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ANUARIO 2010 | VIERNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2010 | 5
OPINIÓN
Algunas lecciones que aprender
Joan Serra
«La Fiscalía Anticorrupción y la Agencia
Tributaria pusieron fin a las andanzas del
hotelero Fernando Ferré y el Grupo Playa Sol
quedó intervenido judicialmente, pero se evitó
un colapso catastrófico para el sector turístico»
Por si no estuviera sobradamente acreditada la
vulnerabilidad de la condición insular y las servidumbres
que de ella se derivan, los controladores
volvieron a ponerla brutalmente de manifiesto
con el plante salvaje que llevaron a
cabo coincidiendo con el puente de la Constitución.
Es imposible predecir la multitud de acontecimientos
que de pronto pueden desnudar nuestro aislamiento, pero
la posibilidad de que los responsables de gestionar el tráfico
aéreo abandonen en masa sus puestos y la función que tienen
encomendada como empleados públicos está entre las
que habría que descartar de antemano. Sin embargo, ya hemos
visto que ni siquiera esa irresponsabilidad inconcebible
puede excluirse en el caso de los controladores españoles,
un colectivo elitista y consentido que desprecia los cauces legales
para defender sus derechos laborales o sus intereses
corporativos y que tradicionalmente ha recurrido a la extorsión
en un servicio público esencial, usando a los viajeros
como rehenes y conculcando impunemente sus derechos,
para imponer sus exigencias. Esta vez el Gobierno resolvió
con medidas excepcionales, como la inédita declaración del
estado de alarma, una situación excepcional, pero sigue teniendo
en las torres y centros de control aéreo una bomba
de relojería que debe desactivar, lo cual exige continuar las
reformas emprendidas para acabar con privilegios abusivos
y con la desmesurada capacidad de presión que aún mantiene
este reducido grupo de profesionales.
Al final los excesos se pagan. Y la trayectoria empresarial
del hotelero Fernando Ferré estaba plagada de excesos en el
incumplimiento de sus obligaciones legales. Manejando sus
negocios con prácticas irregulares y una tesorería que parecía
inagotable, se dedicó durante veinte años a comprar establecimientos
hasta poseer la mayor cadena hotelera de Eivissa,
pero el Grupo Playa Sol (GPS) era un gigante con los pies
de estiércol, levantado a base de defraudar al fisco, a la Seguridad
Social y de explotar a los trabajadores. Una operación
conjunta de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria
acabó con las andanzas de Ferré a finales de mayo, justo
cuando comenzaba la temporada turística. El juez le envió a
prisión, le apartó del control de sus empresas y puso al frente
del grupo, como administrador judicial, a un hombre de la
casa, Javier Perelló, que hasta entonces ejercía como director
comercial. El momento y la situación eran muy delicados,
porque el hundimiento de GPS hubiera podido tener efectos
catastróficos para todo el sector turístico ibicenco si de pronto
decenas de miles de turistas se hubieran quedado sin el
alojamiento que habían contratado para sus vacaciones, con
los 1.600 empleados de la cadena sin empleo en plena temporada
y cientos de proveedores sin poder cobrar. La gestión
de Perelló bajo estricto control del juez, la prudencia sindical
y unas importantes inyecciones de liquidez mediante créditos
bancarios permitieron superar el trance y encarrilar a la
La construcción del nuevo hospital de Can Misses será esta legislatura la obra insignia del Govern en Eivissa
compañía por la senda de la legalidad. Pasó el momento más
crítico, pero GPS arrastra todavía pesados lastres que dificultan
su viabilidad y comprometen su futuro.
Al margen de la incertidumbre por la situación de GPS, la
última temporada turística fue francamente buena en las Pitiüses,
la mejor de los últimos años en afluencia turística y
ocupación, aunque los márgenes de rentabilidad se hayan
visto reducidos. En todo caso, la economía de Eivissa y Formentera
ha salido este año de la recesión y repunta ya con
un pequeño incremento de su PIB, si bien el paro sigue desbocado
y convertido en la más dramática expresión de la
crisis para miles de personas. En estas circunstancias, los
servicios sociales de las Pitiüses continúan desbordados y
muchas organizaciones solidarias ven dificultada su labor
asistencial por los inoportunos recortes en las ayudas públicas
o por el injustificable retraso de algunas instituciones en
abonarlas, justo cuando más necesaria es su tarea.
2010 ha visto también cómo se iniciaban las obras de dos
grandes proyectos de infraestructuras imprescindibles, que
además darán impulso a la economía insular en esta complicada
época de dificultades: el nuevo hospital de Can Misses,
obra insignia de la gestión del Govern de Antich en Eivissa
durante esta legislatura, y los muelles de es Botafoc,
que permitirán dignificar las instalaciones y servicios portuarios,
además de sacar de la Marina las operaciones de los
grandes buques de transporte de pasajeros y mercancías, lo
que inexcusablemente ha de servir para recuperar los viejos
andenes como zona de esparcimiento para la ciudad. El
proyecto de ampliación del puerto de Vila hacia es Botafoc
fue finalmente bendecido también por el Comité del Patrimonio
Mundial de la Unesco, el organismo internacional al
que en última instancia habían recurrido los detractores de
la obra para tratar de evitarla y que no acogió ninguna de
sus pretensiones, algunas de ellas especialmente indignas,
como las que abogaban por castigar a Eivissa incluyéndola
en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro o privándole
incluso de su condición de Patrimonio de la Humanidad.
En el ámbito político, la coalición progresista PSOE-ExC
que gobierna el Consell de Eivissa ha vuelto a enredarse en el
laberinto de la ordenación territorial, donde le cuesta tanto
desenvolverse. Su intento de revisar el Plan Territorial Insular
que dejó el anterior gobierno insular del PP resultó un fracaso.
Las dudas sobre la oportunidad de aprobar un nuevo
plan poco antes de las elecciones originaron meses de discrepancias
entre los dos socios de gobierno. El presidente Xico
Tarrés había venido reiterando que no sacaría adelante ninguna
revisión del PTI que no fuera por consenso, pero los socialistas
cedieron a las presiones de ExC y aceptaron tramitar
el planeamiento al menos para someterlo a exposición
pública; sin embargo, ante la clamorosa falta de apoyos al
nuevo Plan Territorial de Eivissa y tras una intensa campaña
del PP para desacreditar el documento, el presidente optó
por retirarlo. La decisión indignó a ExC y abrió una crisis en
el gobierno insular. El responsable de la elaboración del PTE,
el conseller insular de Política Territorial, Miquel Ramón,
desautorizado por Tarrés, acabó por dimitir de su cargo
(aunque su marcha quedó formalizada como si se hubiera
tratado de una destitución). Eivissa pel Canvi no rompió la
coalición, pero sus consellers advirtieron de que en lo sucesivo
no iban a tolerar nuevas imposiciones del presidente.
Y en estas pinceladas sobre los perfiles informativos de
2010 es indispensable anotar también el incendio forestal
de Benirràs, que arrasó una valiosa zona protegida de la isla
y causó un desastre medioambiental, que a punto estuvo de
ser también una tragedia por el lugar y las circunstancias en
que se produjo el siniestro. Nunca antes miles de personas
amenazadas por el fuego habían tenido que ser evacuadas
por mar de una playa ibicenca entre escenas de pánico, nunca
antes se habían manifestado tan dramáticamente los devastadores
efectos que pueden llegar a tener las aglomeraciones
incontroladas de vehículos en los caminos de algunas
playas, convertidas en ratoneras inaccesibles para los servicios
de socorro en caso de emergencia. El incendio de Benirràs
provocó un enorme daño ecológico que tardará décadas
en recuperarse, pero también nos dejó una lección que
solo los insensatos pueden desoír.
D.I.
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