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y/o la justicia social no estén más presentes
en su desempeño que tiempo atrás pero
no en cualquier caso conforme a los parámetros
definidos por la OIT. No deja de ser
más que significativo el planteamiento, bien
que haya sido objeto de retoques a partir de
2009, del esquema denominado Doing Business
en el seno del BM; dentro del mismo, y
a pesar de que se hayan introducido en 2011
factores de corrección respecto a la evaluación
de la protección de los trabajadores 10 ,
la metodología de medición de la reglamentación
de los estados para la facilitación de
la actividad económica sigue sustentándose
en contrastar las rigideces del mercado laboral
–dificultad de contratación, rigidez en
horarios y dificultad de despido–, por lo que,
como indica Alain Supiot 11 es evidente que
las rigideces “designan las normas laborales”,
que pueden ser fruto de compromisos
jurídicos internacionales, y penalizan “a los
estados que reconocen demasiados derechos
a los trabajadores”.
En segundo término, el mismo principio
de especialidad funcional que impulsa a los
organismos especializados financieros a banalizar
la transversalidad de las tendencias
impulsadas por la OIT, han venido impulsando
a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) a ignorar en la construcción de su
derecho de la OMC las cuestiones laborales
y desentenderse de la vinculación entre comercio
y fuerza de trabajo –si bien, en cualquier
caso, observando a las normas laborales
como un obstáculo al libre comercio que
puede ponderarse dentro de las excepciones
a la plena aplicación del derecho de la OMC.
Más allá de la influencia de la OIT en la voluntad
de los estados, la justicia social no parece
estar en el centro de las soluciones globales,
cosa que no augura nada bueno para los trabajadores
y trabajadoras
Y, en tercer término, ya en un plano político,
si bien fue importante que en la Declaración
adoptada tras la reunión de más alto
nivel del G-20, celebrada en Pittsburg (25
de septiembre de 2009), se mencionara la
importancia de incorporar transversalmente
a los planes de recuperación la noción de
trabajo decente (§ 43), esta mención se ha
ido diluyendo en trabajos posteriores para
abordar la crisis económica y financiera
dentro de términos más genéricos como la
sostenibilidad –en ausencia, además, compromisos
concretos al respecto.
A modo de reflexión final…
No parece que la OIT, más allá de su influencia
en la voluntad estatal de potenciar
la justicia social, esté en disposición
de influir de manera decisiva en organizaciones
internacionales y otros foros internacionales
que, en apariencia, parecen en
disposición de trazar las nuevas fronteras
de la gobernanza de la globalización económica
y de búsqueda de salidas a los problemas
socioeconómicos generados por la
hasta ahora última de las crisis financieras
del capitalismo global. La cuestión, más
que probablemente, más allá de las capacidades
de la OIT, se encuentre en que
la justicia social no parece situarse en el
centro de la búsqueda de soluciones globales
–lo que no augura nada bueno para
los trabajadores y trabajadoras desde el
prisma del sesgo de las potenciales fórmulas
a buscar para solventar los problemas
estructurales de la economía mundial y
potenciar el empleo.
1) ILO, World of Work Report. 2010. From one crisis to the
next?, International Institute of Labour Studies, Geneva,
2010, p. 1; las recetas que desde la OIT se pergeñan para
buscar salidas a la crisis en términos de cantidad y calidad
en el empleo no coinciden exactamente, por ahora, con
las que se están llevando a cabo en países desarrollados
como los que integran la Unión Europea (ibíd. pp. VIII-X
y 19 a 25).
2) THOMAS, A., “La Organización Internacional del Trabajo.
Origen, evolución y porvenir”, Revista Internacional
del Trabajo, Vol. 115 (1996), 3-4, p. 287.
3) Es un anexo a la Constitución de la OIT y sus compromisos
de acción, siguen formando hoy por hoy parte de los
objetivos del mandato de la OIT (art. 1 Constitución OIT).
4) OCDE, Documento CCNM/GF/TR/M(2001)3, p. 7, § 17.
5) Ver resolución relativa a las medidas recomendadas por
el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de
la Constitución de la OIT con respecto a Myanmar, de 14
de junio de 2000.
6) No consta en la OIT que, a día de hoy, ningún Estado
miembro haya notificado su ratificación (http://www.ilo.
org/ilolex/spanish/convdisp1.htm, 5/10/2011)
7) MAUPAIN, F., “OIT, justice social et mondialisation”,
Recueil des cours de l’Académie de droit international,
Volume 278 (1999), p. 230.
8) UN System Chief Executives Board for Coordination
(UNCEB), The Global Financial Crisis and its Impact on the
work of the UN System, CEB Issue Paper, United Nations,
Geneva/New York, 2009, Part VI).
9) Declaración de los Ministros y Jefes de Delegación participantes
en la serie de sesiones de alto nivel del periodo
de sesiones sustantivo de 2006 del Consejo Económico y
Social, sobre la Creación de un entorno a escala nacional
e internacional que propicie la generación del empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y sus
consecuencias sobre el desarrollo sostenible, de 5 de julio
de 2006 (ONU, Documento E/2006/L.8).
10) BM, Empleo de trabajadores, disponible en: http://
espanol.doingbusiness.org/methodology/employing-workers,
05/10/2011.
11) SUPIOT, A., “Perspectiva jurídica de de la crisis económica
de 2008”, Revista Internacional del Trabajo, Volumen
129 (2010), núm. 2, p. 171.
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