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un régimen de confidencialidad; a recibir información sobre las etapas del proceso; a que sus padres,
tutores o quienes ejerzan la patria potestad estén presentes en todas las diligencias; a que no se divulguen
las identidades de las partes en el proceso; a recibir la asistencia de una o un intérprete en caso
de que no hable el idioma; a recibir asistencia en caso de no saber leer ni escribir; a que la carga de la
prueba sea para el Ministerio Público, y a ser juzgada o juzgado antes de los cuatro meses.
161. El artículo 12 de la LJADF establece el derecho a una o un juez natural, especializado para conocer
de casos sobre justicia para adolescentes, imparcial e independiente, lo cual implica que ninguna
persona menor de 18 años y mayor de 14 podrá ser juzgada o condenada sino por los tribunales especializados
previamente establecidos. El juzgamiento y la decisión respecto a las conductas tipificadas
como delitos cometidos por las y los adolescentes se llevarán a cabo por jueces pertenecientes al órgano
judicial y sus actuaciones y resoluciones serán conforme a la ley.
162. Además, se explicita el derecho de las y los adolescentes a ser tratados con dignidad y respeto; a
recibir correspondencia; a recibir el cuidado y atenciones especiales cuando presenten algún tipo de discapacidad;
a que conozcan el nombre, cargo y función de las y los servidores públicos que intervengan
en el desarrollo de cada diligencia o actuación; a recibir la visita conyugal cuando estén emancipados; a
recibir la educación básica obligatoria, incluyendo también educación media y capacitación sobre un
arte, oficio o profesión.
Análisis de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal
163. Sin embargo, el hecho de que no se haya prescrito el proceso oral para todos los casos, y que
el artículo 32 de la LJADF permita la vigencia de un proceso escrito para los actos delictivos calificados
como graves, vulnera el derecho al debido proceso porque impide el desarrollo del principio de inmediatez
en el cual las y los jueces deberán presenciar y presidir personalmente las audiencias que le servirán
para obtener información relevante para la decisión que se tomará sobre el caso. Asimismo, vulnera
el principio de contradicción, toda vez que al analizar el artículo en mención se observa que no se permite
a la o el adolescente imputado interrogar a la o el perito o a la o el testigo de cargo, con el fin de
poder desvirtuar la acusación que hay en su contra.
164. Por otro lado, el que una persona adolescente tenga conflictos con la ley penal, no es pretexto
para que se vulnere su derecho al honor y la dignidad, así como a la privacidad y la confidencialidad,
por ello se debe respetar su vida privada y no difundirse por ningún medio algún dato relacionado con
su identidad. El artículo 22 de la LJADF prohíbe estrictamente a las personas que trabajen los expedientes
relacionados con el proceso, divulgar cualquier información relacionada con los datos personales de
las y los adolescentes.
165. Existe un derecho que no está considerado ampliamente en la LJADF y que es el de la publicidad,
el cual está encaminado a que exista un control ciudadano en el trabajo que realizan las instituciones
a cargo del sistema de justicia para adolescentes, con el único propósito de velar por que los
procedimientos se lleven a cabo conforme a derecho y de manera respetuosa de los derechos fundamentales
de las y los adolescentes. Esta garantía está restringida por el límite inquebrantable de resguardar
la confidencialidad de los datos personales sobre las y los jóvenes involucrados en esos procedimientos.
166. La única referencia se encuentra en el último párrafo del artículo 11 de la LJADF, al señalar que
las autoridades del sistema de justicia para adolescentes están obligadas a presentar información con
fines estadísticos respetando la privacidad de los datos sobre las y los adolescentes.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal