Revista Pesca Junio 2014

¿EL FIN DE LA CIUDADANÍA PASIVA?
La actual etapa de desarrollo de la democracia representativa-delegativa
acompañada por una ciudadanía
pasiva y resignada –y todo lo más refunfuñadora en algunos
casos- está siendo cuestionada por tendencias de
activación ciudadana que pueden conducirnos a nuevos
escenarios políticos y culturales.
Por eso algunos miembros del “stablishment”, acostumbrados
a mandar, a beneficiarse de sus prevalencias y a
comportarse de acuerdo a principios clasistas y a patrones
pre modernos, se indignan ante las movilizaciones
de una ciudadanía activa. Sobre todo cuando les toca a
ellos directamente, o afecta a sus intereses.
En principio, los partidarios de una ciudadanía más activa,
madura y comprometida deberían estar contentos.
Pero esto no siempre es así. Lo cual es comprensible, ya
que políticamente es más cómodo trabajar con
una ciudadanía pasiva y distante -que traga con
carros y carretas-, que sólo se indigna en sus casas
cuando los representantes incumplen descaradamente
sus promesas y los programas electorales,
cuando no dan cuenta de nada a nadie,
cuando viven su actividad desde la distancia y
cuando dan ruedas de prensa sin preguntas (?) y
a veces incluso “sin prensa”, mediante circuitos
cerrados de televisión y otras ingeniosas modalidades
escamoteadoras.
Por esa vía la actual democracia se puede ver
abocada al deterioro y la deslegitimación, mientras
que el poder de facto es ocupado por grandes
intereses económicos, que no comparten ni
practican la lógica básica de la democracia, de la
comparecencia pública, de la transparencia, de la
rendición de cuentas, ni de la honradez política.
Algunos sectores de la actual élite política ni siquiera
pueden entender que se cuestionen determinadas maneras
de practicar la interpenetración entre los núcleos
de poder económico y político. ¿Por qué ciertas grandes
empresas y potentados no pueden financiar como quieran
a determinados partidos, si son “los suyos”? –
sostienen. ¿Por qué no obtener rendimientos y beneficios
(mutuos) de las relaciones políticas, si la lógica del
beneficio y de la competencia es lo propio del sistema
económico imperante? –inquieren. ¿Acaso tienen que
comportarse como unos tontos o unos ingenuos
“franciscanos”?
En los años en los que se puso de moda el famoso
“cobrador del frac” y otras versiones similares de
“presión social”, nadie reclamó, ni se indignó, ni pidió a
la policía que vigilara e identificaran a los que ejercían
tales procedimientos de presión social orientados a señalizar
y avergonzar a los incumplidores de las obligaciones
económicas. Sin embargo, ahora algunos sostienen
que lo que es legítimo, e incluso gracioso, para los
que no pagan sus deudas económicas, no es tolerable
en modo alguno para los que incumplen –o no pagansus
obligaciones y deudas políticas; aunque la presión
social se ejerza sin violencia alguna y con el adecuado
respeto hacia las personas y sus familias. Barreras estas
que una verdadera ciudadanía activa que quiera hacerse
merecedora de tal nombre no debiera franquear.
El problema de fondo es que algunos sectores de las
actuales élites políticas están tan imbuidos de la incuestionabilidad
de sus derechos originarios –“de cuna”- para
ejercer su poderío que no comprenden que se les
pueda cuestionar públicamente. El suyo es un comportamiento
tan netamente clasista y arrogante que no
aceptan ser objeto de una crítica pública abierta. Desde
luego, saben –porque no son tontos y siguen las encuestas-
que sus comportamientos merecen juicios críticos
y valoraciones cada vez más negativas por parte de
la opinión pública. Pero intentan que dicho cuestionamiento
permanezca circunscrito a la esfera privada y
que no trascienda a la calle. Lo cual refleja el carácter
privatista de sus concepciones políticas, que por esa vía
puede acabar situándose en las antípodas de la lógica
propia de una democracia de ciudadanos verdaderamente
libres e iguales. También iguales en la capacidad
de ser activos y poder manifestar públicamente lo que
Revista Pesca Mayo 2014 11