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116 117 intimidad, la cual está consagrada en el numeral del artculo 2 de la Constitución Poltica del Per, en el cual se señala: “oda persona tiene dereco a la intimidad personal familiar (Congreso Constituente Democrático ) Asimismo, en el numeral 0 del mismo artculo, se indica que todo individuo tiene dereco al secreto, as como a la inviolabilidad de sus comunicaciones documentos privados De igual modo, segn la sentencia 004- 2004-AI C de feca 2 de setiembre de 2004, el carácter económico del dereco a la intimidad se materializa en la reserva tributaria, el mismo que busca preservar una dimensión sobre la vida privada de los ciudadanos, que estriba en información económica susceptible de construir una “biográca económica del individuo Dica información, de no allarse debidamente tutelada, pondra en riesgo no solo el dereco a la intimidad del individuo, sino a otros bienes de igual importancia, como su seguridad o su integridad n ese marco, se debe resaltar que, cuando la Administración ributaria requiera información al contribuente, no se debe obligar a que este entregue informaciones de comunicaciones documentos de carácter privado (aspectos patrimoniales de su vida), porque el dereco a la reserva tributaria –la cual constitue una garanta de condencialidad– representa un lmite a las facultades de la Administración n ese sentido, dica información deberá quedar excluida del conocimiento aeno de las intromisiones de los demás, a no ser que, razonablemente, debidamente motivada sin interdicción a la arbitrariedad, se fundamente los requerimientos de la Administración De no ser as, se estara violando el dereco a la intimidad personal A modo de prueba, abordaremos la C 468-2006- PAC de feca 24 de setiembre del 2008, en la que se comprueba la vulneración del dereco a la intimidad del recurrente n ese caso, la información que se solicitó careca de relevancia para la determinación de la obligación tributaria: la Administración solicitó información sobre cuánto inverta en alimentos, dónde se diverta, con quiénes cuánto gastaba n efecto, si es legtimo requerir información de carácter privado, este requerimiento debió estar respaldado en un nivel adecuado de motivación; de lo contrario, tal como ocurrió en el presente caso, dico pedido devino en arbitrario De igual modo, en la C 004-2004-ALC, el ribunal Constitucional (2004) a señalado que el carácter económico del dereco a la intimidad se materializa en el secreto bancario Precisamente, con respecto al secreto bancario, la C 0-200- DC del de abril de 200 señala: “l régimen del secreto bancario se encarga de tutelar, por medio de la reserva la condencialidad, la información relativa a la esfera privada de las personas naturales personas urdicas de dereco privado n ese sentido, la información bancaria se encuentra sueta parcialmente al régimen de secreto (ribunal Constitucional 200) n otras palabras, el secreto bancario es un dereco constitucional, que protege la vida privada mediante la condencialidad o el secreto ste solo puede levantarse a pedido del uez, del scal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a la le siempre que se reera al caso investigado n la RF 0--202, de feca 20 de enero de 202, se puede evidenciar que la actuación de la Administración vulnera dereco al secreto bancario, puesto que parte de las copias de los ceques que obran en el expediente de scalización tributaria fue presentada por el anco de Crédito en cumplimiento a lo requerido directamente por la Administración ributaria in embargo, el requerimiento solicitado por la unat fue realizado sin intervención del uez Por consiguiente, al tratarse de documentos que no fueron obtenidos conforme a la le, no corresponde que sean merituados en esa instancia Reglamento del Procedimiento respete derechosprincipios l numeral ) del artculo de nuestra Constitución Poltica reconoce como un dereco “la observancia del debido proceso la tutela urisdiccional ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos (Congreso Constituente Democrático ) obre el particular, es preciso señalar que nuestro ribunal Constitucional mencionó en diversas sentencias que este dereco “es una garanta que si bien tiene su ámbito natural en sede udicial, también es aplicable en los procedimientos administrativos 2 Asimismo, el artculo 2 de la Le 2444 del Procedimiento Administrativo General (LPAG) congura el procedimiento administrativo como el “conunto de actos diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos urdicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derecos de los administrados (LPAG 200) Como señala el ribunal Constitucional, estas garantas “normalmente se encuentran reconocidas por conducto de la le a través de diversos procedimientos de defensa o reconocimiento de derecos situaciones urdicas, por lo que su trasgresión impone como correlato su defensa constitucional por conducto de acciones constitucionales (C 0268 de 2 de ulio) umeral del Artculo de la Constitución Poltica del Per, as como el inciso a) del numeral 0 del artculo 62 del Código ributario 2 id, entre otras, las entencias recadas en los xpedientes s 2-200-AAC, de feca de ulio de 200; 6-200-AAC, de feca 4 de abril de 200; 22-200-AAC, de feca de noviembre de 200 id, la C recada en el expediente 026--AAC, de feca 2 de ulio de 8 Cabe anotar que resulta indiscutible que, en todo procedimiento administrativo, la Administración Pblica debe respetar las garantas mnimas que corresponden a un “debido procedimiento; obviamente, el procedimiento de scalización tributaria no debe constituir una excepción a esta regla Caso contrario, resultará viciada de constitucionalidad cualquier actuación administrativa que vulnere el mencionado dereco fundamental n ese sentido, el procedimiento administrativo constitue una garanta esencial de los administrados, puesto que implica la va previa que necesariamente debe seguir la Administración para la emisión de un acto administrativo ediante este, precisamente, la Administración cumple con los nes que se le an encomendado: “servir el interés pblico, garantizar un procedimiento de scalización ecaz, as como asegurar que los actos administrativos se sometan plenamente al ordenamiento urdico (principio de legalidad) As, lo an declarado expresamente el ribunal Constitucional, el ribunal Fiscal la propia LPAG Al respecto, en el numeral 2 del artculo I de la LPAG, se indica: “Los administrados gozan de todos los derecos garantas inerentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el dereco a exponer sus argumentos, a ofrecer producir pruebas a obtener una decisión motivada fundada en dereco La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Dereco Administrativo (LPGA 200) 3.1. Nulidad de los actos l artculo 0 de la LPAG sanciona con carácter de nulidad cualquier actuación administrativa que contraviene a la Constitución, las lees o las normas reglamentarias De igual modo, en el numeral 2 del artculo 0 del código tributario, se menciona que son nulos los actos de la Administración ributaria cuando estos se realizan prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido o cuando son contrarios a la le o norma con rango inferior Además, el artculo 6 del Código penal señala que “l funcionario pblico que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause peruicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no maor de tres años (Poder ecutivo, ) A continuación, expondremos algunos casos en los que se observa la vulneración de este dereco fundamental: a) C 42-202-PAC ste tribunal considera que la actuación de la Administración a vulnerado el dereco al debido procedimiento, porque se infringieron los principios de impulso de ocio 4 : la Administración no presentó pruebas necesarias pertinentes para la adecuada resolución de ecos del presente caso) Asimismo, se violó el dereco de verdad material : la unat no vericó 4 sto es reconocido en el inciso del artculo I del P del LPAG (Le 2444) sto es reconocido en el inciso artculo I del P del LPAG (Le 2444) correctamente los ecos (naturaleza del producto importado) que sirvieron de motivo a sus decisiones , de forma arbitraria e irrazonable, utilizó el método del análisis del producto para determinar si los productos importados de acero se encontraban alados con boro, en lugar de utilizar otro método más adecuado e idóneo, como es el de la colada o la cucara n efecto, esta actuación generó un error en el momento en que la Administración clasicó los productos importados en una subpartida arancelaria distinta a la de acero aleado con boro, situación que implica no solo la infracción del principio de legalidad, sino también la vulneración del principio de interdicción a la arbitrariedad A razón de todo lo indicado, el ribunal declaró nulos todos los procedimientos administrativos en los que utilizó el método cuestionado Además, la incorrecta clasicación afectó el dereco a la propiedad privada de la demandante, pues a los productos importados les corresponde asumir una tasa del 4 no del 2 Frente a ello, el ribunal Constitucional ordenó la devolución de los pagos en exceso (8), la que debe incluir los intereses correspondientes 6 El derecho a la se el procedimiento de b) RF 4--204, de feca 20 de unio de 204 n esta resolución, el ribunal Fiscal armó que la actuación de la Administración vulneró el debido procedimiento, por lo cual declaró nula la emisión de las resoluciones de determinación n primer lugar, esta decisión responde a que, en un requerimiento, la Administración ributaria no cuestionó la feaciencia de las operaciones observadas al contribuente, sino que nicamente solicitó acreditar que se trataran de gastos propios o necesarios para mantener la fuente generadora de renta de la empresa, es decir, la causalidad n ese sentido, se entiende que no se le solicitó que efectuará descargo alguno en relación con la feaciencia de las operaciones n segundo lugar, la Administración, en otro requerimiento, solicitó nicamente los ceques con los que la recurrente aba cancelado sus gastos, sin indicar o solicitar documentación adicional a través de la cual pudiera vericarse la realidad de las operaciones Conforme a lo anotado en la urisprudencia emitida por este ribunal, la cancelación de las operaciones no es el nico elemento de análisis para determinar si una operación es real o no, como tampoco la vericación del pago a través de ceques establece la realidad de una operación, puesto que, en aquellos casos en los que no es exigible la cancelación a través de medios de pago, resulta suciente vericar 6 La posibilidad de pagar intereses por pagos indebidos de tributos se encuentra reconocida en el artculo 8 del exto nico rdenado del Código ributario
118 119 comprobadamente que el pago se izo efectivo n ese sentido, no es correcto que la Administración emita resoluciones de determinación en el extremo referido al reparo por comprobantes de pago falsos si no solicitó documentación pertinente para dico reparo Por tanto, se observa que la actuación de la unat no fue la más clara precisa, porque limitó al contribuente a ofrecer las pruebas pertinentes que pudieran usticar sus operaciones efectuadas Cuando la Administración razonablemente, debidamente De no ser así, se estaría violando el derecho a la intimidad personal. Caso similar ocurre en la RF 226-2-200 de feca 0 de febrero del 200, en la que la unat procedió a desconocer el crédito scal reparar los gastos de los comprobantes de pago, debido a que el contribuente no cumplió con presentar o exibir la documentación sustentatoria sta acción no es adecuada, porque la Administración exigió al contribuente a que demostrara el traslado pago de los bienes adquiridos sin aberle requerido de forma expresa que probara la realidad o feaciencia de las adquisiciones observadas, ni aberle comunicado que, en caso contrario, determinara el reparo por operaciones no reales De este modo, restringió la posibilidad de que el contribuente pudiera desvirtuar la acusación presentar sus argumentos al respecto 3.2.El deber de la Administración de motivar sus proceso no de los principios fundamentales del debido proceso es el de la motivación, el mismo que se alla consagrado en el inciso del artculo de nuestra Carta Fundamental sta ltima indica: “s un principio dereco de la función urisdiccional la motivación escrita de las resoluciones udiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la le aplicable de los fundamentos de eco en que se sustentan (Constitución Poltica del Per ) n la entencia de Casación 44-200, se precisa que la nalidad principal de la motivación es permitir el acceso de los usticables al razonamiento lógico urdico empleado por las instancias de mérito para usticar sus decisiones urisdiccionales, de modo que puedan eercer adecuadamente su dereco de defensa cuestionar de ser el caso el contenido la decisión asumida obre este principio, illegas menciona: De a la debida importancia de la debida motivación o fundamentación de las actuaciones decisiones discrecionales que adopte la Administración ributaria- A, pues en sus resoluciones va a tener que integrar propiamente los mandatos constitucionales entre s sin menoscabar los principios tributarios las garantas constitucionales de los contribuentes, además de expresar de manera clara e inequvoca los criterios de razonabilidad racionalidad en base a usticaciones lógicas de los ecos en conexión con las normas legales el ordenamiento urdico que genera (20: 2) Para explicar la importancia de la debida motivación en el procedimiento de scalización tributaria, se analizará la Resolución del ribunal Fiscal 8- 2-20 n esta, el ribunal Fiscal declaró nula la resolución de Intendencia, debido a la falta de motivación n este caso, la unat aba emitido órdenes de pago por omisión al pago del IG sobre la base de las declaraciones uradas presentadas por el contribuente; sin embargo, este contribuente alegó que se encontraba inafecto del referido impuesto, debido a que se trataba de una entidad cultural sin nes de lucro Además, agregó que por error consignó ventas gravadas con el IG en las declaraciones, por lo que con el n de subsanar dico error presentó declaraciones recticatorias Para vericar lo dico por el contribuente, la unat le solicitó la exibición del registro de ventas los comprobantes de pago olo sobre la base de estos documentos, unat sostuvo que el contribuente no se encontraba inafecto al IG al no aberse acreditado que los servicios prestados estaban debidamente autorizados mediante resolución suprema ni que el contribuente contaba con la calidad de institución educativa pblica o privada para gozar de la inafectación del IG Al respecto, el ribunal Fiscal observó que, en el requerimiento emitido por la unat, no se apreciaba que ubiera requerido al contribuente que sustentara documentariamente con base legal respectiva la inafectación al IG; además, señaló que con la documentación solicitada por la Administración no se poda concluir que el contribuente no gozaba de inafectación del IG ue el procedimiento de scalización tributaria se torne arbitrario a implicado que la unat aa vulnerado derecos constitucionales del contribuente, tales como el dereco a la defensa, el dereco a no autoinculparse, la intimidad personal, el debido proceso, entre otros La actuación de la unat en el procedimiento de scalización tributaria debe de enmarcarse dentro de lo que establece la Le (principio de legalidad) Asimismo, debe guiarse por criterios de razonabilidad usticar en cada supuesto su actuación Por ello, la Administración ributaria deberá regirse bao las limitaciones que la Constitución, el Dereco ributario la Legislación Administrativa establecen; de lo contrario, tal procedimiento de scalización devendrá en arbitrario En todo procedimiento administrativo, la Administración Pública debe respetar las garantías mínimas procedimiento”; obviamente, el no debe constituir una excepción a esta regla. Caso contrario, resultará viciada de l brindar información aportar pruebas a la unat no solo sirve para determinar la obligación tributaria o comprobar el debido cumplimiento de las mismas; también, puede servir para detectar las infracciones que se aan cometido, lo cual vulnera el dereco a que nadie debe ser obligado a declarar contra s mismo (dereco a no autoinculparse), por lo que debera regularse dico procedimiento sancionatorio Cuando la Administración ributaria requiera información al contribuente, no se debe obligar a que este entregue información de comunicaciones documentos de carácter privado, a no ser que razonablemente, debidamente motivado sin interdicción a la arbitrariedad se fundamente los requerimientos de la Administración De no ser as, se estara violando el dereco constitucional a la intimidad personal, como se evidenció en las sentencias resoluciones analizadas en la presente investigación n las resoluciones sentencias analizadas, se mostró ecos que vulneran el dereco a la defensa el debido procedimiento al limitar al contribuente a exponer sus argumentos, ofrecer producir pruebas, as como al impedirle contradecir los reparos planteados por la Administración CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO “Constitución Poltica del Per Diario ocial l Peruano Lima, de setiembre CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2001 “LEY Nº 27444- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL”. DIARIO OFICIAL EL PERUANO. LIMA, 11 DE ABRIL. V GA, CÉSAR GAMBA VALE 2005 “LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN O VERIFICACIÓN”. ACTUALIDAD JURÍDICA. LIMA, AGOSTO, NÚMERO 141. 2003 PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL Y POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A ( SEGUNDA PARTE). REVISTA ANÁLISIS TRIBUTARIO. LIMA, NOVIEMBRE DE 2003. PODER EJECUTIVO 2013 “D.S. N°123-20-13 EF. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO”. DIARIO OFICIAL EL PERUANO. LIMA, 22 DE JUNIO. 2012 “D.S. Nº 207-2012-EF QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA SUNAT APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 085-2007-EF”. DIARIO OFICIAL EL PERUANO. LIMA, 22 DE OCTUBRE. 1991 “D.L. N°635 CÓDIGO PENAL”. DIARIO OFICIAL EL PERUANO. LIMA, 8 DE ABRIL. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2012 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N° 452- 2012-PA/TC. LIMA, 18 DE JULIO. 2008 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N°4168- 2006-PA/TC/. LIMA, 24 DE SETIEMBRE. 2005A SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N°8605- 2005-AA/TC. LIMA, 14 DE NOVIEMBRE. 2005B SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N°1170- 2005-HD/TC. LIMA, 1 DE ABRIL. TRIBUNAL FISCAL 2014 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL N°7491-1-2014. LIMA, 20 DE JUNIO. 2012 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL N°1031-3-2012. LIMA, 20 DE ENERO. 2009A RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL N°8458-5-2009. LIMA, 27 DE AGOSTO. 2009B RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL N°1226-2-2009. LIMA, 10 DE FEBRERO. VILLEGAS LÉVANO, CESAR. 2011 ESTUDIOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO. LIMA: FONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES.
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