leer - Red por los derechos de la infancia

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172. Por su parte, el artículo 59 de dicha normatividad privilegia la aplicación de medidas en el régimen
de libertad sobre las medidas privativas de ésta. Sin embargo, la LJADF no proporciona muchas
alternativas al proceso penal, a excepción de la conciliación en caso que los delitos no sean calificados
como graves, por lo que actualmente no es posible aplicar este principio de manera amplia.
10. Celeridad procesal y flexibilidad
173. Este principio exige que todos los procesos donde se juzga la comisión de un probable delito
se realicen con rapidez.
174. Con el propósito de evitar que los juicios se prolonguen, este lineamiento exige que la ley establezca
un tiempo para que se defina la duración máxima del proceso.
175. La LJADF instruye en el artículo 11, fracción XV, que las y los adolescentes en conflicto con la
ley penal deben ser juzgados en un tiempo máximo de cuatro meses si se trata de una conducta calificada
como grave. Esta ley también incluye un criterio de flexibilidad, permitiendo que la persona adolescente
a quien se atribuye un hecho delictivo y su defensa renuncien al plazo de cuatro meses si así
conviene a esta última, para lo cual tendrán derecho a un término mayor que no excederá de seis meses.
Análisis de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal
11. Proporcionalidad y racionalidad de la medida
176. Este principio implica que las medidas restrictivas de derechos que se impongan a las y los adolescentes
en conflicto con la ley penal deben corresponder a la conducta y la gravedad del daño ocasionado,
para tener como fin la reintegración social y familiar de la o el adolescente, así como el pleno
desarrollo de su persona y sus capacidades.
177. La LJADF señala en el artículo 32, fracción XII, inciso b), la obligación de la autoridad judicial
para que al momento de imponer una medida, ésta sea proporcional a las circunstancias y gravedad de
la conducta realizada. Indica que para su individualización se deben tomar en cuenta la edad y las necesidades
particulares de la persona adolescente a quien se dirige.
178. Otro aspecto que cobra vital importancia es que esta ley exige que al considerar la imposición
de una medida, la o el juez deba contemplar la posibilidad real de que se cumpla.
179. El principio de proporcionalidad y racionalidad no se reduce únicamente a la imposición de
medidas; el artículo 112 de la LJADF también instruye que si durante la ejecución de una medida es
procedente imponer una acción disciplinaria, ésta debe ser proporcional a la falta cometida, y se elegirá
la que sea menos perjudicial para la persona adolescente.
180. Sin embargo, en el artículo 31, fracción XXVI, de la LJADF se establece que para la individualización
de la medida, la o el juez impondrá la de mayor gravedad que corresponda de entre aquellas que,
de acuerdo con la conducta y la edad de la o el adolescente, pueda imponer y fijará, en caso de considerarlo
procedente, hasta dos medidas de menor gravedad que puedan cumplirse simultáneamente como
alternativa a la primera, previa aprobación de un programa de rehabilitación. En todos los casos la o
el juez resolverá sobre la reparación del daño.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal