Auto de prisión de Antonio Fernández (Pdf)

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edad, y todo ello con independencia de la constancia objetiva, según sededuce de la documentación, de personas prejubiladas con edad inferior.Una prueba curiosa de lo que aquí se dice, es que cuando el Sr.Fernández fue incluido en el Anexo de extrabajadores adjuntado alProtocolo de Colaboración de ayuda sociolaboral de Gonzalez Byass, yasimismo en la póliza de prejubilación 936, el mismo contaba con 51años de edad.Todo lo anterior se realizó con conocimiento indiciario de la queúnica normativa que podía ser de aplicación venía establecida por lasÓrdenes de 5 de octubre de 1994, en las que se regulaban lasdenominadas ayudas previas a la jubilación (AEJAS), que solo seconcedían por un periodo máximo de cinco años a trabajadores con 60años y con una financiación por parte de las empresas del 60 %, yasimismo por la Orden de 5 de abril de 1995 en la que, además de laanterior, preveía unas ayudas extraordinarias solamente destinadas aatender situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral, cuando conmotivo de procesos de reestructuración de las empresas no se alcanzaseen el periodo legal de desempleo el nivel de cobertura adecuada porhaber sufrido otros expedientes de regulación de empleo, o tuvieran quesoportar pérdidas de salarios derivadas de la crisis de la empresa. Elimputado Sr. Fernández igualmente tenía conocimiento indiciario de quede estas Órdenes no existía el correspondiente desarrollo reglamentarioen virtud de las competencias atribuidas a la Junta de Andalucía enmateria de transferencias por el Estatuto de Autonomía, no procediendotampoco en su etapa como Consejero a impulsar dicho desarrollo66
eglamentario y en cambio ordenó unas directrices absolutamente ajenasa las citadas Órdenes que era la única normativa de aplicación y ello envirtud del art. 149.1, 7º de la Constitución Española, que reserva alEstado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuiciode su ejecución por los Órganos de la Comunidad Autónoma. Con estetenor el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 vigente a la fechade los hechos, establece en su artículo 17.2, que corresponde a laComunidad Autónoma de Andalucía, la ejecución de la legislación delEstado en materia laboral, como igualmente se recoge en el nuevoEstatuto de Autonomia de 2007 en su art. 63 en relación con el art.42.2,3º que recoge identica competencia ejecutiva en materia de trabajo.Asimismo ha reconocido el Sr. Fernández en su declaraciónjudicial que igualmente le transmitió de forma verbal al Sr. Guerrero loscriterios para la concesión de las ayudas directas a empresas que eranevitar el cierre de las mismas y la pérdida de empleo, evitar en otroscasos la menor perdida de empleo posible, si se iba a extinguir laempresa la posibilidd de aprovechar los activos para una nueva actividady finalmente la importancia que esa empresa tuviera en el territorio.Resulta poco creible que existieran tales criterios, cuando desde el iniciode la aplicación del procedimiento específico del Convenio Marco, lasayudas directas no cumplían tales requisitos, como parece evidenciarsede las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla ymás y especialmente a las pertenecientes a los señores Rosendo ySayago (que comenzaron a otorgarse a partir de la fecha del Convenio),ya que gran parte de ellas carecían de actividad al no tener trabajadores,67
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