“A este organismo del Estado el Fisco no le hace ... - Areaminera

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sólo ministerio de la ley y refiere a aquellas
aguas que encuentra en la realización de la
actividad minera (art. 56 CAg y 110 CMin) y
siempre que las ocupe en las mismas.
Ahora bien, respecto de los derechos de
aprovechamiento de aguas de las empresas
mineras y cuya titularidad conste en un
título formal, sea que se hayan constituido
directamente por la DGA o que las haya
adquirido por los medios del Derecho privado
(compra, permuta, etc.), vale el mismo
comentario realizado anteriormente en el
sentido que ello no podría afectar los derechos
que ya se encuentran constituidos, salvo acto
expropiatorio.
¿Cree usted, como dijo el director de
la DGA, que el sector agrícola también
debiese ser sometido a Estudios de Impacto
Ambiental, como se le exige a la minería,
especialmente en el tema del agua?
Efectivamente durante el último tiempo
la autoridad sectorial ha insistido en ello,
sin embargo a la fecha no existe ningún
antecedente técnico que de cuenta de un
fundamento serio a dicha pretensión.
Cabe dejar en claro que cualquier proyecto
agrícola debe cumplir con todas las
condiciones de las autoridades sectoriales
que se exigen por la ley y reglamentos y no
se ve razón alguna para adicionar otra, más
cuando la nueva institucionalidad ambiental
se encuentra en actualmente en el discusión e
implementación.
Usted, en un seminario relacionado al
tema expuso “a propósito de la diferencia
sustancial entre el agua como bien público
y el derecho de aprovechamiento de agua:
la competencia de las juntas de vigilancia,
y la de las asociaciones de canalistas
y comunidades de agua” ¿Cuál es la
conclusión al respecto y cómo se llega al
equilibrio entre todos los usuarios?
En las XI Jornadas de Derecho de Aguas
-que fueron organizadas el 2009 por el
Centro de Estudios en Derecho de Recursos
Naturales (Cedrena) de la Universidad
Católica del Norte y por el Programa de
Derecho Administrativo Económico (PDAE)
de la P. Universidad Católica de Chile- en
donde expuse sobre el tema indicado, se
concluyó que aparentemente, en la doctrina,
en los legisladores y en algunas corrientes de
opinión aun existe confusión acerca de las
distinciones entre las aguas como bien público
y los derechos que se constituyen sobre ellas.
Y respecto a ello, cabe realizar una primera
distinción entre la función de asignación que
existe sobre las aguas que recae en la DGA, de
la función de administración que recae en las
Juntas de Vigilancia de Ríos. Enseguida, que
la inclusión de las Aguas Públicas (terrestres,
superficiales y subterráneas que escurren por
cauces naturales) en la categoría de los bienes
públicos constituye antes que un patrimonio
estatal, un título de potestades que recae en los
entes que la ley ha señalado como custodios
de los intereses de la colectividad. De nuevo,
para asignarse por la DGA, y para distribuirse
por las Juntas de Vigilancia de los Ríos.
Cosa distinta es el Derecho de
aprovechamiento de Aguas, que constituye
un título administrativo -el que tiene una
naturaleza real y administrativa- para usar y
gozar esas aguas, de manera privativa por un
particular al que se le ha investido por acto
de autoridad de las facultades que emanan de
tal titularidad. Y en todo caso esa titularidad
recibe la protección del derecho de propiedad,
como se sabe.
Ahora bien, respecto de las aguas públicas, las
Juntas de Vigilancia de los Ríos son titulares de
intensas potestades administrativas asignadas
por la ley que recaen sobre las mismas para
el mejor aprovechamiento de ellas por los
particulares que tenga título para hacerlo,
es decir, un derecho de aprovechamiento de
aguas correspondiente. En este caso, nos
encontramos con que las juntas de vigilancia
de los ríos realizan claramente actividades
materialmente administrativas.
Finalmente, las Asociaciones de Canalistas
y Comunidades de Aguas, pese a haber
sido tratadas en conjunto con las juntas de
vigilancia, son completamente distintas a
estas en su sustancia. Se trata en efecto,
de organizaciones de usuarios –verdades
copropietarios de obras hidráulicas- que
ejercen facultades como tales, sobre fuentes
artificiales y volúmenes de aguas que han sido
extraídos y entregados desde la fuente natural
por las juntas de vigilancia.
Lo relevante a estos efectos es que se deben
reconocer en el conjunto de las organizaciones
de usuarios, potestades para el caso de las
juntas de vigilancia –una verdadera autoridad
administrativa funcional o “administración
corporativa”, y facultades y funciones que
derivan de la copropiedad en las obras en
el caso de las asociaciones de canalistas y
comunidades de aguas.
¿Es la aplicación de nuevas tecnologías una
forma de resguardar el buen uso del agua?
Claramente, en un escenario hídrico –al
mismo tiempo- de escasez y aumento de
demanda sobre el mismo, en lo que debe
colocarse especial hincapié es precisamente
en la eficiencia de los usos. Así, la aplicación
de tecnología para mejorar las conducciones
y evitar pérdidas es fundamental; y a ello
debe sumarse el actual interés por proyectos
de desalación en marcha y otros estudiándose
para abastecer a poblaciones y a la actividad
minera. Y no debe olvidarse por proyectos de
reutilización –previo tratamiento- de aguas
servidas.
Sobre ello, deben colocarse los esfuerzos de
todos los actores, públicos y privados.
¿Cree usted que el agua debiera ser
nacionalizada?
La llamada “nacionalización”, no tendría
ningún efecto, pues lo que se hace con lo que
es mal llamado de ese modo es precisamente
incorporar por ley alguna clase de bienes a la
categoría de “bien público” o “nacional de
uso público”, y eso ya es así en el caso de las
aguas.
De ello –y volviendo sobre el proyecto de
modificación constitucional presentado- se
podría concluir en general la inutilidad del
mismo, y por lo mismo su falta de justificación.
Según su opinión, ¿cuál sería el mejor
escenario? Y ¿cuál el peor?
Creo que el mejor escenario está por definirse,
pero -en todo caso- las consecuencias
negativas pasarían por lo ya señalado.
Sin embargo, debe confiarse en la sensatez de
la clase política y en particular del Legislativo,
pues con toda la información que deberá
entregársela por sus equipos asesores, con
toda seguridad deberá rechazarse el mismo.
Incluso, este proyecto que se había presentado
con urgencia para su tramitación en la fecha de
su ingreso, el día 20 de enero le fue retirada, lo
que habla muy bien del Ejecutivo. Esto lleva
sólo a ser optimista de frente a esta iniciativa.