Colecci%C3%B3n-Jorge-Carpizo-XXII-Laicidad-y-libertad-religiosa-Miguel-Carbonell

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laicidad y libertad religiosa en méxico
que las iglesias o agrupaciones religiosas adquieran
personalidad jurídica como asociaciones religiosas,
una vez que han sido registradas ante la autoridad
competente, en modo alguno significa, que las que
no han obtenido su registro constitutivo, no existan
en la realidad, como unidades sociológicas. Lo
cierto es que tales entes sí tienen existencia en la
práctica, lo cual, incluso, se encuentra reconocido
en la ley, por ejemplo, en el artículo 10 en relación
con el artículo 9o., fracción III, de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, que prevén la
posibilidad de que esos entes realicen actos de culto
público religioso, aun cuando no tienen la personalidad
jurídica, con la que cuentan las asociaciones
religiosas. Ante esta situación, es claro que para
la demostración de la calidad de ministro de culto
religioso de una persona, no es necesario acreditar
que la iglesia o agrupación religiosa a que pertenece,
se encuentre constituida legalmente como asociación
religiosa, puesto que de acuerdo a lo anterior,
alguien puede ser ministro de culto de una
agrupación religiosa o iglesia que no esté registrada
en términos de ley, y ello evidentemente basta
para hacerlo inelegible para contender a un cargo de
elección popular. Sala Superior, tesis S3EL 104/2002.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
114/99.-Coalición formada por los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo
y Verde Ecologista de México.-25 de agosto de
1999.-Unanimidad de votos.-Ponente: Mauro Miguel
Reyes Zapata.-Secretario: Eliseo Puga Cervantes.
Decimos que se trata de una tesis un tanto extraña
fundamentalmente por las siguientes consideraciones:
en primer lugar, porque parecería legítimo poder
sostener que, de acuerdo con el sistema de reglas establecido
en el artículo 130 constitucional y en la ley
que lo desarrolla, las Iglesias y agrupaciones religiosas
tendrían condicionada su existencia (y por tanto
su protección y límites constitucionales) al hecho de