leer - Red por los derechos de la infancia

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c) Cursos o programas de orientación, y
d) Cualquier otro que contribuya a la reintegración social de la persona adolescente.
139. Dichas medidas son de corte terapéutico y, por ende, difícilmente evaluables en cuanto a su
efectividad en los resultados; algunas son punitivas como el caso de la obligación de matricularse. Conforme
a los principios de justicia restaurativa, ni las medidas terapéuticas ni las punitivas son adecuadas
para lograr el desarrollo de una persona adolescente, pues se corre el riesgo de asumir que los sistemas
de justicia deben “corregir” a la persona, en vez de sancionar una conducta. En lo que a medidas punitivas
se refiere, es indispensable recordar que los derechos no deben ser convertidos en obligaciones,
como parece plantearlo la LJADF al pretender que las y los adolescentes que han cometido un delito completen
su educación básica. El análisis de las medidas de tratamiento se incluye en el siguiente capítulo
de este informe.
140. Un factor muy importante que contribuye a la formación educativa de la o el adolescente se
vincula con el derecho a estar informado sobre el avance de su proceso. Este conocimiento le permitirá
comprender el motivo y sentido de cada una de las diligencias que se practican ante el Ministerio
Público y los Juzgados. Asimismo, puede generar en la o el adolescente una conciencia de responsabilidad
que le permita reconocer que cada una de sus acciones traerá consecuencias para sí mismo, su
familia, su comunidad y la sociedad en la que vive, así como la responsabilidad que podría asumir con
las autoridades del Estado. 70
Análisis de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal
141. Aunado a lo anterior, la persona adolescente en conflicto con la ley penal también aprenderá que
el derecho a estar informado es una garantía que obrará a su favor como habitante de nuestro Estado,
y que en caso de llegar a ejercer en el futuro una actividad en el servicio público, tendrá la obligación
de informar sobre sus actuaciones.
142. En la LJADF, el derecho a la información sobre el estado de su proceso solamente está señalado
en los siguientes casos:
a) Artículo 11, fracción VI, cuando la persona adolescente no sepa leer ni escribir;
b) Artículo 31, fracción III, la o el juez deberá informar a la o el adolescente sobre sus garantías
y derechos en el proceso; es de suponerse que para entonces la persona que ejerce su
defensa ya le informó al respecto;
c) Artículo 111, la autoridad ejecutora está obligada a informar a las y los adolescentes, así
como a sus familiares o representantes, los avances en la aplicación del programa de ejecución
de la medida, y
d) Artículo 124, la autoridad ejecutora está obligada a informar a los padres, tutores o quien
ejerza la patria potestad, todo lo relacionado con el proceso de reintegración de la persona
adolescente.
4. Reinserción de la o el adolescente a su comunidad
143. Consiste en el propósito final para el cual ha sido creado el sistema integral de justicia para adolescentes:
las personas que se encuentran en un Programa Personalizado de Ejecución de Medidas deberán
regresar a la comunidad en la cual se desarrollaron.
70 Miguel Ángel Soriano Bautista, El proceso readaptatorio para los adolescentes, Paraguay, Editorial Guaraní, 2004, p. 73.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal