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Naciones Unidas
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to indefinido, susceptible de interpretaciones
más o menos amplias de la justicia social
y en el contexto de un momento histórico
determinado, en función de los parámetros
de cambio o los condicionantes existentes.
Las directrices de la OIT, que incluyen la
garantía de la libertad y la dignidad de los
trabajadores, mantienen y definen una acción
institucional en materia de derechos
humanos
Desde sus inicios pero sobre todo tras la
Segunda Guerra Mundial, tras la adopción
el 10 de mayo de 1944 de la Declaración
relativa a los fines y objetivos de la OIT o
Declaración de Filadelfia 3 la tendencia de la
OIT ha sido ofrecer una interpretación extensiva
de su propio mandato: todo aquello
que afecta a las condiciones de trabajo y de
vida de los trabajadores, incluida la de sus
familias; e, incluso, como se infiere de la Declaración
de Filadelfia, ello incluiría –piénsese
en la época en que fue ésta adoptada–
la necesidad de que los estados miembros
focalizasen tanto nacional como internacionalmente
su acción política en objetivos
sociales, de manera que se postuló que la
justicia social debería ser un presupuesto
orientativo prioritario de las políticas económicas
y sociales de los estados dentro de
un marco de acción socio-económico común.
Todo ello, bajo el signo de una Declaración
de Filadelfia que enunciaba un principio
inserto ya como esencial en el artículo
427 del Tratado de Versalles: el trabajo no
es una mercancía ni un objeto de comercio.
Las aspiraciones político-jurídicas del
mandato de la OIT, así como las directrices
de su ejecución desde 1919, que incluyen
como pivote la garantía de la libertad y la
dignidad de los trabajadores, dejan a las
claras patente que la OIT ha mantenido y
definido una acción institucional en materia
de derechos humanos: la OIT ha dedicado
su labor y sus esfuerzos a los derechos
humanos. Eso sí, desde una aproximación
específica e integrada de los derechos humanos:
específica, por la sectorialidad del
punto partida de su análisis y conceptualización
–la justicia social como medida del
progreso social de las condiciones de trabajo
y de vida–; e integrada, porque no asume
a priori esa dicotomía entre derechos civiles
y políticos y derechos económicos, sociales
y culturales que impregna el Derecho internacional
de los derechos humanos en
el seno de la Organización de las Naciones
Unidas, ya que se sustenta en el reconocimiento
jurídico de derechos humanos a los
trabajadores, en relación con su condición
y su actividad.
La actividad normativa de la OIT desde
1919 –190 convenios y 201 recomendaciones–
ha servido para desarrollar el régimen
jurídico internacional del trabajo, pero también
para perfilar una política normativa
sobre derechos humanos de amplio espectro
y alcance. Más relevante aún es que esta
política normativa ha ido acompañada de la
voluntad constitucionalizada de establecer
unos mecanismos de garantía para supervisar
el respeto de los compromisos jurídicos
internacionales adquiridos: en 1926, se crea
ya la Comisión de Expertos en la Aplicación
de Convenios y Recomendaciones, encargada
de revisar a través del procedimiento
regular de control las memorias periódicas
presentadas por los estados; junto a los
procedimientos de reclamación o de queja
constitucionales o las quejas ante el Comité
de Libertad Sindical –órgano creado en
1951–, este procedimiento ha constituido
un paradigma para la ONU en el diseño de
los mecanismos vinculados a los tratados
internacionales de derechos humanos, en
especial del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos –como alternativa a
la idea, descartada, de crear un tribunal internacional
de derechos humanos.
Ello no es óbice para reconocer –lo cual
hace más evidente el paralelismo con la acción
de la ONU– que estos mecanismos de
garantía son instrumentos sans-dents, como
ha indicado la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico 4 . Incluso si
se escoge el único de los mecanismos de garantía
que autoriza a la Conferencia General
a adoptar las medidas pertinentes respecto
a un Estado miembro que incumple uno de
los convenios de la OIT del que es parte –el
procedimiento constitucional de quejas–,
sus limitaciones son evidentes: como demuestra
el caso de Myanmar 5 , la OIT puede
ejercer coerción sobre el Estado limitando
o suspendiendo beneficios o derechos del
Estado miembro de la OIT, pero solamente
puede recomendar o exhortar, sin mandato
vinculante alguno, a los estados miembros,
agrupaciones sindicales y empresariales, así
como a las otras organizaciones internacionales,
a que tomen medidas coercitivas respecto
al infractor.