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Informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal 2008-2009
penales, se respete a su favor el principio de presunción de inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley, se le brinde la información sin demora acerca de los cargos que pesan en su
contra, y también se ponga a su disposición asistencia jurídica para la preparación y presentación de
su defensa.
60. Algunos lineamientos a considerar respecto de las personas menores de edad en conflicto con
la ley penal son los establecidos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), 30 en las cuales se instruye que la respuesta del Estado debe
ser proporcional, tanto a las circunstancias externas de la infracción o falta, como a la situación personal
de quien la cometió y que de haber una limitación a la libertad de la niña o el niño, ésta debe ser
por el plazo más breve y posterior a un estudio detallado del caso. La privación de la libertad solamente
debe aplicarse en la comisión de conductas delictivas graves, y no se les podrán imponer penas que
atenten contra su integridad física y psicológica.
61. Considerando que el principio rector para la privación de la libertad a las personas menores de
edad es que la detención debe ser por un tiempo mínimo y sólo a propósito de la comisión de conductas
graves, las Reglas de Beijing proponen una lista de medidas alternativas a la privación de la libertad
para delitos no graves; algunas de ellas son: la libertad vigilada, las sanciones económicas y las órdenes
relativas a hogares de guarda. En cualquiera de los casos, la supervisión de los padres estará presente a
menos que se considere que afecta el interés superior de la persona menor de edad.
62. En el ámbito del derecho al debido proceso existe un grupo de afirmaciones encaminadas a proteger
a las y los adolescentes en el proceso para dilucidar si cometieron un acto delictivo. Estos derechos
son los siguientes: el derecho a la defensa, la garantía de información sobre el estado en que se encuentra
su proceso, el derecho a ser escuchado, la garantía de abstenerse a declarar o de no autoincriminarse,
la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder,
a la presencia de los padres o tutores en el proceso, 31 a la confrontación de testigos y a interrogarles, así
como al derecho de apelación ante una autoridad judicial superior. 32
63. Además, las personas menores de edad tienen derecho a ser oídas y a que toda declaración que
realicen ante una autoridad investigadora o judicial se sujete a estrictas medidas de protección y, además,
a entender el idioma utilizado –de lo contrario contarán con la asistencia gratuita de un intérprete–
y a que se garantice en todas las fases del procedimiento el respeto a su vida privada.
64. El derecho de audiencia también se consagra en los instrumentos internacionales para que la o
el adolescente sea oído en todas las etapas del proceso y su opinión sea considerada al momento de dictarse
las determinaciones que afectan su esfera jurídica.
65. Finalmente, no puede dejarse de lado el derecho a no autoincriminarse, es decir, el derecho de
la niña, niño o adolescente a abstenerse de admitir la responsabilidad por el delito que se le imputa, lo
que contribuye a evitar que la autoridad fiscalizadora incurra en actos de coerción para obligarlo a con-
30 Regla núm. 17.
31 En las Reglas de Beijing se señala que para la etapa de la investigación y el proceso, es necesaria la notificación de inmediato (o tan pronto
sea posible) a los padres o tutores respecto de la detención de un niño, niña o adolescente; una vez detenido o detenida, es responsabilidad
de la o el juez considerar la viabilidad de liberarle sin demora.
32 CDN, op. cit.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal