Criminología indeterminadas indeterminados

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Juan Muñoz Sánchez
de favorecimiento o promoción de su uso 26 . Con esta regulación quedaba indeterminada
si se castigaba la tenencia para el consumo, lo que provocó una discusión
doctrinal que resolvió el Tribunal Supremo en 1975 declarando la penalidad
únicamente de la tenencia para el tráfico 27 .
Esta regulación fue muy criticada por la doctrina por no respetar el principio de
legalidad y la seguridad jurídica. En aras a salvaguardar la seguridad jurídica, de
forma que el arbitrio judicial no devenga en indeterminación de las conductas y de
la penas, la Ley Orgánica 8/1983 de reforma urgente y parcial del Código penal
deja claramente fuera del tipo penal la tenencia para el consumo, como había
establecido la jurisprudencia, se elimina la expresión “o de otro modo”, distingue el
tratamiento penal según se trate de sustancia que causen grave daño o que no cause
grave daño y supone una rebaja de las penas.
La Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, aunque precedió a la Convención de
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
de 20 de diciembre de 1988, se formuló siguiendo los distintos borradores de la
Convención. Esta reforma del Código penal supuso una “contrareforma” de la
operada en 1983 y cumplió ampliamente las demandas internacionales: se vuelve a
una amplia formación del tipo básico del delito de tráfico de drogas, recuperándose
la expresión “de cualquier otro modo”, se crean nuevos tipos agravados y se
amplían los ámbitos de punición de los ya existentes, se elevaron las penas de estos
delitos y se introducen nuevas figuras delictivas destinadas a perseguir a quienes se
aprovechen de los efectos y beneficios derivados del tráfico de drogas .
Nuestro legislador ha mostrado una aptitud más moderada dentro de esta opción
represiva en dos aspectos de los que se separa, al menos, parcialmente, de las
propuestas de las Naciones Unidas. Por un lado, mantiene la distinción entre drogas
susceptibles de causar grave daño y las que no y, por otro lado, no da el paso
demandado por la Convención de castigar las conductas orientadas al consumo
personal. Sin embargo, solo parcialmente se puede afirmar que nuestro legislador
no haya acogido la pretensión de las Naciones Unidas de castigar la posesión para
el consumo personal porque si bien no se castiga penalmente, si se sanciona
administrativamente. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de
1 de febrero de 1992 ha puesto fin a la ausencia de toda previsión sancionadora de
la tenencia y el consumo de drogas, al considerar infracción grave contra la
seguridad ciudadana el consumo en lugares públicos, vías, establecimientos o
transportes públicos (art. 21.1), la tenencia ilícita de estas sustancias, aunque no
estuvieran destinadas al tráfico (art. 21.1) y la tolerancia del consumo ilegal o el
26 Art. 344: “Los que ilegítimamente ejecuten actos de cultivo, fabricación, elaboración, transporte,
tenencia, venta, donación, tráfico general de drogas tóxicas o estupefacientes o de otro modo promuevan,
favorezcan o faciliten su uso serán castigados con las penas de prisión mayor y multa de 5.000 a 250.000
pesetas”.
27 STS de 23 de mayo de 1975 Tol 4251828.
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2015, núm. 17-22, pp. 1-50 − ISSN 1695-0194