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MANUAL DE VALIDEZ Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA AL INTERIOR DE TRÁMITES NOTARIALES
Por
ERICK RINCÓN CÁRDENAS
Gerente General de CERTICÁMARA S.A.
Validez jurídica y probatoria de los
Mensajes de Datos en Colombia
PARTE 1. CONCEPTOS GENERALES ALREDEDOR DEL
USO DE LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
Introducción
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los
negocios electrónicos lo constituye la equivocada percepción
de inseguridad en el uso de las nuevas tecnologías, frente
al marco jurídico existente. En ese sentido, los partícipes
en una operación de comercio electrónico pueden tener la
confianza suficiente de que todas las operaciones que van a
realizar tienen valor jurídico.
Por lo anterior, presentamos a la comunidad notarial del país
un trabajo cuyo propósito es resaltar, desde la perspectiva
académica, las características del marco jurídico vigente
alrededor de la validez jurídica y probatoria de los mensajes
de datos e información electrónica en todo tipo de trámites
y actuaciones.
1. Explicación sumaria de la estructura de Ley 527 de
1999;
En materia de validez jurídica y probatoria de información
electrónica de todo tipo, la norma paradigmática es la Ley
527 de 1999, más conocida dentro de nuestro ámbito como
Ley de Comercio Electrónico. Es importante recordar el
ámbito de aplicación de la Ley:
ARTICULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La presente Ley será aplicable a todo tipo
de información en forma de mensaje de
datos, salvo en los siguientes casos: a) En
las obligaciones contraídas por el Estado
colombiano en virtud de convenios
o tratados internacionales; b) En las
advertencias escritas que por disposición
legal deban ir necesariamente impresas
en cierto tipo de productos en razón al
riesgo que implica su comercialización,
uso o consumo.
De la redacción de este artículo se desprende fácilmente
que la Ley 527 es de aplicación general. Establece que se
aplica a todo tipo de información disponible en forma de
mensajes de datos, estableciendo dos excepciones: las
obligaciones pactadas en tratados internacionales y las
advertencias escritas que deben ir impresas en los productos
para cumplir con los objetivos de protección al consumidor.
Las excepciones son obvias y razonables, pero es importante
destacar que son restrictivas.
Igualmente, dicha normativa pretende cerrar el problema
del uso de medios electrónicos como medio de prueba para
cualquier tipo de transacción, contrato, actuación, operación
o similar.
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