Auto de prisión de Antonio Fernández (Pdf)

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Por lo que respecta a las ayudas sociolaborales, el inculpadoSr. Fernández continuó con el mismo criterio discrecional,desigualitario y contrario al interés general, pues desde susrespectivos cargos como Viceconsejero y Consejero de Empleoextendió la idea general, pero curiosamente sólo conocida por loscercanos a la Administración al no estar amparada en ningunadisposición legal, que la Junta de Andalucía asumiría el coste delas prejubilaciones de los trabajadores despedidos colectivamenteen las empresas, propiciando junto con otros que se organizara unentramado en el que siempre intervenían, sin ningún criterio deselección o libre concurrencia las mismas personas, los mismosdespachos profesionales de abogados y técnicos, las mismasaseguradoras, algunas de ellas de dudosa solvencia, las mismasmediadoras o corredurías de seguros, además de sindicatos, ytodo ello al calor de que era un negocio rentable para todos, puesa todos pagaba la Junta de Andalucía.-De esta forma aquellas empresas que por sus relaciones ocontactos con la Administración entrara en contacto, biendirectamente con la Consejería de Empleo, bien con cualquiera deeste nutrido grupo de personajes, tenía asegurada la financiaciónde las prejubilaciones de sus trabajadores por parte de la Junta deAndalucía, ya fuera íntegramente o en su mayor parte. Partiendode la absoluta discrecionalidad en la concesión de la ayuda, eraabsolutamente indiferente que las empresas o sus dueños que eran32
los verdaderos obligados a asumir la financiación de lasprejubilaciones, tuvieran fondos suficientes para atender el costede dichas prejubilaciones como sucedió en el caso de Río Grande,que se hubieran producido ERES anteriores por sobredimensiónde la plantilla y que la misma volviera a incrementarse tanto y entan poco tiempo que la empresa solicitara un nuevo ERE como asísucedió en el caso de Mercasevilla, o incluso cuando los despidosno se habían realizado con sujeción a la Ley, por no haberserealizado el preceptivo ERE como sucedió en el caso deAglomerados Morell y Surcolor; daba igual, la máxima autoridadlaboral representada por la cúpula de la Consejería de Empleo, dela que el Sr. Fernández formó parte durante una década, daba elvisto bueno para financiar tales ayudas, y ello pese a la ausenciade normas que ofrecieran igualdad de oportunidades, pese a laausencia de procedimiento, la ausencia de fiscalización del gastoy la ausencia de cobertura presupuestaria.-Aprovechando esa financiación arbitraria de lasprejubilaciones por parte de la Junta de Andalucía, el hoyinculpado abusando de su cargo y sin que existiera ninguna normalegal que amparase este proceder, permitió con la finalidad debeneficiar injustamente a determinadas personas próximas alentorno del PSOE andaluz o a determinados cargos de laAdministración Autonómica, que a las mismas se les hicieranpólizas de rentas o que con la misma finalidad, percibir33
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