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28 | VIERNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2010 | ANUARIO 2010 POLÍTICA CORRUPCIÓN Tres años después de que acabara la última legislatura que gobernó Matas en Balears, el expresidente y su exconseller de Comercio e Industria, el ibicenco José Juan Cardona, siguen caminos paralelos: ambos están envueltos en procesos iniciados por la Fiscalía Anticorrupción por su supuesto enriquecimiento ilícito, y millonario, a costa de las arcas públicas. Ambos también dejaron el PP, del que en su día fueron máximos responsables. Los caminos paralelos de Matas y Cardona El expresidente del Govern y su exconseller de Comercio e Industria están inmersos en procesos judiciales impulsados por la Fiscalía Anticorrupción en los que se enfrentan a graves acusaciones de enriquecimiento ilícito a cargo de las arcas públicas Los cargos contra José Juan Cardona son muchos y muy graves: la Fiscalía Anticorrupción le acusa en su escrito de hechos delictivos para el caso Scala de ser el cabecilla de una «asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo». Este grupo actuaba bajo el lema «cuanta más facturación, más comisión», por lo que el Consorci de Desenvolupament Industrial (Cdeib) desarrolló una actividad frenética entre 2004 y 2007, años en los que contrató cientos de estudios e informes inútiles, según la Fiscalía, que calcula que el botín ascendió a 3,7 millones y que los acusados causaron otro quebranto de 3,3 millones al Govern por los sobrecostes que tuvo que pagar. El fiscal acusa a Cardona de impartir instrucciones a sus subordinados y de nutrir económicamente al Cdeib de fondos públicos (recibió 25 millones en la pasada legislatura). Anticorrupción sostiene que la banda desarrolló un «saqueo sistemático de las arcas públicas», y que el enriquecimiento ilícito se realizaba mediante el cobro de comisiones a empresarios a cambio de contratos o mediante la adjudicación de trabajos a empresas tras las cuales figuraban los propios acusados. Junto a Cardona, se sentarán en el banquillo la directora del Cdeib Antònia Ordinas; el exdirector general de Promoción Industrial Kurt Viaene y el empresario Felipe Ferré (sobrino político de Jaume Matasy exconcejal del PP en Lloseta). Además hay otros imputados, hasta sumar un total de 18. Cardona rechaza todas las acusaciones Cardona niega todas las acusaciones, que «se articulan en base a Antònia Ordinas y Felipe Ferré» (ambos son arrepentidos que están colaborando con la Fiscalía para beneficiarse de una reducción de penas). El exconseller asegura que firmó los documentos a propuesta de Ordinas y que nunca ha intervenido en ningún expediente de contratación «salvo en su autorización». También rechaza que tenga parte de una sociedad que GUILLEM BOSCH José Juan Cardona tras abandonar el Parlament La Fiscalía Anticorrupción acusa al exconseller ibicenco de ser el cabecilla de una «asociación ilícita» dedicada al «saqueo sistemático de las arcas públicas» se benefició de contratos del Cdeib. Cardona en un principio decidió mantener su escaño en el Parlament pese a que el partido le había pedido que lo devolviera (el juez ya le había solicitado una fianza de responsabilidad civil de 2,9 millones), pero no aguantó la presión y el 24 de junio decidió abandonar el Parlament. El Tribunal Superior de Justicia de Balears devolvió entonces la causa al juzgado ordinario que empezó a investigar el caso, el de instrucción número 4 de Palma, dado que Cardona había dejado de estar aforado. «Aún queda mucho camino por recorrer. No está todavía el escrito de acusación ni el de defensa», asevera el exconseller y expresidente del PP pitiuso, que atribuye el lema de «cuanta más facturación, más comisión», a su antigua subordinada Antònia Ordinas. Las acusaciones que afronta el expresidente Jaume Matas no quedan atrás de las de Cardona. La Fiscalía Anticorrupción está intentando aclarar el origen del rico patrimonio y el lujoso tren de vida del matrimonio formado por Matas y Maite Areal, y dilucidar si procede de la corrupción. Matas es el principal imputado en el caso Palma Arena (en el que se investiga el sobrecoste de la construcción del velódromo del mismo nombre): el juez José Castro le impuso una fianza de tres millones de euros para evitar la cárcel. La Audiencia de Palma, que confirmó la fianza, considera «imposible» que haya conseguido su patrimonio inmobiliario con sus ingresos oficiales en la política o con el sueldo de su esposa, y concluye que hay sospechas de que Matas pueda tener bienes ocultos, lo que explicaría que pudiera reunir tan alta suma de dinero en poco tiempo mediante un crédito que concedieron la Caja de Arquitectos Sociedad Cooperativa de Crédito (Arquía) y el Banco de Valencia. Las escuchas revelaron que Matas trató de fabricar pruebas falsas para justificar sus incrementos patrimoniales. La investigación judicial no se limita al origen de la riqueza de los Matas: la operación Pasarela, impulsada también por la Fiscalía Anticorrupción, indaga en la posible financiación ilegal del PP balear en la campaña electoral que llevó a Matas al Govern en 2003, por medio del desvío de fondos públicos o el pago de sobornos por parte del Ibatur. La causa del caso Palma Arena está separada en una veintena de piezas, y en casi todas aparece Matas como imputado. El expresidente declaró ante el juez y negó todas las acusaciones a la vez que culpaba a otros miembros de su gobierno (cinco exconsellers y otros ex altos cargos), que después reaccionaron indignados y declararon que Matas había «mentido mucho» al juez. No obstante, sí admitió un elevado fraude fiscal en los gastos del palacete. La Agencia Tributaria de Balears emitió un informe en el que concluye que el matrimonio Matas no puede justificar el origen de Jaume Matas sale de declarar ante el juez TOLO RAMON 322.000 euros que abonó en metálico, tanto en compras de joyas como en el pago a los profesionales que trabajaron en la reforma de su palacete de Palma. El informe se refiere a los años 2004-2008, y revela que no solo no se declaró ese dinero como ingreso anual, sino que se desconoce de dónde pudo sacar esas cantidades el exministro de Aznar. El interrogatorio de Matas, largamente esperado, se produjo el 24 de marzo. El expresidente adoptó una actitud arrogante y el juez José Castro le llamó la atención en varias ocasiones: «Déme explicaciones, no discursos políticos», le espetó. El expresidente concedió una entrevista a IB3 el 7 de abril en la que apareció como víctima, negó haber cometido ningún delito y calificó de «injusticia» la fianza que le habían impuesto, que calificó de «desproporcionada». La vista oral contra Matas por el caso Palma Arena podría tardar más de dos años en celebrarse, debido a la saturación de la Audiencia de Palma, que juzga la mayoría de los grandes macroprocesos de corrupción de Balears. En las diligencias previas abiertas por Castro hay unos 40 imputados. OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN EN BALEARS GOVERN DE MATAS UM, DESMANTELADA CASO SCALA Las oscuras cuentas del Cdeib El exconseller de Comercio, Industria y Energía, José Juan Cardona, está imputado junto a su exdirector general Kurt Viaene y la exgerente del Cdeib Antònia Ordinas. JOAN FLAQUER Exconseller de Turismo Joan Flaquer, exconseller de Turismo con Jaume Matas, está imputado por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. LLUÍS RAMIS DE AIREFLOR Exconseller de Economía Ramis está acusado de participar en una trama de desvío de fondos públicos (caso Bomsai) de la empresa pública Caib-Patrimoni. Eludió la cárcel pagando una fianza de 50.000 euros. CASO PALMA ARENA El sobrecoste de la construcción del velódromo Este caso, que se ha ido ramificando continuamente con el hallazgo de numerosas irregularidades, se centra en el sobrecoste del velódromo que se construyó en Palma. Matas es uno de los investigados, así como la financiación del PP. CASO IBATUR Manejos para eludir los controles en los contratos directos La Fiscalía Anticorrupción investiga los manejos que se hicieron la pasada legislatura en el Ibatur para desviar fondos a manos privadas y para eludir los controles en los contratos directos. El Ibatur destinó 22,3 millones a empresas que hacían pagos a una sociedad implicada en la trama Gürtel de financiación ilegal del PP. Entre los 16 detenidos figura la cúpula del Ibatur con el Govern de Matas, incluidos los exgerentes Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía. CASO BOMSAI Dinero público para manos privadas La Fiscalía indaga el desvío de 22,6 millones a una constructora mediante un concurso a medida. Dos ex altos cargos del Govern de Matas están imputados. OPERACIÓN PASARELA La financiación del PP, bajo sospecha Anticorrupción investiga la campaña que llevó a Jaume Matas al Govern en 2003 por presuntas ilegalidades. CASO TURISME JOVE Desvío de 80.000 euros El Govern cree que el consorcio encargado de los albergues juveniles desvío 80.000 euros en la época de Matas. MIQUEL NADAL Expresidente de UM, exconseller de Mallorca y exconseller de Turismo del actual Govern Nadal está acusado de desviar fondos del Consell de Mallorca a personas de UM, como él y Munar. Casos Maquillaje y Can Domenge. OPERACIÓN VOLTOR Desvío de fondos del Inestur Este caso se saldó con la detención de dos exdirectores generales del Govern, los expresidentes de UM Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer y Francesc Buils y empresarios vinculados a UM como Jacinto Farrús (dueño de Canal 4 y de la productora que lleva los informativos de IB3, SBT). Los presuntos delitos se han cometido esta legislatura. UM fue expulsada del Govern balear (que quedó en minoría) por este y otros casos de corrupción. MARIA ANTÒNIA MUNAR Expresidenta de Mallorca, de UM y del Parlament balear Munar está imputada por varios delitos de corrupción en varias causas. Una de las acusaciones es haber desviado fondos para personas del entorno de UM, como ella, así como haber recibido comisiones a cambio de contratos. Casos Maquillaje y Can Domenge. BARTOMEU VICENS Ex secretario general de UM, exconseller de Mallorca y exdiputado balear Vicens ha sido condenado a cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversación de fondos públicos y prevaricación en la pasada legislatura (caso Son Oms). La juez cree que cobró comisiones de la constructora de Can Domenge. FRANCESC BUILS Exconseller de Turismo con el actual Govern Buils fue detenido en el caso Voltor, que investiga un supuesto fraude en el uso de fondos públicos en contratos hechos en esta legislatura. Fue el primer conseller de Turismo de Antich, y le sustituyó Nadal, que también fue detenido en el primer registro del Inestur. La socialista Joana Barceló ocupó su puesto. Además, está imputado el exdirector general de Promoción Turística Joan Sastre. DIARIO de IBIZA
ANUARIO 2010 | VIERNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2010 | 29 CORRUPCIÓN Supuestos amaños en puertos Imputados el expresidente de la Autoridad Portuaria de Balears Joan Verger, el actual director y el presidente del organismo, Francesc Triay, por amañar concursos M. C. La Fiscalía Anticorrupción investiga un presunto entramado político empresarial para amañar concursos en los puertos de Palma, Eivissa y Maó que ha dado como resultado la imputación del ex presidente de la Autoridad Portuaria de Balears Joan Verger (ocupó este cargo entre 2000 y 2007) y del actual director del organismo dependiente del Estado, Ángel Matías. Además, en el marco de la operación Mar Blau también se ha imputado al presidente de la APB, Francesc Triay, y al todavía entonces presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. A Verger y a Matías se les relaciona con la presunta manipulación del concurso público para explotar el club náutico de Maó, que fue concedido a la sociedad Trapsayates, un conglomerado empresarial dirigido por Díaz Ferrán (propietario entre 2006 y 2008 del Grupo Marsans), y en el que participa un antiguo socio de Verger, el máximo accionista de la sociedad IP3M, Juan Antonio Riutort. La Policía también interrogó en Madrid al responsable de Trapsayates, Gonzalo Pascual (socio de Díaz Ferrán), en calidad de imputado. La fiscalía anticorrupción sospecha que responsables de la APB se conchabaron con el Grupo Marsans para amañar al menos los concursos del Club Marítim de Maó y los amarres de Ibiza Nueva. El caso arrancó en 2008 a raíz de una denuncia del Club Marítim, que dio a conocer una grabación de una conversación en la que intervinieron Matías y Verger, y de la que se podría deducir que ambos habían pactado con Trapsayates para que cediera la concesión del Club de Maó a dicha entidad a cambio de otros valiosos amarres y de nuevas explotaciones en Palma y Eivissa, según los denunciantes. Verger se defendió diciendo que la concesión del club de Maó la otorgó su sucesor, Triay (PSOE), y negó haber amañado ningún concurso. Tanto la fiscalía anticorrupción como el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria investigan si la presunta trama de corrupción hizo elevados pagos en dinero negro por amarres y otros servicios portuarios. Trapsayates ha logrado codiciados y lucrativos servicios en los principales puertos de Balears en la última década. La portavoz del Govern balear, Joana Barceló, defendió la presunción de inocencia de Triay y señaló que el Ejecutivo no se plantea su relevo ya que no se han dictado medidas cautelares contra él. Arriba, Matías (izquierda) y Triay en Eivissa. Abajo, Verger (con gafas) con su abogado G. B. Investigan a un funcionario por apropiarse de 12.000 euros en gasoil EL FISCAL LE IMPUTA LOS DELITOS DE ESTAFA Y FALSEDAD. EL CONSELL DESCUBRE NUME- ROSAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE JESÚS GUASCH, EX SECRETARIO TÉCNICO El fiscal considera que Jesús Guasch, ex secretario técnico del área de Ciudadanía del Consell de Eivissa (un alto cargo), podría haber cometido los delitos de falsedad en documento oficial y estafa, ambos de manera continuada. El Consell presentó una denuncia contra este funcionario, que se encuentra suspendido a causa de una sentencia anterior a este caso, al detectar que se pudo apropiar de más de 12.000 euros mediante la compra de gasoil a cargo de la institución que en realidad empleó para uso propio. Además, la investigación del Consell ha desvelado otras irregularidades, como que el funcionario usó el nombre de un interno del centro de menores para pagar el gimnasio con fondos públicos, hecho que también se aportará a la causa. LOS TURBIOS MANEJOS DE UN FUNCIONARIO Nueve meses de cárcel por usurpar la identidad de una compañera para hacer una denuncia en la prensa El juzgado ya había condenado a nueve meses de prisión (que se sustituyeron por 3.240 euros) y una multa de 1.080 euros a Jesús Guasch por falsificar un documento público con el atenuante de confesión y arrepentimiento. El funcionario, que estará nueve meses inhabilitado para cualquier cargo, empleo o función en cualquier Administración, había impreso una copia del DNI de otra funcionaria, rellenó una instancia del Consell simulando la letra de su compañera e hizo constar sus datos de modo que pareciera que era la autora. Su fin era denunciar en Diario de Ibiza (mediante un e-mail que parecía que mandaba ella) el pago de gratificaciones a determinados funcionarios. Diario de Ibiza descubrió el engaño cuando comprobó la identidad de la firmante de la denuncia. La mujer denunció el caso, que acabó con la condena de Guasch. DIARIO de IBIZA
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