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Naciones Unidas
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Inauguración de la histórica conferencia
número 100 de la OIT, el
1 de junio de 2011.
UN Photo/Jean-Marc Ferré
eliminación de la discriminación en materia
de empleo y ocupación.
Se entiende que los principios y derechos
fundamentales contenidos en la Declaración
de la OIT son prioritarios en el debate sobre
las directrices de las políticas que gobiernan
la globalización
Con posterioridad, estos derechos fundamentales
en el trabajo se han constituido
en objetivos estratégicos dentro de las
políticas de la OIT para adecuar las exigencias
de la justicia social a la nueva realidad:
dentro de la estrategia del trabajo decente
(lanzada en 1999) –junto a otros tres complementarios,
a desarrollar considerando
transversalmente la igualdad de género: la
creación de empleos y de ingresos adecuados;
el fortalecimiento de la protección social;
y el fortalecimiento del diálogo social–;
y dentro de la Declaración de la OIT sobre la
justicia social para una globalización equitativa,
adoptada por la Conferencia General
el 10 de junio de 2008.
La OIT quiere contribuir a la gobernanza desde
la promoción de la justicia social; de ahí
las iniciativas puestas en marcha para salvaguardar
la justicia social frente a la crisis
La noción de trabajo decente y su plasmación
en una estrategia más global en la
citada declaración son una manifestación
evidente de que la OIT quiere contribuir
a la gobernanza desde la promoción de la
justicia social; de ahí que, como elemento a
considerar, sea positivo observar cómo des-
de la OIT se han lanzado iniciativas que pretenden
salvaguardar la justicia social frente
a la crisis –por ejemplo, la resolución de 19
de junio de 2009, de la Conferencia General,
por la que se plantea el Pacto Mundial
para el Empleo–; o bien, su implicación en
iniciativas ajenas, como la lanzada desde
la ONU 8 para asegurar un nivel mínimo de
protección social universal.
El interrogante es si, más allá de la retórica
institucional, las tesis de la OIT son asumidas
en la práctica por las organizaciones
y foros internacionales susceptibles de contribuir
a la gobernanza de la globalización.
En primer término, hay que señalar cómo
el trabajo decente ha sido incluido como
parte o elemento a considerar del enfoque
integral y transversal asumible en el marco
de la cooperación internacional dentro del
sistema de las Naciones Unidas desde 2006 9 .
A partir de ello, hay que observar cuál es la
voluntad real de implementación del vector
trabajo decente en las actividades del sistema
de las Naciones Unidas, y, en particular,
de los organismos especializados con competencias
en el ámbito financiero. Solamente
así es fácil discernir cómo, más allá de las
fórmulas genéricas y de su incorporación a
los programas de acción de la ONU, ni el trabajo
decente ni los derechos fundamentales
en el trabajo parecen haberse constituido
más que tangencialmente en una prioridad
jurídico-formal y/o operativa para el Fondo
Monetario Internacional o el Grupo del Banco
Mundial (BM) –lo que no quiere decir que,
comparativamente, las necesidades sociales