leer - Red por los derechos de la infancia

Introducción
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Tenemos que trabajar con la utopía positiva en el sentido
de que la mejor institución para la privación de la libertad
es aquella que no existe, y que la mejor sociedad es aquella
que supera la necesidad de construir conflictos sociales
que pueden resolverse por otras vías. 1
1. El 12 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo
18 constitucional, por la cual se instruye a la federación, los estados y el Distrito Federal a establecer,
en el ámbito de sus competencias, un sistema integral de justicia aplicable a quienes tengan entre
12 años cumplidos y menos de 18, y se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito
por las leyes penales. Este sistema debe garantizar los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para todo individuo, así como aquellos
derechos específicos que, por su condición de personas en desarrollo, les han sido reconocidos. 2
2. El sistema de justicia penal para adolescentes es una jurisdicción que implementa un sistema
de responsabilidad limitada hacia este sector de la población, de tal forma que las medidas que le son
impuestas, sean apreciadas como la consecuencia jurídica de la comisión de algunas conductas previstas
en la ley penal como delito. Evidentemente, no se trata de que dichas medidas sean entendidas
como un castigo sin más, sino que con ellas se pretende que la o el adolescente asuma la responsabilidad
de sus actos y pueda reinsertarse a la comunidad cuyas normas mínimas de convivencia ha infringido
con su conducta, enmarcándose este propósito en el contexto del principio de legalidad y en estricto
apego a las normas del debido proceso.
3. Una justicia especializada para niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal ha sido
una larga lucha nacional e internacional dirigida a garantizar el reconocimiento y respeto de sus derechos,
y a reafirmarles como sujetos de todos los derechos y como responsables de sus actos. En México
esta lucha empezó a materializarse con la reforma al artículo 4º de la CPEUM publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de abril de 2000, 3 la cual reconoció a las niñas y los niños como sujetos de
derechos, dejando atrás la concepción de que ellas y ellos son individuos pasivos que no pueden asumir
la responsabilidad de sus actos.
4. Analizar históricamente los sistemas aplicados a la población menor de edad que ha cometido
conductas tipificadas como delitos en las legislaciones penales, permite entender la necesidad de implementar
un sistema de justicia penal para adolescentes con una visión integral. 4
1 Emilio García Méndez, Infancia-adolescencia. De los derechos y de la justicia (serie Doctrina Jurídica Contemporánea núm. 7), México,
Unicef/Ediciones Fontamara, 2007, pp. 89.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo 18.
3 Véase .
4 La relatoría sobre estos tres sistemas ha sido tomada de la siguiente bibliografía: Emilio García Méndez, Infancia-adolescencia. De los derechos
y de la justicia, op. cit., pp. 6-7; Gustavo González Ferrari, “El origen, desarrollo y crisis del sistema tutelar de menores en América
Latina” en Justicia para Adolescentes. Memoria del Foro Regional de Justicia para Adolescentes, Fortalecimiento y Modernización de la
Administración de Justicia en México, Programa de Cooperación Unión Europea-México, México, Procuraduría General de la República
(PGR), 2006, pp. 15-25; Luis González Plascencia, La política criminal en materia de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal
en México, Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia en México, Programa de Cooperación Europea-México,
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), pp. 13-62; Luis González Plascencia, intervención en la mesa redonda Justicia
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal