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Naciones Unidas
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Naciones Unidas
Tribunales penales internacionales ad hoc
¿misión cumplida?
Rosa Ana Alija Fernández. Doctora en Derecho y profesora ayudante de la Universitat de Barcelona.
Tras siete años eludiendo la acción de la justicia
internacional, Goran Hadžić fue arrestado
por las autoridades serbias el 20 de julio de
2011. Con la detención de quien fuera presidente
de la autoproclamada República Serbia
de Krajina se cerraba la lista de prófugos acusados
por el Tribunal Penal Internacional para
Yugoslavia (TPIY). Pocos meses antes, el 26 de
mayo de 2011, el presidente serbio anunciaba
la detención de Ratko Mladić, jefe del estado
mayor del ejército de la República Srpska durante
la guerra de Yugoslavia, que había sido
acusado en 1995 por el TPIY de los cargos de
genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra por su papel en el sitio de Sarajevo
y en el genocidio de Srebrenica. Mladić,
que vivía con identidad falsa en la aldea de Lazarevo,
a menos de cien kilómetros de Sarajevo,
llevaba 16 años en paradero desconocido.
Las detenciones de Hadžić y Mladić llegan
sospechosamente a tiempo, justo en el momento
en el que se puede decir que el desmantelamiento
del TPIY es ya un hecho. Los tribunales
penales internacionales para Yugoslavia
y Ruanda tienen una naturaleza ad hoc y por
tanto se crearon con carácter no permanente.
Por ello, desde hace años se viene perfilando
la denominada “estrategia de conclusión”,
orientada a poner fin a los trabajos de ambos
tribunales. Como parte de dicha estrategia, el
TPIY ha remitido en los últimos años numerosos
casos contra presuntos criminales de perfil
medio-bajo a Bosnia, Serbia y Croacia para su
enjuiciamiento por los tribunales nacionales de
dichos estados, mientras que el propio tribunal
se ha centrado en el enjuiciamiento de los dirigentes
de más alto rango.
Los máximos responsables de crímenes en
Ruanda y Yugoslavia serán perseguidos a través
de un mecanismo judicial “residual”
Culminando dicha estrategia, el 22 de diciembre
de 2010 el Consejo de Seguridad
adoptó la resolución 1966 (2010), por la que
creaba un mecanismo especial para “llevar a
cabo diversas funciones esenciales de los tribunales,
incluido, tras el cierre de los mismos,
el procesamiento de los prófugos que sean los
más altos dirigentes de quienes se sospeche
que les cabe la mayor responsabilidad respecto
de los crímenes”. Se instauraba así el llamado
Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales,
que contará con dos subdivisiones: la correspondiente
al Tribunal Penal Internacional
para Ruanda (TPIR) comenzará a operar el 1 de
julio de 2012, mientras que la subdivisión del
TPIY iniciará sus trabajos el 1 de julio de 2013.
Las fechas fijadas para el inicio de sus funciones
suponen que el Mecanismo coexistirá
con los tribunales, que, a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, deberían adoptar todas
las medidas necesarias para concluir con rapidez
su labor restante. En el caso del TPIY, las
previsiones apuntan a la conclusión de los casos
en fase previa y/o fase de instrucción entre
2011 y 2012, excepción hecha del de Radovan
Karadžić y previsiblemente de los de Mladić y
Hadžić. Las apelaciones deberían completarse
a finales de 2014, pero es improbable que así
ocurra respecto de estos últimos casos, dada su
tardía detención.
En el caso del TPIR la localización y detención
de prófugos está siendo mucho menos
exitosa y aún hay diez acusados en paradero
desconocido. Posiblemente tenga algo
que ver el hecho de que no esté en juego
la membresía de la Unión Europea, eventual
recompensa ofrecida a Serbia que en todo
caso estaba condicionada a la detención de
los prófugos reclamados por el TPIY. Encontrar
y capturar a los prófugos del TPIR parece
que no tiene alicientes tan atractivos.