PRESENTACIÓN

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A partir del análisis de los procedimientos de
scalización vericación tributaria realizados
por la uperintendencia acional de Aduanas
Administración ributaria (unat), se identican
ecos que vulneran los derecos constitucionales
del contribuente, como el dereco a la defensa, el
dereco a no autoinculparse, la intimidad personal,
el debido proceso, el dereco a recibir información,
entre otros La unat, mucas veces, induce sin
sustento alguno a los contribuentes a recticar sus
declaraciones a n de que dicos contribuentes
paguen maores impuestos multas bao la “amenaza
de una scalización de tributos
n los ltimos años, unat está buscando incrementar
conseguir una rápida recaudación de tributos bao
una poltica recaudatoria A ello se debe agregar que,
tras la cada de los precios de los minerales, recaudó
menores impuestos a los programados, con lo cual se
vio afectada su meta de llegar al 8 del PI, obetivo
que se a propuesto lograr el Gobierno para el año
206 Por ello, la unat eerce una presión tributaria
en otros sectores, sobre todo en los pequeños
medianos contribuentes
Con el presente artculo, se busca analizar cuándo
se vulneran los derecos constitucionales del
contribuente en el procedimiento de scalización
tributaria De continuar esta situación, se seguirá
propiciando inseguridad urdica, fraude scal,
corrupción, desorden social, quiebra de empresas,
informalidad, entre otros serios problemas sociales; ,
con ello, evasión la no recaudación de impuestos,
lo cual afectará el presupuesto del stado respecto
de los ingresos tributarios para el pas ambién,
este escenario puede persuadir al contribuente a
realizar conductas infractoras o incumplidoras de sus
obligaciones scales
Por lo tanto, para contrarrestar dicos efectos negativos,
es necesario modicar adecuadamente el Reglamento
del Procedimiento de Fiscalización, de modo que
respete derecos, principios constitucionales
administrativos Asimismo, es preciso incluir dentro
del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización
la posibilidad de no exibir información que vulnere
principios urdicos Por ltimo, se debe regular las
actuaciones dirigidas al control de cumplimiento de
obligaciones formales
egn lo dispuesto en el numeral 2 del artculo I
de la Le del Procedimiento Administrativo General,
los administrados tienen dereco a exponer sus
argumentos, a ofrecer producir pruebas, a obtener
una decisión motivada fundada en dereco
Al respecto Gamba alega, señala que
l tribunal scal viene usticando actuaciones
administrativas que vulneran evidentemente
esta manifestación del debido procedimiento,
al permitir que la Administración no
comunique los resultados de la scalización,
sino es mediante la resolución que pone n al
procedimiento bao el argumento segn el cual,
el dereco de defensa bien puede eercerse
durante la apelación, desconocimiento as que
el dereco de defensa debe eercerse durante
después del procedimiento (200: 20)
Asimismo, el autor plantea como eemplo la RF
002--2004, en la que se indica que carece de
sustento el cuestionamiento del recurrente respecto
a que no le fueron comunicados los resultados de
las pericias efectuadas; de este modo, se vulnera su
dereco de defensa, toda vez que la Administración
no le comunicó los resultados de dicas pericias,
manifestando que tiene dereco de impugnar dica
resolución, mediante la correspondiente apelación, tal
como a sucedido en el caso de autos
Reforzando lo dico por el autor en reiterada
urisprudencia, el dereco a la defensa se puede eercer
durante culminado el procedimiento de scalización
a n de que el contribuente presente sus descargos
se pueda establecer una conclusión denitiva De
igual modo, dico dereco se mantiene cuando se
notica los actos administrativos A continuación, se
presentará algunos casos de resoluciones sentencias
en las que se puede evidenciar la vulneración del
dereco a la defensa:
n la Resolución del ribunal Fiscal 848--200 con
feca 2 de agosto de 200, se puede evidenciar la
vulneración del dereco a la defensa, es decir, el dereco
a exponer argumentos el dereco a probar ste
ltimo reere al dereco a ofrecer producir pruebas,
que le permitan contradecir los reparos planteados
por la Administración n esta Resolución, el ribunal
Fiscal declara nulos los requerimientos en los que la
Administración determine la obligación tributaria Para
ello, se sustenta en que la documentación incautada
no fue devuelta en su totalidad al contribuente, lo
que provocó que este no tuviera la posibilidad de
desvirtuar los requerimientos; en otras palabras, no
gozó de oportunidad procesal para discutirlos, porque
no tuvo acceso a los recibos conscados que dieron
lugar al reparo por venta e ingresos omitidos Además,
la Administración tuvo como sustento documentos que
no obedecan a ecos que ocurrieron en la realidad,
sino a suposiciones no comprobadas
Al respecto, es necesario señalar que la actuación de la
Administración referida en dica resolución incumple
con lo dispuesto en el numeral 2 del artculo I
de la LPAG Asimismo, el ribunal Constitucional,
en el considerando de la sentencia recada en el
xpediente 860-200-AAC, a señalado
La vulneración del dereco de defensa
quedara feacientemente constada si se
comprobase que la Administración ributaria
a sustentado sus conclusiones en base a
pruebas inexistentes o desconocidas, pues ello
determinara la imposibilidad de contradecirlas
, obviamente, defenderse contra ellas; más
an si tales pruebas, por s mismas, resultaron
sustanciales determinantes para la resolución
de la controversia
ambién, en la sentencia recada en el xpediente
680-6-AA, se constata la afectación al dereco a la
defensa, dado que l ribunal Constitucional indicó que
La exigencia dispuesta del pago del tributo que
se considera lesivo como condición al reclamo
de éste, constitue una desproporcionada
restricción del dereco a la tutela urisdiccional
en sede administrativa conforme lo reconoce
el artculo inciso de la Constitución
pues vulnera el dereco de toda persona a
ser oda, con las debidas garantas dentro
de un plazo razonable, por un uez o tribunal
competente en la determinación de sus
derecos obligaciones de orden scal
Como sabemos, en un procedimiento de scalización,
el contribuente debe cumplir con su deber de
colaboración proporcionando información a la
Administración ributaria in embargo, el brindar
información aportar pruebas a la unat puede servir
de base para que esta inculpe al contribuente e iniciar
un proceso de delito tributario
Al respecto, Gamba a precisado:
n procedimiento de scalización en la
que la Administración ributaria, eerciendo
sus facultades discrecionales, solicita todo
tipo de información al contribuente a n
de vericar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias sustantivas formales,
corroborando as que los ecos generadores
aan sido debidamente declarados por el
contribuente; no solo sirve para determinar
la obligación tributaria o comprobar el
debido cumplimiento de las mismas, sino
que también tal información alcanzada
por el propio contribuente va a servir a la
Administración para detectar las infracciones
que se aan cometido consecuentemente
servirá para imponer sanciones tributarias in
embargo, gran parte de la doctrina sostiene
que esta información, que obligatoriamente
debe exibir el deudor tributario, bao
apercibimiento de ser sancionado si no
cumpliese con el mandato legal, no está
constitucionalmente permitida, pues afecta
el dereco a que nadie debe ser obligado a
declarar contra s mismo (200: 2)
En el procedimientos de
el derecho a no autoinculparse,
la intimidad personal, el debido
proceso, el derecho a recibir
Del mismo modo, illegas Lévano menciona:
la protección del dereco fundamental de
no declarar contra s mismo no termina sólo
en no declarar contra s, sino que además
abarca en no exigir al contribuente a que
tenga que colaborar positivamente en la
integración de la prueba de cargo, es decir,
que la Administración no podrá exigir al
contribuente a presentar documentación
que propiamente lo incrimine utilizar esa
información para que, en base a ello, se
determine la infracción o delito tributario
sirva posteriormente para que se le imponga
una sanción (20: 28)
s importante destacar que el ribunal de usticia de la
Comunidad uropea a reconocido como un dereco
básico el dereco a no autoinculparse, el cual rige
incluso a nivel del dereco administrativo sancionatorio
, con maor razón, para el dereco penal tributario Por
ello, en uropa, existen dos procedimientos paralelos:
uno que comprende el procedimiento de scalización
sueto a reglas propias de los procedimientos
administrativos; , paralelamente, un procedimiento
sancionatorio, con todas las garantas que implica un
procedimiento sancionador a nivel administrativo
tro de los derecos proclive a vulnerarse en el
procedimiento de scalización es el dereco a la