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presuntamente conocía, consiguiéndose <strong>de</strong> esta formaabsolutamente arbitraria e injustificada que la Junta <strong>de</strong> Andalucíaabonara íntegramente la prima <strong>de</strong> la póliza <strong>de</strong> la empresa RíoGran<strong>de</strong>, concretamente la suma <strong>de</strong> 1.531.299,51 euros, cuando lareferida empresa había obtenido en el año 2004, ejercicio anterioral ERE, 1.250.594,42 euros <strong>de</strong> beneficios y su dueña yrepresentante legal, María <strong>de</strong>l Carmen García Sánchez, reconocióen su <strong>de</strong>claración judicial que habría tenido fondos suficientespara haber hecho frente al plan <strong>de</strong> prejubilaciones <strong>de</strong> susempleados.En cuanto SURCOLOR en el año 2006, siendo D. <strong>Antonio</strong>Fernán<strong>de</strong>z Consejero <strong>de</strong> Empleo, se autorizó por la DirecciónGeneral <strong>de</strong> Trabajo una póliza para 26 extrabajadores queconocía o <strong>de</strong>bería haber conocido el hoy inculpado,comprometiendo el abono por parte <strong>de</strong> la Junta <strong>de</strong> Andalucía enconcepto <strong>de</strong> prima <strong>de</strong> nada menos que <strong>de</strong> 2.340.137,38 euros, ytodo ello dándose las siguientes circunstancias:1.- No existió la menor solicitud.2.- No se suscribió Protocolo <strong>de</strong> Colaboración con laempresa.3.- No se firmó Convenio <strong>de</strong> Colaboración con IDEA para lamaterialización <strong>de</strong>l pago.4.- Ni siquiera se comprobó por la Consejería <strong>de</strong> Empleo, yaque había comprometido a la Junta <strong>de</strong> Andalucía para el abono <strong>de</strong>49