Auto de prisión de Antonio Fernández (Pdf)

Andalucía. No debe argumentarse en contra de las advertencias de laIntervención General, que dicho órgano no emitió finalmente Informe deActuación, puesto que en virtud de este informe y de los que le siguieronen los ejerciciones sucesivos, de manera rotunda y concluyente, puso demanifiesto la Intervención la ilegalidad del procedimiento deconformidad con el art. 38.2 de la citada Ley, contestando de maneraigualmente rotunda a las alegaciones realizadas a dicho informe por laAgencia IDEA. Es más, siguiendo la tesis expuesta por la defensa, en sunotable exposición en el acta de comparecencia de medidas cautelares,aunque se considerase en términos meramente dialécticos que el informede la Intervención General era un informe de observaciones, las mismasdebieron haberse tenido en cuenta por el imputado, sobre todo siguiendoel habitual criterio del mismo, expuesto reiteradamente en su declaraciónjudicial, de aquietarse a todo lo que se le indicara por los expertos parano incumplir ningún criterio de legalidad. Todo ello sin perjuicio de quehabrá que seguir investigando por qué no se concluyó por laIntervención, al rechazar las alegaciones de IDEA, con el Informe deActuación, y si en dicha omisión pesó de alguna forma alguna orden odecisión política.En este sentido debe rebatirse la argumentación de la defensa de lalegalidad del procedimiento por tratarse de una decisión políticaasumida de manera normalizada, pues la Administración no puede pordicha decisión autonormarse verbalmente, en contra de las disposicioneslegales vigentes conforme a un procedimiento solamente conocido porella misma. La politica no puede ir contra la Ley y el Derecho, y ello69