Te quiero pero no

lo cierto es que no hay entre las municipalidades y Antamina
un diálogo sobre qué programas podrían aportar más al desarrollo
de la localidad. Por otro lado, la población opina que el
impacto de este tipo de programas es muy limitado, también
considerando la magnitud de la empresa.
En San Marcos, por ejemplo, como parte de los programas
de responsabilidad social de Antamina, funciona el Fundo Cochao,
destinado a mejorar la producción agrícola a través de la
experimentación genética. Este proyecto, sin embargo, no necesariamente
beneficia a muchos, pues no se comparten todavía
las semillas ni las técnicas y sólo se emplea a algunas familias
de la zona, a las que se les paga un jornal.
Frente al poco impacto de estos programas, surgió la Asociación
Ancash como otra iniciativa de Antamina para financiar
proyectos generados por la población. Muchos de estos proyectos
tuvieron su origen en Antamina, pero luego han ido desarrollándose
independientemente. La idea de la Asociación es ampliar
las fuentes de recursos, incorporando a otras empresas
que laboran en la región (de transporte, turismo, banca, seguros,
etc.), aunque por ahora Antamina genera el 80% de sus ingresos,
financiando cincuenta de los setenta proyectos que viene
desarrollando. El objetivo de la Asociación Ancash es convertirse
en una suerte de canalizadora de fondos para los proyectos
comunales, reforzando el compromiso de la empresa con los
diferentes sectores. Esta manera de intervención parece, por
ahora, dar mejores resultados y ser más aceptada por la población
que las anteriores. Sobre la manera como funciona, el director
de la Asociación, Alejandro Camino, manifiesta:
La comunidad solicita. Nosotros recibimos un promedio de quince
pedidos a la semana, básicamente trabajamos con las Mesas, pedimos
que ellas prioricen los proyectos y nosotros buscamos el financiamiento.
Una vez que hemos concretado el financiamiento, identificamos,
conjuntamente con los beneficiarios, quienes son los
potenciales operadores. Generalmente son ONG locales o universidades;
para el caso textil, empresas. Nosotros somos una especie
de fundación, pedimos los montos y hacemos una supervisión y
un monitoreo del proyecto. Nuestra función es básicamente agenciar
recursos para que estos proyectos se puedan llevar a cabo.
De otro lado, en el ámbito de la ejecución, los programas de
responsabilidad social suelen ser percibidos como ineficientes,
pues manejan una gran cantidad de recursos con escasos resultados.
Los proyectos generalmente son ejecutados por diversas
ONG, muchas veces creadas ad hoc y sin mayor trayectoria ni
conocimiento de la zona, por lo que llegan a enfrentarse con
los valores y costumbres de la población. Además, un proyecto
ejecutado por una institución que tan pronto como llega se
marcha, tiene pocas posibilidades de continuar, pues nadie le
hace un seguimiento ni lo fiscaliza. La ejecución de los proyectos
de responsabilidad social a través de las ONG demanda
una gran cantidad de recursos para gastos operativos y personal,
lo que genera una animadversión porque lo que se invierte es
poco y lo que ganan los operadores mucho. Esta forma de trabajo,
entonces, no parece ser la más adecuada.
Para coordinar la ejecución de estos proyectos, además, se
crean una serie de instancias y organismos muy poco independientes
de los entes ejecutores y con escasa representatividad
e institucionalidad. Este es el caso de los comités de medio
ambiente creados en los distritos de influencia de la mina, que
entre otras labores, dan el visto bueno a los reportes de contaminación,
los mismos que casi siempre son favorables a la empresa,
por lo que carecen de credibilidad y generan polémica.
Quizás el caso de los “reubicados” es el que más ilustra las
limitaciones de los programas sociales. Al inicio de sus actividades,
Antamina trasladó a la ciudad de San Marcos a cerca de
120 familias de Yanacancha y de otras comunidades de altura
de las provincias de San Marcos, Huachis y Chavín, que ocupaban
terrenos polimetálicos. Estas familias recibieron una suma
de dinero a cambio de su terreno pero, según convenios internacionales,
la empresa tiene la obligación de mantener o elevar
su nivel de vida. Para lograrlo, es indispensable apoyar y orientar
a los reubicados, más aún considerando que se trata de fa-
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