leer - Red por los derechos de la infancia

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11. Por los criterios aquí definidos, se puede observar que la justicia para las personas menores de
edad era completamente independiente del sistema de justicia penal para las y los adultos, quedando
en manos del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial.
12. El segundo modelo surgió en 1989 a raíz de la aprobación de la Convención sobre los Derechos
del Niño, que entró en vigor en nuestro país en 1990, constituyendo un primer paso hacia el garantismo.
A raíz de que esta Convención estipuló los derechos universales y fundamentales de la infancia, se
instituyó la obligación a los órganos estatales para que en sus decisiones de política pública e impartición
de justicia tomara en cuenta el interés superior de niñas, niños y adolescentes, aunado a que la controversia
de índole penal debía ser dirimida por una autoridad u órgano judicial competente, independiente
e imparcial.
Introducción
13. Con este proyecto se buscó poner énfasis en devolver a las personas menores de edad los derechos
y las garantías que el anterior sistema les había privado, lo que dio lugar al sistema ecléctico, que
combinó ambos esquemas. Sin embargo, a las y los adolescentes en conflicto con la ley penal se les consideraba
todavía como inimputables y a los delitos no se le concebía como tales, sino como faltas administrativas,
que en las personas adultas sí constituían delitos.
14. Para determinar la sanción, surgió la figura del consejero quien no aplicaba penas, sino medidas
de seguridad, previa acreditación de que la persona adolescente representaba un peligro potencial
para la sociedad. Actualmente esas medidas de seguridad incluyen elementos educativos pero permanecen
los elementos de castigo; existen límites máximos para la duración de las sanciones, aunque todavía
no son proporcionales a la falta cometida.
15. En cuanto al proceso para la imposición de medidas, ya existía un procedimiento formal para
establecer si se había cometido o no la falta administrativa, junto con el derecho a la defensa a favor de
la persona adolescente en conflicto con la ley penal, pero existía la desventaja de que a la o el imputado
se le dejaba la carga de la prueba para acreditar su inocencia, siendo éste un modelo inquisitorial.
16. Al igual que en el anterior modelo, no existía ningún mandato constitucional que fijara los
límites a la edad penal, por ello permanecía el criterio general de establecer como máximo los 18 años
de edad, pero existía la libertad de disminuir el rango por parte de algunas entidades federativas;
asimismo, también permanecía la dependencia del Consejo al Poder Ejecutivo con independencia del
Poder Judicial.
17. El tercer modelo llegó a Latinoamérica con el nuevo siglo, en el marco de una corriente doctrinal
denominada modelo garantista que buscaba la aplicación más estricta de la Convención sobre los Derechos
del Niño a través de la protección integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
18. En México entró en vigor con la reforma al artículo 18 constitucional publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005. La reforma del artículo 4° de la Constitución publicada
el 7 de abril de 2000 es un antecedente de la protección integral de la infancia y de la adolescencia
porque establece como responsabilidad del Estado el satisfacer las necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento. En materia de proceso penal, la reforma constitucional de 2008
al artículo 20 ordena que éste será acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción,
concentración, continuidad e inmediación.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal