Sentencia C-241/10 Referencia: expediente D-7868 ... - Camacol

poseedor o del dueño se altere la situación amparada en la providencia respectiva,siempre que la correspondiente solicitud se le formule dentro de los treinta díassiguientes al primer acto de la nueva ocupación.ARTÍCULO. 21.- Los Jueces de Tierras fallarán sobre lo que resulte de la inspecciónocular y demás elementos de convicción producidos por las partes o allegados deoficio al informativo, y según la persuasión racional. Aplicarán el derecho teniendo encuenta que el objeto de esta jurisdicción especial es que la ley sustantiva se interpretecon el criterio de que no deben protegerse el enriquecimiento sin causa, el abuso delderecho y el fraude a la ley.(…)’‘(…) ARTÍCULO. 25.- Créanse los Jueces de Tierras, encargados de conocerprivativamente en primera instancia de las demandas que se promueven en ejerciciode las acciones que consagra esta Ley.Parágrafo. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocerán por apelación detodos los asuntos de que conocen en primera instancia los Jueces de Tierras, según elpresente artículo. Las apelaciones se concederán en el efecto suspensivo cuando setrate de sentencias en diligencias de lanzamiento; en los demás casos, según las reglasgenerales del Código Judicial.” (resaltado fuera de texto)2.4.1.3 A través de estas disposiciones se dejó expresamente consignado que paraefectos de predios rurales, la acción de lanzamiento por ocupación de hecho, amparabano solo al tenedor o propietario con título originario, sino también al poseedor conexplotación económica y al denominado poseedor inscrito. No obstante, el cambiotrascendental que introdujo la Ley 200 de 1936, fue que la acción por ocupación dehecho dejó de ser una acción policiva para convertirse en una acción judicial, cuyoconocimiento correspondería en primera instancia a los recién creados Jueces deTierras y, en segunda instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.2.4.1.4 A pesar de ello, como se infiere del parágrafo del artículo 20 de la Ley 200, seasignó al Alcalde Municipal la tarea de proteger el predio amparado con la medida delanzamiento contra nuevas ocupaciones, para lo cual lo autorizó a “tomar las medidasde policía que tiendan a impedir que contra la voluntad del poseedor o del dueño sealtere la situación amparada en la providencia respectiva, siempre que lacorrespondiente solicitud se le formule dentro de los treinta días siguientes al primeracto de la nueva ocupación.”, de donde es posible afirmar que subsistió una acciónpoliciva, pero ya no principal dirigida al lanzamiento por ocupación de hecho, sinodestinada a evitar nuevos actos de perturbación y supeditada a la decisión judicial delanzamiento, al punto que de registrarse una nueva ocupación era el juez a quiencorrespondía imponer una sanción de arresto por el término de sesenta días.2.4.1.5 De otra parte, la Ley 200 señaló en su artículo 32 que “las disposiciones de estaley no impiden que mientras actúa el Juez de Tierras, la policía evite las vías dehecho”. Al respecto, el decreto reglamentario 59 de 1938, señaló qué debía entendersepor “vías de hecho” para efectos policivos: cambio o destrucción de cercas, mojones olinderos, desviación de aguas, tala de bosques y otros análogos. Luego, el decreto 1999de 1940 señaló que “la intervención de las autoridades de policía se surtirá mediantelos trámites procedimentales señalados en los Códigos de Policía, de ordenanzas ydemás disposiciones pertinentes, en cuanto no fuesen incompatibles con lo dispuestoen la Ley 200 de 1936, el Decreto número 59 de 1938 y el presente decreto.”, preceptoque en esos términos encontró pertinente que los procedimientos fuesen previstos en