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Derecho empresarial Mercantil
Íker Berges Angós. Abogado
ikerberges@gmail.com
Derecho empresarial Laboral
Vanesa Layed Gómez. Abogada
despacho@ilexabogados.com
La Ley de Segunda Oportunidad: tramitación
Cotizar por el oficio más viejo del mundo
Si en números anteriores analizábamos,
desde una vertiente crítica, la
dificultad de que los empresarios
personas físicas pudiesen verse
beneficiados por la Ley de Segunda Oportunidad,
en el presente artículo vamos a explicar
el procedimiento que un trabajador autónomo
deberá llevar cabo y las condiciones
y requisitos que deberá cumplir para que le
pueda ser aplicada esta nueva normativa.
Es preciso recordar que este instrumento,
creado por el Real Decreto Ley 1/2015 de
27 de febrero, de mecanismos de segunda
oportunidad, reducción de carga financiera y
otras medidas de orden social, surge como
una tabla de salvación para las personas
físicas que se encuentran en situación de
insolvencia y cuyo patrimonio ha sido totalmente
liquidador y ejecutado por lo que
no tiene ningún bien o derecho con el que
hacer pago a los acreedores que no hayan
visto satisfecho su crédito con la realización
patrimonial señalada.
Pues bien, a través de la Segunda Oportunidad
se pretende que las deudas que no
hayan sido satisfechas con la realización del
patrimonio se extingan, con determinadas
excepciones, para que el deudor no se vea
abocado a no volver a participar en el mercado
o actuar en el ámbito de la economía sumergida
ya que, en base a lo establecido en
el artículo 1.911 del Código Civil, los deudores
responden con su patrimonio presente
y futuro hasta la satisfacción de las deudas
que mantenga.
Así pues, teniendo en cuenta que solamente
se podrán acoger a este mecanismo las personas
naturales y no las empresas, se podrá
declarar la exoneración de las deudas pendientes
co-
rrespondientes a
créditos ordinarios y
subor-
dinados, con
la ex-
cepción
de
l o s
créditos
de las
administraciones
pú- blicas y los relativos a
alimentos, tras un procedimiento concursal
a quien se declare deudor de buena
fe.
Existen dos posibilidades de cumplir con
los requisitos de la buena fe exigidos y, por
un lado, se determinará dicha condición
cuando el Concurso de Acreedores haya sido
declarado fortuito, el deudor no haya sido
condenado por algún delito económico y se
hayan abonado los créditos contra la masa,
los privilegiados y una cuarta parte de los
ordinarios en el caso de que no se hubiese
intentado un Acuerdo Extrajudicial de Pagos.
Por otro lado, la Ley Concursal determina
que será declarado deudor de buena
fe, de forma alternativa a la anterior,
quien acepte someterse a un plan
de pagos, no haya incumplido el
deber de colaboración durante
la tramitación del Concurso de
Acreedores, no se haya acogido
a este privilegio en los diez últimos
años, no haya rechazado
una oferta de empleo adecuada
a sus aptitudes en los últimos
cuatro años y acepte inscribir la solicitud
en el Registro Público
Concursal.
Es preciso tener en cuenta que cuando
una persona natural tenga un inmueble y
vea cómo es ejecutado, si el precio obtenido
no cubre la totalidad de la deuda, la
parte restante no satisfecha será considerada,
salvo que legalmente se le otorgue
otra calificación, como crédito ordinario
que, tal y como se ha comentado, podrá
ser exonerado.
Por último, recordar que las críticas más
importantes a esta nueva regulación vienen
por la imposibilidad de que la exoneración
de deudas sea aplicable a los créditos
de derecho público para cuyo pago, junto
con el de las otras deudas no exonerables,
la ley establece un máximo de cinco años a
menos que tengan un plazo de vencimiento
superior.
En definitiva, se puede comprobar que
existen importantes exigencias para poder
acogerse a este mecanismo pero que, caso
de cumplir con todas y cada una de ellas, el
beneficio que se puede obtener es colosal
puesto que va a permitir, al deudor que se
vea exonerado de las deudas, volver a participar
en la vida económica sin ningún tipo
de limitación lo que, tal y como se denomina
en la norma que lo introduce, va a otorgar
una segunda oportunidad a quien en
la primera no ha podido, por la causa que
sea, tener éxito en su actividad.
Sé lo que están pensando... en menudo
“charco” me he metido. Pero
cuando leí la noticia de que una
Sentencia de un Juzgado de Barcelona
había reconocido derechos laborales
a una prostituta, obligando a la empresa
a cotizar por ella, no pude por menos que
investigar hasta dar con la resolución para
poder entender los razonamientos jurídicos
que habían podido conducir al magistrado a
adoptar esta determinación. Ciertamente,
no vamos a rasgarnos las vestiduras ni a
negar la evidencia. La prostitución ha existido,
existe (y existirá, me temo) puesto que
constituye un lucrativo negocio, que si pervive
en el tiempo es porque hay una demanda
de este tipo de servicios.
La Sentencia del Juzgado de lo Social nº10
de Barcelona hace referencia a un procedimiento
de oficio, instado por la propia
Tesorería General de la Seguridad Social
en el que interesaba se declararse que la
prestación de servicios de una prostituta
para un centro de masajes eróticos era de
naturaleza laboral, con las obligaciones
que ello conlleva de alta de la trabajadora
y cotización de seguros sociales.
Como premisas importantes debe indicarse
que en este supuesto estaba acreditado
(porque así se indicaba en la propia página
web) que el centro de masajes ofrecía
servicios sexuales, que la trabajadora
prestaba voluntariamente estos servicios
en dicho local, por cuenta y bajo la dependencia
y organización de la empresaria, a
cambio de una retribución previamente
convenida. Asimismo, quedó acreditado
que las trabajadoras debían comparecer
en el local en los horarios marcados por
la empleadora, donde quedaban a la espera
de la llegada de los clientes que les
proporcionaba la empresa, quienes las
elegían para los servicios sexuales requeridos,
cuyo precio y previo pago era concertados
por los clientes directamente con
la encargada del local. También eran proporcionados
por la empresa los diferentes
materiales de trabajo (aceites, camillas y
demás instalaciones).
Pero sin duda, al tratarse de servicios de
prostitución, el problema radica en la ilicitud
del objeto del contrato de trabajo,
conforme dispone el Código Civil. Hasta
la fecha no existían precedentes jurisprudenciales
reconociendo la laboralidad en la
prestación de servicios de prostitución por
cuenta ajena, aunque sí se ha apreciado
en la llamada “relación de alterne”. En ese
caso, el supuesto es diferente ya que la trabajadora
recibe del titular del local una retribución
exclusivamente por alternar con la
clientela y estimularla en el consumo de bebidas;
como dice la Sentencia, “la prestación
de servicios sexuales, en su caso, los concierta
y presta la trabajadora con el cliente,
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a iniciativa y por cuenta propia, en el propio
local y liquidando al propietario un precio por
el alquiler de la habitación”.
¿Cómo salvará entonces el magistrado el
obstáculo de la ilicitud?... La respuesta, en
la próxima entrega de Actualidad de las
Empresas Aragonesas.
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