Auto de prisión de Antonio Fernández (Pdf)

eglamentario y en cambio ordenó unas directrices absolutamente ajenasa las citadas Órdenes que era la única normativa de aplicación y ello envirtud del art. 149.1, 7º de la Constitución Española, que reserva alEstado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuiciode su ejecución por los Órganos de la Comunidad Autónoma. Con estetenor el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 vigente a la fechade los hechos, establece en su artículo 17.2, que corresponde a laComunidad Autónoma de Andalucía, la ejecución de la legislación delEstado en materia laboral, como igualmente se recoge en el nuevoEstatuto de Autonomia de 2007 en su art. 63 en relación con el art.42.2,3º que recoge identica competencia ejecutiva en materia de trabajo.Asimismo ha reconocido el Sr. Fernández en su declaraciónjudicial que igualmente le transmitió de forma verbal al Sr. Guerrero loscriterios para la concesión de las ayudas directas a empresas que eranevitar el cierre de las mismas y la pérdida de empleo, evitar en otroscasos la menor perdida de empleo posible, si se iba a extinguir laempresa la posibilidd de aprovechar los activos para una nueva actividady finalmente la importancia que esa empresa tuviera en el territorio.Resulta poco creible que existieran tales criterios, cuando desde el iniciode la aplicación del procedimiento específico del Convenio Marco, lasayudas directas no cumplían tales requisitos, como parece evidenciarsede las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla ymás y especialmente a las pertenecientes a los señores Rosendo ySayago (que comenzaron a otorgarse a partir de la fecha del Convenio),ya que gran parte de ellas carecían de actividad al no tener trabajadores,67