09.10 AL.pdf - AELE

ANÁLISIS LEGAL
Esta última frase ha causado cierto impacto en algunos profesionales
del derecho, pues creen, ver en ella un atisbo de posible revaluación
de la indemnización económica como medio resarcitorio
de la pérdida del empleo por decisión unilateral del empleador, como
lo consideraba y permitía el artículo 34º del TUO del Dec. Leg. Nº
728 –Ley de Productividad y Competitividad Laboral– (LPCL).
Como es sabido la posibilidad legal de despedir arbitrariamente
a un trabajador perdió toda fuerza con los pronunciamientos
del Tribunal Constitucional de fechas 11 de julio y 16 de setiembre
de 2002 (Expediente Nº 1124-2001-AA/TC) en el caso de la
empresa Telefónica S.A.A. en la que se dejó establecido que sólo
procede el despido de un trabajador por causa justa, resultando
así inaplicable el artículo 34º de la LPCL.
Tornando al contenido de la frase reproducida líneas arriba, en
la que de su lectura parece derivarse como razón válida para el
despido tanto la existencia de una «causa justa» como el otorgamiento
de una indemnización que habría que relacionarla
necesariamente con la determinada en el artículo 34º de la LPCL,
podría pensarse que el Tribunal Constitucional estaría volviendo
sobre sus pasos tratando de reexaminar el contenido de este
dispositivo, así como el de sus reiterados pronunciamientos que
desconocían la validez de la indemnización como medio de extinción
de la relación laboral por decisión unilateral del empleador,
salvo que se cuente con la aceptación voluntaria por parte
del trabajador.
¿Se trata sólo de una frase con contenido genérico de posibilidades
a la que faltó precisarla para evitar malos entendidos, o
revela, acaso, un posible o hipotético distanciamiento respecto
a interpretaciones del pasado que no se comparten necesariamente
en la actualidad
Por nuestra parte no creemos que se esté pretendiendo imponer
criterios revisorios. Sería necesario, de ser el caso, un desarrollo
más sostenido y fundamentado sobre las razones que motivarían
las variaciones por adoptarse.
1.2 Supuesta vulneración de los derechos de sindicación y huelga
La demanda considera que se afectan estos derechos especialmente
en cuanto la Ley Nº 29062 impide la reclamación salarial
referida a incrementos remunerativos, dado que éstos solo pueden
darse por ley.
Sobre este aspecto el Tribunal ha precisado que la Ley cuestionada
sólo establece los criterios sobre los que se debe fijar la
remuneración de acuerdo al nivel correspondiente, sin transgredir
el ejercicio del derecho de sindicación. Sin embargo, no
se hace referencia a lo que parece ser el objeto directo del reclamo,
pues éste está dirigido más a la negociación colectiva que
al derecho de sindicación.
En cambio, en lo referente a la supuesta eliminación de la licencia
sindical, el Tribunal precisa que en la norma cuestionada se
reconoce tal derecho (art. 61º, inciso a)), por lo que se desestimó
también este extremo de la demanda.
1.3 Sobre vulneración del derecho al debido proceso
La referencia a este tema incide sobre el proceso de evaluación
a que es sometido el profesor en el que dicen haberse eliminado
la participación del Sindicato al que pertenece el evaluado. Se
afectaría, así, el derecho constitucional al debido proceso (Art.
139º de la Constitución).
El Tribunal recuerda que este derecho no es exclusivo del campo
judicial sino que abarca a todo órgano público o privado que
ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales, las
mismas que deben comprender las garantías necesarias para que
dicho proceso pueda ser considerado justo.
Correspondiendo al Estado, a través del Ministerio de Educación,
ejercer las atribuciones constitucionales concerniente a la
política educativa, (Art. 16º de la Carta Magna), la conducción y
el desarrollo de la evaluación de los docentes, así como su capacitación,
no afecta al debido proceso, máxime teniendo en cuenta
que también intervienen los Gobiernos Regionales, coordinando
con las Unidades de Gestión Educativa Laboral (UGEL) que
son instancias de ejecución descentralizada del Gobierno Regional,
con autonomía en el ámbito de su competencia. Más
aún, en el proceso de evaluación participa también un Comité
de Evaluación integrado por profesores e, incluso, por representantes
de los padres de familia.
Esta pluralidad de instituciones e instancias en el proceso de
evaluación docente garantizan dicho proceso, por lo que quedó
desestimado este extremo de la demanda.
1.4 Sobre la presunción de inocencia y su protección constitucional
El artículo 2º de la Constitución en el ordinal «e» de su inciso 24
se refiere a este derecho fundamental: «Toda persona es considerada
inocente mientras no se haya declarado judicialmente
su responsabilidad».
La demanda, que incide sobre este particular, cuestiona el requisito
referido a "no estar incurso en proceso penal por delito
doloso para postular a la Carrera Pública Magisterial", ya que
debe presumirse la inocencia del postulante a profesor, «mientras
no se haya probado su culpabilidad conforme a ley y en
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa», tal como lo exige el artículo
11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Tribunal Constitucional al examinar este extremo de la acción
de inconstitucionalidad de la Ley Nº 29062, reitera que esta presunción
es «iuris tantum» es decir puede ser desvirtuada o destruida
mediante una mínima actividad probatoria, lo que le otorga
sólo un carácter relativo. Como consecuencia de ello, las
medidas restrictivas de este derecho se justifican si resultan razonables
y proporcionales al fin que se busca lograr o proteger.
En esta línea de acción se encuentran justificadas las disposiciones
de no permitir el ingreso a la Carrera Pública Magisterial a
quienes están incursos en proceso penal por delito doloso. El
acceso a estas funciones debe encontrarse garantizado por tratarse
de una función pública que debe desarrollarse conforme a
los requisitos que el legislador ha establecido y cuya validez está
condicionada a su constitucionalidad, pues lo que se pretende
lograr es la eficiencia plena en la prestación del servicio público
esencial y especial de la educación, sobre todo cuando se trata de
niños y adolescentes a quienes el Estado debe proteger, requiriéndose
para ello de profesores con una conducta idónea.
Esta restricción no significa que se esté adelantando opinión
ANÁLISIS LABORAL / OCTUBRE 2009 33