Los zarpazos del puma - Archivo Chile

Así fue hasta que, en 1985, la acción tenaz de la abogada Carmen Hertz logró que
todo explotara públicamente".
Dos años más tarde, el 87, le dijeron que era el último año para presentar la
querella por homicidio, ya que el delito prescribía a los quince años: "Decidí
presentarla en La Serena el mismo día, el 16 de octubre. Quería ver en el diario
"El Día" del 17 de octubre la noticia de la presentación de la querella, tal como ese
día de 1973 trajo la noticia de las ejecuciones. Me sentí tan aliviada cuando lo
hice. Me dije: Hilda, ahora descansa tranquila porque ya lo hiciste. Sé que hay
que seguir luchando, pero ya cumplí una parte importante de mi deber".
La versión de estas tres mujeres - una madre, una esposa y una hermana - nos
deja una pregunta resonando en la conciencia: ¿Por qué? ¿Por qué fue
necesario, para quienes aparecían ostentando todo el poder, matar a estos quince
prisioneros fuera de todo proceso legal? ¿Sólo fue un "escarmiento" para la
Izquierda de la zona? ¿O se requería endurecer aún más la mano militar de la
región?
La respuesta para el caso de La Serena había que buscarla con el comandante
Lapostol y el propio general Arellano.
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El general Sergio Arellano Stark - a través de su vocero autorizado - afirmó que
"en La Serena se habían dictado tres condenas a muerte para los prisioneros
Roberto Guzmán Santa Cruz, Manuel Marcarian y Carlos Alcayaga. Recuerdo
que mi padre, antes de partir al viaje al norte, comentó que esas condenas a
muerte eran lo más ingrato de su misión. El hecho es que él reconoce que no se
opuso a esas condenas a muerte porque en la redacción de las sentencias habían
participado auditores de Santiago y eran sentencias técnicamente bien hechas,
con catorce a quince consideraciones cada una".
De lo ocurrido en La Serena "el general Arellano, mi padre, se enteró sólo al volver
a Santiago. Más aún. Salió de La Serena sin dudar siquiera de que sólo serían
fusilados tres prisioneros. Ni siquiera se preocupó de si la sentencia se iba a
cumplir estando o no él en la ciudad. Un mínimo sentido político y práctico debió
indicarle que ordenara las ejecuciones después de su partida. No lo hizo".
Así - afirmó tajantemente el vocero autorizado del general Arellano - "no fue su
responsabilidad la ejecución de los otros doce presos. De ellos debe informar el
comandante Lapostol, autoridad en la zona al momento de los hechos, si bien
nosotros estimamos que no tuvo responsabilidad en lo ocurrido".
Cuando lo sucedido se hizo público - doce años más tarde - el abogado Sergio
Arellano Iturriaga buscó el texto de dicha sentencia en los archivos de la justicia
militar: "Me encontré con que, al final de la sentencia a muerte para esos tres, se
agregó algo así como "asimismo se condena a muerte..." y se pusieron doce
nombres más. Pero mi padre sólo vio el primer texto y yo vi el agregado que
pretendió arreglar el entuerto de la masacre. Además, a mano, quedó constancia
de que otra persona había muerto "al ofrecer resistencia" a un guardia. Ese
agregado tiene una "mosca" (un diminutivo de firma, ilegible) que impidió que
dicha sentencia, con tanto agregado, fuera firmada por el juez militar de La
Serena, el comandante Lapostol. Así, esa sentencia no se firmó jamás, quedó
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