Paso a paso - Centro Virtual de Aprendizaje

de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que el GCBA dicta la Ley 265 85 en el año 2000 86 , que se organiza la policía de trabajo y la
Ciudad celebra un convenio con el MTySS mediante el cual éste le devuelve la competencia de policía al GCBA (se da en el marco de
transición de un régimen centralizado a otro descentralizado). Pero este convenio, lejos de ser efectivo, contenía un protocolo adicional
por el que el MTySS se reservaba la competencia de aplicación de Ley de trabajo a domicilio, impidiendo así que el GCBA pudiera
intervenir en los talleres regulados por esta Ley. 87
Esto significa que pese a la vigencia de la Ley 12.713 no existía una adecuada supervisión de las relaciones entre los talleres y las
empresas marcas, por cuanto no existía un mecanismo de inspecciones que vigilara su cumplimiento. El MTySS no tenía organizado un
cuerpo de inspectores que pudiera hacer frente al fenómeno de los talleres clandestinos y su relación con las marcas comprometidas,
como lo había acreditado la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en la Actuación en la resolución Nro. 1267/99.
El Gobierno de la Ciudad, por su parte, pese a la sanción de la Ley 265, suscribió acuerdos con la Nación mediante los cuales mantuvo
sin cambios la situación relativa a las inspecciones. Estos acuerdos estaban en contra de lo dispuesto en el Art. 44 de la Constitución de
la Ciudad, donde se establece que la Ciudad “ejerce el poder de policía de trabajo en forma irrenunciable, e interviene en la solución de
los conflictos entre trabajadores y empleadores”.
Además, el Art. 6 de la Constitución porteña determina que las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e
irrenunciable del pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para
preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los Art. 129 y concordantes de la Constitución
Nacional. En consecuencia, no tenía explicación jurídica posible la decisión del Gobierno de la Ciudad de haber acordado año a año a
partir del 2001 con el Gobierno Nacional la postergación de la transferencia del poder de policía de trabajo respecto al trabajo a domicilio,
máxime sabiendo que el MTySS carecía de los medios materiales y de la voluntad política de llevar a cabo adecuadamente esta función.
85 Anexo I, Ley 265 - Competencias de la autoridad administrativa del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.
86 El 28 de agosto de 2001, entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se firmó el “Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección del Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” (ratificado por Ley nº 1033 de la Ciudad). Este Convenio disponía que el MTySS cesaba a partir de la fecha de firma de este
instrumento en las funciones inspectivas, y era asumido por el GCBA para su jurisdicción (Cláusula Primera). Según el convenio, estas acciones se
venían desarrollando en forma conjunta hasta ese momento. Ver Anexo IV
87 Sin embargo, estos propósitos enunciados no se llevarían a cabo en lo relacionado con el régimen de trabajo a domicilio contemplado en la Ley
12.713. En primer lugar, no hubo transferencia de competencias en tanto policía del trabajo en lo relativo a los talleres, ya que el GCBA y el MTySS
suscribieron el 28 de febrero de 2001 el “Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección del Trabajo y
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo”. El protocolo establecía en su Cláusula Segunda que el MTySS continuaría siendo la autoridad
de aplicación del régimen especial previsto en la Ley 12.713 contempladas en el art. 15, por el plazo de un año. Este Protocolo fue prorrogado a su
vencimiento sin solución de continuidad hasta el año 2006. Ver Anexo III.
44