Paso a paso - Centro Virtual de Aprendizaje

Dada la creciente sensibilización del tema en la agenda pública, se convocó a una reunión con los organismos de la Ciudad de Buenos
Aires involucrados para evaluar posibles soluciones, ya que los mecanismos utilizados hasta el momento (denuncia, solicitud de
inspección, clausura en el caso de encontrar situaciones irregulares) no resultaba del todo efectivo ya que tenía como resultado entre 15
y 70 trabajadores en la calle (sin trabajo, sin asistencia, sin vivienda).
El proceso de allanamiento debía estar precedido por un plan de contingencias para integrar social y laboralmente a los trabajadores. La
convocatoria se realizó desde el área de Derechos Humanos de la Cuidad de Buenos Aires en agosto de 2005, donde participaron: Área
de Migraciones y Refugiados, Subsecretaría de Derechos Humanos (SSDH)GCBA, Corin Courtis y Leonel Toledo, Asamblea Barrial La
Alameda, Gustavo Vera y Néstor Escudero , cámara Central de Talleristas (CCT)-Pedro Choque, Clínica Jurídica CELS-UBA-CAREF, Pablo
Asa, Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moron, Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, Mario Ganora, Dirección General de Atención y Asistencia a la víctima, (DGA y AV) SSDH del GCBA, Cecilia Pineiro,
Dirección General de Industrias, GCBA, Néstor Moure y Cecilia Casablanca, Dirección General de protección del trabajo, GCBA,
Organización Internacional para las Migraciones-Elena Solari y Gabriela Fernández, Subsecretaría de Desarrollo Social, GCBA, Armando
Catania, Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Emigrantes y Refugiados (CEREF), Georgina Talpone. De esta reunión surgiría un
protocolo, donde cada participante expreso las responsabilidades específicas que eventualmente estas autoridades podían asumir en la
problemática. 49
El reclamo de los trabajadores que quedaron sin trabajo después de las clausuras debería haber sido atendido, según el protocolo, por la
unidad de emergencia habitacional de la Subsecretaría de Desarrollo Social del GCBA. Consta por testigos que elevaron su reclamo a la
OIM que desde esta unidad el tiempo estimado para la obtención de subsidios habitacionales tardaba entre 2 y 4 meses, siendo la
necesidad urgente. De esta manera, este protocolo no resultó efectivo en la práctica. La asistencia a los trabajadores fue brindada
directamente por la OIM, con la intervención de base de la cooperativa La Alameda, a través del otorgamiento de un subsidio individual a
cada víctima.
Durante toda esta etapa, el primer lugar de referencia para el descargo de las denuncias por parte de las víctimas bolivianas, fue el
consulado del país vecino en Argentina. De este modo, hasta que la Defensoría del Pueblo se tornase en referente de confianza para la
colectividad a través de su trabajo con la cooperativa, el Consulado boliviano intervino como mediador entre los talleristas y los
trabajadores, resolviendo los conflictos laborales con arreglos de sumas de dinero sin estar homologado por las autoridades
correspondientes. Siendo esta una actividad ilegítima por tratarse de competencias internas del país, ya que las cuestiones en materia
laboral son de orden público y sólo pueden ser resueltas en el marco del Ministerio de Trabajo o por intermedio de los tribunales 50 . Las
máximas autoridades bolivianas, embajador y cónsul, fueron puestos en advertencia por la Defensoría del Pueblo de esta trasgresión a la
Ley argentina así como la violación a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares.
No sólo no hubo modificación en su proceder político sino que el cónsul boliviano participó públicamente de las manifestaciones de los
talleristas donde se proclamaba el cese de las clausuras de los talleres, donde los argumentos más frecuentes en las posturas políticas
fueron los patrones culturales distintos y el alegato a la voluntad, en favor del mantenimiento del sistema de explotación.
49 Anexo III, Memo de Reunión.
50 Según los tesimonios de las víctimas, los casos que llegan ,por voluntad propia de la víctima, al consulado Boliviano fueron esueltos a través de una
mediación entre las partes , una de las cuales se arreglo con $6000 por 6 años de trabajo de 7am a 1am.
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