Edición 21 de Mayo de 2015

Diario Co Latino
Jueves 21 de mayo de 2015
12INTERNACIONALES
Estados Unidos y Cuba inician otra ronda de diálogo
por restablecimiento de relaciones
Washington/AFP
Diplomáticos de Estados
Unidos y Cuba iniciaron
este jueves en Washington
otra ronda de negociaciones
para allanar temas pendientes y
avanzar hacia el restablecimiento
de sus relaciones diplomáticas
y la eventual reapertura de
embajadas, constató la AFP.
El equipo cubano está encabezado
por la diplomática Josefina Vidal,
directora de la división de Estados
Unidos en la cancillería, al tiempo
que el equipo estadounidense
tiene al frente a Roberta Jacobson,
subsecretaria de Estado para el
Hemisferio Occidental.
Desde el anuncio del 17 de
diciembre sobre la decisión de los
dos países de iniciar el proceso
de restablecimiento de relaciones,
Vidal y Jacobson han conducido
todas las reuniones de alto nivel.
En la apertura de la reunión,
las dos delegaciones posaron
para fotografías ante las mesas
de trabajo pero no formularon
declaraciones.
En este encuentro en el
Departamento de Estado,
Washington y La Habana buscan
resolver temas pendientes de
logística que permitan anunciar
el restablecimiento de sus
relaciones bilaterales, para sólo
entonces proceder a la reapertura
de las embajadas y, en el futuro,
encarar el trabajoso proceso de
normalizar esos lazos bilaterales.
“Aunque se han hecho progresos
Montevideo/AFP
en nuestros esfuerzos para
restablecer las relaciones
diplomáticas, todavía no llegamos
a ese punto. Aún hay asuntos
pendientes que necesitan ser
resueltos”, dijo Jacobson el
miércoles al hablar ante la
comisión de relaciones exteriores
del Senado.
Esta reunión, dijo Jacobson ante
los senadores, se concentra en
“cerrar el resto del acuerdo para
(tener) una embajada que opere
en forma similar en que operamos
en otros países”.
Luego de las tres primeras
reuniones de diálogo, realizadas
alternadamente en La Habana
y Washington, las delegaciones
decidieron concentrarse en
remover los obstáculos para
poder anunciar de manera formal
la retomada de las relaciones
diplomáticas, paso que permitirá
avanzar a otros objetivos.
En ese sentido, una alta fuente
del Departamento de Estado dijo
el martes que la lista de temas a
tratar “se va haciendo más corta”
a medida que las demandas de
cada parte van siendo atendidas.
Ante los Senadores, Jacobson
dijo que para Estados Unidos
las preocupaciones centrales se
concentran en garantizar la libertad
de movimientos del personal
en cada país, inviolabilidad de
la llamada valija diplomática y
posibilidad de que los ciudadanos
cubanos tengan acceso irrestricto
A la izquierda la Josefina Vidal, quien encabeza la delegación cubana, y a la derecha
Roberta Jacobson, representante de la delegación de los Estados Unidos. (Archivo)
a la oficina estadounidense en La
Habana.
Estos detalles están basados
en la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y
se apoyan en el principio de la
Uruguay crea unidad para investigar crímenes de lesa humanidad
reciprocidad.
En tanto, Cuba ha insistido en
hallar una solución a la negativa
de bancos estadounidenses o con
operaciones en Estados Unidos
en asumir la administración
de las cuentas bancarias de
la representación cubana, que
por esa causa debió reducir sus
tareas consulares a un mínimo.
El martes, la alta fuente
diplomática estadounidense
aseguró que la Sección de
Intereses de Cuba en Washington
(que eventualmente se convertirá
en la Embajada de Cuba) había
alcanzado un acuerdo con una
entidad bancaria, removiendo
así un enorme obstáculo en las
negociaciones.
Cuba aún no ha confirmado ese
acuerdo que le garantizaría volver
a disfrutar de servicios bancarios.
El otro gran obstáculo podrá ser
eliminado a partir del 29 de mayo,
cuando se vence el plazo para que
el Congreso bloquee la decisión
del presidente Barack Obama
de retirar a Cuba de la polémica
lista del Departamento de Estado
sobre países que promueven el
terrorismo.
Comisiones técnicas de los dos
países también mantuvieron
reuniones sectoriales sobre
temas como política migratoria,
contactos postales y aeronáutica
civil, además de un primer
encuentro en Washington sobre
derechos humanos.
Uruguay creó un grupo para
investigar las denuncias
contra el Estado por
crímenes de lesa humanidad entre
1968 y 1985, en coincidencia con
la vigésima Marcha del Silencio
que reclamó el paradero de los
desaparecidos en esa época que
abarca la dictadura militar iniciada
en 1973.
Portando fotos de los detenidos
desaparecidos durante la época
más turbulenta del país, miles de
uruguayos silenciaron la noche
del miércoles una de las vías más
congestionadas de Montevideo
bajo la consigna “Basta ya de
impunidad, verdad y justicia”,
como parte de la tradicional
marcha que se realiza desde
1996 en la capital del país.
“No nos mueve la venganza ni
los motivos personales, sino
la necesidad de entender la
democracia, una democracia
donde se oculta la verdad y
se esconden los asesinos no
es democracia”, dijo Ignacio
Errandonea, integrante de Madres
y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos, una de
las organizaciones participantes
de la caminata.
Centenares de personas se
fueron sumando a la organizada y
silente manifestación que se abría
paso en medio de murmullos y
pancartas. Una voz enunciando
los nombres de los detenidos, el
posterior himno nacional entonado
a coro por la multitud y una salva
de aplausos cerraron la jornada.
El cantautor argentino León Gieco
estuvo presente en la caminata,
al igual que el sirio Jihad Diyab,
uno de los seis exdetenidos de
Guantánamo que llegaron en
diciembre en calidad de refugiados
a Uruguay.
También en el marco del evento,
el martes, la organización de
Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos
inauguró una muestra fotográfica
a cielo abierto que recuerda “20
marchas del silencio”.
El reclamo de muchos de los
presentes en la tradicional marcha
es avanzar en las investigaciones
para esclarecer los hechos de una
era turbulenta de Uruguay. En
ese contexto, surgió el anuncio
del llamado “Grupo de Trabajo
por Verdad y Justicia” que fue
creado por decreto del presidente
Vázquez en la noche del martes
y funcionará en el ámbito de la
Presidencia, según informó el
Ejecutivo en un comunicado.
El principal objetivo de ese grupo
será “investigar los crímenes de
lesa humanidad cometidos por
agentes del Estado o quienes,
sin serlo, hubiesen contado
con la autorización, apoyo o
aquiescencia de éste, dentro o
fuera de fronteras, en el marco de
la actuación ilegítima del Estado
y el terrorismo de Estado”, señala
el decreto presidencial. El grupo
se ocupará de seguir investigando
denuncias de crímenes cometidos
entre el 13 de junio de 1968 y el
28 de febrero de 1985.
En esa fecha de 1968 empezaron
a regir las llamadas “medidas
prontas de seguridad”, equivalentes
a un estado de emergencia,
en un contexto de enfrentamientos
entre fuerzas de seguridad
y estudiantes, sindicatos y
organizaciones guerrilleras.
El periodo que se investigará
incluye el de la dictadura, entre
1973 y el 1º de marzo de 1985,
cuando asumió Julio María
Sanguinetti como presidente
electo por la ciudadanía y puso fin
al gobierno de facto.
El decreto que lleva la firma de
los ministros que integran el
gabinete de Vázquez señala que
este grupo contribuirá a “dar luz a
esos hechos en pos de la verdad
histórica y promover la justicia en
el marco del estado de Derecho”.
Señala que “están presentes aún
las consecuencias de la acción
ilegítima y del terrorismo de
Estado sufrido por el país” en esos
años. Esta investigadora estará
compuesta por siete integrantes
nombrados por Vázquez, que
buscan representar a diferentes
sectores sociales del país,
incluyendo familiares de víctimas
y organizaciones contra la
discriminación hacia la población
negra, hasta colectividades
religiosas.
Uno de los integrantes del grupo,
Felipe Michelini -hijo del asesinado
legislador Zelmar Michelini- dijo
a la AFP que considera esta
iniciativa “un paso más contra
la cultura de la impunidad”, pero
aseveró que no será una “varita
mágica” para resolver casos que
datan de hace tantas décadas.
Este grupo creado por Vázquez
buscará “organizar” todos los
testimonios de quienes “deseen
prestarlo voluntariamente” y
relevar aquéllos ya existentes y
registrados “dentro o fuera del
territorio nacional”, en el marco
del plan Cóndor de coordinación
regional de los regímenes
militares, según sus cometidos
fijados en el decreto oficial.