Auto de prisión de Antonio Fernández (Pdf)

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existir indicios importantes en la causa de la comisión por el imputadode hechos delictivos de especial gravedad, castigados con penas de igualnaturaleza, según se evidencia:1.- En primer término, del estudio de la abundante documentaciónobrante en las presentes diligencias, fundamentalmente a través delanálisis de los expedientes de ayudas públicas, de los informes de laIntervención General de la Junta de Andalucía, de las actas del ConsejoRector del IFA/IDEA, del análisis de la documentación relativa a lasmodificaciones presupuestarias para el Programa 031.L de la Consejeríade Empleo y fichas presupuestarias del PAIF de la Agencia IDEA, asicomo de los atestados hasta ahora incorporados a la presente causa.2.- En segundo término, por ser presuntamente Don AntonioFernández, como firmante del Convenio Marco de 17 de Julio de 2001,quién ordenó las directrices para su aplicación, que le fueron impartidasal Sr. Guerrero en el propio despacho del primero, tal y como sedesprende de las declaraciones coincidentes del citado Director Generaly del propio Sr. Fernández; concretamente, indiciariamente este últimosegún Guerrero le transmitió la necesidad que existía en la Consejería deEmpleo de “dotarse de un sistema operativo con los propios medios dela Consejería”, ya que el IFA pertenecía por aquel entonces a la misma.Y todo ello, bajo la constante retórica de la necesidad de mantener la“paz social”, indicándole que a partir de ese momento todo se iba arealizar por el citado Director General, como órgano competente,64
mediante convenios particulares con el IFA y “bajo el paraguas delAcuerdo Marco”.El propio Sr. Fernández, en la extensa declaración que ha venidoprestando en estos días, ha reconocido también que estas directrices selas marcó y se las trasmitió al Sr. Guerrero, directrices que no seamparaban en normativa estatal ni de desarrrollo reglamentario por partede la Junta de Andalucía, y que a mayor abundamiento ni siquiera sepodían deducir del contenido del Convenio Marco de 17 de julio de2001. Eran en definitiva, criterios verbales que se manejaban en laConsejería y que sólo lo sabían las personas o cargos más cercanos a laAdministración, de ahí que los beneficiarios, necesariamente tuvieranque tener estrecha relación con ellos.En cuanto a los criterios que marcó el Sr. Fernández sobre lasayudas sociolaborales, indicó un criterio de edad (55 años) para que losextrabajadores pudieran acudir a este tipo de ayudas; señaló también ladifícil reinserción laboral y estar en situación de desempleo, aún cuandoesta situación de desempleo se hubiese prolongado mucho en el tiempo,hasta el punto que llegó a justificar de manera absolutamente arbitraria,la concesión de subvenciones individuales a particulares sin pertenenciaa empresa, para lo cual incluso consideró la conveniencia de que losmismos se incluyeran en pólizas de colectivos de extrabajadores con losque no tenían relación alguna. Es poco creible que el criterio de la edadque ha manifestado el Sr. Fernández en su declaración fuera el de tenercumplidos al menos 55 años, cuando en la práctica totalidad de losexpedientes de prejubilación, la edad de inclusión era tener 52 años de65
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