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ANUARIO 2010 | VIERNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2010 | 7
LA CAÍDA DE GPS TRABAJO
MOISÉS COPA
Ferré Cardó sale de los
juzgados acompañado por
agentes después
de haber prestado
declaración
tras su detención
LAS MEDIDAS
El Consell precinta varios hoteles
y los trabajadores salen a la calle
Centenares de trabajadores de GPS concentrados
frente a la sede del Consell
V. M.
El 1 de octubre, un fin de semana de gran ocupación hotelera
por la afluencia de turistas a las fiestas de cierre de
las discotecas, el Consell de Eivissa ejecutó el cierre forzoso
de tres hoteles de GPS (Panoramic, Tropical-Garden
y Atzaró). Este precinto obligó a desalojar a 493 clientes
que tuvieron que ser reubicados en otros establecimientos.
Sobre los hoteles precintados pesaban órdenes
de cierre desde hacía meses y algunos carecían de licencia
de apertura por diversas deficiencias en cocinas,
baños o aparcamientos. Los administradores judiciales
amenazaron con demandar a la institución por los perjuicios
económicos y de imagen que los cierres supusieron
para la cadena y animaron a sus empleados a participar
en la concentración que se llevó a cabo para protestar
por las medidas ejecutadas.
La plantilla de la cadena hotelera y también los sindicatos
arremetieron contra el Consell tras la advertencia
de los administradores de que los cierres les estaban abocando
a declarar la quiebra y presentar un expediente de
regulación de empleo. Mientras la empresa recurría los
precintos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
el conseller de Desarrollo Empresarial, Joan Serra Mayans,
se negaba a detener el proceso argumentando que,
de hacerlo, «estaría prevaricando». Cuando medio millar
de trabajadores se manifestaban ante la la sede de Consell,
Serra Mayans y el presidente, Xico Tarrés, se reunían
con los administradores y los sindicatos. Perelló, salió exultante
de aquel encuentro anunciando que los precintos
serían retirados, anuncio que los manifestantes recibieron
con júbilo antes de disolverse. El conseller explicaba
sin embargo que no se levantaría ningún precinto sin orden
judicial e instaba a la empresa a presentar nuevos recursos.
Anunciaba además posibles nuevos cierres y advertía
de que no podrán reabrir la próxima temporada los
hoteles que no hayan legalizado su situación antes de
abril. Los jueces desestimaron los recursos de GPS contra
los precintos, pero los administradores lograron que
el Consell garantizara ante los bancos que no entorpecería
la viabilidad de la empresa.
La cadena de Ferré debe acometer reformas en una
treintena de sus establecimientos y necesita al menos un
millón de euros para hacerlo, por lo que los administradores
han negociado con diferentes entidades para obtener
los 11 millones necesarios para obras, salarios, finiquitos,
alquileres y proveedores. En algunos de los establecimientos
ya han comenzado las mejoras y, aunque
no se sabe cuántos de ellos podrán volver a abrir en 2011,
la empresa es optimista y comerciliza playas para cualquiera
de ellos a través de su página web.
IMPLANTACIÓN
Hoteles de GPS en Eivissa
58
LA DEUDA
250
Son los millones de euros que debía el
Grupo Playa Sol tras la detención de Ferré.
PLANTILLA
1.500
Trabajadores de la cadena hotelera
de euros, un delito de fraude a la Seguridad Social
y otro contra los derechos de los trabajadores,
por haber sometido a empleados a condiciones
laborales ilegales. Fuentes relacionadas
con el caso advertían ya entonces de que, a
medida que avanzara la investigación, podrían
sumarse a estos delitos los de falsedad documental
y blanqueo de dinero.
Pinsach aceptó días después la petición de la
defensa y rebajó la fianza de responsabilidad civil
de 80 a 30 millones. Mientras, fuentes de la
investigación aseguraban que la deuda contraída
por el propietario de GPS con diversas entidades
bancarias asciende a 180 millones de euros,
una cantidad poco relevante si se tiene en
cuenta que desde 2001 el empresario había comprado
hoteles por valor de mil millones. La deuda
total de la empresa asciende a más de 250 millones,
según el gabinete jurídico contratado por
UGT. Uno de sus abogados, Manuel Pomar, afirmó
que el administrador había confirmado esta
deuda y había señalado que el activo de la empresa
sigue siendo superior al pasivo en 50 millones,
por lo que esta se considera viable. El principal
trabajo de los administradores durante este
año ha sido negociar créditos con las entidades
bancarias para pagar nóminas, finiquitos y reformas,
además de recurrir las órdenes de cierre
del Consell. Ahora falta por ver si en 2011 se materializa
la promesa de viabilidad.
DIARIO de IBIZA