Reseña detallada del libro LOS DUEÑOS DEL CONGRESO de ...

Vida ida y y mila milagros mila os de de de un un Con Congreso Con eso autista
autista
realmente creemos que el rezago legal, administrativo, histórico y funcional que hemos analizado es fruto
de la ineptitud?
En fin, comentemos algo sobre la asesoría en el legislativo mexicano.
El PAN cuenta con la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que dispone de buenas instalaciones y personal
egresado del ITAM, la UNAM, el IPN, el Colmex y otras de ese nivel, además de egresados o especializados
en el extranjero.
En lo que se refiere al PRD, el equipo de asesores ha disminuido el los últimos años. En la 57a.
Legislatura había 31, y para 2001 quedaban 11, la mayoría egresados de universidades públicas. Dependían
de una subcoordinación del partido y su situación laboral tenía un fuerte sabor a incertidumbre: «no faltó
la ocasión –apunta EDR- en que tuvieron que ‘corretear’ a los diputados para que les pagaran sus
honorarios...»
¿Y el PRI? Pues sin pretender ser cínicos, la situación es más o menos obvia, pero cedo la palabra al
autor para explicarla: «acostumbrados durante décadas a recibir ‘línea’ de Los Pinos para fincar sus
posicionamientos, y a recibir las iniciativas ya elaboradas en la mayoría de los casos, no solían contar con
asesores reales, sino sólo con asistentes.» (pág. 127) Fue hasta la multicitada 57a. legislatura cuando
esto empezó a cambiar. En 2001 se anunció la formación de grupos de asesores que, hasta 2003 y según
el autor, no habían alcanzado una formalidad institucional en el partido (pág. 127).
Una indagación del propio EDR concluye que en las áreas apartidistas del Congreso los investigadores
realmente calificados no llegan a 60, mientras que 245 eran cuerpo técnico no calificado o simples «gatos»
(lacayos, carga-portafolios, pues).
Resaltemos, para conocimiento general, que el Senado tiene el Instituto de Investigación Legislativa
del Senado de la República (IILSEN) y la Cámara de Diputados tiene el Servicio de Investigación y
Análisis (SIA) y los Centros de Estudios, especializados en ciertas materias. Sobre estos últimos sólo
agreguemos que el más antiguo, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP), es una muestra de
las dificultades e inequidades que existen en el sistema de asesoría para sus majestades los legisladores,
pues tiene 22 investigadores y atiende tres comisiones parlamentarias, mientras que el SIA, con tres
investigadores, atiende a las 37 comisiones restantes.
MUCHO TRABAJO Y MÁS PROMESAS
En este apartadito se habla brevemente de otro aspecto del Congreso en donde también se evidencia
una falta de interés por profesionalizarlo (al parecer, como vimos en capítulos anteriores, estos señores
piensan que la única cosa que se necesita para ello es permitir la reelección). Se trata del servicio profesional
de carrera. Como vemos, se relaciona con el apartado anterior en cuanto a personal asesor y asistente.
Las reestructuraciones de los servicios no han sido parejas. Por ejemplo, los centros de estudio siguen
sujetos a comités de diputados, por decisiones políticas -dice el autor- y no técnicas. Pero incluso los
cambios efectuados son cuestionables: el SIA depende ahora de un organismo bicameral (que involucra
a las dos cámaras), junto con los demás servicios de bibliotecas del Congreso. ¿Cuál es el problema?
EDR lo plantea así: «La medida dejó en el limbo, nuevamente, la eterna aspiración de mantener un staff
técnico permanentemente adscrito al servicio civil de carrera, que (…) funciona parcialmente.» (pág.
131).
El autor dice que no han faltado intentos para crear un servicio de carrera real y funcional. Por ejemplo,
cuando se hizo una capacitación y evaluación para el personal técnico, pero selectiva, pues quienes
estaban en «estructura» fueron excluidos, lo cual es significativo si se considera que se estableció que el
personal de honorarios debería aprobar el curso para ser contratado en la legislatura siguiente. Así, un
acuerdo de diciembre de 2000 dio por terminado el contrato de 109 personas que no lograron la acreditación
y de 80 que no se sometieron a evaluación. Pero además viene otro aspecto: hubo 53 que sí aprobaron,
y para ellos se determinó que permanecerían como aspirantes al servicio de carrera, con los mismos
términos de contratación mientras se determinaba lo conducente, y estarían provisionalmente en las
áreas que se les asignara. Como ven, no hubo ninguna ventaja palpable en haber aprobado, pues EDR
resalta que las condiciones laborales en las cuales se mantuvieron implican una contratación por el régimen
de honorarios, carencia de protección social ni seguridad laboral y permanecer como «eternos aspirantes
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