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Informe especial sobre el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal 2008-2009
artículo 18 de la Constitución, haciendo las siguientes recomendaciones al Estado mexicano, las cuales
podemos resumir como los ejes rectores del sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley
penal a nivel nacional y, por consecuencia, en el Distrito Federal:
a) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los Estados apliquen con carácter
prioritario el artículo 18 revisado de la Constitución;
b) Vele por que se garantice el debido proceso, incluida la audiencia ante una o un juez, antes
de aplicar la privación de la libertad;
c) Considere, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución (que establece
los 14 años como edad mínima para la privación de la libertad), la posibilidad de elevar
la edad mínima de responsabilidad al mismo nivel;
d) Vele por que las personas menores de 18 años no sean sentenciadas como personas adultas;
e) Busque y ponga en práctica alternativas a la detención preventiva y otras formas de detención
a fin de garantizar que la privación de la libertad se aplique efectivamente como medida
de último recurso por el periodo más corto posible;
f) Elabore y aplique programas educativos y sociales adecuados y establezca disposiciones adecuadas
para las personas menores de edad delincuentes (sic), en particular la mediación y
el servicio a la comunidad;
g) Realice un estudio exhaustivo de las condiciones de privación de la libertad y adopte las
medidas necesarias para mejorar considerablemente las condiciones de vida de las personas
menores privadas de su libertad;
h) Continúe y refuerce los programas de capacitación sobre la Convención y otras normas pertinentes
dirigidos a las y los responsables de la administración de la justicia de personas
menores;
i) Solicite asistencia a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Grupo
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Justicia de Menores, a instituciones regionales
y a la Unicef, entre otros organismos.
98. A manera de conclusión es importante recalcar la coincidencia entre la legislación internacional
en materia de derechos humanos para adolescentes en conflicto con la ley penal como la propia Constitución
mexicana, en cuanto a que la medida preventiva de la privación de la libertad así como la imposición
definitiva de esta sanción deben ser utilizadas como último recurso y sólo para casos extremos.
99. Asimismo, podemos afirmar que, si bien la legislación es perfectible, el marco jurídico en materia
de justicia especializada para adolescentes señala aportaciones importantes para la atención de esta
población. Tanto por la reforma de los artículos 4º y 18 constitucionales, como por la basta y detallada
legislación nacional que proviene de fuentes internacionales, especialmente por la Convención sobre los
Derechos del Niño y los tratados internacionales, así como las opiniones generales y consultivas de los órganos
que emanan de dichos tratados, se han dado a la tarea de profundizar en la importancia de dar derechos
a las personas adolescentes en conflicto con la ley penal, en el marco de un sistema integral que se
basa en la dignidad de las personas menores de 18 años, dignidad que sigue presente aunque sean señalados
o se compruebe que han cometido ilícitos penales que los conflictúan con la ley; por ello más que
intentar “protegerlos” con medidas tradicionales privativas de la libertad y represivas, deben garantizarse
sus derechos en un esquema en el que ellas y ellos mismos aprenderán a conducirse con responsabilidad
en torno a sus propios actos y a respetar los derechos de las demás personas que les rodean.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal