análisis de derecho internacional, legislación ... - Natural Justice

g. induce al marginamiento del sector ambientalAmpliación de frontera agrícola: El gobierno nacional se propuso la transformación de laestructura de tenencia y propiedad agraria, dirigida a buscar una distribución de tierras másequitativa y justa; bajo esta política el gobierno se planteo tres cosas: 1) reconocimiento ytitulación de las TCOs, 2) un Plan de redistribución de tierras y asentamientos humanos y 3)el reagrupamiento de tierras en las áreas de minifundio (Plan Nacional de DesarrolloAgropecuario).En cuanto a la titulación de los territorios indígenas, con la titulación de los 20,7 millones dehectáreas (1996 -2010) el gobierno está dando por cumplida la titulación de las TCOs, y existeuna actitud de rechazo de las demandas en trámite o de nuevas demandas de TCOs. Ejemplo:La demanda de TCO del pueblo chiquitano de San Rafael que es de 165.000 has.Demandadas, ha tenido un estudio de necesidad espacial por el cual el gobierno proponedotarle 5.000, en una lógica agrarista de 50 has. por familia. El territorio Indígena chiquitanode San miguel fue demandado el septiembre del 2010 sin tener respuesta alguna hasta lafecha.La distribución de tierras fiscales y el apoyo a nuevos asentamientos humanos: es la líneaque desde el año 2010 el gobierno apoya como política de transformación de la estructuraagraria. El gobierno ha optado por resolver la presión social sobre la tierra ampliando lafrontera agrícola y entregando tierras forestales y de áreas protegidas (legalmenteconsideradas de propiedad estatal) que se encuentran en las tierras bajas del país a sindicatosagrarios provenientes de la región andina. Estos sindicatos agrarios también se asientan, deforma ilegal, en territorios indígenas y en áreas protegidas, sin que exista autoridad oinstitución pública que los pueda desalojar debido al respaldo político del partido de gobierno.En el primer caso estamos hablando de asentamientos autorizados por el gobierno, estándentro de las facultades que tiene el gobierno, por lo tanto son legales, aunque aunque estason cuestionadas por el uso clientelar de la tierra y el costo ambiental que tendrá el cambiode uso de suelo. En el caso de los asentamientos en los territorios indígenas estamoshablando de hechos ilícitos, actos ilegales, pero no hay voluntad política para usar la fuerzapública para proceder a los desalojos correspondientes.Negación de la consulta previa: El actual gobierno demuestra tener una actitud clara deconcentración del poder, y la construcción de un mandato hegemónico en una perspectiva deadministración del poder a un largo plazo, por ello, muestra una negación de compartir poder,una negación a la aplicación de la consulta previa informada que es el mandato de la CPE yuna negación a compartir la definición de la administración y destino de los recursos naturalesexistentes en los 190 territorios indígenas reconocidos, sobre una superficie de 20,7 millonestituladas a favor de diferentes pueblos indígenas del país.