado de bienestar y que han adoptado tanto el
Gobierno central como los gobiernos autonómicos.
La situación en Europa resulta, asimismo, particularmente
delicada y está comportando un cierto
peligro no sólo para la estabilidad del euro sino, incluso,
para todo el proyecto político de la Unión Europea.
La lentitud de reflejos, los vaivenes y la falta
de decisiones y compromisos firmes para el rescate
de Grecia y otros países, y para asegurar la estabilidad
financiera en Europa han ido pudriendo la situación
hasta unos límites difícilmente soportables.
El momento actual ha evidenciado las debilidades
políticas y las limitaciones de miras de muchos dirigentes
europeos que o están ausentes o sólo están
pendientes de resultados políticos y electorales
a corto plazo. Una actuación que cabría calificar de
irresponsable y que podría dar al traste con el proceso
de integración europea que lleva más de 50 años
de lenta y, a veces, contradictoria evolución y respecto
al cual los pueblos europeos se han sentido,
en general, bastante ajenos, cuando, en realidad, es
más lo que nos une que lo que nos separa.
Por otro lado, la evolución de los acontecimientos
en el norte de África ha puesto de manifiesto, de un
lado, la insatisfacción de las jóvenes generaciones
árabes y su capacidad para provocar cambios de gran
alcance, pero, de otro lado, salvo en Túnez, donde
ya se han celebrado elecciones democráticas, suscita
gran inquietud la evolución que están experimentando
algunas de estas situaciones. No sólo de Libia,
donde el Consejo Nacional de Transición, después del
asesinato de Gaddafi y la extensión de su control sobre
todo el país, sigue tan dividido como ha estado
desde el primer momento y sin un rumbo claro; o
de Egipto, donde los militares gestionan de manera
muy lenta el proceso de transición; o de Siria, donde
la comunidad internacional ha sido –de nuevo– incapaz
de detener la represión del régimen de Al Assad
y ejercer la responsabilidad de proteger a la población
civil; o de la evolución de otros países del área,
como Somalia, Yemen o Bahrein. Por no hablar del
cronificado conflicto de Oriente Medio y sus difíciles
perspectivas de futuro. En todas estas situaciones,
salvo la de Libia, con las controvertidas resoluciones
del Consejo de Seguridad y la consiguiente –e interesada–
actuación de la OTAN, las Naciones Unidas
han brillado más por su ausencia que por su presencia.
No se trata sólo de adoptar resoluciones para la
protección de la población civil de conformidad con
el Capítulo VII de la Carta; se trata también, a nuestro
juicio, de acompañar de manera decidida los procesos
de transición hacia la democracia desde el punto
de vista político e institucional, pero también en relación
con el desarrollo económico y social y, por tanto,
con la adecuada cooperación económica y financiera
y no pretendiendo obtener beneficios y ventajas.
En estos distintos planos, en nuestro país, en Europa
o en el plano de las Naciones Unidas, la sensación
general que percibimos es de preocupación
e incertidumbre, y, también, de una cierta falta de
liderazgo. Los dirigentes políticos de muchos países
no acaban de estar a la altura de las críticas circunstancias
actuales y no consiguen generar suficiente
credibilidad y confianza, con proyectos de futuro
creíbles y compartibles.
En un ambiente internacional tan complejo
como el actual, de auténtica encrucijada para el
futuro, debería reforzarse, a nuestro entender, el
papel y la visibilidad de las Naciones Unidas y su
papel inspirador en el marco de los tres pilares sobre
los que se fundamenta: la paz, el desarrollo y
los derechos humanos. Entendemos que el mundo
sigue necesitando a las Naciones Unidas, pero creemos
que han de ser unas Naciones Unidas ahítas de
liderazgo y determinación. Para eso es necesario
una clara voluntad política por parte de los Estados
miembros y un claro ejercicio de liderazgo por parte
de su secretario general, Ban Ki-moon, que ya ha
sido elegido para un segundo mandato hasta 2016.
Esperamos que Ban Ki-moon asuma estas responsabilidades
con la máxima altura de miras.
Editorial

Naciones Unidas
4
El secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon; Mustafá Mohammed
Abdul Jalil, presidente del
Consejo Nacional de Transición
de Libia; y B. Lynn Pascoe, subsecretario
general de la ONU,
aplauden la colocación de la
nueva bandera de Libia durante
la reunión de alto nivel.
UN Photo/Eskinder Debebe
Naciones Unidas
66 Asamblea General de la ONU
Palestina y tiempos de cambio
Redacción
La Asamblea General de la ONU comenzó el
13 de septiembre su 66º período de sesiones
bajo la nueva presidencia del embajador qatarí,
Nassir Abdulaziz Al-Nasser, en una Asamblea
marcada por la coyuntura económico-social
mundial, es decir la crisis y el malestar cristalizado
en revueltas y protestas extendidas en
todo el planeta. El propio Al-Nasser declaró al
respecto que “los pueblos de todo el planeta
están cuestionando sus sistemas de gobierno,
ya sin temor de pedir lo que merecen y buscando
activamente el cambio”. El otro tema estrella,
por supuesto, fue la petición de ingreso de
Palestina en Naciones Unidas. Este artículo pretende
resumir someramente los diversos temas
tratados en la agenda de sesiones.
Libia. Con 114 votos a favor, 17 en contra, los
de la Unión Africana y la Alianza Bolivariana
para las Américas contrarios, según sus palabras
a que “una facción o una autoridad de
transición ilegítima impuesta por una intervención
extranjera” ocupara el escaño, y 15
abstenciones, el Consejo Nacional de Transición
(CNT) libio fue reconocido por la Asamblea
y el comité de credenciales como representante
del país.
Horas después, el Consejo de Seguridad estableció
la Misión de Apoyo de las Naciones
Unidas en Libia (UNSMIL) con el mandato de
“entablar un diálogo político sin exclusiones,
propiciar la reconciliación nacional, emprender
el proceso constituyente y electoral”, ayudar
en “el fortalecimiento de instituciones res-
ponsables y el restablecimiento de los servicios
públicos”, y “restaurar la seguridad y el orden
público promoviendo el Estado de derecho”.
Ya el día 20, en una reunión de alto nivel
se daba la bienvenida oficial al presidente y
al primer ministro del CNT, con el secretario
general, Ban Ki-moon, destacando la lucha
del pueblo libio por sus derechos y libertades
fundamentales, mientras el presidente estadounidense,
Barack Obama, añadía que la
actuación en Libia es un modelo de cómo debería
funcionar la comunidad internacional
en el siglo XXI.
Para concluir la cuestión libia, el día 29, el
Consejo de Derechos Humanos solicitó el reingreso
del país ante el compromiso expresado
por el CNT de cumplir con las leyes de
derechos humanos, así como de promover la
democracia y el Estado de derecho, y cooperar
con las instancias internacionales de garantías
fundamentales.
Participación política de la mujer. Ante el
hecho de que las mujeres son menos del 10
porciento de los líderes mundiales, y sólo el 20
por ciento de legisladores, varias jefas de Estado
y de gobierno afirmaron que para lograr
un desarrollo sostenible y la paz es esencial la
participación política de la mujer. Por ello, el 19
de septiembre, promovieron una declaración
que insta a los países que salen de conflictos o
en transición a eliminar todas las barreras discriminatorias
que afrontan las mujeres.

Desertificación. El 20 de septiembre se dedicó
a una reunión de alto nivel sobre la aplicación
de la Convención de la ONU contra la Desertificación.
Los países afectados por sequías
graves, especialmente África, fueron el centro
del debate de la reunión. Ban Ki-moon recordó
que los más de 13 millones de personas
en Yibuti, Etiopía, Kenya y Somalia requieren
ayuda humanitaria urgentemente, señalando
que, con frecuencia, la comunidad internacional
reacciona demasiado tarde.
Enfermedades no transmisibles. La Asamblea
General adoptó por consenso una declaración
política para la prevención y control de las
enfermedades no transmisibles -que cuestan la
vida de 36 millones de personas cada año- en la
que los estados se comprometen a redoblar esfuerzos
para mejorar los servicios médicos y el
acceso a medicamentos. También señala estrategias
multisectoriales para combatir hábitos
como el tabaquismo, la dieta malsana, la inactividad
física y el consumo abusivo de alcohol.
Seguridad nuclear y racismo. El 21 de septiembre
se inauguró el segmento de alto nivel
del 66º período de sesiones. En su mensaje inicial,
Ban Ki-moon invocó la primera frase de
la Carta de las Naciones Unidas “Nosotros los
pueblos”, para recordar que es a esos pueblos
a quienes sirve la Organización. Ban enumeró
los principales retos a afrontar: el desarrollo
sostenible, “Salvar a nuestro planeta, sacar a
la gente de la pobreza, avanzar el crecimiento
económico, son parte de la misma lucha”,
dijo Ban; la prevención de conflictos; la construcción
de un mundo más seguro; el apoyo
a las naciones en transición; y el trabajo con y
para mujeres y jóvenes.
Un día después, el 22, la seguridad nuclear y
la falta de progresos en la implementación de
la Declaración de Durban sobre racismo centraron
el debate, mientras se intensificaban
las intensas negociaciones paralelas sobre la
cuestión palestina.
Ban Ki-moon destacó que muchas veces la
discriminación procede del poder político, “Debemos
resistirnos a los políticos que juegan con
los miedos de la gente y que usan estereotipos
para ganar las elecciones”. Por su parte, la alta
comisionada para los derechos humanos, Navi
Pillay, incluyó en la lista de víctimas a las personas
que sufren VIH y a quienes padecen múltiples
formas de discriminación, especialmente
las mujeres. Desafortunadamente, la reunión
concluyó sin ningún avance específico.
Tampoco hubo acuerdos significativos en el
debate de seguridad nuclear, que se cerró con
una conferencia al día siguiente, para promover
la entrada en vigor del Tratado contra los ensayos
nucleares. El Tratado, que cuenta con 155
ratificaciones, aún no cuenta con las firmas de
Pakistán, India y Corea del Norte y las ratificaciones
de Estados Unidos, China, Egipto, Israel,
Irán e Indonesia. Ban fue contundente al respecto:
“No necesitamos más recordatorios, sino
voluntad política, acciones concretas” declaró.
Palestina. El presidente de la Autoridad Palestina,
Mahmoud Abbas, entregó el día 23 a Ban
Ki-moon la solicitud formal para que Palestina
fuera admitida como Estado miembro de pleno
derecho de las Naciones Unidas. Ban verificó
que Palestina satisface los requisitos para integrarse
a la Organización, elevando la solicitud
al Consejo de Seguridad, órgano que debe dar
el visto bueno a las candidaturas para su posterior
votación por la Asamblea General.
Según el representante permanente de
la Autoridad Palestina ante la ONU, Riyad
Mansur, la solicitud contaría con el respaldo
de más de dos tercios de los países miembros
de la Organización, aunque algunos expresaron
su apoyo solamente a su reconocimiento
como Estado observador, mientras que Estados
Unidos anunció públicamente su veto en
el Consejo de Seguridad.
Después de que Abbas presentara la solicitud,
el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu
le propuso aprovechar que ambos se
encuentran en Nueva York para reunirse de
inmediato y reanudar el proceso de paz. También
el Cuarteto Diplomático (la ONU, la Unión
Europea, Estados Unidos y Rusia) pidió reanudar
las negociaciones directas sin condiciones
en un plazo de un mes para establecer una
agenda que reactive el proceso de paz.
El Consejo de Seguridad de la ONU remitió
al Comité de Admisiones la solicitud palestina
el 28 de septiembre para que la evalúe. Estamos
a la espera de una decisión.
A modo de conclusión. La falta de acuerdos
sustantivos en diversas materias, la nula
repercusión de los debates generales –a excepción
de la primavera árabe–, y la indeterminación
en la resolución de la solicitud
palestina dejan un balance insatisfactorio del
inicio de la 66ª Asamblea General, en un momento
en que todas las miradas estaban centradas
en las Naciones Unidas.
5
Naciones Unidas

Naciones Unidas
6
Nassir Abdulaziz Al-Nasser (tercero
por la derecha), presidente
de la 66ª sesión de la Asamblea
General, y Riyad H. Mansour
(centro), observador permanente
de Palestina en la ONU, junto
a miembros de la campaña no
gubernamental para la admisión
de Palestina.
UN Photo/Evan Schneider
Naciones Unidas
Palestina en la ONU
Consideraciones sobre la solicitud de admisión como miembro de pleno derecho
Xavier Pons Rafols. Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona.
Vicepresidente de ANUE.
El 23 de septiembre, la delegación de Palestina
ante las Naciones Unidas presentó al
Consejo de Seguridad la solicitud de admisión
como miembro de pleno derecho de las Naciones
Unidas, la Organización universal por
excelencia. Una decisión de los dirigentes de
la Autoridad Palestina que está teniendo mucho
impacto político y mediático y que podría
constituir, quizás, un revulsivo que revitalizara
unas agónicas conversaciones de paz que
se alargan demasiado y que tienen su origen
mediato en la Conferencia de Paz celebrada
en Madrid en el año 1991 y en los posteriores
Acuerdos de Oslo y Washington de 1993.
El tema está siendo abordado de manera
confusa en los medios de comunicación y, sin
eludir las importantes connotaciones políticas
que tiene, entiendo que pueden diseccionarse
y analizarse distintos aspectos jurídicos que
se plantean desde el Derecho Internacional
y, cuanto menos, intentar hacer un esfuerzo
para clarificar y ordenar la cuestión que ahora
se presenta en el contexto en el que se halla.
A tal efecto, voy a referirme, en primer lugar,
a la condición de Estado en Derecho Interna-
cional y a la especial situación de Palestina
y, en segundo lugar, al estatuto de Palestina
ante las Naciones Unidas y los procedimientos
a seguir –y las posibilidades de resultados–
que se plantean a partir de la solicitud formulada
por las autoridades palestinas.
La condición de Estado en Derecho Internacional
y la consideración de Palestina
como Estado
La primera cuestión a considerar es que la
condición de Estado en Derecho Internacional
no viene determinada por la admisión de
una determinada entidad como miembro de
las Naciones Unidas o por el hecho de que
muchos otros estados procedan a su reconocimiento
como tal. La condición de Estado –y,
por tanto, de sujeto de Derecho Internacional–
deriva de la efectividad de una determinada
situación que requiere que exista una
población asentada en un territorio, que esté
organizada políticamente –es decir, con un
gobierno–, y que se puedan ejercer las competencias
estatales de manera independiente
o, dicho de otra forma, con plena soberanía.

A partir de esta premisa, debe indicarse
que, aunque las Naciones Unidas sea una
Organización prácticamente universal –que
reúne en la actualidad a 193 estados miembros–,
existen en la actual sociedad internacional
estados que no son miembros de las
Naciones Unidas (como la Santa Sede, que
mantiene un estatuto de observador); estados
soberanos pero con un régimen especial
de asociación que tampoco son miembros
de las Naciones Unidas (como las Islas Cook
o Niue, que sí son miembros de otras organizaciones
internacionales como la FAO o
la OMS); entidades que se han proclamado
como estados y han sido reconocidos por un
número importante de otros estados como
tales (como Kosovo, Taiwán o la República
Árabe Saharauí Democrática); y supuestos de
pretendida estatalidad con el sólo reconocimiento
de un Estado con intereses directos
(como la República Turca de Chipre del Norte
o Osetia del Sur).
La prerrogativa de que un país sea reconocido
como un Estado no viene determinada por el
hecho de ser o no miembro de la ONU
Es decir, que no es necesario ser miembro
de las Naciones Unidas para poder ser considerado
un Estado, por mucho que algunos
de los ejemplos que hemos mencionado
sean, cuanto menos, controvertidos. Se puede
ser perfectamente un Estado sin ser miembro
de las Naciones Unidas. Para ilustrar más
claramente esta situación basta con señalar
que Suiza, con el espíritu de neutralidad que
la caracteriza, no quiso solicitar su admisión
como miembro de las Naciones Unidas hasta
hace escasamente 20 años, en 1992, ostentando
desde muchos años antes el estatuto
de Estado observador y sin que todo ello fuera
obstáculo a que acogiera en su territorio
(en la ciudad suiza de Ginebra) la sede europea
de las Naciones Unidas.
No hay duda, sin embargo, que adquirir
la condición de miembro de la Organización
universal –sin que ello implique un reconocimiento
por todos y cada uno de sus estados
ya miembros– introduce importantes elementos
de fortalecimiento político y de consolidación
de situaciones emergentes y, por ello,
los estados surgidos del proceso de descolonización
o del desmembramiento de la Unión
Soviética y de Yugoslavia solicitaron inmediatamente
su admisión como miembro de las
Naciones Unidas. Así se hizo, recientemente,
con la República de Sudán del Sur que se se-
paró formalmente del Sudán –después de un
largo conflicto que acabó con unos acuerdos
de paz y el consiguiente referéndum– el 9 de
julio de 2011 y fue admitido como miembro
de las Naciones Unidas el 14 de julio de ese
mismo año, escasamente unos días después
de la formalización de su independencia.
En este sentido, puestos a poner otros ejemplos,
puede indicarse que Palestina forma ya
parte, como miembro de pleno derecho, de
algunas organizaciones internacionales de
carácter regional, como la Liga de Estados
Árabes o la Organización de la Conferencia
Islámica. Es más, Palestina ostenta también
esta condición de miembro de pleno derecho
en la Unión para el Mediterráneo, organización
impulsada por la Unión Europea, creada
en el año 2008 y que, como es sabido, tiene
su sede en Barcelona.
El Estado palestino ha sido reconocido por un
centenar de países y forma parte como miembro
de pleno derecho de algunas organizaciones
internacionales
De otro lado, la Organización de Liberación
de Palestina (OLP) –reconocida por las
Naciones Unidas en 1974 como legítima representante
del pueblo palestino– proclamó
solemnemente en 1988 el Estado palestino,
aunque lo tuvo que hacer fuera de los territorios
palestinos ocupados, concretamente en
Argelia. De esta autoproclamación unilateral
de la condición de Estado se siguió la participación
en las organizaciones internacionales
que he señalado y, sobre todo, se ha seguido
a lo largo de los años un goteo constante
de reconocimientos del Estado palestino por
parte de otros muchos estados, con el consiguiente
establecimiento de relaciones diplomáticas.
Aproximadamente un centenar de
estados han formulado este reconocimiento
de la estatalidad de Palestina, entre los que
no se halla España, aunque nuestro país haya
reconocido un estatuto casi diplomático a la
delegación palestina en Madrid.
Cuestión distinta es que la situación de
Palestina pueda enmarcarse en un proceso
continuado de multiplicación del número de
estados –acelerado con el proceso de descolonización
y con la implosión del bloque socialista–
que parece que puede persistir en
otros supuestos sin que, en ningún caso, se
tenga en consideración que, frente a esta
fragmentación de la estatalidad los nuevos
estados tengan capacidades para ejercer, de
7
Naciones Unidas

Naciones Unidas
8
El secretario general Ban Kimoon
(segundo por la derecha)
reunido con la delegación de Palestina,
encabezada por su presidente
Mahmoud Abbas, tras la
petición formal de admisión en
la ONU.
UN Photo/Eskinder Debebe
manera real y efectiva, las funciones propias
de un Estado soberano tanto en su dimensión
externa como, especialmente, en su dimensión
interna. Baste con señalar los denominados
microestados, que configuran una
quinta parte de los estados miembros de las
Naciones Unidas, y todos aquellos supuestos
–y Palestina es uno de ellos– en los que la comunidad
internacional, y especialmente las
Naciones Unidas, deben continuar reforzando
y asistiendo a la formación de las capacidades
institucionales de muchos estados o
situaciones de protoestados.
Pues bien, aunque Palestina ostente la condición
de miembro de algunas organizaciones
internacionales y haya sido reconocido
por prácticamente un centenar de otros estados,
lo cierto es que no reúne plenamente
los elementos para poder afirmar sin lugar
a dudas la existencia de un Estado en Derecho
Internacional, a los que antes nos hemos
referido. Tiene ciertamente una población
(gran parte de la cual se halla, sin embargo,
refugiada fuera del territorio palestino), tiene
un territorio (los territorios palestinos de
Cisjordania y Gaza, ocupados por Israel desde
1967, aunque Israel se retiró de Gaza y desmanteló
sus asentamientos en el año 2005)
y tiene un Gobierno (la Autoridad Palestina,
aunque el mandato del actual presidente
Mahmud Abbas ya haya vencido y los enfrentamientos
políticos internos hayan provocado
que en la franja de Gaza, controlada por
Hamas, no se reconozca a estas autoridades).
El cuarto elemento, la soberanía o independencia,
también puede considerarse en cierto
modo presente aunque queda condicionado,
en parte al menos, al límite de las competencias
reconocidas en los Acuerdos de Olso a la
Autoridad Palestina, que se estableció en el
territorio palestino en 1994.
El ejercicio de unas competencias estatales
plenas y soberanas por parte de Palestina está
condicionado a las negociaciones con Israel
En definitiva, lo que quiero señalar es que
Palestina puede ser considerado un Estado –
muchos estados así lo han reconocido, aunque
para otros no sea así–, pero lo cierto es que el
completo e independiente ejercicio de unas
competencias estatales plenas, con carácter de
soberanas, permanece condicionado a la negociación
con Israel, como continuación de lo
acordado en Oslo y en Washington. Alcanzar
la condición de miembro de las Naciones Unidas
no cambiaría la situación de facto existente,
aunque pudiera tener otras consecuencias
jurídicas y, especialmente, de carácter político.
Podría empeorar la situación política, manteniendo
la parálisis negociadora y aumentando
los enfrentamientos armados, o dando alas
a los sectores más radicales de ambas partes,
con nuevos atentados terroristas por parte de
grupos palestinos o con actuaciones criminales
por parte de grupos de colonos israelíes; pero
podría también constituir un revulsivo positivo
para reemprender seriamente unas negociaciones
estancadas y que, para las Naciones Unidas,
deberían estar encaminadas al objetivo final
de la existencia de dos estados, uno junto al
otro dentro de fronteras seguras y reconocidas.
Este objetivo de los dos estados (Palestina
e Israel) es el que ya se planteó por parte de
las Naciones Unidas en 1947 cuando la Asamblea
General adoptó la resolución 181 (II), de
29 de noviembre de 1947, sobre la partición
de Palestina. Después de las distintas guerras

árabe-israelíes y la ocupación israelí de los territorios
palestinos –desde la guerra de 1967–
este objetivo ha sido reiterado por el Consejo
de Seguridad en diversas resoluciones, fundamentalmente
las históricas resoluciones
242 (1967) y 338 (1973) y, más recientemente,
mediante la resolución 1515 (2003), que
exigen la retirada de Israel de los territorios
palestinos ocupados. En el marco del proceso
negociador este es también el objetivo
impulsado por el Cuarteto (Naciones Unidas,
Unión Europea, Estados Unidos y Rusia) con
su hoja de ruta diseñada ya en el año 2003
(Documento S/2003/529).
El estatuto de Palestina en las Naciones
Unidas y la solicitud de admisión como
miembro de pleno derecho
Como he señalado antes –y en el contexto
del impulso al principio de la libre determinación
de los pueblos–, después de la ocupación
israelí de los territorios palestinos en 1967, y
después también de la guerra árabe-israelí
de 1973, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció a la OLP como la legítima
representante del pueblo palestino (y algunos
pueden recordar la imagen simbólica
de Yasser Arafat en el foro de la Asamblea
General con una mano en su cartuchera y un
ramo de olivo en su otra mano). De este reconocimiento
se derivó el otorgamiento del
estatuto de observador ante la Asamblea General,
lo que se hizo mediante la resolución
3210 (XXIX), de 14 de octubre de 1974. Este
estatuto de observador, con los derechos de
participación que comporta, se había atribuido
también, de un lado, a otros movimientos
de liberación nacional (como el Frelimo, el
ANC o la SWAPO, que cesaron en este estatuto
cuando culminó su proceso de descolonización
o se puso fin al régimen del apartheid)
y, de otro lado, a diversas organizaciones internacionales
(como, en aquel momento, las
Comunidades Europeas, la Unión Africana
o la Liga de Estados Árabes). De hecho, la
Asamblea General lo ha seguido atribuyendo
a diversas organizaciones internacionales
y a entidades de naturaleza jurídica distinta,
como el Comité Internacional de la Cruz Roja,
la Orden de Malta o el Fondo Mundial contra
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.
De otra parte, tradicionalmente se ha otorgado
el estatuto de observador a estados no
miembros de las Naciones Unidas, que adquirían
así derechos de participación en la Organización
universal, sin asumir los derechos
y obligaciones derivados de la condición de
miembro. Este estatuto es el que ostentaba,
como ya hemos indicado, Suiza hasta su admisión
en 1992, o el que ostentaron las dos
Alemanias hasta su admisión en 1973 o las dos
Coreas hasta su admisión en 1991. En el momento
actual, sólo la Santa Sede ostenta este
estatuto de Estado no miembro observador.
Palestina, que dispone de las prerrogativas de
entidad observadora de las Naciones Unidas,
ha asistido a algunas sesiones del Consejo de
Seguridad
Cabe señalar, además, que después de la
proclamación del Estado palestino –en 1988–,
la Asamblea General mejoró el estatuto de
participación de la OLP y pasó a considerar
a Palestina como entidad observadora. Este
cambio significó pasar de movimiento de liberación
nacional con estatuto de observador
a entidad observadora, lo que, en la práctica,
venía a equiparar los derechos de participación
de Palestina a los de un Estado observador.
Incluso, más allá de la Asamblea General,
la delegación Palestina ha sido admitida
a asistir a determinadas sesiones del Consejo
de Seguridad que han tratado del conflicto
de Oriente Medio sobre la base del artículo
37 del Reglamento provisional del Consejo
que permite que se invite a representantes de
otros estados miembros de las Naciones Unidas
que no sean del Consejo de Seguridad.
En todo este contexto, Palestina ha solicitado
ahora la admisión como miembro de
pleno derecho (Documento S/2011/592) y debemos
fijarnos, en primer lugar, en que las
condiciones y el procedimiento de admisión
están establecidos en el artículo 4 de la Carta
de las Naciones Unidas. De un lado, el apartado
1 de este artículo establece que “podrán
ser miembros de las Naciones Unidas todos
los demás estados amantes de la paz que
acepten las obligaciones consignadas en esta
Carta, y que, a juicio de la Organización, estén
capacitados para cumplir dichas obligaciones
y se hallen dispuestos a hacerlo”, lo
que nos lleva a considerar que, más allá de la
condición básica de ser un Estado, nos hallamos
ante condiciones suficientemente subjetivas
como para poner de relieve su carácter
fundamentalmente político. De otro lado, el
apartado 2 de este artículo 4 establece que
“la admisión de tales estados como miembros
de las Naciones Unidas se efectuará por
decisión de la Asamblea General a recomendación
del Consejo de Seguridad”.
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Naciones Unidas

Naciones Unidas
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Los miembros del Cuarteto para
Oriente Medio, reunidos en la
ONU ante la solicitud de admisión
de Palestina. Tony Blair,
enviado especial del cuarteto;
Hillary Rodham Clinton, secretaria
de Estado de EEUU; Ban Kimoon,
secretario general de la
ONU; Sergey V. Lavrov, ministro
de Exteriores de Rusia; y Catherine
Ashton, alta representante
de la Unión Europea.
UN Photo/Mark Garten
En los primeros años de la Organización
–en plena guerra fría– se plantearon ya algunos
problemas en relación con la admisión
de nuevos estados como consecuencia del
ejercicio del derecho de veto por parte de
los Estados Unidos o de la Unión Soviética y
el consiguiente bloqueo en la admisión. Este
bloqueo continuado no se resolvió hasta que
en 1955 se produjo la admisión, en un paquete
global, de 15 estados, entre los que se encontraba
España. En ese contexto, la Corte Internacional
de Justicia estableció claramente
en aquel momento que las condiciones para
la admisión de un Estado como miembro de
las Naciones Unidas son las que establece el
artículo 4.1, no pudiéndose fijar condiciones
adicionales, y que en el procedimiento debía
haber necesariamente una recomendación
favorable del Consejo de Seguridad y que, sin
ella, la Asamblea General no podía adoptar
ninguna decisión sobre la admisión de un Estado.
Resulta, por tanto, imprescindible una
resolución positiva del Consejo de Seguridad.
Como es sabido, el Consejo de Seguridad
está compuesto por cinco miembros permanentes
(Estados Unidos, Francia, Reino Unido,
Rusia y China) y diez miembros no permanentes.
Estos últimos son elegidos por la
Asamblea General por períodos de dos años
y con la adecuada distribución geográfica.
Actualmente son miembros no permanentes
Alemania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Colombia,
Gabón, India, Líbano, Nigeria, Portugal
y Sudáfrica.
Las decisiones del Consejo de Seguridad
sobre materias importantes –y la recomendación
sobre la admisión de un nuevo miembro
lo es– deben adoptarse por un mínimo de
nueve votos favorables sobre los 15 miembros
del Consejo, incluidos los votos afirmativos
de los cinco miembros permanentes (artículo
27.3 de la Carta). Este mecanismo, conocido
como derecho de veto, se ha ido interpretando
en el sentido de que la abstención o
la ausencia de un miembro permanente no
significa el ejercicio de su poder de bloquear
la decisión del Consejo de Seguridad. En este
sentido, el proceso de adopción de una resolución
en el Consejo de Seguridad opera
en dos estadios: primero, deben reunirse el
número mínimo de nueve votos afirmativos
sobre los 15, ya que si no se reúne este número
mínimo la decisión no podrá adoptarse y
entonces resulta completamente indiferente
la consideración de si alguno de los miembros
permanentes ha votado a favor, se ha
abstenido o ha votado en contra; segundo,
si se reúne este mínimo de nueve votos afirmativos,
la cuestión verdaderamente importante
entonces es verificar si uno sólo de los
miembros permanentes ha votado en contra,
lo que provocaría el bloqueo y la imposibilidad
de adoptar la decisión.
Si 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad
se opusieran al ingreso de Palestina, no
sería necesario el veto de Estados Unidos para
bloquear la admisiónveto
En el momento actual, y por lo que se refiere
a la solicitud de admisión cursada por
Palestina, Estados Unidos ya han avanzado
su voto en contra pero, por obvias razones
políticas, están tratando de conseguir no ser
los únicos en bloquear la admisión. Ante el
previsible voto favorable de Rusia y China y

las posibles abstenciones de Francia y el Reino
Unido, la opción más buscada por Estados
Unidos es la de poder reunir un número mínimo
de siete estados que o bien se opongan o
bien se abstengan ante la petición palestina,
con lo que no se reuniría el número mínimo
válido de 9 votos afirmativos sobre 15 y, por
tanto, la decisión no sería adoptada, sin necesidad
de recurrir al derecho de veto.
De momento, el Consejo de Seguridad,
en su reunión del 28 de septiembre de 2011
(S/PV.6624) se ha limitado a referir la solicitud
de Palestina al Comité de Admisión de
Nuevos Miembros para su estudio. Este comité,
en el que están representados todos
los miembros del Consejo de Seguridad de
conformidad con el artículo 59 del Reglamento
del Consejo, comenzó a examinar la
solicitud palestina el pasado 30 de septiembre
de 2011. Este examen puede prolongarse
durante bastante tiempo antes de que el
comité presente sus conclusiones al Consejo
que, tarde o temprano –y, en todo caso, antes
de la apertura de un período ordinario
de sesiones de la Asamblea General o si se
convoca un período extraordinario de sesiones–,
tendrá que adoptar una decisión recomendando
la admisión, no recomendándola
o aplazando el examen de la solicitud.
En estos dos últimos supuestos –que son los
más probables– el Consejo deberá presentar
a la Asamblea General un informe especial
acompañado del acta completa de la discusión.
Habrá que ver en las próximas semanas
–o meses– cuál es la fórmula que acaba
adoptando el Consejo de Seguridad y valorar
adecuadamente sus condicionamientos políticos
y, especialmente, sus consecuencias en
relación con la situación en Oriente medio.
En este orden de ideas, la solicitud de admisión
de Palestina ha puesto adicionalmente
sobre la mesa la consabida falta de acuerdo
en el seno de la Unión Europea y sus escasos
reflejos políticos. Pese al apoyo financiero y
político que está dando la Unión Europea a
la Autoridad Palestina y al proceso de paz,
con un Representante Especial (en la actualidad
Tony Blair y, en una época anterior, Miguel
Ángel Moratinos), no hay acuerdo político
suficiente sobre la petición palestina.
Algunos países son partidarios de apoyar la
solicitud o, cuanto menos, su reconocimiento
como Estado observador, mientras que
otros se acercan más a las posiciones de los
Estados Unidos y mantienen su presión sobre
las autoridades palestinas. En cualquier caso,
la Alta Representante de la Unión Europea
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Catherine Ashton, no ha conseguido sumar
un consenso y, como infaustamente ha
venido sucediendo en tantas otras ocasiones
en temas de política exterior, la Unión Europea
está deviniendo invisible e irrelevante y
en este asunto, “ni está ni se la espera”.
Si la solicitud formulada por Palestina no
es avalada por el Consejo de Seguridad, ya
sea por no reunir el número mínimo de nueve
votos afirmativos o porque, reuniéndolos,
un miembro permanente ejerza su derecho
de veto (y el mismo presidente Obama ha
indicado que así lo hará Estados Unidos), la
Asamblea General no puede debatir ni aprobar
una resolución sobre la admisión de Palestina
como miembro de las Naciones Unidas.
Sin embargo, nada obstaculiza a que la
Asamblea General, en las próximas semanas o
meses, a petición de Palestina o de otros estados,
pueda adoptar otras decisiones mejorando
el actual estatuto jurídico de Palestina en
las Naciones Unidas o afirmando su reconocimiento
como Estado. De conformidad con lo
establecido en el artículo 18.2 de la Carta, la
adopción de una resolución en este sentido
por parte de la Asamblea requeriría el voto
favorable de dos terceras partes de los miembros
presentes y votantes; número de votos
que, atendiendo a los reconocimientos del
Estado palestino ya efectuados, no habría dificultades
en obtener sobradamente.
Si Palestina fuera reconocida como Estado observador,
se le podrían abrir algunas vías de
acceso a importantes acuerdos multilaterales
Si la Asamblea General decidiera considerar
a Palestina como un Estado –aunque no
fuera miembro de las Naciones Unidas– y,
por tanto, cambiara su estatuto de entidad
observadora al de Estado observador, en la
práctica, y por lo que se refiere a los derechos
de participación en el seno de las Naciones
Unidas, pocos cambios cualitativos se darían
ya que, como hemos dicho, el estatuto actual
de Palestina se ha venido equiparando, en
términos prácticos, al de un Estado observador.
Internacionalmente, quizás más estados
seguirían reconociendo al Estado palestino y
quizás se mejoraría el estatuto de Palestina en
otras organizaciones internacionales, pero la
situación de soberanía limitada derivada de
los Acuerdos de Oslo y de la situación actual
no cambiaría tampoco. Es cierto que, aunque
seguiría resultando difícil, podrían facilitarse
11
Naciones Unidas

Naciones Unidas
12
Manifestación en Ramallah de
apoyo a la solicitud de admisión
de Palestina en la ONU.
abc.net.au
y abrirse algunas vías de acceso de Palestina a
los más importantes acuerdos multilaterales,
entre los cuales –y este es el gran temor de
Israel– se halla el acuerdo de Roma estableciendo
la Corte Penal Internacional. De hecho,
después de la operación israelí “Plomo
Fundido”, que azotó la franja de Gaza entre
diciembre de 2008 y enero de 2009, Palestina
ya declaró reconocer –con efectos desde
la entrada en vigor del Estatuto de Roma el
1 de julio de 2002– la jurisdicción de la Corte
respecto de los crímenes de su competencia
cometidos en el territorio palestino, si bien la
Corte no ha adoptado aún ninguna decisión
al respecto.
En este sentido, los cambios fundamentales
de un reconocimiento de este tenor por
parte de la Asamblea General serían más
de orden político, de fortalecimiento de la
estatalidad de Palestina –ya reconocida por
más de un centenar de estados– y quizás,
como decíamos, este nuevo debate podría
constituir un revulsivo que pudiera reconducir
y hacer más operativas las negociaciones
del proceso de paz con Israel. Políticamente
podría significar mucho pero, jurídicamente,
no cambiaría en exceso el estado actual
de cosas, tanto dentro de la participación
en las Naciones Unidas como en lo que se
refiere a su reconocimiento internacional y
a su capacidad de celebrar tratados internacionales
y operar en el plano internacional.
Porque, en definitiva, aunque el artículo 4
de la Carta establezca unas condiciones y
un procedimiento de admisión como miembro
de las Naciones Unidas, no nos hallamos
ante una decisión estrictamente jurídica,
sino ante una decisión claramente política.
El largo y complejo conflicto de Oriente
Medio debe volver a su casilla de salida, que
no es otra que la del principio de la existencia
de dos estados independientes con fronteras
seguras y reconocidas. Así lo estableció
la Asamblea General en 1947 cuando llevó a
cabo la división de Palestina y permitió el establecimiento
del Estado de Israel. La guerra
árabe-isarelí de 1948 y los sucesivos conflictos
bélicos de 1967 y de 1973 han complicado
la situación y llevado a un estado de cosas
en el que el Estado de Israel es la potencia
ocupante de los territorios palestinos, ha
construido un muro de separación –ilegal según
consideró la Corte Internacional de Justicia
en su opinión consultiva del año 2004–,
y mantiene y autoriza nuevos asentamiento
de colonos israelíes en los territorios ocupados
–ilegales, de conformidad con las normas
de Derecho Internacional Humanitario.
Como se ha afirmado desde las Naciones Unidas,
las fronteras de los dos estados han de ser
las anteriores a 1967 y la única vía para alcanzar
la paz y este objetivo es la de la negociación
directa entre Israel y Palestina (abordando también
temas especialmente complejos, como los
refugiados y la capitalidad de Jerusalén), con
una clara voluntad negociadora de llegar a
acuerdos y con el acompañamiento, apoyo y
empuje –que debería ser más contundente y
decidido– de la comunidad internacional representada
por el Cuarteto (Naciones Unidas,
Unión Europea, Estados Unidos y Rusia).

Naciones Unidas
Palestina en la ONU
consideraciones históricas de una ocupación
Francesc Cardona. Doctor en Historia.
Es una región geográfica del Oriente Medio
al suroeste de Asia con connotaciones bíblicas,
coránicas y cristianas, que se extiende
entre Líbano al norte, el mar Muerto al sur,
el Mediterráneo al oeste y el desierto de Siria
al este. Jerusalén es su capital geográfica e
histórica. Territorio en litigio entre las comunidades
árabe y judía por sus derechos territoriales
y nacionales sobre la zona.
El gran problema que presenta la Autoridad
Nacional Palestina (ANP) para presentar
su solicitud de reconocimiento como
Estado miembro de pleno derecho en las
Naciones Unidas es la clarificación de sus
fronteras. Clarificación que quienes no desean
su admisión se han preocupado de
boicotear desde la creación del Estado de
Israel en 1948 a través de un sin fin de guerras,
litigios, asentamientos de colonos, trasiegos
de población, en embrollarlo cada
vez más para hacerlo inviable.
A partir de 1981, la incesante inmigración de judíos
a Palestina y la compra de tierras por éstos
agudizaron el sentimiento nacional de los árabes
palestinos y su rechazo al dominio sionista
Mientras la comunidad árabe ha luchado
contra la ocupación judía y por la constitución
de un único Estado democrático pa-
lestino, la judía lo ha hecho por defender
los derechos conquistados a partir de la
afluencia de colonos israelitas (recordando
su vieja patria bíblica) a la región desde fines
del siglo XIX.
El conflicto se inició al terminar el dominio
turco en la zona durante la Primera Guerra
Mundial (de ahí el interés del primer ministro
turco Recep Tayyip Erdogan por presentarse
como defensor del arreglo de un desaguisado,
en parte provocado por sus antepasados).
En 1918, por los acuerdos de San Remo,
Palestina pasaba a ser un protectorado británico
ratificado por la Sociedad de Naciones.
El incumplimiento de estos acuerdos y una
política de hechos consumados originaron
las guerras árabe-israelíes, unos en defensa
de su territorio, los otros intentando engrandecer
lo conseguido soñando con el restablecimiento
del gran Estado bíblico de Salomón
(movimiento sionista).
La creciente inmigración judía, la compra
de tierras en la zona agudizó el sentimiento
nacional palestino y el rechazo al dominio
sionista. En 1947, la ONU decidió la partición
de Palestina en un Estado judío y un Estado
árabe. Los judíos lo aceptaron, los árabes,
no, como tampoco lo hicieron con la parti-
13
Primera sesión especial de la
Asamblea General de la ONU
sobre Palestina (6 de mayo de
1947), con la participación de la
Agencia Judía para Palestina y el
Alto Comité Árabe de Palestina.
UN Photo # 325266
Naciones Unidas

Naciones Unidas
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ción de Jerusalén (la ciudad nueva para los
israelitas, la vieja para los árabes).
Desde la independencia de 1948, Israel ha
mantenido los territorios adjudicados por la
ONU a los palestinos ocupados administrativamente
y sometidos a duras intervenciones
militares
Tras la proclamación del Estado de Israel en
1948, los judíos ampliaron sus límites otorgados
en la partición, mientras que Cisjordania
era integrada a Jordania y Gaza con su franja
marítima, era administrada por Egipto.
La Guerra de los Seis Días de 1967 sometió
estos territorios a la administración israelí.
La Asamblea General de la ONU reconoció
en 1974 el derecho de los palestinos a la
autodeterminación y concedió a la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP)
el estatus de observador. Pero no fue hasta
1977 en que iniciaron la reclamación de su
soberanía.
Los acuerdos de Camp David (1978) y el
Tratado de paz de Washington (1979) entre
Israel y Egipto, ratificaban la autonomía administrativa
provisional y después la autodeterminación
de sus habitantes.
En 1987 se inició una revuelta popular intifada
palestina (algaradas populares con
lanzamiento de piedras). El rey de Jordania
renunció a los lazos legales administrativos
con Cisjordania (1988). La OLP proclamó de
forma unilateral, la creación de un Estado
independiente, con el Parlamento palestino
en el exilio, según los acuerdos de la ONU
de 1948. En 1993 israelíes y palestinos, con
la intervención de Estados Unidos, llegaron a
un acuerdo por el cual la franja de Gaza consiguió,
con la ciudad de Jericó, un régimen
de autonomía bajo una Autoridad Nacional
Palestina (ANP) presidida por Yaser Arafat.
Seis años después de que Arafat proclamara
el Estado palestino, el ejército israelí ocupaba
las principales ciudades de Cisjordania y Gaza
y volvía a invadir Líbano
Tras las conferencias de Washington, Madrid
y Oslo (I y II) bajo la consigna paz por
territorios, en 1994 Israel y Jordania firmaron
un acuerdo de paz que no fue aceptado
por los radicales (Arafat, Isaac Rabin y
Simon Peres, habían compartido el Premio
Nobel de la Paz).
En 1995 Rabin sería asesinado por un radical
judío. La OLP proclamó la creación de
un Estado independiente en Palestina, que
se transformó en autónomo. En el año 2000
Arafat anunció la proclamación de un Estado
palestino con Jerusalén por capital, idea rechazada
por Israel, que a su vez la había convertido
en su capital en 1980. Circunstancia
que los acuerdos de Camp David, auspiciados
por Bill Clinton (2000), ratificaron. La subida
de Ariel Sharon al Gobierno de Tel Aviv agudizó
el problema y las principales ciudades de
Cisjordania y Gaza fueron ocupadas por el
ejército israelí. Los palestinos acudieron a organizaciones
extremistas Al Jihad, mártires de
Al Aqsa, Hamas. Arafat, muy desprestigiado
por la corrupción administrativa, traspasó en
2003 el Gobierno a Abu Mazen (Mahmud Abbas),
quien dimitió pero tuvo que volver ante
la inoperancia de su sucesor. Mientras tanto
Arafat, tras haber sido sitiado por radicales
palestinos y ante los asesinatos selectivos de
Israel, cayó gravemente enfermo. Autorizado
su desplazamiento a París, falleció (2004). Sus
restos fueron trasladados a Ramallah (capital
palestina), donde fue enterrado con todos los
honores y la denominada “hoja de ruta” para
la paz quedó bloqueada. En verano de 2006
el ejército israelí volvía a invadir Líbano, en
una operación de castigo contra los milicianos
de Hezbolá.
La victoria en Gaza del grupo radical Hamas en
2006 significó la ruptura política de la resistencia
palestina y propició una operación de bombardeos
indiscriminados por parte de Israel
Sucedido por Abu Mazen (Mahmud Abbas)
tras las elecciones, pactó con Sharon el final
de la violencia con el beneplácito de los Estados
Unidos, pero el Gobierno israelí inició
el levantamiento de un muro en Jerusalén
para aislar los territorios autónomos palestinos,
lo que provocaría serios problemas para
desplazarse éstos al trabajo. Situación que se
quiso paliar con la apertura de 12 puertas en
el muro y activar los transportes públicos.
La policía palestina e Israel lanzaron una
ofensiva contra el movimiento radical Hamas
contrario a las negociaciones de paz y que
dominaba la franja de Gaza. Hamas venció
en las elecciones legislativas de 2006. Estados
Unidos sólo estaba dispuesto a que Hamas
gobernase si se comprometía a abandonar
la lucha armada y a reconocer el Estado de
Israel. Caso de no hacerlo se le cerraría toda
ayuda económica.

Los asesinatos selectivos continuaron y
la intifada se agravó. La invasión israelí de
Gaza controlada por Hamas, la llegada al
poder del nuevo primer ministro Beniamin
Netanyahu, líder derechista del Likud (que
había sucedido al centrista Ehud Olmert por
incapacidad física de Sharon) y el enfrentamiento
de la Autoridad Nacional Palestina
con los líderes de Hamas fueron los asuntos
más delicados de la política palestina durante
el bienio 2008-2009. La misión militar
del ejército israelí provocó la muerte de más
de 1.300 palestinos, además de miles de heridos
y cuantiosas pérdidas económicas. El
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
acusó a ambos de crímenes de guerra. Un
plan de paz israelí fue rechazado de plano
por los líderes palestinos por su rigidez.
El clima de indignación subió al paroxismo
cuando el ejército israelí asaltó en aguas
mediterráneas una embarcación con destino
a Gaza y en cuya acción dieron muerte a
diez civiles turcos (2010).
Sin embargo, las negociaciones de paz
no se interrumpieron en Washington con
la presencia del presidente Barack Obama.
Pero el problema de los asentamientos de
colonos judíos en Cisjordania continuaba
en pie, así como la construcción de un nuevo
muro de protección entre los territorios
palestinos. Israel levantó parcialmente el
bloqueo de Gaza, permitió la salida de productos
agrícolas y la entrada de mercancías
de primera necesidad.
La petición de que el Estado palestino sea
reconocido por la ONU se produce después
de la intransigencia negociadora de Israel y
de su imparable política de colonización con
nuevos asentamientos
La decisión de la Autoridad Palestina de
recurrir a la ONU es la culminación del proyecto
inicial del primer ministro de Abbas,
Salam Faiad, de construir la infraestructura
de un Estado, iniciativa llevada a término
con éxito, ante la constatación de que una
negociación con el Gobierno de Netanyahu
se ha mostrado inviable y la decepción con
la Administración Obama que no ha sabido
imponer a aquél una prolongación de la
moratoria para realizar nuevos asentamientos
de colonos.
Por otra parte, Occidente: Rusia, la Unión
Europea, Estados Unidos y la ONU no han
sabido consensuar una declaración para
que las negociaciones llegaran a un feliz
término. Obama, que en el inicio de su
presidencia intentó acercar posiciones con
su discurso de El Cairo y sobre todo, con el
del 19 de mayo de 2011, llevó a un nuevo
enfrentamiento con Netanyahu, aunque no
podía adivinarse, cómo sería posible los pasos
que propugnaba para la negociación y
mientras los radicales palestinos continuaban
en su empecinamiento de no reconocer
el Estado judío y mucho menos sus conquistas
de 1967.
El 23 de septiembre, el presidente palestino
Mahmud Abbas entregó al secretario
general de la ONU Ban Ki-moon, el documento
en el que solicitaba el reconocimiento
de Palestina como Estado de pleno derecho
y seguidamente pronunció un discurso
en su defensa ante la Asamblea General.
Los Estados Unidos anunciaron su veto en el
Consejo de Seguridad, mientras que el discurso
de respuesta de Netanyahu fue un durísimo
ataque a las pretensiones palestinas.
El Cuarteto (Estados Unidos, la UE, Rusia
y la ONU) emitieron un comunicado, tras
las dos intervenciones, realizando una llamada
a las dos partes en litigio para reiniciar
las negociaciones directas sin tardanza,
ni condiciones y estipulando un calendario
que por su premura es del todo inviable. El
problema es que no existe a penas margen
para reemprender las negociaciones, aunque
Netanyahu se haya ofrecido a iniciarlas
y el rechazo a la propuesta de Estados Unidos
para reabrir el diálogo y así ahorrarse
el veto en el Consejo de Seguridad. El movimiento
Hamas que gobierna en Gaza rechaza
el discurso de Abbas por insuficiente; no
sirve para crear un Estado sin ocupación, sin
el muro de separación y sin asentamientos.
Este discurso, afirma, no ayuda al derecho
del retorno de los refugiados. Hamas se ha
opuesto desde el principio a la iniciativa de
Abbas de ir a la ONU y a la existencia misma
del Estado judío.
A Netanyahu le gustaría, por el contrario,
mantener sus tropas en Cisjordania así
como los asentamientos, controlar el espacio
aéreo palestino, tener como vecino, un
Estado desmilitarizado y no dividir jamás Jerusalén.
Mientras existan estas dos posiciones
radicales encontradas y los moderados
no logren imponerse, mal podrá llegarse a
un acuerdo.
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Naciones Unidas

Naciones Unidas
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Reunión semestral del FMI y el
Comité Financiero. 24 de abril
de 2010.
IMF Photo/Stephen Jaffe
Naciones Unidas
La crisis financiera y económica
y el Fondo Monetario Internacional
Xavier Fernández Pons. Profesor Titular de Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona.
La crisis financiera y económica mundial
desencadenada en 2008 es considerada como
la más graves que ha conocido el sistema capitalista
desde la “Gran Depresión” sucesiva
al crash bursátil de 1929. A diferencia de las
crisis financieras vividas durante los años 90
(como la del Sudeste Asiático en 1997) o los
primeros años 2000 (como la de Argentina
en 2001), que afectaban a economías “periféricas”,
la crisis desatada en 2008 ha tenido
su origen en la primera potencia mundial,
Estados Unidos, desde donde se propagó rápidamente
al resto del mundo, con especial
incidencia en Europa, dada la gran integración
de los mercados financieros.
Es común ver las causas de esta crisis en
unas malas prácticas llevadas a cabo durante
el período de fuerte crecimiento económico
que, con carácter general, se vivió
desde el año 2002, propiciadas por: una
gran rebaja de los tipos de interés, que causó,
durante años, un exceso de liquidez; la
búsqueda de altos rendimientos sin una valoración
adecuada de los riesgos, como el
de las llamadas hipotecas subprime de muy
dudoso cobro; una sobrevaloración especulativa
de los inmuebles y otros activos; y un
inadecuado funcionamiento de los mecanismos
de control, evidenciándose que “los
responsables políticos, los reguladores y los
supervisores de algunos países avanzados
no evaluaron ni abordaron de forma adecuada
los riesgos que se estaban acumulando
en los mercados financieros” 1 .
Entre las competencias atribuidas al Fondo
Monetario Internacional no figura la regulación
del funcionamiento de la banca
Muchos han dirigido especialmente su
mirada hacia el Fondo Monetario Internacional
(FMI), preguntándose hasta qué punto
dicha organización internacional pudo
haber alertado mejor sobre los riesgos que
se avecinaban y en qué medida puede contribuir,
actualmente, a la superación de las
crisis en los países que todavía la padecen o
pueden sufrir una próxima “recaída”.
Cumple señalar que el FMI, como toda
organización internacional, tiene sólo las

competencias que sus estados miembros le
atribuyen, de forma explícita o implícita, en
virtud de su tratado constitutivo. El Convenio
Constitutivo del FMI fue adoptado el 22
de julio de 1944, entró en vigor el 27 de diciembre
de 1945 y ha sido objeto de varias
enmiendas, algunas de gran importancia.
La versión vigente de dicho Convenio Constitutivo
puede consultarse en el siguiente
enlace: www.imf.org/external/pubs/ft/aa/spa/
index.htm
Según dicho convenio, entre las principales
funciones del FMI destacan: evitar restricciones
a los pagos corrientes, promover
la cooperación monetaria entre los estados,
conceder préstamos a países con problemas
en sus balanzas de pagos y realizar labores
de asistencia técnica y supervisión de las políticas
económicas de los estados.
Si el principal detonante de la crisis de
2008 fue la morosidad vinculada a las llamadas
“hipotecas subprime” en Estados
Unidos, que los bancos de inversión de
dicho país habían recolocado por buena
parte del mundo como activos financieros
aparentemente fiables, hay que tener presente
que el FMI no es la instancia competente
para regular el funcionamiento de la
banca. Esta labor compete, esencialmente,
a las autoridades nacionales de cada Estado
y, a escala internacional, al Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea, institución
distinta e independiente del FMI. Dicho Comité
de Basilea es el auténtico referente
internacional en la elaboración de normas
jurídicas aplicables a la actividad bancaria,
aunque sólo puede aprobar “recomendaciones”.
Tras la crisis financiera de 2008, ha
impulsado los estándares conocidos como
“Basilea III”, destinados a garantizar una
mayor solvencia y liquidez de las entidades
financieras, que inspiran, en parte, el
actual proceso de reestructuración de los
bancos y cajas en España.
El FMI sí ha venido advirtiendo, en cualquier
caso, de los crecientes desequilibrios
económicos globales que amplificaron las
consecuencias de la crisis de las hipotecas
subprime y que, en la actualidad, explicarían
las dificultades de Estados Unidos y
de un buen número de países de la Unión
Europea para incrementar sus tasas de crecimiento.
Los indicados desequilibrios económicos
globales se evidencian en el gran
déficit comercial que viene arrastrando
Estados Unidos (y también algunas economías
europeas) y el espectacular superávit
que, por el contrario, han venido acumulando
la República Popular China y otras
economías emergentes. Durante los años
de bonanza económica previos a la crisis,
los Estados Unidos y otras economías avanzadas,
como la española, basaron su crecimiento,
en gran medida, en el crédito, la
especulación y el gasto, mientras que las
economías emergentes ponían el acento
en el ahorro, la economía productiva y la
inversión. Al pincharse las burbujas especulativas,
la recuperación de las economías
avanzadas viene lastrada por los elevados
niveles de endeudamiento del sector priva-
17
Dominique Strauss-Kahn, director
gerente del FMI, y Ban Kimoon,
secretario general de la
ONU (en el centro) en la cumbre
del G20 el 27 de junio de 2010
en Toronto.
UN Photo/Mark Garten
Naciones Unidas

Naciones Unidas
18
do y del público, cuyas políticas anticíclicas
keynesianas no han dado los frutos que se
esperaban.
El FMI sí advirtió de los desequilibrios económicos
globales que se amplificaron con las
consecuencias de las hipotecas subprime en
Estados Unidos
Tal vez las advertencias del FMI sobre tales
desequilibrios económicos globales podrían
haber sido más contundentes, pero
también es cierto que las autoridades nacionales
no siempre fueron suficientemente
receptivas a tales avisos. Nótese que, en la
actualidad, cuando la directora gerente del
FMI, Christine Lagarde, lanza nuevos avisos
sobre los riesgos que se ciernen sobre algunas
economías europeas es tildada por algunos
de “alarmista”.
El FMI también viene subrayando que los
desequilibrios económicos globales están
propiciados, hasta cierto punto, por la infravaloración
del tipo de cambio de la moneda
de la República Popular China, el renminbi,
cuya unidad de cuenta es el yuan. Ello
provoca que las exportaciones de productos
chinos hacia los Estados Unidos y otras
economías avanzadas sigan aumentando y
que, a su vez, se contengan las importaciones
chinas, limitando la capacidad de recuperación
de las economías avanzadas más
estancadas por la vía del incremento de
sus exportaciones destinadas a los pujantes
mercados emergentes.
Mientras que la mayoría de los países desarrollados
tienen un tipo de cambio flotante,
que está en función de los mercados,
China declara oficialmente que su tipo de
cambio es “flotante dirigido”, lo que, en la
práctica, equivale a un tipo de cambio fijo.
Así, en condiciones de mercado, la moneda
china se tendría que haber revaluado notablemente,
pero ésta sigue anclada a un
tipo de cambio nominal con el dólar y con
el euro, confiriendo una gran ventaja a sus
exportaciones.
Hay que precisar que, tras la profunda
revisión que se hizo en los años 70 del originario
sistema monetario internacional
diseñado en Bretton Woods en 1944, la vigente
versión del artículo IV del Convenio
Constitutivo del FMI permite a los países
diversas alternativas para determinar el
tipo de cambio de sus monedas 2 . De este
modo, los regímenes cambiarios de los países
pueden variar hoy desde un “tipo de
cambio fijo irreversible” a la “flotación libre”,
incluyendo muy diversos regímenes
intermedios: numerosos países han optado,
esencialmente, por un tipo de cambio “flotante”;
pero otros países optan por mantener
un tipo de cambio fijado por sus autoridades.
Ahora bien, esta gran capacidad
de elección de su régimen cambiario de la
que hoy disponen los países miembros del
FMI tiene ciertos límites jurídicos en el propio
Convenio Constitutivo. Así, el artículo
IV, sección 1, apartado III) de dicho convenio
prevé que todo país miembro “evitará
manipular los tipos de cambio o el sistema
monetario internacional para […] obtener
ventajas competitivas desleales frente a
otros países miembros”.
Actualmente, Estados Unidos y otros países
alegan que China estaría incumpliendo
esta obligación, al mantener un tipo
de cambio de su moneda muy “subvaluado”
y que le serviría para favorecer a sus
exportaciones y reducir sus importaciones
de forma “desleal”. Sobre esta cuestión se
viene debatiendo en el FMI y en las sucesivas
reuniones del G-20. El FMI (que, en virtud
de una Decisión de 2007, ha detallado
el mecanismo para supervisar las políticas
cambiarias de sus estados miembros) 3 estima
que el tipo de cambio del renminbi
está, efectivamente, desalineado, pero no
ha llegado a pronunciarse categóricamente
sobre si China “manipula” su tipo de cambio
y obtiene con ello una “ventaja competitiva
desleal”. En la práctica, el FMI carece
de un mecanismo para el arreglo de controversias
que pueda llegar a zanjar la cuestión
y, en su caso, tampoco dispone de un
sistema de sanciones efectivas contra una
gran potencia 4 .
Los amplísimos márgenes de discrecionalidad
que hoy reconoce el Convenio Constitutivo
del FMI para que un Estado determine
su tipo de cambio y las indicadas carencias
institucionales de dicha Organización han
llevado incluso a que Sarkozy se haya referido
al mismo como el “no-sistema monetario
internacional”.
Ante los escasos resultados obtenidos
por Estados Unidos para lograr que las autoridades
chinas revalúen su moneda, este
año 2011 se ha presentado una propuesta
de ley en el Congreso estadounidense para

prever que, si se dan ciertas condiciones,
la subvaluación del tipo de cambio de una
moneda pueda ser considerada como una
subvención a la exportación, contra la que
Estados Unidos podrían imponer “derechos
antisubvenciones” (countervailing duties)
a la luz del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la Organización
Mundial del Comercio 5 .
China, con unas reservas de divisas de más
de 3,2 billones de dólares, es la mayor acreedora
de deuda soberana del mundo
En cuanto a la función del FMI como prestamista
de “última instancia”, ésta adquirió
una notable importancia a partir de la década
1980, cuando estalló la llamada “crisis
de la deuda externa” de países en desarrollo
(particularmente de Latinoamérica). En
los años 90 también dio préstamos a países
afectados por “crisis financieras”. Tras la
crisis de 2008, se ha ampliado su capacidad
para conceder préstamos y se calcula que,
actualmente, ha concedido préstamos por
valor de 254.000 millones de dólares, siendo
sus principales prestatarios Grecia, Rumanía,
Ucrania y Pakistán.
Generalmente, los préstamos concedidos
por el FMI deben ser amortizados en
plazos relativamente breves y se “condicionan”
al cumplimiento por el Estado de
ciertas políticas internas de ajuste estructural
(reducción del gasto público, privatizaciones,
facilitar la llegada de inversores
extranjeros…) Aunque los préstamos del
FMI son cuantiosos si los comparamos con
los reducidos presupuestos de muchas organizaciones
internacionales, como el de
la propia ONU, cumple subrayar que los
recursos del FMI son muy limitados si se los
compara con los de las grandes potencias
y depende de las contribuciones que estas
últimas le asignen. Así, el importe de los
préstamos concedidos por el FMI es relativamente
pequeño si se lo compara con las
sucesivas inyecciones de dólares decididas
desde la Reserva Federal de Estados Unidos
para tratar de reactivar su economía, con
las magnitudes que se contemplan para el
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
(conocido como “Fondo del euro”) y con
las reservas de divisas que acumula la República
Popular China, que superan los
3,2 billones de dólares y con las que se ha
convertido en el mayor acreedor de deuda
soberana del mundo.
En suma, el FMI puede contribuir, con su
labor de supervisión y sus préstamos, a encauzar
la salida de la crisis, pero sus competencias
y recursos son limitados y dependientes,
en esencia, de las contribuciones de
sus estados miembros. En los últimos años
se ha ampliado un tanto su capacidad de actuación
y se ha incrementado el peso de las
economías emergentes en la toma de decisiones,
tradicionalmente muy dominada
por las economías avanzadas. Sin embargo,
sigue sin acometerse una reforma en profundidad
del FMI, que precise y fortalezca
sus bases jurídicas, amplíe sus poderes y sus
disponibilidades financieras, convirtiéndolo
en una auténtica autoridad monetaria internacional,
que pueda tratar de coordinar
mejor los contrapuestos intereses de los estados
ante el complejo e incierto contexto
económico actual y evitar el recurso a soluciones
puramente unilaterales.
1) Como se apunta en la sintética descripción de las “causas
primordiales de la crisis actual” contenida en la “Declaración
de la cumbre sobre los mercados financieros y la
economía mundial”, cuyo texto está disponible en:
www.eu2008.fr/PFUE/.../es/.../declaration_du_sommet_
sur_les_marches_financiers_et_l_economie_mondiale
2) Según el artículo IV, sección 2, del Convenio constitutivo
del FMI, titulado “Regímenes generales de cambios”: a)
“Todo país miembro notificará al Fondo […] el régimen
de cambios que se proponga adoptar […] y notificará al
Fondo sin demora las modificaciones que en él realice”; b)
Con arreglo a un sistema monetario internacional como
el vigente […] los regímenes de cambios podrán consistir
en: […] “otro régimen de cambios a elección del país
miembro”.
3) IMF: Bilateral Surveillance over Members’ Policies; Executive
Board Decision – June, 15, 2007. Véase enlace: www.
imf.org/external/np/sec/pn/2007/pn0769.htm#decision
4) El Convenio constitutivo del FMI prevé en su artículo
XXVI, sección 2, posibles medidas que puede adoptar la
Organización contra un país miembro de deje de cumplir
cualquiera de sus obligaciones establecidas en el Convenio
constitutivo (inhabilitación para recibir fondos, suspensión
del derecho de voto y expulsión), pero se trata de
una cuestión políticamente muy sensible y a decidir por
una amplísima mayoría (de un 85 % de los votos para una
eventual expulsión).
5) Véase el enlace con la indicada propuesta de ley, llamada
“Currency Reform for Fair Trade Act”: www.govtrack.
us/congress/bill.xpd?bill=h112-639
19
Sede del FMI en Washington DC.
Photo: Arban & Carosi
Naciones Unidas

Naciones Unidas
20
Naciones Unidas
Tribunales penales internacionales ad hoc
¿misión cumplida?
Rosa Ana Alija Fernández. Doctora en Derecho y profesora ayudante de la Universitat de Barcelona.
Tras siete años eludiendo la acción de la justicia
internacional, Goran Hadžić fue arrestado
por las autoridades serbias el 20 de julio de
2011. Con la detención de quien fuera presidente
de la autoproclamada República Serbia
de Krajina se cerraba la lista de prófugos acusados
por el Tribunal Penal Internacional para
Yugoslavia (TPIY). Pocos meses antes, el 26 de
mayo de 2011, el presidente serbio anunciaba
la detención de Ratko Mladić, jefe del estado
mayor del ejército de la República Srpska durante
la guerra de Yugoslavia, que había sido
acusado en 1995 por el TPIY de los cargos de
genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra por su papel en el sitio de Sarajevo
y en el genocidio de Srebrenica. Mladić,
que vivía con identidad falsa en la aldea de Lazarevo,
a menos de cien kilómetros de Sarajevo,
llevaba 16 años en paradero desconocido.
Las detenciones de Hadžić y Mladić llegan
sospechosamente a tiempo, justo en el momento
en el que se puede decir que el desmantelamiento
del TPIY es ya un hecho. Los tribunales
penales internacionales para Yugoslavia
y Ruanda tienen una naturaleza ad hoc y por
tanto se crearon con carácter no permanente.
Por ello, desde hace años se viene perfilando
la denominada “estrategia de conclusión”,
orientada a poner fin a los trabajos de ambos
tribunales. Como parte de dicha estrategia, el
TPIY ha remitido en los últimos años numerosos
casos contra presuntos criminales de perfil
medio-bajo a Bosnia, Serbia y Croacia para su
enjuiciamiento por los tribunales nacionales de
dichos estados, mientras que el propio tribunal
se ha centrado en el enjuiciamiento de los dirigentes
de más alto rango.
Los máximos responsables de crímenes en
Ruanda y Yugoslavia serán perseguidos a través
de un mecanismo judicial “residual”
Culminando dicha estrategia, el 22 de diciembre
de 2010 el Consejo de Seguridad
adoptó la resolución 1966 (2010), por la que
creaba un mecanismo especial para “llevar a
cabo diversas funciones esenciales de los tribunales,
incluido, tras el cierre de los mismos,
el procesamiento de los prófugos que sean los
más altos dirigentes de quienes se sospeche
que les cabe la mayor responsabilidad respecto
de los crímenes”. Se instauraba así el llamado
Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales,
que contará con dos subdivisiones: la correspondiente
al Tribunal Penal Internacional
para Ruanda (TPIR) comenzará a operar el 1 de
julio de 2012, mientras que la subdivisión del
TPIY iniciará sus trabajos el 1 de julio de 2013.
Las fechas fijadas para el inicio de sus funciones
suponen que el Mecanismo coexistirá
con los tribunales, que, a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, deberían adoptar todas
las medidas necesarias para concluir con rapidez
su labor restante. En el caso del TPIY, las
previsiones apuntan a la conclusión de los casos
en fase previa y/o fase de instrucción entre
2011 y 2012, excepción hecha del de Radovan
Karadžić y previsiblemente de los de Mladić y
Hadžić. Las apelaciones deberían completarse
a finales de 2014, pero es improbable que así
ocurra respecto de estos últimos casos, dada su
tardía detención.
En el caso del TPIR la localización y detención
de prófugos está siendo mucho menos
exitosa y aún hay diez acusados en paradero
desconocido. Posiblemente tenga algo
que ver el hecho de que no esté en juego
la membresía de la Unión Europea, eventual
recompensa ofrecida a Serbia que en todo
caso estaba condicionada a la detención de
los prófugos reclamados por el TPIY. Encontrar
y capturar a los prófugos del TPIR parece
que no tiene alicientes tan atractivos.

Naciones Unidas
La OIT en el siglo XXI
Aproximación a una acción institucional
para el progreso de la justicia social
Jordi Bonet Pérez. Catedrático de Derecho internacional público de la Universitat de Barcelona.
Es significativo empezar estas líneas recurriendo
a la propia opinión de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre el
actual evolución de los mercados de trabajo
nacionales –pues, en rigor, no es posible
hablar de un mercado de trabajo global–,
sintetizable en una única frase 1 : la actual
recuperación económica no está creando
suficientes puestos de trabajo y hay preocupación
por la calidad de los puestos de
trabajo; es decir, la percepción de la OIT de
que, en términos globales, se está gestando
una cierta recuperación económica global,
es acompañada por la proyección de datos
estadísticos indicativos de que la misma va
en detrimento de elementos clave de la justicia
social –universalidad del ejercicio del
derecho al trabajo y mejora de la calidad de
un trabajo que se aspira a que sea globalmente
decente.
En la medida en que el progreso en la
justicia social constituye el eje fundamental
del mandato de la OIT, cabe realizar
una breve reflexión sobre la incidencia de
la OIT en la búsqueda de soluciones a las
consecuencias en el empleo y el avance de
la justicia social derivadas de la crisis financiera;
de alguna manera, ello mismo significa
plantearse cuál es la real incidencia de la
actividad institucional en la arquitectura de
la gobernanza mundial de los asuntos socioeconómicos.
El mandato de la OIT: una llamada al
progreso de la justicia social y los derechos
humanos
No hay que olvidar que la OIT es una organización
internacional que se funda en el
año 1919 –sobre la base jurídica de la Parte
XIII del Tratado de Versalles que puso fin a
la Primera Guerra Mundial–. Si su creación
se sustenta claramente en un fermento estructural,
las condiciones de trabajo y de
vida de los trabajadores en los países industrializados
de la época, hay que contemplar
cómo existían entonces causalidades coyunturales
vinculadas al conflicto armado –entre
ellas, y sin ánimo de exhaustividad, la
contribución obrera al esfuerzo de guerra
o el fantasma del contagio de la revolución
rusa– que, como señalara Albert Thomas 2 ,
han “obligado a los gobiernos a comprometerse
a eliminar” aquellas condiciones de
vida y de trabajo inhumanas que persistían
en la realidad productiva. En este sentido,
no se plantea sólo la actividad institucional
de la OIT como un instrumento de carácter
humanitario –mejora de las condiciones de
trabajo y de vida de los trabajadores y de
sus familias–, sino como una contribución
a la paz mundial y la estabilidad de las relaciones
económicas: de una parte, porque
se entiende que satisfacer las expectativas
obreras ayuda estructuralmente a la paz
mundial; y, de otra parte, porque la existencia
de una legislación internacional del
trabajo, adoptada desde la OIT, evita la pérdida
de ventaja comparativa en el mercado
mundial de los estados que legislen en pro
de tal mejora.
Los fines y objetivos de la OIT proclaman
que la justicia social debe ser un presupuesto
orientativo prioritario de las políticas económicas
y sociales de los estados
La pregunta es, entonces, en qué medida
son extrapolables estos parámetros a una
economía crecientemente mundializada y
mediatizada por los imperativos y resultantes
del desempeño financiero como la del
siglo XXI. Desde luego, no es una cuestión
fácil de resolver pero, en definitiva, es una
de las cuestiones a partir de las cuales la
propia organización internacional ha debido
o debería haberse repensado a sí misma.
La acción institucional de la OIT se sustenta
en un mandato centrado en el progreso
de la justicia social. Es decir, en un concepto
inclusivo, variable y evolutivo: el mandato
de la OIT se construye a partir de un sustra-
21
Nota
Este artículo está enmarcado
en el Proyecto de Investigación
titulado La exigibilidad del Derecho
internacional de los derechos
humanos en períodos
de crisis, financiado por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología
(DER2009-1008).
Naciones Unidas

Naciones Unidas
22
to indefinido, susceptible de interpretaciones
más o menos amplias de la justicia social
y en el contexto de un momento histórico
determinado, en función de los parámetros
de cambio o los condicionantes existentes.
Las directrices de la OIT, que incluyen la
garantía de la libertad y la dignidad de los
trabajadores, mantienen y definen una acción
institucional en materia de derechos
humanos
Desde sus inicios pero sobre todo tras la
Segunda Guerra Mundial, tras la adopción
el 10 de mayo de 1944 de la Declaración
relativa a los fines y objetivos de la OIT o
Declaración de Filadelfia 3 la tendencia de la
OIT ha sido ofrecer una interpretación extensiva
de su propio mandato: todo aquello
que afecta a las condiciones de trabajo y de
vida de los trabajadores, incluida la de sus
familias; e, incluso, como se infiere de la Declaración
de Filadelfia, ello incluiría –piénsese
en la época en que fue ésta adoptada–
la necesidad de que los estados miembros
focalizasen tanto nacional como internacionalmente
su acción política en objetivos
sociales, de manera que se postuló que la
justicia social debería ser un presupuesto
orientativo prioritario de las políticas económicas
y sociales de los estados dentro de
un marco de acción socio-económico común.
Todo ello, bajo el signo de una Declaración
de Filadelfia que enunciaba un principio
inserto ya como esencial en el artículo
427 del Tratado de Versalles: el trabajo no
es una mercancía ni un objeto de comercio.
Las aspiraciones político-jurídicas del
mandato de la OIT, así como las directrices
de su ejecución desde 1919, que incluyen
como pivote la garantía de la libertad y la
dignidad de los trabajadores, dejan a las
claras patente que la OIT ha mantenido y
definido una acción institucional en materia
de derechos humanos: la OIT ha dedicado
su labor y sus esfuerzos a los derechos
humanos. Eso sí, desde una aproximación
específica e integrada de los derechos humanos:
específica, por la sectorialidad del
punto partida de su análisis y conceptualización
–la justicia social como medida del
progreso social de las condiciones de trabajo
y de vida–; e integrada, porque no asume
a priori esa dicotomía entre derechos civiles
y políticos y derechos económicos, sociales
y culturales que impregna el Derecho internacional
de los derechos humanos en
el seno de la Organización de las Naciones
Unidas, ya que se sustenta en el reconocimiento
jurídico de derechos humanos a los
trabajadores, en relación con su condición
y su actividad.
La actividad normativa de la OIT desde
1919 –190 convenios y 201 recomendaciones–
ha servido para desarrollar el régimen
jurídico internacional del trabajo, pero también
para perfilar una política normativa
sobre derechos humanos de amplio espectro
y alcance. Más relevante aún es que esta
política normativa ha ido acompañada de la
voluntad constitucionalizada de establecer
unos mecanismos de garantía para supervisar
el respeto de los compromisos jurídicos
internacionales adquiridos: en 1926, se crea
ya la Comisión de Expertos en la Aplicación
de Convenios y Recomendaciones, encargada
de revisar a través del procedimiento
regular de control las memorias periódicas
presentadas por los estados; junto a los
procedimientos de reclamación o de queja
constitucionales o las quejas ante el Comité
de Libertad Sindical –órgano creado en
1951–, este procedimiento ha constituido
un paradigma para la ONU en el diseño de
los mecanismos vinculados a los tratados
internacionales de derechos humanos, en
especial del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos –como alternativa a
la idea, descartada, de crear un tribunal internacional
de derechos humanos.
Ello no es óbice para reconocer –lo cual
hace más evidente el paralelismo con la acción
de la ONU– que estos mecanismos de
garantía son instrumentos sans-dents, como
ha indicado la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico 4 . Incluso si
se escoge el único de los mecanismos de garantía
que autoriza a la Conferencia General
a adoptar las medidas pertinentes respecto
a un Estado miembro que incumple uno de
los convenios de la OIT del que es parte –el
procedimiento constitucional de quejas–,
sus limitaciones son evidentes: como demuestra
el caso de Myanmar 5 , la OIT puede
ejercer coerción sobre el Estado limitando
o suspendiendo beneficios o derechos del
Estado miembro de la OIT, pero solamente
puede recomendar o exhortar, sin mandato
vinculante alguno, a los estados miembros,
agrupaciones sindicales y empresariales, así
como a las otras organizaciones internacionales,
a que tomen medidas coercitivas respecto
al infractor.

Globalización económica y justicia social:
la OIT y su mandato en el siglo XXI
Como palmarias son las transformaciones
políticas y socio-económicas derivadas de la
creciente globalización económica a finales
del siglo XX, lo es igualmente que este proceso
ha sido gobernado, en particular tras
la guerra fría, desde postulados ideológicos
de corte neoliberal que poco tienen que ver
con los presupuestos político-jurídicos que
fueron impulsados tras la Segunda Guerra
Mundial y de cuya arquitectura institucional
la OIT forma parte a través de su inserción
en el sistema de las Naciones Unidas.
La reacción de la OIT para adecuar su
actividad institucional pivota en torno a la
celebración de su 75 aniversario, en 1994,
y, más allá de propuestas maximalistas
–desplazar la actividad normativa de la
OIT hacia la exclusiva creación de estándares
internacionales no vinculantes para los
Estados miembros–, puede sintetizarse en
tres decisiones:
1) La ralentización de la actividad normativa:
los últimos años del siglo XX y el
principio del siglo XXI, comparativamente,
muestran una tendencia a minimizar la actividad
normativa consistente en la adopción
de convenios y recomendaciones: en
los últimos 15 años (1997–2011), 9 convenios
y 13 recomendaciones; el último de los
tratados internacionales, empero, es muy
significativo cualitativamente: el Convenio
189 sobre las trabajadoras y trabajadores
domésticos (2011) 6 .
2) La revisión del conjunto de los estándares
jurídicos internacionales de la OIT y que
ha supuesto una verdadera poda 7 de convenios
y recomendaciones no considerados pertinentes
o actualizados –¿una desregulación?
3) La adopción de la Declaración de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo, de 19 de junio de
1998 (Declaración de 1998), a partir de la
cual, sobre la base jurídica de la Constitución
de la OIT, se entiende que existen unos
derechos fundamentales en el trabajo que
priorizarán en adelante la política institucional;
el debate político-jurídico entre
quienes apoyan que esta priorización es
una respuesta de mínimos pero ajustada a
las posibilidades de las directrices que gobiernan
la globalización, y los que entienden
que esta priorización propende a desplazar
fuera del interés de la gobernanza
global otros derechos humanos vinculados
a la justicia social y encubriendo, en consecuencia,
una desregulación parcial de la
justicia social. Puede juzgarse con mayor
propiedad la justificación de ambos argumentos
explicitando cuáles son estos derechos
fundamentales en el trabajo: la libertad
de asociación y la libertad sindical y el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva; la eliminación de todas
las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
la abolición efectiva del trabajo infantil; y la
23
Sede de la Organización Internacional
del Trabajo en Ginebra,
Suiza. 1951.
UN Photo # 123854
Naciones Unidas

Naciones Unidas
24
Inauguración de la histórica conferencia
número 100 de la OIT, el
1 de junio de 2011.
UN Photo/Jean-Marc Ferré
eliminación de la discriminación en materia
de empleo y ocupación.
Se entiende que los principios y derechos
fundamentales contenidos en la Declaración
de la OIT son prioritarios en el debate sobre
las directrices de las políticas que gobiernan
la globalización
Con posterioridad, estos derechos fundamentales
en el trabajo se han constituido
en objetivos estratégicos dentro de las
políticas de la OIT para adecuar las exigencias
de la justicia social a la nueva realidad:
dentro de la estrategia del trabajo decente
(lanzada en 1999) –junto a otros tres complementarios,
a desarrollar considerando
transversalmente la igualdad de género: la
creación de empleos y de ingresos adecuados;
el fortalecimiento de la protección social;
y el fortalecimiento del diálogo social–;
y dentro de la Declaración de la OIT sobre la
justicia social para una globalización equitativa,
adoptada por la Conferencia General
el 10 de junio de 2008.
La OIT quiere contribuir a la gobernanza desde
la promoción de la justicia social; de ahí
las iniciativas puestas en marcha para salvaguardar
la justicia social frente a la crisis
La noción de trabajo decente y su plasmación
en una estrategia más global en la
citada declaración son una manifestación
evidente de que la OIT quiere contribuir
a la gobernanza desde la promoción de la
justicia social; de ahí que, como elemento a
considerar, sea positivo observar cómo des-
de la OIT se han lanzado iniciativas que pretenden
salvaguardar la justicia social frente
a la crisis –por ejemplo, la resolución de 19
de junio de 2009, de la Conferencia General,
por la que se plantea el Pacto Mundial
para el Empleo–; o bien, su implicación en
iniciativas ajenas, como la lanzada desde
la ONU 8 para asegurar un nivel mínimo de
protección social universal.
El interrogante es si, más allá de la retórica
institucional, las tesis de la OIT son asumidas
en la práctica por las organizaciones
y foros internacionales susceptibles de contribuir
a la gobernanza de la globalización.
En primer término, hay que señalar cómo
el trabajo decente ha sido incluido como
parte o elemento a considerar del enfoque
integral y transversal asumible en el marco
de la cooperación internacional dentro del
sistema de las Naciones Unidas desde 2006 9 .
A partir de ello, hay que observar cuál es la
voluntad real de implementación del vector
trabajo decente en las actividades del sistema
de las Naciones Unidas, y, en particular,
de los organismos especializados con competencias
en el ámbito financiero. Solamente
así es fácil discernir cómo, más allá de las
fórmulas genéricas y de su incorporación a
los programas de acción de la ONU, ni el trabajo
decente ni los derechos fundamentales
en el trabajo parecen haberse constituido
más que tangencialmente en una prioridad
jurídico-formal y/o operativa para el Fondo
Monetario Internacional o el Grupo del Banco
Mundial (BM) –lo que no quiere decir que,
comparativamente, las necesidades sociales

y/o la justicia social no estén más presentes
en su desempeño que tiempo atrás pero
no en cualquier caso conforme a los parámetros
definidos por la OIT. No deja de ser
más que significativo el planteamiento, bien
que haya sido objeto de retoques a partir de
2009, del esquema denominado Doing Business
en el seno del BM; dentro del mismo, y
a pesar de que se hayan introducido en 2011
factores de corrección respecto a la evaluación
de la protección de los trabajadores 10 ,
la metodología de medición de la reglamentación
de los estados para la facilitación de
la actividad económica sigue sustentándose
en contrastar las rigideces del mercado laboral
–dificultad de contratación, rigidez en
horarios y dificultad de despido–, por lo que,
como indica Alain Supiot 11 es evidente que
las rigideces “designan las normas laborales”,
que pueden ser fruto de compromisos
jurídicos internacionales, y penalizan “a los
estados que reconocen demasiados derechos
a los trabajadores”.
En segundo término, el mismo principio
de especialidad funcional que impulsa a los
organismos especializados financieros a banalizar
la transversalidad de las tendencias
impulsadas por la OIT, han venido impulsando
a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) a ignorar en la construcción de su
derecho de la OMC las cuestiones laborales
y desentenderse de la vinculación entre comercio
y fuerza de trabajo –si bien, en cualquier
caso, observando a las normas laborales
como un obstáculo al libre comercio que
puede ponderarse dentro de las excepciones
a la plena aplicación del derecho de la OMC.
Más allá de la influencia de la OIT en la voluntad
de los estados, la justicia social no parece
estar en el centro de las soluciones globales,
cosa que no augura nada bueno para los trabajadores
y trabajadoras
Y, en tercer término, ya en un plano político,
si bien fue importante que en la Declaración
adoptada tras la reunión de más alto
nivel del G-20, celebrada en Pittsburg (25
de septiembre de 2009), se mencionara la
importancia de incorporar transversalmente
a los planes de recuperación la noción de
trabajo decente (§ 43), esta mención se ha
ido diluyendo en trabajos posteriores para
abordar la crisis económica y financiera
dentro de términos más genéricos como la
sostenibilidad –en ausencia, además, compromisos
concretos al respecto.
A modo de reflexión final…
No parece que la OIT, más allá de su influencia
en la voluntad estatal de potenciar
la justicia social, esté en disposición
de influir de manera decisiva en organizaciones
internacionales y otros foros internacionales
que, en apariencia, parecen en
disposición de trazar las nuevas fronteras
de la gobernanza de la globalización económica
y de búsqueda de salidas a los problemas
socioeconómicos generados por la
hasta ahora última de las crisis financieras
del capitalismo global. La cuestión, más
que probablemente, más allá de las capacidades
de la OIT, se encuentre en que
la justicia social no parece situarse en el
centro de la búsqueda de soluciones globales
–lo que no augura nada bueno para
los trabajadores y trabajadoras desde el
prisma del sesgo de las potenciales fórmulas
a buscar para solventar los problemas
estructurales de la economía mundial y
potenciar el empleo.
1) ILO, World of Work Report. 2010. From one crisis to the
next?, International Institute of Labour Studies, Geneva,
2010, p. 1; las recetas que desde la OIT se pergeñan para
buscar salidas a la crisis en términos de cantidad y calidad
en el empleo no coinciden exactamente, por ahora, con
las que se están llevando a cabo en países desarrollados
como los que integran la Unión Europea (ibíd. pp. VIII-X
y 19 a 25).
2) THOMAS, A., “La Organización Internacional del Trabajo.
Origen, evolución y porvenir”, Revista Internacional
del Trabajo, Vol. 115 (1996), 3-4, p. 287.
3) Es un anexo a la Constitución de la OIT y sus compromisos
de acción, siguen formando hoy por hoy parte de los
objetivos del mandato de la OIT (art. 1 Constitución OIT).
4) OCDE, Documento CCNM/GF/TR/M(2001)3, p. 7, § 17.
5) Ver resolución relativa a las medidas recomendadas por
el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de
la Constitución de la OIT con respecto a Myanmar, de 14
de junio de 2000.
6) No consta en la OIT que, a día de hoy, ningún Estado
miembro haya notificado su ratificación (http://www.ilo.
org/ilolex/spanish/convdisp1.htm, 5/10/2011)
7) MAUPAIN, F., “OIT, justice social et mondialisation”,
Recueil des cours de l’Académie de droit international,
Volume 278 (1999), p. 230.
8) UN System Chief Executives Board for Coordination
(UNCEB), The Global Financial Crisis and its Impact on the
work of the UN System, CEB Issue Paper, United Nations,
Geneva/New York, 2009, Part VI).
9) Declaración de los Ministros y Jefes de Delegación participantes
en la serie de sesiones de alto nivel del periodo
de sesiones sustantivo de 2006 del Consejo Económico y
Social, sobre la Creación de un entorno a escala nacional
e internacional que propicie la generación del empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y sus
consecuencias sobre el desarrollo sostenible, de 5 de julio
de 2006 (ONU, Documento E/2006/L.8).
10) BM, Empleo de trabajadores, disponible en: http://
espanol.doingbusiness.org/methodology/employing-workers,
05/10/2011.
11) SUPIOT, A., “Perspectiva jurídica de de la crisis económica
de 2008”, Revista Internacional del Trabajo, Volumen
129 (2010), núm. 2, p. 171.
25
Naciones Unidas

Naciones Unidas
26
Arriba, la lista de los diez países
que más aprueban la labor
de la ONU. Abajo, los diez países
que más la desaprueban.
Fuente GALLUP. Encuesta elaborada en
126 países entre 2007 y 2010
Actividades ANUE
La opinión pública y la ONU
Entre el apoyo y la indiferencia
Raül Jiménez. Licenciado en Ciencias Políticas y Máster en Comunicación y Estrategia Política. Universitat
Autònoma de Barcelona.
La prestigiosa empresa independiente Gallup publicó en junio los resultados de una encuesta
mundial, realizada en 126 países entre 2007 y 2010, sobre el apoyo y valoración que
las Naciones Unidas tienen en todo el mundo. Desde la ANUE creemos que el estudio muestra
diversas conclusiones relevantes que exponemos a continuación.
Un apoyo mayoritario...
La primera conclusión que arrojan las estadísticas,
y la que más se ha publicitado, es
que las Naciones Unidas cuentan con más
apoyos que críticos en todo el mundo. El
dato de que un 46 por ciento de los encuestados
considera positiva la labor de la Organización
mundial contrasta poderosamente
con el 20 por ciento que la critica.
Desglosada la encuesta por regiones y
países, en 106 de los 126 estados en los que
se ha realizado la encuesta se muestran
mayoritariamente favorables al trabajo de
la ONU. Los resultados más significativos
los encontramos en el África subsahariana,
donde la aprobación que recibe la Organización
es más alta, siendo Sierra Leona,
país donde las Naciones Unidas han llevado
a cabo misiones de paz, la que lidera este

singular índice, con un 86 por ciento de los
encuestados que se declara favorable a la
Organización. Los diez primeros puestos
del “ránking positivo” son países del África
subsahariana.
En el lado opuesto, las regiones más críticas
con la ONU son Oriente Medio y el
norte de África, con Qatar y los Territorios
Palestinos liderando los índices de rechazo
más alto, con el 61 y el 60 por ciento respectivamente.
Otros países críticos que destacan
sobremanera son Estados Unidos, Israel,
Iraq y Turquía, que bordean el 50 por ciento
de rechazo.
…¿o una alarmante indiferencia?
Sin embargo, desde la ANUE el dato que
nos parece más relevante, y desafortunadamente
también alarmante, es el de los encuestados
que rechazan opinar o dicen no
tener opinión, que alcanza el 34 por ciento.
Y es que, al desglosar esta cifra global, es
notoria la abundancia de países en los que
la indiferencia o el desconocimiento del liderazgo
de la ONU son la norma.
Como región, destaca especialmente
América Latina y el Caribe, con “récords”
como el 90 por ciento de Trinidad y Tobago,
el 83 por ciento de Paraguay, los 66 y 65 por
ciento de Uruguay y México. Haití es la única,
y evidentemente muy significativa, excepción
en un continente donde domina el
“no se sabe/no contesta” como respuesta.
Pero no es una cuestión exclusiva de América
Latina. Otro indiscutible “peso pesado”
internacional, India, el porcentaje llega al
61 por ciento. Y en siete países miembros
de la Unión Europea –entre ellos Italia y
Portugal– se supera ampliamente el 50 por
ciento. En total, 34 de los 126 países encuestados
se supera este porcentaje.
El caso español
España no se aleja demasiado de estos porcentajes,
siendo un caso paradigmático dentro
de la encuesta. A pesar de que un 43 por
ciento de los encuestados considera positiva
la labor de la ONU, y que apenas un 17 por
ciento se muestra crítico con ésta, no puede
soslayarse que al mismo tiempo un 40 por
ciento de personas no contesta o dice no tener
opinión al respecto. Teniendo en cuenta
que España es uno de los países que más ha
aumentado su contribución y presencia en la
Organización en los últimos años, estos datos
nos parecen preocupantes.
Naciones Unidas, ¿apoyada o invisible?
Analizando los resultados a primera vista,
las Naciones Unidas son una institución
mayoritariamente apoyada a nivel mundial.
Pero si nos detenemos a reflexionar un segundo,
el resultado que arroja este estudio
es grave. Y es que una Organización de alcance
universal, con 66 años de historia, no
puede ser desconocida por una de cada tres
personas encuestadas. Por lo que el problema
debe radicar en la falta de visibilidad de
su tarea en la actualidad.
Esta situación de “invisibilidad” se hace
patente al ver que en estados que en los últimos
años se han erigido como importantes
baluartes y contribuyentes para las Naciones
Unidas –casos de España o Turquía,
liderando la Alianza de Civilizaciones; Qatar,
que sin ir más lejos preside este recién
iniciado período de sesiones de la Asamblea
General, o India, en plena campaña para
conseguir un lugar en el Consejo de Seguridad–,
predomina la indiferencia o la crítica
a la Organización, por lo que es pertinente
preguntarse si los gobiernos trabajan en la
ONU a espaldas de su opinión pública.
El otro argumento que corrobora esta
idea de la insuficiente o deficitaria publicidad
de las Naciones Unidas lo encontramos
al ver cuáles son los países que más la apoyan.
Son los africanos, escenarios de muchas
misiones de paz, y en los que se realiza una
encomiable labor en diversos terrenos (infancia,
salud, desarrollo, educación, etcétera)
desde hace tiempo, donde el apoyo y
el conocimiento sobre la Organización son
casi unánimes. En cambio, y al contrario de
lo que podría pensarse inicialmente, una
muy significativa parte del llamado “primer
mundo”, más la práctica totalidad de América
Latina, África subsahariana y Oriente
Medio, desconoce o tiene poco en cuenta la
tarea de las Naciones Unidas.
Por eso se hace indispensable, para legitimar
su papel ante la convulsa situación
que vivimos actualmente, trabajar decididamente
en la difusión de la labor y los principios
de las Naciones Unidas entre la opinión
pública. Una tarea que la ANUE lleva realizando
desde hace 49 años.
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Naciones Unidas

Noticias ONU
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Ban Ki-moon saluda a la Asamblea
al ser proclamada su reelección
com secretario general.
UN Photo/Mark Garten
Ban Ki-moon y Asha-Rose Migiro,
secretario y subsrecretaria
general de la ONU, respectivamente,
junto a las autoridades
de Sudán del Sur en la ceremonia
de izada de bandera como
nuevo estado miembro.
UN Photo/Evan Schneider
Michelle Bachelet, directora
ejecutiva de ONU Mujeres (derecha)
presentando el primer
informe del organismo. A su
lado, Unity Dow, primera jueza
de Botswana.
UN Photo/Devra Berkowitz
Ban Ki-moon, reelegido como secretario general de la ONU
El 21 de junio, la Asamblea General reelegió por aclamación
a Ban Ki-moon como secretario general hasta 2016. En
sus palabras de agradecimiento, Ban destacó que “cuando
empezamos el cambio climático era un tema invisible, hoy
ya está en la agenda global. El desarme nuclear estaba congelado,
hoy avanzamos. Nos encaminamos hacia la eliminación
de la malaria y de la polio. En medio de desastres naturales
devastadores, hemos salvado vidas en Haití, Pakistán y
Myanmar”, dijo.
Entre los principales retos del nuevo mandato, mencionó el
cumplimiento en 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
la Conferencia Río + 20 y el encuentro de Alto Nivel sobre
seguridad nuclear que se celebrará en septiembre.
Sudán del Sur, nuevo miembro de las Naciones Unidas
Primer informe anual de ONU Mujeres
El pasado de julio la Asamblea General de la ONU admitió
el 14 de julio el ingreso de la República de Sudán del Sur
como estado miembro de la Organización. La admisión del
nuevo estado, el número 193 de las Naciones Unidas, llegó
tras la recomendación del Consejo de Seguridad.
“Nuestra esperanza y deseo fundamental es ver una coexistencia
pacífica entre los dos estados vecinos de Sudán
y Sudán del Sur. Nos esforzaremos para construir un futuro
en que nuestros dos países puedan trabajar en cooperación
y vivir en paz el uno con el otro y apoyarnos mutuamente”,
dijo el vicepresidente de Sudán del Sur, Riek
Machar Teny a los miembros del Consejo.
Sudán del Sur proclamó su independencia el pasado sábado
9 de julio después que su población decidiera a favor
de la secesión de Sudán en un referéndum celebrado
en enero. Su presidente, Salva Kiir Mayrdit, solicitó oficialmente
a la ONU el 11 de julio su admisión como Estado
miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.
Más de 2.600 millones de mujeres viven en países que
no consideran delito la violación marital, y más de 600 en
los que tampoco se criminaliza la violencia doméstica, según
el primer informe anual sobre la igualdad de género
que presentó el 6 de julio la directora ejecutiva de ONU
Mujeres, Michelle Bachelet. El estudio también denuncia
que las leyes basadas en la costumbre o la religión restringen
a las mujeres sus derechos de divorcio y herencia.
Pese a que 117 países tienen leyes a favor de la igualdad salarial, estas siguen cobrando
hasta un 30 por ciento menos. Además, 600 millones de mujeres –el 53 por ciento de la fuerza
laboral femenina– tienen empleos sin protección legal. Por otra parte, el informe también
destaca el importante aumento de la presencia de las mujeres en los parlamentos, aunque
lamenta que sea menor al 30 por ciento en la mayoría de países.

Año Internacional 2012
La Asamblea de las Naciones Unidas designó el 2012 Año Internacional
de la Energía Sostenible para Todos, en reconocimiento
de la importancia del acceso a la energía para el
desarrollo económico sostenible y en apoyo a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. El Año marca tres objetivos a alcanzar
para 2030: asegurar el acceso universal a servicios modernos de
energía; duplicar la tasa de eficiencia energética; y duplicar el
porcentaje de energía renovable. Actualmente, más de 1.400 millones
de personas no tienen electricidad; 1.000 millones más tienen
sólo acceso intermitente; y unos 2.500 millones dependen de
la tradicional biomasa para cocina y calefacción.
La Asamblea también declaró el 2012 Año Internacional
para las Cooperativas, destacando la contribución de éstas
al desarrollo socioeconómico, en particular en la reducción de
la pobreza, la generación de empleo y la integración social. Las
cooperativas, son un recordatorio para la comunidad internacional
de que es posible trabajar por la viabilidad económica a la
vez que por la responsabilidad social. Con el lema “Las cooperativas
construyen un mundo mejor”, este año pretende fomentar
su crecimiento y establecimiento en todo el mundo.
Primera resolución del CDH sobre orientación sexual
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un histórico pronunciamiento sobre la
discriminación por orientación sexual e identidad de género, reconociendo por primera vez el
17 de junio la problemática de la violencia y la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales
y transgéneros (LGBT) en el mundo.
En una resolución aprobada por 23 votos a favor y 19 en contra, el Consejo pide la realización
de un estudio sobre prácticas discriminatorias y actos de violencia por orientación sexual
o identidad de género en todas las regiones del mundo; un análisis sobre cómo el derecho internacional
vigente puede utilizarse para proteger los derechos humanos de LGBT, sistemáticamente
violados por las leyes y las prácticas de numerosos estados miembros de la ONU, y la
realización de un panel de debate sobre el tema
España en la ONU
Ban Ki-moon inauguró el 6 de julio una nueva
base de comunicaciones en Valencia, que
permitirá mantener abiertas las 24 horas las
comunicaciones de la ONU en lugares remotos
y bajo difíciles condiciones. Con el nombre
UNSB-V, el centro es una parte integral del UN
Global Field Support Strategy, y trabajará conjuntamente
con la base logística de Brindisi,
Italia (UNLB). Asistieron al acto el príncipe Felipe,
las ministras de Defensa y Asuntos Exteriores,
Carme Chacón y Trinidad Jiménez, y la
directora general de la ANUE, Àngels Mataró.
“Las misiones de mantenimiento de la paz, las misiones de reconstrucción y las misiones
políticas dependen de que la red de la ONU permanezca conectada, especialmente en
tiempos de crisis”, dijo Ban.
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El secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon (en el centro) y el
príncipe Felipe inaugurando la
base de Apoyo de las Naciones
Unidas en Valencia.
UN Photo/Eskinder Debebe
Noticias ONU

Mundo
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Miles de libios hacen cola para
comer en un campo de refugiados
en Túnez, cerca de la frontera
con Libia. Marzo de 2011.
UN Photo/OCHA/David Ohana
Mundo
El desencanto y las dudas planean
sobre las revueltas árabes
Mateo Madridejos. Periodista e historiador.
Las revueltas árabes contra el atraso, la humillación
y el despotismo, que estallaron en
Túnez en diciembre de 2010, estaban sofocadas
por la represión o sumidas en el caos y la
incertidumbre en septiembre de 2011. La implantación
de la democracia y el liberalismo,
propalada y defendida por las cancillerías
occidentales en medio del tumulto, tropieza
con obstáculos aparentemente insalvables
en las opulentas monarquías del Golfo, en
Siria, Yemen e incluso en los países teóricamente
liberados de la opresión como Túnez
y Egipto. Los países del Magreb, luego de varios
meses de agitación y aunque por causas
distintas, aparecían relativamente tranquilos
tras unas reformas cosméticas (Marruecos) o
el pánico de una nueva guerra civil (Argelia).
La aceleración histórica que parecía irreversible
se detuvo bruscamente. La primavera
árabe se aproxima al otoño bastante
marchita, habiendo perdido una gran parte
del impulso inicial, pese a que la coalición de
la OTAN reavivó los ideales y las expectativas
al provocar la huida infamante del coronel
Muamar Gadafi desde su fortín de Trípoli, el
23 de agosto. La carnicería prosigue, ahora
en forma de represalias o venganzas contra
los partidarios del líder caído, y los muertos
se cifran en miles a falta de una contabilidad
fiable del horror.
El desencanto y el temor de que los islamistas
se adueñen de la situación han sustituido
a la euforia. “La primavera árabe no pasa,
desde luego, por Argelia”, explicó en agosto
el diario El-Watan, de Argel, persuadido
de que el proceso de reformas propugnado
por la clase media ascendente está bloqueado.
Las fuerzas que se resisten al cambio
han desaparecido de las candilejas, para no
levantar sospechas, pero siguen empeñadas
Túnez
Nombre oficial: República de Túnez (Al Jumhuriyah al-Tunisiyah).
Capital: Túnez.
División territorial: 24 provincias.
Forma de Estado: república unitaria.
Forma de gobierno: por determinar.
Parlamento: Asamblea Constituyente (217 escaños).
Presidente del Gobierno constituyente: Rashid Ganushi (Enhada,
islamista moderado).
Superficie: 163.610 km 2 .
Población 1 : 10.270.000.
Tasa de fecundidad 2 : 1,8.
Población rural: 32,7 %.
Esperanza de vida: 74,3 años.
Mortalidad infantil 3 : 21.
Analfabetismo: 22 %.
Posición en la tabla IDH: 81 (sobre 169 países).
Usuarios de internet 4 : 27,1.
Etnias: árabes (70 %), árabes beduinos (26,5), bereberes (1,5), otros (2 %).
Religiones: suníes (97 %), chiíes y otros (3 %).
PIB per cápita 5 : 8.870 $
Desempleo 6 : 35 %.
Inflación 6 : 3,3 %.
Balanza comercial 7 : negativa en 37.000 millones $.

Egipto
Nombre oficial: República Árabe de Egipto (Jumhuriyat Misr al-Arabiyah).
Capital: El Cairo.
División territorial: 29 provincias (governorates) y 166 regiones (markazes).
Forma de Estado: república unitaria.
Forma de gobierno: por determinar.
Parlamento: Asamblea Popular (518 escaños), Asamblea Consultiva (264).
Mujeres en el Parlamento: 3,7 %.
Jefe del Estado: Abdel Aziz Seif-Eldeen, provisional, militar (febrero de 2011).
Presidente del Gobierno: Essam Sharif, provisional (marzo de 2011).
Superficie: 1.002.000 km 2 .
Población 1 : 84.475.000.
Tasa de fecundidad 2 : 2,7.
Población rural: 56,7 %.
Esperanza de vida: 70,5 años.
Mortalidad infantil 3 : 23.
Analfabetismo: 33,5 %.
Posición en la tabla IDH: 101 (sobre 169 países).
Usuarios de internet 4 : 16,6 (27).
Etnias: Árabes, 93,3 % (egipcios, 61,5; saudíes, 24,6; sudaneses, 5,3;
argelinos, 1,9; beduinos, 1); gitanos, 1,8; , otros (3,9 %).
.Religiones: Musulmanes (87 %; 99% suníes), ortodoxos coptos (9), protestantes
y católicos (1,5), no religiosos y otros (2,5 %).
PIB per cápita 5 : 6.345 $.
Inflación 6 : 8 %.
Balanza comercial 7 : negativa en 22.470 millones $.
en la represión, como en Siria o Yemen, o en
el apaciguamiento del maná petrolífero. Los
islamistas no dan la cara y ocultan sus más
osadas pretensiones, pero son los mejor cohesionados
y esperan su oportunidad.
El movimiento de liberación fascinó a
muchos occidentales, se propagó como un
reguero de pólvora y constituyó una severa
advertencia contra los que ejercían el poder
absoluto, los dictadores más veteranos
y crueles, fieles aliados de las potencias occidentales.
Los jóvenes más decididos y los
analistas mejor intencionados auguraban,
entre las elites árabes, que la opresión ya
no sería suficiente para mantener la estabilidad
y preservar la explotación de los
pueblos subyugados y del tesoro petrolífero.
Sería necesario atender las plegarias en
favor de la justicia social y la igualdad de
oportunidades, pero esos grandes lemas estaban
escritos sobre papel mojado.
Washington y el mito de la estabilidad
Washington apostó por la estabilidad desde
que sustituyó a Gran Bretaña como gendarme
de la región después del fiasco francobritánico
de Suez (1956), canto de cisne del colonialismo
europeo. “Durante 60 años, Estados Unidos
buscó la estabilidad a costa de la democracia
en el Oriente Medio, y no conseguimos ninguna
de las dos”, declaró la secretaria de Estado,
Condoleezza Rice, en el discurso que pronunció
el 20 de junio de 2005 en la American University
de El Cairo. Y agregó: “Ahora tomamos
un rumbo diferente porque apoyamos las aspiraciones
democráticas de todos.”
En los círculos académicos y del análisis estratégico
se produjo en los momentos cruciales
de las revueltas una curiosa conexión
entre los abogados del intervencionismo liberal
o de izquierdas, que se retrotrae nada
menos que a las presidencias del demócrata
Woodrow Wilson (1913-1921), y los neoconservadores
que elaboraron la teoría que sir-
31
Decenas de miles de personas
manifestándose en la plaza Tahrir
de El Cairo contra el presidente
Hosni Mubarak, el 1 de febrero
de 2011.
Khalil Hamra / AP Photo
Mundo

Mundo
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vió de base para “la agenda de la libertad”
de George Bush y Condoleezza Rice, pese
a las reticencias y vacilaciones de Barack
Obama y Hillary Clinton, más proclives a los
dictados del realismo amoral, también conocido
literariamente como realismo sucio,
codificados por Henry Kissinger.
El equipo de Obama tardó demasiado en
reaccionar, quizá porque los presidentes Ben
Alí y sobre todo Mubarak eran dos amigos fieles,
clientes irreprochables; pero estuvo claro
desde el primer momento que las dificultades
económicas y, sobre todo, el estrés de los ejércitos
estadounidenses, que siguen estancados
en Iraq y Afganistán, desaconsejaban cualquier
iniciativa interventora. La estabilidad en
Egipto, además, era un factor de suma importancia
en la estrategia conjunta con Israel.
Las caídas de Ben Alí y Mubarak no han alterado
sustancialmente las estructuras ni las dinámicas
de los regímenes en Túnez y Egipto
La profecía de que las revueltas árabes
desembocarían en una arcadia democrática
resultó prematura y, por supuesto, errónea,
ya que la caída de los dictadores, Ben Alí,
Mubarak y Gadafi, no alteró sustancialmente
la estructura ni la dinámica de sus regímenes.
Los militares tunecinos y egipcios sujetan las
riendas del poder, mientras los déspotas de
Siria y Yemen siguen disparando brutalmente
contra los civiles desarmados. Los chiíes de
Bahrein que se levantaron contra una injusticia
histórica y flagrante fueron reducidos
al silencio y la discriminación, sometidos a
la ocupación militar por el Ejército de Arabia
Saudí con el beneplácito de Washington,
pese a las protestas de Irán.
Una operación secreta
Gadafi, en el poder desde 1969, sátrapa
excéntrico, dictador errático y durante muchos
años financiero del terrorismo, que
luego confraternizó con los occidentales,
deja tras de sí un panorama devastado, un
país tribal, sin instituciones, sin partidos políticos
ni sindicatos, sin verdadero ejército,
sin un líder nacional capaz de alzarse por
encima de los jefes de clan y exhortar a la
pacificación. Y en cuanto al futuro inmediato,
la nación que es preciso construir, los
pronósticos son poco alentadores.
Las calles de Trípoli volvieron a llenarse
de cadáveres en medio del caos, la sombra
Libia
Nombre oficial: Por determinar.
Capital: Trípoli.
División territorial: 22 municipalidades.
Forma de Estado: por determinar.
Sistema de gobierno: Por determinar.
Parlamento: Congreso General del Pueblo (468 escaños).
Jefe del Estado y del Gobierno: Mustafá Abdel Jalil, presidente del
Consejo Nacional de Transición. Provisional en octubre de 2011).
Superficie: 1.777.060 km 2 .
Población 1 : 6.420.000.
Tasa de fecundidad 2 : 2,5.
Población rural: 22,1 %.
Esperanza de vida: 74,5 años.
Mortalidad infantil 3 : 17.
Analfabetismo: 11,6 %.
Posición en la tabla IDH: 53 (sobre 169 países).
Usuarios de internet 4 : 5,1.
Etnias: árabes (87 %), bereberes (7), otros (6 %).
Religiones: musulmanes suníes (96 %), ortodoxos (2), católicos (1),
otros (1 %).
PIB per cápita 5 : 15.575 $.
Inflación 6 : 3,5 %.
Balanza comercial 7 : positiva en 21.600 millones $.
de Al Qaeda y las venganzas contra los gadafistas.
Las bandas armadas, los asesinos
y los saqueadores dominaron la situación.
El mismo día en que “el Guía” huyó de sus
palacios, Anthony Shadid, tras describir los
escombros, escribió en el New York Times
que “la dirección de los rebeldes es opaca y
está fracturada, mientras que las intenciones
de los islamistas que están en sus filas
son inciertas y los extranjeros andan involucrados
en una clase de intervención que
durante mucho tiempo fue tóxica para el
mundo árabe”.
Los acontecimientos se precipitaron con
la canícula del hemisferio norte. Ante el temor
de un fracaso estrepitoso de la OTAN,
cuyos bombardeos comenzaron el 19 de
marzo, las partidas de rebeldes procedentes
de Bengasi, en la Cirenaica, fueron entrenadas,
armadas, disciplinadas y conducidas
hasta Trípoli en una operación secreta y relámpago,
de la que ignoramos los detalles,
patrocinada por Qatar y otras monarquías
del Golfo y dirigida sobre el terreno por las
fuerzas especiales francobritánicas, mientras
los estadounidenses contribuían con su
dominio absoluto del mar y los cielos. Obama
podía conquistar algunos laureles en
plena borrasca económica.

¿En qué quedan las estipulaciones del tan
cacareado mandato de la ONU? La resolución
1.973, aprobada por el Consejo de Seguridad
el 17 de marzo de 2011, estableció
una zona de exclusión aérea sobre Libia y
autorizó “el empleo de todos los medios necesarios
para proteger a la población”, pero
excluyó expresamente cualquier tipo de
intervención terrestre para cambiar el régimen.
La resolución se aprobó con diez votos
a favor y cinco abstenciones de Brasil, India,
Alemania, Rusia y China, cuyos intereses en
el norte de África no se pueden comparar
con los de Francia, Gran Bretaña e Italia y sus
respectivas petroleras (Total, BP y ENI).
La prédica anticolonial vuelve por sus fueros
tras la operación de la OTAN en Libia, una intervención
que deja un penetrante olor a petróleo
“El retorno de los poderes coloniales disfrazados
de liberadores es mucho más peligroso
de lo que cualquiera pueda imaginar”,
escribió Talal Salman, director del periódico
izquierdista As-Safir, editado en Beirut. La
prédica anticolonial, que había cohesionado
al nacionalismo árabe en la época de Nasser,
pero que estuvo ausente de las revueltas en
Túnez y Egipto, donde fueron eliminados
dos amigos de Washington, vuelve por sus
fueros tras la operación de la OTAN en Libia,
de penetrante olor a petróleo. La diatriba
contra “el nuevo imperialismo”, leitmotiv
del combate desesperado de Gadafi, fue el
argumento central del discurso del dictador
sirio el 21 de agosto, tras otro viernes sangriento,
luego de que Obama exigiera su
abandono del poder.
En general, en medio del torbellino generalizado,
las monarquías conservadoras resistieron
mejor que las repúblicas pretorianas
los embates de la presión popular, de manera
que en Marruecos, Jordania y hasta Bahrein,
la agitación y las manifestaciones nunca fraguaron
una real amenaza para las dinastías.
El apoyo firme de Estados Unidos está detrás
de todos los monarcas, hasta el punto de que
Arabia Saudí, primer productor mundial de
petróleo, armada hasta los dientes por el protector
norteamericano, en vez de impulsar las
reformas democráticas, invadió militarmente
Bahrein para impedir la caída de su protegido,
el jeque Hamad bin Isa al-Jalifa.
El poder militar en Egipto
El desenlace del alzamiento árabe es altamente
problemático. Nada parecido al jubiloso
dominó democrático que se precipitó
en la Europa central y oriental tras la caída
del muro de Berlín (1989) y el hundimiento
de los regímenes comunistas, con la excepción
del rumano. “La transición política que
siguió a la revuelta en Egipto ha ensombrecido
el optimismo inicial”, escribió un
comentarista de la prestigiosa revista estadounidense
Foreign Affairs en su número
de septiembre de 2011. Y aseguró que la
Hermandad Musulmana, lejos de las cámaras
hasta la caída de Mubarak, se perfilaba
como la más probable vencedora de las
elecciones, a las que concurrirá con el nombre
de Partido de la Libertad y la Justicia.
Los más comprometidos con la revuelta
organizaron la Coalición de la Juventud Re-
33
Rebeldes libios atacando a tropas
del gobierno ante una planta de
gas natural ardiendo, cerca de
Ras Lanuf, 9 de marzo de 2011.
John Moore/Getty Images
Mundo

Mundo
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volucionaria, más inspirada en las reformas
que en el islamismo, pero cuyas perspectivas
electorales son harto precarias. Volvieron
a la plaza Tahrir a principios de julio, para
protestar por la lentitud que el Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas (CSFA) estaba
imprimiendo a la transición democrática,
pero fueron rápidamente desalojados por
los blindados después de que el gobierno
prohibiera las protestas que “perjudiquen
la marcha del país”. La manifestación fue
encabezada por los familiares de las más de
800 víctimas mortales de la represión.
Los salafistas, por su parte, defensores acérrimos
de la más rigurosa aplicación de la ley
coránica (sharia), detractores de cualquier
idea que huela a Occidente, alarmaron a los
sectores moderados de la clase media cairota,
liberales e izquierdistas confundidos, con
su demostración de fuerza del 29 de julio
en la plaza Tahrir. Luego se pudo ver por la
televisión cómo los comerciantes de la zona
aplaudían a las fuerzas de seguridad cuando
expulsaban a los radicales islamistas del lugar
mítico de la revolución que parecía encaminarse
hacia su termidor.
Los militares egipcios maniobran entre bastidores
para preservar su hegemonía tras las elecciones
generales anunciadas para septiembre
Para algunos observadores y testigos del
mundo árabe, la revolución ha sido confiscada
tanto en Egipto como en Túnez. En
El Cairo, el CSFA se adapta mal a la idea
de que su poder es transitorio, a la espera
de transferirlo a los civiles elegidos por el
pueblo, y maniobra entre bastidores para
preservar su hegemonía tras las elecciones
de septiembre. En realidad, la casta militar
disfruta de las sinecuras del poder, aunque
por persona intermedia, desde el golpe de
Estado de Nasser y la cofradía de los Oficiales
Libres en julio de 1952 que derrocó al rey
Faruk y proclamó la república.
El ex presidente Ben Alí, que estuvo en
el poder desde 1987, se halla exiliado en
Arabia Saudí y es muy poco probable que
algún día sea entregado a las autoridades
tunecinas para juzgarlo por la corrupción
galopante y la sangrienta represión que
precedió a su huida. Tampoco es previsible
que la mayor parte de la fortuna del clan
presidencial, labrada mediante el abuso y el
nepotismo, revierta a las arcas del Estado.
Por supuesto, las potencias occidentales no
moverán un dedo para logar su extradición
y ni siquiera para congelar realmente su
fortuna en el extranjero.
El juicio de Mubarak es un hito en la historia
del mundo árabe, una victoria insólita
y parcial de los jóvenes que catalizaron la
protesta contra el dictador y convirtieron la
plaza Tahrir en el ágora de todas las disputas
y esperanzas. “Fue un acontecimiento
histórico”, señaló Abdel Ghani Hindi, coordinador
general del Movimiento Popular
por la Independencia de Al Azhar. Por primera
vez en Egipto, un jefe del Estado y
mariscal del ejército compareció ante un
tribunal civil ordinario acusado de crímenes
horribles. ¿Seguirá los pasos de Sadam
Hussein?
La condena de Mubarak podría servir de pretexto
para aplazar unas reformas sociales que
amenazan los privilegios de los generales
La retransmisión televisada del juicio de
Mubarak fue un revulsivo para la opinión
egipcia que lo había aclamado reiteradamente
durante los 30 años de poder omnímodo,
desde que llegó a la presidencia en
1981 tras el asesinato del presidente Anuar
el-Sadat por unos militares islamistas. El que
fue todopoderoso rais, de 83 años, apareció
postrado en una camilla (está enfermo
de cáncer), dentro de la jaula de cristal de
los reos, junto a dos de sus hijos, acusados
de corrupción y de la muerte violenta de
centenares de manifestantes. Los excesos
mediáticos, la singular rapidez del proceso
y la exhibición morbosa de un dictador valetudinario
se deben a las necesidades tácticas
de los generales ante la impaciencia de
la opinión. La condena de Mubarak podría
servir de pretexto para aplazar las reformas
perentorias, de carácter social, las que de
verdad incomodan a los generales y amenazan
sus privilegios.
A principios de agosto, Hussam Itani, comentarista
en el periódico árabe Al Hayat,
editado en Londres, describía con alarma
la gestión de los militares: “Pretenden gobernar
a través de marionetas, a mover los
hilos en secreto y a beneficiarse de los privilegios
del poder sin asumir la responsabilidad.”
Y añadía que los integristas de la
Hermandad Musulmana, principal organización
político-religiosa, siguen el juego de
los pretorianos y mantienen su exorbitante
influencia en los sectores más afligidos, que

Bahrein
Nombre oficial: Reino de Bahrein (Mamlakat al-Bahrayn).
Capital: Manama
División territorial: 5 municipalidades.
Forma de Estado: reino.
Sistema de gobierno: monarquía constitucional.
Parlamento: Shura (401 escaños) y Consejo de Representantes (40).
Mujeres en el Parlamento: 13,8 %.
Jefe del Estado: Hamad ibn Isa al-Jalifa (2002).
Presidente del Gobierno: Jalifa ibn Salman al-Jalifa (1970).
Superficie: 750 km 2 .
Población 1 : 1.170.000.
Tasa de fecundidad 2 : 2,1.
Población rural: 11,4 %.
Esperanza de vida: 76 años.
Mortalidad infantil 3 : 12.
Analfabetismo: 9,2 %.
Posición en la tabla IDH: 39 (sobre 169 países).
Usuarios de internet 4 : 51,9.
Etnias: árabes (63 %), indopakistaníes (13), persas (12), filipinos (4,5), malayos
(3,5), británicos (2), otros (2 %).
Religiones: musulmanes chiíes (58 %), suníes (24), cristianos (10,5), hindúes
(6,5), otros (1 %).
PIB per cápita 5 : 36.700 $.
Inflación 6 : 2 %.
Balanza comercial 7 : positiva en 2.700 millones $.
son la inmensa mayoría. Se ha derrumbado
el falso edificio de la estabilidad, las masas
subsisten en la indigencia, pero el panorama
electoral está plagado de incógnitas y la
democracia liberal tendrá que esperar.
En los días que precedieron a la caída
de Mubarak, el 11 de febrero de 2011, los
jóvenes concentrados en la plaza Tahrir,
epicentro del terremoto árabe, no estaban
movidos por el celo religioso, ni mucho
menos por el integrismo islámico, sino
por el anhelo de un régimen democrático
respetuoso de las libertades civiles, de la
igualdad religiosa (reclamación primordial
de la minoría copta) y las elecciones libres.
El prurito final y común, esparcido por el
ciberespacio, se resumía en la aspiración
de que los estados árabes dejaran de ser
una excepción despótica en un universo
crecientemente democrático.
Los islamistas en general y la Hermandad
Musulmana en particular estuvieron y siguen
al acecho, renunciando al protagonismo
para seguir, en su caso controlar o hacer
descarrilar, un movimiento heterogéneo.
No es inconcebible, sin embargo, una ruptura
generacional entre la vieja guardia del
rigor coránico y los jóvenes más abiertos,
adictos de las redes sociales y menos religioso,
frustrados por la falta de oportunidades
políticas y económicas.
Washington teme que un cambio de régimen
en Yemen abriría las puertas a sectores
del islamismo radical dentro de la nebulosa
de Al Qaeda
En el Yemen, enclave estratégico desde el
que puede controlarse el estrecho que comunica
el mar Rojo con el golfo de Adén
y el océano Índico, los estadounidenses temen
un cambio de régimen que abriría las
puertas a los sectores radicales del islamismo
que pueden incluirse dentro de la nebulosa
de Al Qaeda. Los intentos de diálogo
entre el presidente Abdulá Saleh, en el
poder desde 1978, y la oposición tribal alternan
con los sangrientos enfrentamientos
entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes
hostiles a la feroz dictadura. Aunque
gravemente herido en el ataque contra
su residencia, el déspota juega la carta de
confiar en el paso del tiempo para asfixiar
un movimiento de protesta bastante tribal
y heterogéneo.
Resistencia del déspota sirio
La represión prosigue, implacable, en Siria,
donde el ejército y los escuadrones de la
muerte del presidente Bachar el-Assad habían
dado muerte desde que comenzara la
revuelta en marzo hasta mediados de agosto
a más de 2.200 personas, según los cálculos
de la ONU. La resistencia del déspota hereditario
no depende sólo de la represión,
sino fundamentalmente de la lealtad de las
fuerzas armadas, la fragilidad y las luchas
intestinas de la oposición y el temor de una
situación caótica que desembocaría inexorablemente
en una guerra civil similar a las
que sufrieron sus dos vecinos árabes, el Líbano
e Iraq, que sólo puede funcionar mediante
un sutil equilibrio étnico-religioso.
Siria es un mosaico de etnias y confesiones
religiosas (suníes, alauíes, cristianos y drusos)
de extrema fragilidad, un conglomerado
ideado por el Colonial Office cuando
Gran Bretaña y Francia se repartieron, mediante
un acuerdo secreto, los despojos del
imperio Otomano (1919). El régimen sirio
se asienta en una estrecha alianza entre la
compacta minoría alauí (disidencia del chiísmo),
y la élite de los suníes (confesión de
35
Mundo

Mundo
36
casi el 75 por ciento de la población), que
controla la vida económica y cultural. Los
principales mandos militares, al igual que el
presidente Assad, pertenecen a la minoría
alauí, muy beneficiada por el colonizador
francés (1920-1946).
Nada hace suponer que Al Assad esté dispuesto
a encabezar una revolución contra la
casta que lo rodea y probablemente lo coarta
Existen dudas sobre la verdadera idiosincrasia
de Bachar el-Asad y los papeles que
desempeñan el ejército y el partido Baas,
éste último reducto del nacionalismo árabe
secular. Unos creen que el presidente es
un modernizador frustrado, estudiante de
oftalmología en Londres, estrechamente vigilado
por la vieja guardia esclerótica que
acompañó a su padre Hafez durante los 30
años de crudelísima satrapía (1970-2000),
y otros suponen que se ha convertido en
la fotocopia desvaída de su progenitor. En
cualquier caso, nada parece indicar que el
dictador esté dispuesto a emprender una
revolución contra la casta que lo rodea y
probablemente lo coarta.
La cuestión candente del islamismo
Sobre el futuro de las revueltas árabes y la
cuestión candente del islamismo sólo disponemos
de conjeturas razonables, fabricadas
en Occidente, que habrán de ser sometidas
a la prueba de los hechos. Hay un relato occidental
que trasluce una visión optimista,
multicultural y socialdemócrata, a pesar del
caos reinante, cuya expresión más completa
se encuentra probablemente en el libro
Rock de Casbah (2011), de la norteamericana
Robin Wright, según la cual “la gran
mayoría del mundo musulmán rechaza el
extremismo de manera creciente”.
Robin coincide con el francés Olivier Roy
en analizar las revueltas como el inicio de
un nuevo camino marcado por el fracaso
del islam político. En su opinión, las guerras
civiles en el Oriente Próximo y en todo el
mundo islámico constituyen una especie de
“contrayihad”. Una hipótesis semejante a la
que defienden los que creen que el impulso
democrático se encauzará a través de movimientos
islamistas presuntamente moderados,
como el del Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP) que gobierna en Turquía,
homologables con los occidentales luego de
un proceso de adaptación.
Siria
Nombre oficial: República Árabe Siria (Al-Jumhuriyah al-Arabiyah al Suriyah).
Capital: Damasco.
División territorial: 14 provincias y 1 municipalidad.
Forma de Estado: república unitaria.
Forma de gobierno: presidencialista autoritario.
Parlamento: Asamblea del Pueblo (250 escaños).
Mujeres en el Parlamento: 12,4 %.
Jefe del Estado: Bashar al-Assad (2000).
Presidente del Gobierno: Adel Safar (desde abril de 2011).
Superficie: 185.180 km 2 .
Población 1 : 21.765.000.
Tasa de fecundidad 2 : 1,9.
Población rural: 44,3 %.
Esperanza de vida: 74,6 años.
Mortalidad infantil 3 : 16.
Analfabetismo: 16,4 %.
Posición en la tabla IDH: 111 (sobre 169 países).
Usuarios de internet 4 : 17,3.
Etnias: árabes (82,5 %), kurdos (7,5), palestinos (4), armenios (2,5), otros (3,5 %).
Religiones: suníes (74 %), chiíes alauitas (11), ortodoxos (5), drusos (3),
católicos (2), otros (5 %).
PIB per cápita 5 : 4.990 $.
Inflación 6 : 5 %.
Balanza comercial 7 : negativa en 3.580 millones $.
La moderación de los islamistas está por
demostrar, la apostasía sigue castigada
con la pena capital por la ley coránica y la
comparación del AKP con los partidos demócratacristianos
europeos resulta tan forzada
y anacrónica como enfática –el islam
no conoce el cisma ni la reforma, ni el libre
examen, ni siquiera un modesto aggiornamento–,
además de que choca frontalmente
con la opinión que tienen muchos turcos
secularizados, según la cual el primer ministro,
Recep Tayyip Erdogan, ejecuta una
“agenda secreta” para la reislamización sin
tregua de la sociedad otomana que incluye
la prisión de los periodistas refractarios.
En el mundo árabe la democracia se enfrenta
a concepciones filosóficas, radicales e incompatibles
sobre las prerrogativas del gobierno
Para la democracia de inspiración liberal,
cuyos defensores son minoritarios en
el mundo árabe, el Estado debe garantizar
las libertades públicas, incluida la de conciencia,
y respetar la autonomía del individuo,
mientras que la teología islámica
concibe al gobierno como un agente moralizador,
subordinado al poder religioso,
que debe promover una sociedad cohesionada
por la piedad y el espíritu caritativo.

Dos concepciones filosóficas, radicales e
incompatibles. Los valores defendidos por
los manifestantes eran universales, además
de occidentales, no estrictamente islámicos,
pero incluían una acerba crítica de Occidente
porque éste había respaldado a los
autócratas.
El escritor francotunecino Abdelwahad
Meddeb, autor del polémico libro La enfermedad
del islam, consideró que las revueltas
árabes no constituyen un fenómeno
postislámico, sino “más allá del islam”.
Y precisó su pensamiento: “Esos acontecimientos
nada tuvieron que ver con la identidad
religiosa o cultural. Las gentes se rebelaron
contra una situación en la que el
habeas corpus no era respetado. La sublevación
trascendió las identidades. Los que
protestaban lo hicieron como oprimidos, no
como musulmanes, y la protesta se expresó
en nombre de la humanidad pisoteada”.
Las sombras de la parálisis política, las luchas
sectarias y de nuevas autocracias se
ciernen sobre las esperanzas suscitadas por
las revueltas
La incertidumbre y los sombríos augurios
que pesan sobre el desenlace de las revueltas
árabes abren nuevas vías para el pensamiento
liberal y doctrinario de la occidentalización
inexorable, como creía Ataturk,
o la transición autoritaria como métodos
supuestamente eficaces para coordinar el
desarrollo económico con la modernización
política. Como subraya Francis Fukuyama,
sin embargo, en el mundo árabe coinciden
el subdesarrollo económico y el atraso político,
en contraste con lo ocurrido en Asia,
lo que sin duda lleva agua al molino de los
teóricos de la “excepción cultural” (Bernard
Lewis y Samuel Huntington) propalada por
los neoconservadores 1 .
La transición hacia la democracia es un
fenómeno desconocido en las sociedades
del Oriente Próximo. La historia reciente
confirma que los ocasos de los dictadores
provocaron estallidos de violencia y, a la
postre, la parálisis política, las luchas sectarias
y el retorno de la autocracia generalmente
disfrazada con el uniforme militar o
el turbante de la clerecía islamista. Todas
esas sombras y pésimos vaticinios se ciernen
sobre las esperanzas suscitadas por las
revueltas.
(1) Francis Fukuyama, “Political Order in Egypt”, en The
American Interest, mayo-junio de 2011. La discusión académica
sobre las arduas relaciones de los árabes y la democracia
está ampliamente recogida en mi libro Las revueltas
árabes y el desafío de la democracia (Editorial Círculo Rojo,
Sevilla, 2011). El texto puede consultarse en www.mateo
madridejos.wordpress.com
Notas de las fichas
(1) 2010, estimaciones. WPP.
(2) Hijos por mujer. 2010-2015, estimaciones. PNUD.
(3) Fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. Año 2008.
PNUD.
(4) Por cada 100 personas. Año 2008. PNUD.
(5) Dólares corrientes, PPA. 2011, estimaciones. FMI.
(6) Año 2011, estimaciones. FMI.
(7) Año 2010, estimaciones.TWF.
FUENTES: PNUD (Informe 2010), FMI, World Population
Prospects, The World Factbook (CIA), Book of the Year 2011
(Enciclopedia Británica).
37
Multitudinaria manifestación pacífica
en Hama (Siria), en agosto
de 2011.
abc.net.au
Mundo

Mundo
38
Decenas de miles de ‘indignados’
del 15-M en Sol, Madrid.
GEHAblog
Mundo
‘Indignados’ del 15-M: más que un aviso
Joaquim Coca. Periodista.
Las primeras protestas callejeras aglutinadas
bajo el lema Democracia real, ya! desconcertaron
a la ciudadanía y a las fuerzas
del sistema. Las acampadas (¿40.000 personas?)
que siguieron inmediatamente en
numerosas ciudades españolas (y de fuera)
anunciaron la emergencia de un movimiento
(15-M) heterogéneo, acéfalo e incierto
pero al que se le adivinaban las intenciones.
Sólo un mes después, a mediados de junio,
las principales ciudades españolas eran escenario
de manifestaciones que, según
fuentes interesadas, habían reunido a casi
un millón de personas bajo una pancarta
unitaria: Contra el Pacto del Euro y contra
la crisis y el capital.
El movimiento de los Indignados, coordinado
a través de los mecanismos de la
comunicación digital y alimentado con un
sinfín de acciones reivindicativas de distintos
estilos y tamaños, era ya una realidad
incuestionable. El país, con la clase política
a la cabeza, se desconcertaba ante las
propuestas –¿“impertinentes”?– consensuadas
en la asamblea de los acampados
en la plaza del Sol de Madrid. Entre ellas
algunas tan “atrevidas” como, por ejemplo,
la atención a derechos constitucio-
nales elementales –efectiva separación de
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,
desvinculación verdadera entre la Iglesia y
el Estado, democracia participativa y directa
(necesidad de las listas electorales abiertas),
vivienda digna, auténtica regularización y

cumplimiento de las condiciones laborales,
rechazo y condena de la corrupción…– y
otras tan “desconcertantes” para algunos
como la cancelación de la deuda hipotecaria
con la entrega de la vivienda en caso de impago,
reforma de los impuestos de patrimonio
y sucesiones, implantación de la Tasa Tobin
que grava las transferencias financieras
internacionales, supresión de los paraísos
fiscales, abolicción de los sueldos vitalicios
para la clase política, nacionalización inmediata
de todas aquellas entidades bancarias
que hayan tenido que ser rescatadas por el
Estado, endurecimiento de los controles sobre
entidades y operaciones financieras, acceso
popular a los medios de comunicación
(exigencia ética y de veracidad), recuperación
de las empresas públicas privatizadas,
cierre inmediato de las fábricas de armas,
mayor control de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, recuperación de la
Memoria Histórica y de los principios fundacionales
de la lucha por la democracia en
el Estado, total transparencia de las cuentas
y de la financiación de los partidos políticos
como medida de contención de la corrupción
política. Etcétera, etcétera y etcétera
de un desfile de derechos, muchos de ellos,
repetimos, contenidos en la Constitución.
Sencillamente, nada del otro mundo.
Pero el día 15 de octubre aquellos “perroflautas”
de mayo se habían convertido
ya en oleadas de Indignados por las calles
no sólo de las capitales españolas, sino de
todo el mundo: hablamos de manifestaciones
en 951 ciudades de 82 países. El aviso
de la calle, inequívoco en esta ocasión, cobraba
velocidad con el efecto de bola de
nieve. Las claves del mensaje del movimiento
–sin adscripción ideológica, antisistema y
antipolítico a la vez– hay que leerlas en las
pancartas que la gente esgrimía como armas
contundentes pero sin filo: No hay pan
para tanto chorizo; No rescatéis bancos, rescatat
persona; Queremos un futuro; Por un
cambio global; Piensa globalmente, actúa
localmente; No soy anti-sistema, el sistema
es anti-yo; De la indignación a la acción:
nuestras vidas o sus beneficios; ¿Dónde está
mi dinero? No es crisis, es que no te quiero.
Etcétera, etcétera, etcétera.
15 de octubre, el movimiento del M-15 se internacionaliza:
los Indignados ocupan las calles
de 951 ciudades de 82 países
El grito de la calle va dirigido esencialmente
la clase política. El ciudadano indignado
entiende que son los políticos,
responsables de la estabilidad del Estado,
quienes han de enderezar todos los desaguisados
que acollonan a la sociedad y
quienes han de frenar y responder a los
desafíos de los poderes económicos, financieros,
militares, tecnológicos, mediáticos
y de pensamiento. Determinación ante la
altivez, deontología ante la sumisión, justicia
ante la corrupción. Es decir, que actúen
para defender aquello para lo que han sido
elegidos (y, entre otras cosas, para evitar
que no se hagan realidad las pancartas que
invitaban al No nos representan o al ¿Y si el
20-N los botamos a todos?
39
Mapa mundial de las protestas
del 15 de octubre.
map.15october.net/
Mundo

Mundo
40
El grito de la calle es también bidireccional:
global y doméstico. Globalmente, los Indignados
encuentran pocas explicaciones a
atrocidades como éstas (o parecidas a éstas):
Preguntas sin respuestas a atrocidades que
permite el sistema a atentados contra los derechos
humanos en ámbitos tanto internacionales
como domésticos (“Piensa globalmente,
actúa localmente”)
• Unos mil millones de personas padecen
hambre crónica en todo el mundo. En estos
momentos, 12,4 millones están amenazadas
de muerte en el Cuerno de África. Mientras
los 80.000 millones de dólares que bastarían
para acabar con esta vergüenza planetaria
llegan con cuentagotas, en el mundo ya se
han pagado 780.000 millones para rescatar
bancos en peligro de quiebra. Otro ejemplo:
España ha destinado 25 millones de
euros para ayudar a los desnutridos somalíes
y unos 3.000 millones para rescatar una
sola caja de ahorros.
• La sequía y las guerras no son las únicas
responsables de las hambrunas: la tienen, en
gran medida, la especulación con los alimentos.
Un ejemplo: de los 2.230 millones de toneladas
de la cosecha mundial de cereales,
2.210 millones se destinan a la producción
de biocombustibles y piensos para animales
que se consumen casi todos en los países ricos.
Según datos de la FAO, en los últimos 12
meses, el trigo se ha encarecido un 130 por
ciento, el arroz un 74, la soja un 87 y el maíz
un 53 por ciento. Y mientras unos 70 millones
de personas están amenazadas por el encarecimiento
de los precios de los alimentos,
90 millones de toneladas de comida en buen
estado van cada año a la basura en el Primer
Mundo porque está caducada.
• Unos 33 millones de personas viven con
el sida, de ellos 23 millones en África (el
67 por ciento en países del sur del Sáhara).
En 2009 murieron a causa de esta enfermedad
unos dos millones de personas, de
ellos 1,3 millones en el continente negro
(en Europa Occidental sólo se registraron
8.500 muertes).
• Unos ocho millones de niños mueren
cada año por enfermedades que se curan o
previenen fácilmente en Occidente.
Y en el ámbito doméstico los Indignados
siguen esperando respuestas a situaciones
como éstas (o parecidas a éstas):
• El 21,8 por ciento de la población española
está por debajo de los lindares de la pobreza.
Y el porcentaje sigue creciendo. Jamás
había subido por encima del 20 por ciento.
• En tres años se ha duplicado el número
de personas que demanda servicios de acogida
y asistencia, como por ejemplo a Cáritas
Española (de 400.000 solicitudes en 2007
se pasó a 900.000 en 2010).
• ¿Qué negligencias han permitido que el
desempleo supere el 20 por ciento?
• El 6,1 por ciento retrasa cada mes los
pagos de hipoteca, alquiler, agua, gas, teléfono.
Uno de cada cuatro españoles no
veranea fuera de casa.
• Se calcula que hay unos 500.000 pisos
propiedad de los bancos sin vender.
• España es el país de la UE donde se declaran
más viviendas vacías: 3,1 millones,
equivalente al 14 por ciento del total, según
el INE.
Hay demasiadas cosas importantes en juego
como para que la clase política no considere
con atención las reivindicaciones y todo lo
que representan los Indignados
¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los responsables?
Si la crisis no está en el sistema
capitalista sino el el sistema financiero, ¿por
qué a lo largo de los últimos tres años sólo
se han arbitrado parches para hacer frente
a las desviaciones que prostituyen este
capitalismo financiero? La gente del 15-M
(jóvenes y no tan jóvenes) pide esencialmente
que se cambien las bases del sistema:
la refundaciones de la política, de la democracia
y de la economía –menos mercantilismo,
menos monetarismo (¿alguien se ha
preguntado para qué o a quién sirven los
billetes de 500 euros?)–. Y piden también
cosas tan simples como un modo de vida
sostenible, control sobre los políticos, una
economía creativa o como Internet libre o
que los bancos paguen la crisis.
Y piden estos cambios precisamente a los políticos
(¿No nos representan?) y piden respuestas
a preguntas tan sencillas como ¿por qué se
ha permitido que el aumento del paro, la disminución
de los servicios sociales, los recortes

salariales estuvieran coexistiendo con inusitadas
ganancias en los sectores financieros?, ¿por
qué el capital financiero es capaz de poner en
riesgo de quiebra a estados soberanos, de poner
en crisis a personas y gobiernos?, ¿qué se
ha hecho con las plusvalías generadas por el
boom inmobiliario? El cambio fundamental,
suponen, consiste en determinar quién decide,
si el pueblo o las amalgamas espurias de políticos,
bancos, lobbies, multinacionales, agencias
de calificación o think tanks.
Las peticiones de una transformación estructural
de la sociedad se hacen, sin embargo,
desde la incertidumbre y con sentimiento
de miedo porque el hilo que enlaza los conceptos
de esfuerzo, trabajo, dinero y bienestar
es demasiado fino y equívoco. El futuro
para millones de jóvenes y familias es incierto
y por eso el miedo social se extiende como
una mancha de aceite. Desde esa misma in-
certidumbre el 15-M pide cambios que se
puedan controlar: el pueblo manda y el político
obedece. Y se está organizando de una
manera –con el tiempo se verá si Internet es
eficaz– que ha desconcertado a los que manejan
el establishment. Hay demasiadas cosas
importantes en juego como para que la
clase política no considere con atención todo
lo que representan los Indignados, que les
están diciendo a las claras que la gente deja
de confiar cuando descubre que se la está engañando.
De que corren el riesgo de que al
final quizá la gente llegue a la conclusión de
que los partidos políticos no son necesarios.
¿Hay que hacer demasiado esfuerzo para entender
lo que se grita en la calle?
Otro aviso: el clamor ha empezado a llegar
las calles en Estados Unidos, donde el 54
por ciento de la población ve con simpatías
las protestas.
41
Dos manifestantes de Estados
Unidos, muy lejos de la imagen
atribuída al concepto ‘perroflauta’.
A la izquierda, manifestación
de enfermeras en Wall
Street. A la derecha, concentración
en Indianápolis.
protestintheusa.org y Michelle Pemberton
Los ‘indignados se manifiestan
en el centro de Cincinnati con
una estatua de Abraham Lincoln
el 8 de octubre.
David Kohl
Mundo

Mundo
42
Parlamento Europeo, en Estrasburgo.
Foto: Samten Norbù
Mundo
Por un Estado y un pueblo europeos
Cesáreo Rodríguez-Aguilera. Catedrático de Ciencia Política. Universidad de Barcelona.
Hace ya tiempo que concluyó el consenso
social permisivo con relación al siempre complejo
y contradictorio proceso de integración
europea, de ahí que sean frecuentes los desencuentros
entre el grueso de la “clase política”
y significativos sectores de la ciudadanía
(los referéndum de Francia y Holanda en
2005 e Irlanda en 2008 así lo prueban) y esto
es lo que explica que a más unanimidad de
las élites sobre ciertas opciones, más rechazo
popular se suele suscitar.
Tenemos una Unión Europea puramente instrumental
y funcional, incapaz de ofrecer alguna
perspectiva movilizadora
El confuso estadio actual de integración europea
se debe a la ausencia de algún horizonte
final mínimamente claro y comprensible
y de estrategias que puedan alumbrarlo. La
Unión Europea que tenemos es puramente
instrumental y funcional, incapaz de ofrecer
alguna perspectiva movilizadora y, además,
su actual involución neoliberal la hace cada
vez menos atractiva. Lo que se echa en falta
es algún proyecto político de calado realmente
supranacional dadas las resistencias de los
estados a ceder nuevas parcelas de soberanía.
Mientras los viejos estados nacionales –y aspirantes
subestatales a reproducir tal anacrónico
modelo– tengan el exclusivo protagonismo
político no se podrá culminar la aspiración
teórica de los tratados comunitarios de ir hacia
una “unión cada vez más estrecha”.
Los gobiernos europeos no hacen más que
repetir una y otra vez una estrategia de míni-
mos agotada (el funcionalismo incremental)
que no cambia el paradigma elitista y tecnocrático
vigente y que agrava el malestar cívico
pues aquéllos siguen actuando con opacidad
y ofreciendo farragosos e incomprensibles
tratados a las respectivas opiniones públicas.
Por tanto, más allá de la tan grave crisis económica
actual (la peor de toda la historia de
la integración europea), es todo el proyecto
comunitario el que debería reformularse
pues, de un lado, se constatan un repliegue
nacionalista de los 27 estados y, de otro, unas
respuestas cortoplacistas parciales. En realidad,
el gran problema de la UE no es la deuda
pública de los PIIGS (Portugal Irlanda, Italia,
Grecia y España), sino su pésimo diseño institucional
carente de autoridad fiscal. Aunque
la UE es globalmente una de las regiones más
ricas del planeta (tiene casi el 30 por ciento
del PIB mundial, lo que la convierte en la primera
potencia económica del planeta) eso no
le reporta el menor beneficio político dada su
disfuncional estructura y sus limitados poderes
supranacionales.
La Europa neoliberal
Las fortísimas turbulencias que está padeciendo
el euro desde 2010 han sido apenas
amortiguadas de forma paliativa, sin una
clara articulación estratégica a largo plazo.
Los rescates e incluso el fondo de estabilidad
no son más que parches que compran tiempo,
pero no resuelven el problema de fondo.
Además, no sirve incrementar la austeridad
o privatizar los servicios públicos, pues son
recetas desgastadas que harán más pobres y

Nombre oficial: Unión Europea.
Capital: Bruselas.
Miembros: 27. Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumanía,
Suecia.
Fases crecimiento: años 1951, 1957, 1967, 1987, 1993, 1999, 2003, 2009.
División territorial: estatal.
Forma de asociación: comunidad política supranacional de derecho.
Sistema de gobierno: democracia representativa.
Principales instituciones: Parlamento Europeo (751 diputados), Consejo
Europeo (27 jefes de Estado o de Gobierno y un presidente), Comisión
Europea (27 miembros).
Idiomas oficiales: 23.
Mujeres en el Parlamento Europeo: 33 %.
Presidente del Consejo Europeo: Herman van Rompuy (Bélgica),
1010. Mandato de 30 meses, renovable.
Presidente de la Comisión Europea: J. M. Durao Barroso (Portugal), 2004.
Superficie: 3.974.716 km 2 .
Población 1 : 502.490.000.
Habitantes/km 2 : 126,42.
Tasa de fecundidad 2 : 1,52.
Población rural: 27,27 %.
Esperanza de vida: 78,65 años.
Mortalidad infantil 3 : 5,48.
Analfabetismo: 0,8 %.
Usuarios de internet 4 : 69,6.
Unión europea
PIB 5 : 10,520 billones de euros.
PIB per cápita 5 : 20.950 euros.
Desempleo 6 : 10 %.
Inflación zona euro 7 : 2,5 %.
Balanza comercial 8 : negativa en 153.000 millones de euros.
(1) 2011, estimaciones. Eu.
(2) Hijos por mujer. 2010-1015, proyecciones. PNUD.
(3) Fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. Año 2008. PNUD.
(4) Por cada 100 personas. Año 2008. PNUD.
(5) Precios corrientes. 2010. FMI.
(6) Año 2011, proyecciones. Eu
(7) 1-9-2011. Eu.
(8) Año 2010.
FUENTES: Eurostat, PNUD (Informe 2010), FMI.
vulnerables a los países que las apliquen, tal
como ha señalado Joseph Stiglitz. La clave
es el crecimiento, para lo que hace falta aumentar
el gasto público y los impuestos, dos
fórmulas que los hegemónicos fundamentalistas
de mercado rechazan frontalmente. Lo
cierto es que imponer la austeridad y el déficit
cero a ultranza en el fondo no hace más
que socavar el crecimiento.
Sólo con un verdadero gobierno europeo
de la economía la UE podría hacer frente a
los irracionales ataques especulativos de los
“mercados”
Son ya varios los analistas que han sugerido
un conjunto de recetas mínimas para proteger
más adecuadamente el espacio monetario
europeo, pues este tipo de ataques
especulativos volverá a repetirse a la menor
oportunidad si no se refuerza mucho más la
integración económica, fiscal y financiera.
Sólo con un verdadero gobierno europeo de
la economía la UE podría hacer frente a la
irracionalidad de los ataques especulativos
de los “mercados” y ello exigiría: 1) un Tesoro
Europeo (es decir, un Ministerio de Hacienda
Europeo); 2) cambiar de raíz el Banco
Central Europeo para asimilarlo a la FED de
Estados Unidos y dar paso así a un auténtico
fondo monetario europeo; 3) dar paso a
“eurobonos” y a una Agencia Europea de la
Deuda; 4) coordinar y armonizar estrechamente
las políticas fiscales de los estados de
cara a su progresiva integración hacendística;
5) aumentar muy considerablemente el
tan bajo presupuesto comunitario actual, y
6) establecer tasas a la banca (del tipo del
impuesto Tobin) para gravar las maniobras
especulativas.
Ni siquiera con este conjunto de medidas
la UE estaría blindada frente a los “mercados”
–aunque el panorama sería mucho
más favorable para aquélla– ya que lo que
falta es un verdadero gobierno económico
común, hoy bloqueado por las anacrónicas
resistencias nacionalistas de algunos estados,
notoriamente la Alemania de la cancillera
Angela Merkel. Y es que no podrá sostenerse
a largo plazo una moneda común sin tal
estructura de respaldo detrás, pero sus dificultades
de alumbramiento muestran que
el gran obstáculo para la culminación de la
integración europea es el anacrónico mantenimiento
de 27 estados formalmente “soberanos”.
Por ejemplo, California tiene aún
más peligro de quiebra que Portugal, pero
nadie habla de aquélla porque forma parte
de Estados Unidos.
Aunque hoy sea política ficción, el “terrible”
súper-Estado europeo resolvería de golpe
todas las carencias y debilidades políticas de
la actual Unión
En la pugna entre los “mercados” (eufemismo
sinónimo de oligarquía financiera) y
los estados se están imponiendo claramente
los primeros de tal suerte que están “adelgazando”
a los segundos en capacidad económica
decisoria hasta extremos incompatibles
con una mínima justicia social redistributiva.
La hegemonía del neoliberalismo está reduciendo
a la socialdemocracia a la marginalidad
(como opción eficiente y equitativamente
redistributiva) y es que los “mercados”
43
Mundo

Mundo
44
tienen hoy la iniciativa frente a gobiernos
débiles (o afines con sus intereses) que hacen
una cesión tras otra a aquéllos con la inútil
esperanza de “calmarlos” (o en plena sintonía
con ellos en el caso de los gobiernos de
centroderecha).
El giro a la derecha de la práctica totalidad
de los estados europeos se traduce en constantes
recortes sociales, reformas laborales
regresivas y políticas migratorias restrictivas.
Las fuertes presiones favorables a restablecer
una suerte de capitalismo “manchesteriano”
atentan contra el gran compromiso
social que –todavía– representa el amenazado
Estado de bienestar y contra derechos
duramente conquistados por el movimiento
obrero europeo, con lo que se está poniendo
en grave peligro una de las mejores señas de
la identidad diferencial europea.
Un Estado europeo
Cuando algunos políticos europeos afirman
–más bien retóricamente– aspirar a “más Europa”
eso significa objetivamente más supranacionalismo:
llevando el argumento hasta
las últimas consecuencias (algo que se escamotea)
el desenlace lógico debería ser el Estado
europeo. En efecto, aunque hoy sea política
ficción, el “terrible” súper-Estado europeo
resolvería de golpe todas las carencias y debilidades
políticas de la actual UE. De un lado,
sería la opción teóricamente más racional
aunque, de otro, la de más difícil concreción
por la hostilidad de los estados y del grueso
de sus opiniones públicas a tal desenlace.
No obstante, vale la pena reseñar las enormes
ventajas hipotéticas del Estado europeo:
1) de entrada, se resolvería la cuestión de la
legitimidad pues la actual UE descansa fundamentalmente
en la legitimidad funcional (se
acepta, en su caso, por sus eventuales resultados
materiales positivos), pero si fuera un Estado
se basaría en la soberanía popular democrática;
2) permitiría dar paso a una auténtica
división de poderes horizontal, con un Ejecutivo,
un Legislativo y un Judicial europeos; 3) racionalizaría
la confusa distribución vertical de
competencias con técnicas federales; 4) supondría
un gobierno económico y fiscal en serio
(con un sólido presupuesto, impuestos europeos
y compensaciones interterritoriales federales);
5) podría armonizar los tan diferentes y
desiguales sistemas de welfare; 6) daría paso
a la conformación de un auténtico espacio de
competición y debate políticos con verdaderos
partidos europeos que se disputarían un genuino
gobierno central; 7) permitiría integrar
federalmente cuerpos diplomáticos, fuerzas
armadas y cuerpos policiales, y 8) tendría representación
única en organizaciones internacionales
(ONU, FMI, BM, OMC y otras), lo que
redundaría en una incidencia mundial incomparablemente
superior a la actual.
Es evidente que este planteamiento es puramente
abstracto y altamente improbable,
pero no debería ser imposible (siquiera en
teoría), pues no es de recibo una de las principales
objeciones que se aducen ante la hipótesis
de un Estado federal europeo: el de
su gran heterogeneidad interna que lo haría
inviable en cualquier sentido. Este argumento
teórico cae por su peso si se considera el
caso de India, un Estado con una heterogeneidad
étnica más alta que la europea. Es evidente
que el gran obstáculo son los estados
que no tienen interés alguno en tal eventual
desenlace y en la mayoría de sus respectivas
opiniones públicas muy apegadas a sus lealtades
nacionales primarias.
Un pueblo europeo
Hasta ahora sólo se han ensayado –en
lo esencial– estrategias económicas funcionalistas
y políticas intergubernamentales:
tal vez sería hora de probar otras fórmulas
que no partan de arriba, sino de abajo. Los
europeos necesitamos un “nosotros” para
no seguir delegando en las élites políticas
el monopolio del renqueante proceso de
construcción europea, de ahí la necesidad
de llenar de contenido la etiqueta hoy casi
hueca de “ciudadanía europea”. Mientras
los europeos nos sigamos considerando
“extranjeros” entre nosotros no cambiará
el actual acomodo estatalista y economicista
de integración.
Lo más interesante de crear un pueblo europeo
es que tendría que ser postnacional, construido
sobre bases cívicas y no étnicas
Lo más interesante del proyecto de crear
un pueblo europeo es que éste tendría que
ser – por definición– postnacional, construido
exclusivamente sobre bases cívicas y no
étnicas. Sólo los valores pluralistas y solidarios
podrían articular una potencial nueva
identidad común paneuropea, con plena
asunción de los valores que arrancan de la
Ilustración y con pleno restablecimiento expansivo
del Estado de bienestar. Por tanto,

de un lado, las instituciones comunitarias
deberían no sólo tener más poder que el actual,
sino ser mucho más responsables ante
los ciudadanos y más transparentes. De otro,
los europeos deberíamos sentirnos parte del
“pueblo europeo”, con independencia de
las eventuales ventajas materiales que se
pueden obtener por ser miembro de la UE,
algo hoy lejano ya que los Eurobarómetros
muestran una baja lealtad cívica primaria comunitaria
dado el predominio aplastante de
la identificación personal con cada nación.
En este sentido, los medios de comunicación,
por ejemplo, tienen su cuota de responsabilidad
y fallan en dos sentidos: en lo material,
informan deficientemente de lo que la UE
hace, y en lo formal presentan las noticias
comunitarias en las secciones dedicadas a lo
internacional.
Sin la complicidad y el protagonismo de
los ciudadanos el proyecto integracionista
siempre se quedará a medias y sufrirá constantes
frustraciones
En definitiva, habría que cambiar la ruta
estratégica: aunque sean inevitables las negociaciones
y los acuerdos entre las élites
políticas, si no se busca la complicidad y el
protagonismo de los ciudadanos el proyecto
integracionista siempre se quedará a medias
y sufrirá constantes frustraciones. La construcción
europea sólo puede progresar (en
cantidad, pero sobre todo en calidad) si se
combinan dos factores: una mayor democratización
de las instituciones (con miras a
irlas acercando a un esquema cada vez más
similar al de un Estado) y una asunción cívica
paneuropea de un claro proyecto político y
social compartido. La propuesta de la federación
política europea –por utópica que hoy
resulte– ofrece un objetivo definido que podría
movilizar a muchos europeos, si hubiera
voluntad política suficiente para ello.
Sin embargo, es cierto que la mayoría de
los 27 estados no comparte un proyecto
que vaya bastante más allá del actual, de
ahí que sea más realista pensar en un posible
escenario abierto, con una Europa a
dos (o incluso más) velocidades. La mera dinámica
económica –por mucho que se vaya
reforzando (y previsiblemente lo hará)– no
será suficiente sin la política, esto es, sin el
liderazgo de actores y opiniones públicas
realmente decididas a dar paso a una verdadera
federación europea. En todo caso, si
algunos estados no quieren integrarse más,
no deberían bloquear a otros la posibilidad
de hacerlo. El problema es que hoy no se
vislumbra un posible “núcleo duro” de unos
cuantos estados dispuestos a encaminarse
hacia tal escenario –que podría arrastrar a
más si funcionara– y, por lo demás, sin el liderazgo
de Alemania (el “motor” económico
de la UE) es del todo imposible y parece
clara su actual opción por un repliegue nacionalista
que archiva su histórica vocación
federal. En consecuencia, lo cierto es hoy
por hoy el proyecto de federación política
europea debe reputarse como teoría meramente
especulativa de imposible realización
práctica a medio plazo.
Fuentes de referencia
Z. Bauman: Europa. Una aventura inacabada, Losada (Buenos
Aires), 2006.
U. Beck y E. Grande: La Europa cosmopolita. Sociedad y política
en la Segunda Modernidad, Paidós (Barcelona), 2006.
T. Chopin y M. Foucher (dirs.): L’état de l’Union. Rapport
Schuman 2011 sur l’Europe, Lignes de Repères (París), 2011.
J. C. Couceriro-Bueno (ed.): Europa ante sí misma, Biblioteca
Nueva (Madrid), 2010.
C. J. Friedrich: Europa: el surgimiento de una nación, Alianza
(Madrid), 1973.
P. García-Picazo: La idea de Europa: historia, cultura, política,
Tecnos (Madrid), 2008.
B. Geremek y R. Picht: Visions d’Europe, Odile Jacob (París),
2007.
E. Morin: Pensar Europa, Gedisa (Barcelona), 1998.
P. Rossi: L’identità dell’Europa, Il Mulino (Bolonia), 2007.
J. I. Torreblanca: La fragmentación del poder europeo, Icaria
& Antrazyt (Barcelona), 2011.
45
El Consejo Europeo en la sesión
extraordinaria del 11 de marzo
de 2011.
Foto: Consejo Europeo
Mundo

Mundo
46
Rutas de las drogas en México
Fuente: “Drugs in Mexico” en The Economist
disponible en: www.economist.com/blogs/
dailychart/2011/01/drugs_mexico
Mundo
Violencia transnacional: Centroamérica
y México
Carla Rebés Fernández. Máster Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina. Universidad
Complutense de Madrid.
Transcurridos 11 años de la alternancia de
poder en México con el cambio del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), tras más de
70 años en el poder, por el Partido de Acción
Nacional (PAN) y habiendo pasado casi 25
años del Acuerdo de Esquipulas II y los diversos
Acuerdos de Paz en Centroamérica, es un
buen momento para cuestionarse la marcada
y creciente violencia (armas, narcotráfico, trata
de personas y órganos...) que se extiende a
través de México y Centroamérica. Para poder
entender la expansión de la violencia de carácter
nacional (con distintos rasgos para cada
estado) a una escala transnacional se ha de tener
presente que dichas redes ilegales, aprovechando
la globalización económico-tecnológica
y la progresiva liberalización de los espacios
nacionales, se han ido expandiendo hasta formar
mercados trasnacionales ilegales de armamento,
drogas, personas o capitales. Por poner
algunas cifras para el total de Centroamérica
se contabilizaron más de 18.000 muertes en
el año 2010, teniendo una tasa de homicidios
de 44 por cada 100.000 habitantes 1 . Asimismo,
centrando la mirada en México encontramos
que “la guerra contra el narco” emprendida
por el presidente Felipe Calderón desde
2006 ha dejado más de 35.000 muertes (más
de 3.000 en Ciudad Juárez, convirtiéndose en
2010 en la ciudad más violenta del mundo) 2 .
Cárteles de droga, maras y tráfico de
armas
Pero, ¿de dónde procede tanta de violencia?
los cauces y causantes son múltiples y aunque
en muchos casos son los mismos, se pueden
contabilizar muy diversos cárteles de drogas,
maras y grupos paramilitares. Por centrar éstos
grupos, e iniciando la clasificación por los cárteles
de la droga observamos que el aumento
de narcóticos en Centroamérica y México vino
dado por la atomización de los cárteles de Medellín
y Cali tras su desmantelamiento. A consecuencia
de esta expansión, se produjo una
progresiva entrada en Centroamérica desde
México. Así, uno de los principales cárteles que
actúa tanto en México como en Centroaméri-

México
Nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos.
Capital: México DF.
División territorial: 31 estados y un distrito federal.
Forma de Estado: república federal.
Sistema de gobierno: democracia presidencialista.
Parlamento: Cámara de los Diputados (500 escaños), Senado (128).
Mujeres en el Parlamento: 22,1 %.
Jefe del Estado y del Gobierno: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (PAN,
conservador).
Superficie: 1.964.375 km 2 .
Población 1 : 113.425.000.
Tasa de fertilidad 2 : 2.
Población rural: 22,2 %.
Esperanza de vida: 76,7 años.
Mortalidad infantil 3 : 17.
Analfabetismo: 7,1 %.
Posición en la tabla IDH: 56 (sobre 169 países).
Víctimas de la corrupción 4 : 11.
Pobreza 5 : 4.
Usuarios de internet 6 : 22,2.
Etnias: mestizos, 64 %; amerindios, 18; blancos, 15; otros, 3 %.
Religiones: católicos, 87 %; protestantes, 3,2; otros cristianos, 6%; no religiosos
y otros, 3,8 %.
PIB per cápita 7 : 14.075.
Balanza comercial 8 : negativa en 8.500 millones de $.
ca, es el Cártel de Sinaloa o del Pacífico que
ya tiene más de 40 años de existencia. Según
Manuela Mesa, este grupo utiliza la ruta desde
Panamá hasta El Salvador para después por
vía guatemalteca llegar hasta México (Nuevo
Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez) para introducir
y entregar la droga en Estados Unidos, ya
empaquetada en cantidades más pequeñas 3 .
Por mencionar algunos aspectos de los otros
cárteles, no queriendo extender esta numeración,
expondremos tres casos de ejemplo:
el Cártel de Ciudad Juárez (tras la ruptura del
pacto con el Cártel de Sinaloa se establece una
lucha constante entre ellos, tienen un brazo
armado de sicarios La Línea), los Zetas (nacidos
en 1999 como brazo armado del Cártel
del Golfo y desertores de las fuerzas de élite
del ejército mexicano y guatemalteco crean su
propia estructura en 2008 estallando una guerra
entre ellos, que también implicará al Cártel
de Sinaloa) o el Cártel del Golfo (inicia su vida
en los años 30 con la venta de alcohol y posteriormente
con drogas, crea alianzas con los
demás cárteles para contrarrestar la presencia
de los Zetas) 4 .
Se estima que las pandillas o maras de narcotraficantes
disponen de unos 70.000 sicarios
en América Central, de los cuales 36.000 actúan
en Honduras
Otro de los cauces de la violencia transnacional
y que tiene como mayor exponente la zona
centroamericana son las pandillas o maras. Se
calcula que unas 900, las cuales se relacionan
cada vez más con los cárteles sirviéndoles para
la distribución o para servicios de seguridad durante
el traslado de ésta, si bien no todas han
alcanzado carácter transnacional. Entre ellas
destacan la Mara Salvatrucha o la 18. El fenómeno
marero fue aumentando en número a
partir de las deportaciones de presos desde Estados
Unidos hacia Centroamérica (iniciándose
en los años 90), con todo es evidente que se
dieron y se dan elementos claves para la proliferación
de estos grupos: estructura económica
y laboral débil, situaciones de pobreza,
fragilidad de los estados o la alta influencia de
estos grupos en sus comunidades, una marcada
falta de información y la no adaptación de
las políticas estatales, policiales y tecnológicas
en la persecución de los delitos, aspectos que
también pueden relacionarse con los cárteles.
Así, estas pandillas, con una cifra estimada de
70.000 miembros para América Central, tienen
su máximo exponente en el denominado
“Triangulo Negro”, es decir, Guatemala con
unos 14.000 mareros, El Salvador unos 10.000
miembros y Honduras unos 36.000 pandilleros 5 .
Por concluir este apartado tipológico cabe
centrarse en el mercado de armas, que en los
últimos años ha ido aumentando y con él los
grupos ilegales, los cuales cada vez han conseguido
cotas más grandes de poder, llegando
incluso a impedir el pleno control del Estado,
en algunos casos, o el funcionamiento “normal”
del mismo imponiéndose como foco de
autoridad. Por poner cifras, según el Observa-
47
Las maras y pistoleros
Fuente: Elaboración propia en base a: “Cri-
men y violencia en Centroamérica: Un desa-
fío para el desarrollo” en Banco Mundial, dis-
ponible en: http://siteresources.worldbank.
org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_
SPANISH_CrimeAndViolence.pdf
Mundo

Mundo
48
torio Interamericano de Seguridad “se estima
que aproximadamente unas 700.000 armas se
mueven ilegalmente cada año desde los Estados
Unidos hacia México y el Caribe, de las
cuales 300.000 continúan su paso hacia Centroamérica”.
Si bien existen diversas hipótesis
para explicar la proliferación de armamento
podemos aportar que, para el caso centroamericano,
se relaciona por un lado con los
conflictos militares de los años 70 y 80. Así, a
consecuencia del fin de los conflictos una cierta
cantidad de éstas fueron introducidas en los
mercados ilegales circulando por la región sin
control. Aunque, en muchos casos, la misma
policía y ejército acaban transfiriendo éstas a
la población como fuente de ingresos. Sumado
a ello, la porosidad y fragilidad de las fronteras
centroamericanas hace muy fácil el engrose
del mercado ilegal. Según datos del Banco
Mundial entre los años 2000 y 2006 las importaciones
de armas aumentaron en los seis países
centroamericanos. Finalmente, otro factor
que ha hecho aumentar el mercado ilegal de
armamento es la proliferación de servicios privados
de seguridad, que en su mayoría carecen
de una regulación adecuada y frecuentemente
se ven involucrados en el mercado ilícito.
Conclusiones, soluciones
En definitiva, haciéndonos eco del último
llamamiento de El Salvador y México en la
Asamblea General de Naciones Unidas, en su
66 edición, en el que pidieron una implicación
mayor por parte de la comunidad internacional
y en especial a Estados Unidos en materia
de narcotráfico y crimen organizado (por ser
el máximo receptor de drogas) se debería producir
una implicación más intensa y sobre todo
eficaz en relación a la violencia transnacional
a nivel internacional y latinoamericano. Así,
aunque existen programas como, por ejemplo,
la Estrategia de Seguridad Centroamericana
(cuyos proyectos ya están siendo definidos), el
Plan México, diversos programas de desarme y
contabilización de armamento, además de un
gran número de ONG llevando a cabo proyectos
particulares, aún no se ha dado el impulso
definitivo para frenar la violencia, corrupción,
mercado ilegal, entre otros.
Difícilmente podrá llegarse a una solución en
la lucha contra el narcotráfico si no se mejora la
justicia y se actúa decididamente contra la corrupción
política generalizada
Por ende, ¿qué se puede hacer para mejorar
ésta situación? En primera instancia, se
“El Triángulo Negro”
GUATEMALA
Forma de Estado y de gobierno: república presidencialista.
Superficie: 109.115 km 2 .
Población 1 : 14.390.000.
Población rural: 50,5 %.
Esperanza de vida: 70,8 años.
Analfabetismo: 26,2 %.
Posición en la tabla IDH: 116 (sobre 169 países).
Víctimas de la corrupción 2 : 12.
Pobreza 3 :11,7.
Usuarios de Internet 4 : 14,3.
PIB per cápita 5 : 4.860.
EL SALVADOR
Forma de Estado y de gobierno: república presidencialista.
Superficie: 21.040 km 2 .
Población 1 : 6.195.000.
Población rural: 50,8 %.
Esperanza de vida: 72 años.
Analfabetismo: 16 %.
Posición en la tabla IDH: 90 (sobre 169 países).
Víctimas de la corrupción 2 : 6.
Pobreza 3 : 6,4.
Usuarios de internet 4 : 10,6.
PIB per cápita 5 : 7.585.
HONDURAS
Forma de Estado y de gobierno: república presidencialista.
Superficie: 112.490 km 2 .
Población 1 : 7.600.000.
Población rural: 48,4 %.
Esperanza de vida: 72,6 años.
Analfabetismo: 16,4 %.
Posición en la tabla IDH: 106 (sobre 169 países).
Víctimas de la corrupción 2 : 9.
Pobreza 3 : 18,2.
Usuarios de internet 4 : 13,1.
PIB per cápita 5 : 4.290.
debería mejorar la capacidad técnica y estructural
de los países afectados para poder
hacer frente al problema, sobre todo en el
caso centroamericano. Como ya se ha dicho
anteriormente, aplicar un enfoque integral y
regional que englobe e implique a los países
afectados, es decir, a todos aquellos que están
dentro del circuito del mercado ilícito (incluyendo
los receptores). Además, se tendrían
que regularizar, transformar y profesionalizar
las fuerzas de seguridad, en especial las privadas
debido a su proliferación, y no acabar
cayendo en alternativas que impliquen vulnerar
aún más los derechos humanos, es decir,
acabar con la corrupción generalizada tanto
en la policía como en los sistemas judiciales y
penales, ya que la mayor parte de las veces no
llegan a investigarse los casos. Asimismo, estas
acciones emprendidas por el gobierno, en
muchos casos, han hecho que se aumentara la

tolerancia en relación a las prácticas extrajudiciales
como “algo necesario” por ejemplo,
para 2008 según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) “entre el 43
y el 55 por ciento de la población apoyaba actuaciones
policiales al margen de la ley” en
estos dos países. En cuanto a México según
la encuesta realizada por el Pew Research
Center’s Global Attitudes Project “el 83 por
ciento de los encuestados veía con buenos
ojos el uso de las fuerzas armadas para luchar
contra el narcotráfico”. Conjuntamente
al mejoramiento de la justicia, debe hacerse
una apuesta en profundidad para acabar la
corrupción política generalizada, ya que si las
mismas instancias políticas y gubernamentales
no funcionan correctamente y en algunos
casos tienen implicación directa con ella muy
difícilmente podrá llegarse a una solución.
Por otro lado, se ha de trabajar por la inclusión
social, educativa y laboral de los jóvenes
y de las familias así como, implementar
programas de apoyo de forma integral
y transversal. Si bien es cierto que, cabría
transformar el sistema tributario e impositivo
(punto pendiente en muchos países
latinoamericanos) para poder tener una redistribución
acorde con la estructura social
de los países y, en consecuencia, obtener
recursos para mejorar el carácter social de
los estados. Además, haciendo hincapié en
la cooperación internacional, ya que siendo,
para el caso centroamericano un foco
de programas y recepción de ayuda, debería
hacerse un estudio en profundidad sobre los
resultados a largo plazo y en general, que
tienen dichas organizaciones. No se trata de
menoscabar el trabajo de estos organismos
sino de abogar por una evaluación y análisis
profundo de sus resultados así como de los
diversos órganos que trabajan en la zona.
Asimismo, cabe instar a los medios de comunicación,
sobre todo de la televisión a no fomentar,
ensalzar o enfatizar la violencia ha-
ciendo un tratamiento realista de las cifras,
casos, desaparecidos, etcétera. En pocas palabras,
se trata de evitar que los jóvenes vean
en la violencia organizada una vía de escape
para su mala situación económico-laboral y
social de sus respectivos países. Finalmente,
instar a que los estados traten de mejorar la
situación en relación al derecho a la vida y
la seguridad personal, ya que viendo el panorama
anteriormente expuesto, en muchos
casos no se está llevando a cabo.
1) Muñoz, H., (2011) “Centroamérica: cooperación internacional
para enfrentar la inseguridad” en El País.com. 31 de
agosto de 2011. Disponible en: www.elpais.com/articulo/
internacional/Centroamerica/cooperacion/internacional/
enfrentar/inseguridad/elpepuint/20110721elpepuint_12/Tes
2) Maureen, M. (2011), “Todos Somos Juárez”: The Right
Discourse but Insufficient Follow Through” en Tackling Urban
Violence in Latin America: Reversing Exclusion through
Smart Policing and Social Investment, en WOLA Publications
[en línea], pp.9-12. Disponible en: www.offnews.
info/downloads/WOLA_Tackling_Urban_Violence_in_
Latin_America.pdf
3) Mesa, M. (2009) (coord.) “Violencia transnacional en
Centroamérica: retos y desafíos” en Crisis y cambio en la sociedad
global, Anuario 2009-2010, en CEIPAZ publicaciones,
[ en línea], pp. 249-264. Disponible en: www.ceipaz.org/
images/contenido/ManuelaMesa-correg.pdf
4) Información extraída de la serie de artículos de Rubén
Aguilar Valenzuela en la publicación Infolatam: “Narcotráfico
en México”. Disponible en: www.infolatam.com/
author/rubenaguilarvalenzuela/
5) Arnson, C. y Eric Olson (edit.) (2011) “Organized crime
in Central America: The Northern Triangle” en Woodrow
Wilson Center Reports on the Americas [en línea], nº 29.
Disponible en: http://scela.wordpress.com/2011/09/16/
organized-crime-in-central-america-the-northern-triangleedited-by-cynthia-j-arnson-and-eric-l-olson/
Notas de las fichas
(1) 2010, estimaciones. WPP.
(2) Hijos por mujer. 2010-2015, estimaciones. PNUD.
(3) Fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. Año 2008.
PNUD.
(4) Porcentaje de personas que se enfrentaron a una situación
de soborno en 2008. PNUD.
(5) Porcentaje de personas que viven con 1,25 $ al día (años
2000-2008). PNUD.
(6) Por cada 100 personas. Año 2008. PNUD.
(7) Dólares corrientes, PPA. 2010. FMI.
(8) Año 2010, estimaciones.TWF.
FUENTES: PNUD (Informe 2010), Fondo Monetario Internacional,
World Population Prospects, The World Factbook
(CIA), Book of the Year 2011 (Enciclopedia Británica).
49
Armas de fuego: registro, incautación,
robo/pérdida y destrucción.
Fuente: Elaboración propia en base a:
“Transferencia de armas hacia y desde Amé-
rica Latina” en Fundación Arias para la Paz
y el Progreso Humano, disponible en: www.
arias.or.cr/publicaciones/FA36383818.pdf
Mundo

Actividades ANUE
50
Los alcaldes de Hiroshima y
Nagasaki encabezaron la delegación
de Mayors for Peace en
la multitudianaria marcha por
la paz frente a la sede de las
Naciones Unidas en ocasión de
la 8ª Conferencia de No Proliferación,
en mayo de 2010.
Mayors for Peace
Actividades ANUE
Alcades por la Paz, XXXII Premio por la Paz
Redacción
La Asociación para las Naciones Unidas en
España otorgó el pasado lunes 24 de octubre
su XXXII Premio por la Paz a la organización
internacional Alcaldes por la Paz (Mayors for
Peace). Como es tradición, la concesión de
este galardón, que cuenta con el apoyo de la
Diputación de Barcelona, coincide con la celebración
del Día de las Naciones Unidas cada
24 de octubre.
Alcaldes por la Paz, como su nombre sugiere,
es una organización de base municipal que
agrupa a más de 5.000 ciudades de 150 países,
representando a más de mil millones de personas
–entre ellos más de 300 municipios de España,
de los cuales más de 120 son de Catalunya–,
cuyo objetivo es el trabajo a favor de la paz y el
desarme, centrándose muy especialmente en
la eliminación de las armas nucleares.
Con el respaldo de las Naciones Unidas
Para lograr este objetivo, Alcaldes por la Paz
colabora con otras ONG, gobiernos locales y,
como entidad registrada oficialmente y con
estatuto consultivo en las Naciones Unidas,
participa activamente en las Conferencias
de Revisión del Tratado de No Proliferación
Nuclear. Cuenta con el apoyo explícito del
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
quien participó personalmente en la conmemoración
de los bombardeos de Hiroshima y
Nagasaki en agosto de 2010.
La iniciativa nació en junio de 1982, cuando
el alcalde de Hiroshima propuso un programa
de solidaridad entre las ciudades de todo el
planeta para trabajar para conseguir la eliminación
total de las armas nucleares durante el
transcurso de la sesión especial sobre desarme
que tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva
York. Tres años después, en agosto de 1985, se
celebró en Hiroshima la primera Conferencia
Mundial de Alcaldes por la Paz.
Un mundo sin armas atómicas para 2020
Tras 25 años desde su fundación, Alcaldes por
la Paz ha emprendido una nueva etapa con el
lanzamiento de la campaña “Visión 2020”, fecha
en la que espera alcanzar la abolición total
de las armas nucleares, para evitar que una
tragedia como las que padecieron las dos ciudades
japonesas jamás pueda volver a suceder.
Con la distinción de este premio, la ANUE
quiere destacar el valor y el trabajo de concienciación
por la eliminación de las armas de
destrucción masiva. La Asociación concede el
Premio por la Paz desde 1980, de forma anual,
a una obra individual o colectiva, una trayectoria
personal, o una entidad que se haya destacado
por su dedicación y labor a favor de
la paz, los derechos humanos y las libertades
fundamentales, enalteciendo los principios
que rigen las Naciones Unidas. Entre los últimos
galardonados con este premio, destacan
personalidades como el activista y redactor de
la Declaración Universal de Derechos Humanos
Stéphane Hessel, ahora tan de actualidad, la
cantante anti-apartheid Miriam Makeba, o
el inspector del Organismo Internacional de
Energía Atómica para Iraq, Hans Blix.
El premio, que cuenta con una dotación
de 18.000 euros que aporta la Diputación de
Barcelona, será entregado el próximo 9 de noviembre
en Barcelona. Más información sobre
el acto en nuestra página web. ¡Os esperamos!

Actividades ANUE
UNYANET, el impacto positivo de los jóvenes
Pau Petit Iglesias. Representantes de ANUE Jóvenes en el Seminario de Viena.
Representantes jóvenes de Asociaciones
para las Naciones Unidas de Europa, incluyendo
Turquía y Rusia, se han encontrado en Viena
del 4 al 8 de agosto de 2011 para fundar la
Red de Asociaciones de Jóvenes para las Naciones
Unidas (UNYANET).
Después del Seminario de Cooperación Joven
Internacional que tuvo lugar en noviembre
de 2010 en Oslo los jóvenes han mantenido el
compromiso de cooperar a nivel internacional
para conseguir impulsar la UNYANET (United
Nations Youth Associations Network), a la que
también está inscrita la sección de jóvenes de la
Asociación para las Naciones Unidas de España.
El objetivo de los proyectos iniciados en Oslo y
Viena es conseguir su impacto real positivo en
lo que queda de 2011 y a lo largo de todo 2012.
Tras el trabajo cooperativo con todos los representantes
internacionales en el seminario
de Viena el representante joven de la ANUE,
Pau Petit Iglesias, firmó la Carta de UNYANET
en la sede vienesa de la ONU. Durante los cuatro
días del seminario se empezaron a desarrollar
cinco proyectos, correspondientes a cinco
grupos de trabajo internacional en red:
1) El proyecto de Below-18 UN-Engagement
busca nuevas formas de acercar a las escuelas de
secundaria la labor de los jóvenes de las Asociaciones
para las Naciones Unidas. Una de las actividades
más comunes es organizar un Modelo
de Naciones Unidas en escuelas de secundaria.
2) Europe and Beyond es un proyecto que
trata de dar consejo a grupos de jóvenes que
quieran establecer nuevas Asociaciones de
Jóvenes para las Naciones Unidas en países
donde aún no existan, mediante la cooperación
entre distintas asociaciones UNYANET.
También tratará de dar consejo sobre las dificultades
que una asociación se pueda encontrar,
para lo cual se ha establecido el Grupo de
Consejo UNYANET.
3) El proyecto de IT and International Cooperation
busca maximizar el alcance de las
actividades que se lleven a cabo por UNYANET,
así como obtener mejores ventajas de la cooperación
internacional entre las asociaciones.
Tienen como objetivo compartir información
relevante y noticias de la forma más eficiente
posible. También se llevarán a cabo los “online
meetings” o “encuentros en línea” para facilitar
el desarrollo de los proyectos correspondientes
a nivel internacional.
4) El proyecto de Lobbying for UNYAs busca
incrementar la influencia de las asociaciones
para aumentar el impacto y conseguir
más soporte para los proyectos respectivos y
de conjunto. También trabajará para aprovechar
las sinergias positivas de la cooperación
en proyectos con otras asociaciones a nivel
internacional.
5) El proyecto de Sustainability and Alumni
trata de conseguir que UNYANET sea una red
sostenible de cooperación internacional entre
jóvenes en el futuro. Asimismo, busca crear
una red internacional de jóvenes que hayan
colaborado en el pasado con alguna asociación
que pertenezca a UNYANET y mantenerlos
informados de las actividades que
se llevan a cabo. Asimismo, las asociaciones
miembros de UNYANET podrán pedir consejo
o contactar con los “alumni” interesados en
el proyecto.
El seminario de Viena contó con el pleno
apoyo de AFA-Austria, en cuya sede se desarrollaron
las actividades. También se contó con la
colaboración de UNIS, donde su director, Janos
Tisovszky, participó en la sesión de apertura
celebrando la creación de UNYANET. Además,
el seminario de Viena contó con el soporte del
Año Internacional de la Juventud.
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Logo de UNYANET
Los representantes de las ANU-
Jóvenes que participaron en el
primer encuentro de UNYANET.
www.unyanet.org
Actividades ANUE

Noticias ANUE
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Presentación del Informe UNESCO Educación para Todos 2011
La ANUE y UNESCOCAT presentaron el 16 de mayo en la sede
del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) la edición catalana
del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en
el Mundo (EPT) 2011: Una crisis encubierta: conflictos armados y
educación de la UNESCO.
El acto, que reunió a cerca de medio centenar de personas, fue
presidido por el director general de Relaciones Institucionales,
Joan Auladell, y contó con las intervenciones de Rafael Grasa,
presidente del ICIP; Kevin Watkins, director del informe; Eduard
Sagarra, presidente de la ANUE, y Miquel Àngel Essomba, director
de UNESCOCAT.
Al presentar el informe, Kevin Watkins analizó los avances alcanzados pero también las
deficiencias que identifica el informe en la protección de los derechos humanos que afectan
a la educación, en la prestación de servicios educativos, en la reconstrucción y también
las deficiencias en la construcción de la paz.
La ANUE coordina la Misión de contratación de la ONU
La ANUE acogió, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Misión de
reclutamiento y contratación de las Naciones Unidas que visitó Barcelona los días 4 y 5 de
abril de 2011. Las sesiones se realizaron en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la
UB, y en la sala de actos del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
Compuesta por representantes de la Secretaría, del PNUD, del UNICEF y del FNUAP, el
objetivo de la Misión era la identificación de candidatos profesionales de diferentes ámbitos
y que pudieran estar interesados en trabajar en el sistema de las Naciones Unidas
como funcionarios o técnicos de alto nivel y directivos. El perfil de contratación requiere
una experiencia laboral y profesional de 3 a 15 años con titulación universitaria y dominio
del inglés.
Las áreas profesionales de interés para la Misión eran: personal del ámbito sanitario (médicos,
enfermeras, comadronas), seguridad, ingeniería, desarrollo y gobernanza, expertos
en gestión de crisis, gestión de proyectos, recursos humanos, etcétera.
Publicación on line de la Agenda ONU número 10
Con este volumen de la Agenda ONU correspondiente
al año 2009 alcanzamos el número diez de este anuario,
que desde su primer volumen en el año 1998, pretende ser
un espacio de análisis y reflexión serena, pausada, técnica,
rigurosa y crítica sobre las diversas actuaciones de las Naciones
Unidas.
Esta edición incorpora un dossier especial sobre las jornadas
de alto nivel que organizó la ANUE en abril de 2009,
con el tema Las Naciones Unidas y la Unión Europea: construyendo
un multilateralismo efectivo, y que contaron con
una importante participación de representantes de instituciones
públicas nacionales e internacionales, así como de
expertos altamente cualificados. Además de este dossier,
una de las contribuciones más destacadas de este volumen
se ocupa del conflicto de Darfur, en el Sudán occidental.

La ANUE en el Comité Ejecutivo de la FMANU
El presidente de la ANUE participó en la
reunión del comité ejecutivo de la Federación
Mundial de Asociaciones para las
Naciones Unidas (FMANU/WFUNA) celebrada
en Nueva York el 29 y 30 de abril
de 2011. En la reunión se trataron temas
como la admisión de nuevos miembros, y
se pusieron en común las actividades realizadas
por cada una de las asociaciones,
entre las que se destacaron las relacionadas a promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La próxima reunión tendrá lugar el 3 y 4 de noviembre en Nueva Delhi.
Gran éxito en la celebración del Día de las Naciones Unidas
Como el año pasado, la ANUE puso en marcha
la campaña “Celebremos el día de las Naciones
Unidas”, invitando a todas las comunidades autónomas,
ayuntamientos y otras instituciones estatales
a que el 24 de octubre hicieran ondear la
bandera de la Organización mundial, acompañada
de un póster informativo explicando qué
son las Naciones Unidas y la efeméride del día.
Registrando un gran crecimiento, este año las instituciones
adheridas a esta iniciativa de sensibilización
de la labor de la ONU han sido el Parlament de
Catalunya, Xunta de Galicia, Govern de les Illes Balears,
Comunidad de Castilla-La Mancha, la Junta de
Extremadura, el Col·legi d’Advocats de Barcelona y
los ayuntamientos de Barcelona, Mataró, Castelldefels,
Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Saragoza, Santa
Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat,
Santander, Palma de Mallorca, Esplugues de Llobregat,
Manlleu, Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Lleida,
Tarragona, Girona y Sant Feliu de Llobregat. Cabe
destacar que en Logroño, la ANUE además celebró
una conferencia sobre la ONU para estudiantes de
bachillerato internacional del IES Sagasta.
La ANUE en las redes sociales
La ANUE sigue ampliando su presencia en las redes sociales más extendidas
para hacer llegar su labor y la de las Naciones Unidas a más gente.
Además de la consolidación de la página de Facebook explicada en la
anterior revista, la Asociación ya cuenta con su propio canal de Youtube
–donde se pueden visionar varios vídeos sobre algunas de nuestras actividades–,
y una cuenta de Twitter para informar de manera breve e inmediata
de lo que acontece en las Naciones Unidas, así como de las actividades
de la ANUE.
www.facebook.com/pages/Asociación-para-las-Naciones-Unidas-en-
España/224225110959713
www.youtube.com/user/UNASpain
twitter: @ANUE_Unaspain
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El presidente de la ANUE,
Eduard Sagarra, rodeado por
los representantes de ANU Venezuela
y ANU China
WFUNA Photo
La bandera de las Naciones
Unidas ondeando en el ayuntamiento
de Valencia el 24 de
octubre de 2011.
Ayuntamiento de Valencia
Noticias ANUE

Agenda ANUE
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Agenda ANUE
Olimpiada Solidaria de Estudio: Estoy donde puedo ayudar
Del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2011
Bibliotecas CRAI de algunas facultades de la UB, UPF, UIC, URL; salas de estudio nocturnas de
Barcelona y El Prat; biblioteca La Sagrera-Marina Clotet; bilioteca Antonio Martín; etcétera.
Por tercer año consecutivo, la ANUE será la coordinadora en Catalunya para la Olimpiada
Solidaria de Estudio. En esta edición, con el lema Estoy donde puedo ayudar, se podrá apreciar
cómo desde aquí también es posible colaborar con un proyecto de cooperación al desarrollo
para la educación. En nuestro caso, con casi más de 50 salas solidarias, entre Barcelona,
Tarragona y Girona; una red de unos 20 voluntarios, y la llegada a más de 3.000 estudiantes;
participaremos de las reformas de cuatro escuelas en Haití y, además, tomaremos parte en
la reconstrucción de la escuela La Saline, la cual quedó prácticamente demolida por el terremoto
de 2010. Con vuestra ayuda, 6.100 jóvenes podrán recibir una educación para que su
futuro tenga mejores perspectivas.
VII C’MUN Special Meeting: Hacia una nueva agenda para la gobernanza global
7-9 de noviembre de 2011
Sede de Casa Asia. Av. Diagonal 373, y Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.
Dentro del Diálogo Oriente-Occidente de Casa Asia, la ANUE plantea un nuevo debate de
jóvenes divididos en dos grupos. El primero, encargado de reflexionar acerca de si la ONU está
capacitada para liderar la nueva agenda de gobernanza mundial y/o cómo debe reformularse
para lograrlo. Y el segundo, cómo canalizar las demandas de la juventud que deberían elevarse
a estas nuevas Naciones Unidas. Temas de actualidad como la crisis económica, las protestas mundiales
contra la situación actual, las repercusiones de la “primavera árabe” y el cuestionamiento
de los actuales sistemas democráticos, centrarán las apasionantes discusiones de la reunión de
jóvenes, cuyas conclusiones serán presentadas en el Diálogo.
Seminario “La Responsabilidad Social de las Empresas en el marco de la ONU”
28 de noviembre de 2011. Círculo de Economía, C/ Provença 298, Barcelona.
Con el objetivo de reflexionar sobre la incidencia en la práctica del Pacto Mundial y sobre los
esfuerzos que, pese a la crisis están llevando a cabo numerosas empresas y otras entidades en
el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, el acto contará con la presencia de algunos
representantes del Pacto Mundial: Fernando Riquelme Lindón, director general de Asuntos
Multilaterales de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores; Henry Jackelen, director de la
División del Sector Privado del PNUD; o Kathryn Dovey, directora de Global Bussines Initiative on
Human Rights.
Seminario “Familia y migración, hoy”
30 de noviembre de 2011, Barcelona.
La ANUE, junto al Servicio de atención psicológica y psicosocial a inmigrantes y refugiados
del Hospital Sant Pere Claver, y con la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración,
organiza esta jornada donde se tratará el fenómeno de la inmigración, incidiendo directamente
en el desarrollo de las relaciones familiares y la vida cotidiana de cada uno de sus
miembros. Mostrar cómo las Naciones Unidas trabajan junto a diversos actores nacionales e
internacionales para ayudar a superar los obstáculos que la nueva condición y entorno puede
conllevar, es el objetivo de este seminario.

ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA
En 1962, y con sede social en Barcelona, se constituyó la Asociación para
las Naciones Unidas en España (ANUE), una ONG que goza de estatuto consultivo
ante el ECOSOC y que ha sido declarada entidad de utilidad pública.
Estamos reconocidos por la ONU como nexo principal entre esta Organización
y la sociedad civil. Actuamos como punto focal del Centro regional de
Información de las Naciones Unidas en Bruselas (UNRIC).
Nuestros objetivos fundamentales son:
–Divulgar los principios y propósitos de las Naciones Unidas y sus organismos
especializados.
–Proclamar, difundir y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.
–Velar por el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos en el marco
de las Naciones Unidas para conseguir la paz, la justicia y el desarrollo.
ACTIVIDADES
Organizar campañas educativas y de sensibilización sobre derechos humanos,
cursos, seminarios, conferencias, etcétera.
Publicar libros sobre relaciones internacionales, conflictos, derechos humanos,
material didáctico para colegios, revistas, anuarios, etcéra.
Dar la voz a los jóvenes a través del Catalonia Model United Nations
(C’MUN), una simulación de la Asamblea General y los principales órganos
de las Naciones Unidas donde poner en práctica los conocimientos y habilidades
de diálogo y buenos oficios entre jóvenes de todo el mundo.
Fomentar la Responsabilidad Social, tanto de la empresa ante la sociedad,
como del sector público y de las ONG.
PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES, ESPAÑOLAS Y CATALANAS
La Asociación fue admitida en el seno de la Federación Mundial de Asociaciones
para las Naciones Unidas (FMANU) en 1963; en la actualidad, la
ANUE es miembro de su Comité Ejecutivo. La FMANU es la única ONG internacional
dedicada a dar apoyo a los principios y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas, así como a promover las actividades de la organización y
de sus organismos especializados.
Miembro de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, de ámbito estatal. Miembro fundador del Pacto Mundial
en España.
Forma parte de cuatro federaciones de asociaciones de ámbito catalán: la
Federación Catalana de ONG para los Derechos Humanos, la Federación Catalana
de ONG para el Desarrollo, la Federación Catalana de ONG para la Paz,
y la Federación Catalana de Voluntariado Social.
Forma parte del Consell de Benestar Social del Ayuntamiento de Barcelona.
INSTITUCIONES COLABORADORAS
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Generalitat de Catalunya,
Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament, Secrertaria General de Joventut.
AYUNTAMIENTOS
Amposta, Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Castelldefels, Cornellà
de Llobregat Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Girona,
Lleida, Manlleu, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Ripollet, Rubí, Sant
Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet,
Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès.
ASOCIACIÓN PARA LAS
NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA
C/ Fontanella, 14, 1º 1ª
08010 Barcelona
Tel. 93 301 31 98
Fax: 93 317 57 68
e-mail: info@anue.org
www.anue.org
También estamos en:
OFICINA EN MADRID
C/ Hermosilla, 114,
bajos. 28009 Madrid
e-mail: info@anue.org
LLEIDA
Universitat de Lleida
C/ Jaume II, 73. 25001 Lleida
Tel. 9733238658
Responsable: Antoni Blanc, presidente
ARAGÓN
Junta Municipal Actur - Rey Fernando
C.C. Río Ebro
María Zambrano, 56
50018 Zaragoza
Tel. 638 04 18 92/893
e-mail: anuesport@anuesport.com
www.anuesport.org
Responsables: Jesús Arroyo Salvador
Fernando López Sierra
Puntos de información:
GALICIA
IGADI (Instituto Galego de Anàlise
e Documentación Internacional)
Illa de San Simón 36693.
Cesantes Redondela, Pontevedra.
Responsable: Xulio Ríos, director