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especto a la culpabilidad del imputado; constituye sólo una
restricción temporal hasta que se dicte sentencia.
Por todo lo expuesto se consideró que el cuestionamiento hecho
por los demandantes no permite ser calificado como vulneratorio
del derecho a la presunción de inocencia.
1.4.1 Fundamentos expresados por el Magistrado Calle Hayen.-
Las particularidades de los argumentos de este magistrado
inciden sobre los siguientes aspectos relacionados con la presunción
de inocencia:
– El legislador debe propender a que los derechos fundamentales
de la persona gocen de eficacia plena, prohibiéndose
intervenir en ellos sin un fundamento constitucionalmente
admisible que guarde la proporcionalidad debida. La ingerencia
del legislador en este caso, es calificado como «grave»
al impedir el acceso a la carrera pública magisterial a quienes
solo se encuentran sometidos a un proceso judicial por delito
doloso sin haberse aún emitido sentencia firme.
– Si bien lo que pretende la ley es la eficiencia plena en la prestación
del servicio que permita el desarrollo integral de la persona
humana (niño y adolescente), es necesario aplicar también el
examen de idoneidad de la limitación interpuesta por la ley.
El magistrado Calle no está de acuerdo con el carácter restrictivo
impuesto, considerando inadmisible y, por tanto inconstitucional
este extremo de la demanda, referido al artículo 11.d
de la Ley Nº 29062.
– En cambio, le parecería razonable y aceptable si la restricción
estuviera estructurada sólo para proteger a los niños y
adolescentes de cualquier supuesto de abuso sexual que generaría
afectaciones físicas y sicológicas gravísimas a las víctimas
y al entorno familiar.
Como puede apreciarse, el tema se presta a largas discusiones,
pues si nos ponemos a examinar la diversidad de posibilidades
delictuosas, encontraríamos suficientes razones para adherirnos
a las restricciones sobre más de una de ellas.
1.5 Sobre la vulneración de derechos adquiridos y del derecho
al trabajo
Este aspecto de la sentencia del Tribunal Constitucional resulta
de particular interés pues en él se ratifica que nuestro ordenamiento
jurídico se rige bajo la teoría de los "hechos cumplidos"
(excepto en materia penal cuando favorece al reo). Sobre esta
base la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas
existentes (Constitución: art. 103º).
En cambio, la teoría de los «derechos adquiridos» tiene una aplicación
excepcional y restringida: únicamente en los casos que
de manera expresa señala la Constitución. En consecuencia, las
disposiciones relativas a asignaciones, subsidios y compensaciones
que estuvieron vigentes bajo la Ley del Profesorado –Ley Nº
24029– quedaron derogadas al entrar en vigencia la Ley Nº 29062
que las dejó sin efecto, teniéndose en cuenta, además, que no
hubo «desconocimiento de derechos» sino únicamente variación
en el monto de las asignaciones, subsidios y compensaciones,
lo cual no resulta contrario a las normas jurídicas ni a la
Constitución. Consecuentemente, se desestimó también este
extremo de la demanda.
1.6 Sobre la vulneración del derecho a la igualdad
Los demandantes cuestionan la causal de "cese por excedencia"
motivada en el hecho de no haber aprobado la evaluación, situación
que no se da respecto a los demás trabajadores estatales,
máxime cuando los despedidos no podrán reingresar al servicio
educativo, ni ser contratados por cinco años en otras reparticiones
públicas.
El Tribunal Constitucional considera que el derecho a la igualdad
es un derecho fundamental de carácter subjetivo, oponible
a un destinatario en concreto.
Su correlato es la prohibición de discriminación. La «igualdad»
se considera resguardada si se dan dos requisitos:
a) Paridad, uniformidad y exactitud de otorgamiento de derechos
ante situaciones semejantes.
b) Paridad, uniformidad y exactitud de trato aplicable a personas
sujetas a idénticas circunstancias y condiciones.
Todo ello se resume en el hecho de no sufrir discriminación alguna,
es decir a no ser tratado de manera dispar respecto a quienes
se encuentran en una misma situación, salvo que exista una justificación
objetiva y razonable para esta diferencia de trato.
Analizando la situación referida al retiro de los profesores de la
Carrera Pública cuando no aprueban la evaluación, se explica
en razón de la idoneidad que exige el servicio educativo y de la
norma constitucional que obliga al Estado a la evaluación permanente
del docente (art. 15º). Además, no se da tampoco una
situación de desigualdad respecto a los demás servidores públicos,
pues éstos también se encuentran sujetos a evaluación y a
sus consecuencias cuando no la aprueban. Se rechazó también
este aspecto de la demanda.
2. CONCLUSIONES
1. Se declaró INFUNDADA la totalidad de la demanda con la
firma de los siete integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional.
2. Al sintetizar los aspectos laborales más relevantes del pronunciamiento
del Tribunal, hemos querido insistir sobre todo
en aquellos temas tales como el derecho al trabajo y a la
estabilidad; al contenido del debido proceso que pretenda establecer
el empleador para implementar las medidas que considere
necesarias en el centro de trabajo y que pueda afectar de
alguna manera determinados derechos de los trabajadores; los
alcances respecto a la presunción de inocencia y su posible afectación
en cuanto a las limitaciones que se traten de imponer
para alcanzar alguna determinada situación laboral; la aplicación
restrictiva de la teoría de los derechos adquiridos y la vigencia
plena de la correspondiente a los hechos cumplidos y,
finalmente, sobre el derecho a la igualdad ligado esencialmente
a la prohibición de cualquier acto discriminatorio.
Todos estos derechos fundamentales deben ser tenidos muy presentes
en el diario quehacer laboral. Las directivas recogidas de
este pronunciamiento del Tribunal Constitucional nos sirven de
guía para su mejor aplicación. De allí su importancia.
34 OCTUBRE 2009 / ANÁLISIS LEGAL