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cnt n°360 octubre 2009
Memoria e Historia
Entrevista al equipo de documentación histórica de la FAL
“El pasado también es parte de nuestro patrimonio”
El Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca (AGC) se gesta con el objeto de hacer más eficaz la
persecución, represión, incluso eliminación física, de masones, anarquistas, comunistas, socialistas... A
mediados de 1937 empieza a centralizarse la acumulación de toda la documentación requisada a las
organizaciones y personas desafectas al nuevo régimen a medida que avanzan las tropas franquistas. El
expolio había obtenido su primer marchamo legal el 13 de septiembre de 1936, cuando por decreto la Junta de
Defensa Nacional ordena la incautación de «cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos
pertenecieren a los referidos partidos políticos o agrupaciones, así como a cuantas organizaciones han
tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional, pasando todo ello a
la propiedad del Estado». El estado heredero de aquel golpe de estado de julio de 1936 comenzó el proceso
para la restitución de los bienes incautados a los sindicatos en 1986, no habiéndose completado a día de hoy
ni siquiera el de la parte documental (la más barata para el estado)
Redacción
El Real Decreto 2134/2008 marca como
límite el 10 de enero de 2010 para que las
Comunidades Autónomas reclamen al
Estado la documentación incautada
proveniente de sus territorios. Desarrolla la
Ley 21/2005 promulgada para la
restitución de los bienes documentales de
la Generalitat de Catalunya. Hace un par de
años asistimos atónitos a la famosa
polémica de “los papeles de Salamanca”,
después sería la ley de memoria
histórica... ¿Quién se acuerda hoy de
aquella polémica?
El pasado 13 de agosto nos
encontramos con los compañeros que han
entrado a formar parte del equipo que ha
conformado la Fundación de Estudios
Libertarios Anselmo Lorenzo (FAL) para
inventariar todo la documentación del
movimiento libertario en poder del estado
como consecuencia de aquel expolio.
El equipo
Vistamos a Raúl Mateo (CNT Huesca),
Mercedes Somalo (CNT Logroño), Juan
Antonio Simón (CNT Cáceres), Joan
Martínez (CNT Montcada-Llagosta),
Miguel Sarró (CNT Madrid) y Félix Pérez
(CNT Zamora) en plena acción en la sala
de investigadores del archivo de
Salamanca. Llama la atención el
tremendo trajín de ir y venir, cajas,
legajos, ordenadores, en una sala de unos
pocos metros cuadrados “hay 16 mesas de
trabajo y nosotros solos ocupamos ya
seis”. El antiguo hospicio que hoy alberga
el archivo, integrado en el Centro de
Documentación de la Memoria Histórica,
sirve también de sala de exposiciones
sobre la masonería y la represión en
general. Las anécdotas por estos
múltiples usos son muchas, nos cuenta
Raúl: “desde turistas cada hora
contándoles la historia del archivo justo
en la ventana de al lado y expediciones
de niños cantando, a la trabajadora
taconeando todo el día sala arriba, sala
abajo...”
Cuando llegastéis aquí, ¿os
imaginábais la ingente labor que os
esperaba?
Raúl: En cuanto a volumen me imaginaba
que había mucho aunque no había estado
nunca en el archivo pero sí que había
pedido documentación. Lo que no me
imaginába es que pudiera ser tan caótico
y atípico respecto a otros archivos.
Respecto a esto son multitud las
anécdotas y experiencias que hemos
acumulado a lo largo de este mes y medio.
Es el antiarchivo.
De hecho todo esto no nace como
archivo, ¿cómo surge este centro de
documentación?
Raúl: Hay un vídeo interesante (risas). El
objetivo es ejercer la represión contra
aquellos que han luchado contra la
sublevación fascista por lo que no tiene
una lógica ni archivística ni territorial
sino nominal. No puedes buscar un
documento a no ser a través de personas
nombradas o recogidas en él. Hay más de
3.000.000 millones de fichas
onomásticas.
¿Cómo os habéis organizado para
abordar esta ingente labor? ¿Cuántas
cajas hay en total?
Raúl: Vamos a trabajar en un primer
momento sobre un volumen de 20.000
cajas que son las que nos interesan. De la
serie político social. Hay otras series:
Masonería, panfletos, publicaciones
periódicas, objetos...
Pero Juan Antonio destaca que político
social es “donde está toda la
documentación incautada a sindicatos y
organizaciones sociales”.
Respecto a cómo se han repartido el
trabajo. Las respuestas varían entre lo
sentimental de Mercedes: “No sé si elegí
Bilbao o Bilbao me eligió a mi. Soy de
Logroño y siempre tuve relación con
Euskadi por lo que me suenan los
nombres... Está en microfilm. En 1987 el
Gobierno Vasco microfilmó todo lo que
había del País Vasco”. A lo meramente
práctico: “estoy en la serie Barcelona por
cuestiones de idioma pues hay
documentación en catalán. Aparte hay
otros tres compañeros. Es una de las más
largas aunque la que más documentación
tiene es Madrid”, según Joan. Todos
remarcan que “la faena es inventariar, no
investigar” lo cual requiere tener
habilidad, intuición pero también teoría.
En cualquier caso descartan que se
incorporen más compañeros para labores
más puntuales porque “aparte de que esto
debería correr por cuenta de la FAL” nos
recuerda Mercedes, se perdería mucho
tiempo en formar a los nuevos
investigadores y sobre todo se saturaría el
archivo.
Según Raúl “cualquier archivo
provincial tiene una sala de
investigadores más aceptable que la que
tenemos aquí”. “Cuando hay overbooking a
veces parece el camarote de los Hermanos
Marx”, continúa Joan.
Dejan claro en cualquier caso que el
trato con los trabajadores es muy bueno. El
problema es de financiación o por el
personal. Es más, dice Juan Antonio, “la
dinámica del archivo me gusta. Hay un
Juan Antonio, Joan, Mercedes y Raúl tras la entrevista. Al fondo, el Archivo de la Guerra
Civil de Salamanca
trato nada tenso y muy campechano con
los trabajadores” aunque “si 3 ó 4
pedimos un fotocopia bloqueamos el
servicio”, recuerda Joan.
¿Cuánto habéis inventariado ya?
La perspectiva de hacer la serie político
social es factible. Si se cumpliera el
objetivo de ver entera esta serie se
podrán abordar otras, se podrá ir a otros
archivos: Archivo General de la
Administación de Alcalá de Henares,
militar de Ávila.
Raúl: Yo plantée que era muy
interesante el militar de Madrid donde
según la información bibliográfica que yo
manejo hay bastante documentación
orgánica de la CNT.
En diciembre debería estar todo
inventariado para hacer los informes
finales. Pero al final se ha decidido
apurar hasta el final y elaborar y corregir
informes a la vez que se investiga.
Colaboración con otras entidades y
dentro de la CNT
Juan Antonio: somos trabajadores de a
pie. Luego la organización desde la
Secretaría de Patrimonio, junta de la
FAL... Tiene que entablar negociaciones
con el Ministerio de Cultura, otras
organizaciones como UGT, pero eso no nos
compete a nosotros. Nos organizamos en
asamblea con un coordinador que es Raúl
que hace las veces de nexo con la FAL.
Por otro lado ha habido equipos de la
Generalitat, Fundación Pablo Iglesias,
Gobiernos de Aragón y País Vasco... CGT
no ha venido pero tienen inventario de
hace 20 años y no sabemos si harán uso
de él para reclamar. Como lo han hecho ya
con los inmuebles del Patrimonio Sindical
Histórico (PSH), no sería sorprendente.
Sobre la posibilidad de que este
proceso realmente responda a la
pretensión de hacer justicia, o sea un
lavado de cara como con la devolución del
PSH; Raúl lo tiene claro: “El Real Decreto
2134/2008, que marca el límite del 10 de
enero, desarrolla la Ley 21/2005 que está
hecha a medida de la Generalitat.
Establece que se ha de devolver
documentación a personas físicas y
jurídicas pero será a través de la
administración de la Comunidades
Autónomas donde fue decomisado”. En
definitiva “el Gobierno va al dictado de lo
que marcan sus socios políticos”. Pero
Mercedes matiza que “la presión popular
también podría influir en que se haga
una devolución formal”.
El criterio que prima es el de la
territorialidad. La devolución a
particulares y organismos se hará a
través de las autonmías. “Por lo que
Generalitat cogerá todo y luego habrá
que reclamárselo a ellos. Y han entrado
en series que no les corresponden a
priori”.
La Generalitat deja copia digital y se
lleva sus fondos. “Está firmado y no
habrá tanto bombo como la otra vez
porque el alcalde no va a protestar pues
ha colocado una directora del archivo
que es del PP”.
La ley de memoria histórica llega 70
años después de la Guerra Civil, más de
30 después de la democracia, ¿qué os
sugiere ésto?
Que en realidad la democracia no ha llegado
porque todo país que pasa de un sistema
dictatorial a otro más abierto lo primero
que se hace es enfrentar, como en
Suráfrica, a las víctimas con sus verdugos y
que éstos reconozcan lo que han hecho.