Criminología indeterminadas indeterminados

34
Juan Muñoz Sánchez
como “seriado de requisitos tasados” 99 , sino como indicadores que han de
valorarse desde el concreto análisis de cada caso, y que permiten deducir si se
deriva o no un riesgo para la salud de terceros. Lo relevante dice la sentencia es que
“la actividad encaje naturalmente en este segundo ámbito (el consumo propio), por
ausencia de estructuras puestas al servicio del consumo de terceros, no son
típicas” 100 .
No compartimos el concepto de consumo ilegal como elemento normativo del
tipo que sostiene la sentencia, que difícilmente es compatible con la configuración
del tipo como delito de aptitud para la producción de un daño a la salud pública, y
en cualquier caso, tal concepto no es relevante para determinar el ámbito del tipo
penal.
A partir de los convenio internacionales y la legislación administrativa sobre
drogas ilegales, atendiendo especialmente a la ley 17/1967, de 8 de abril, sobre
actualización de normas vigentes sobre estupefacientes, concluye que por consumo
ilegal se ha de entender “todo consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o
psicotrópicas que no entre en los supuestos expresamente autorizados por los
Convenios y las normas administrativas vigentes en España”.
Tal concepto lo deduce el Pleno de la Sala segunda del art. 1.2 del Convenio
único sobre estupefacientes de 1961 que establece que a los efectos de esta
Convención se entenderá por consumo “la entrega a una persona o Empresa para
su distribución al por menor para uso médico o para la investigación científica” y,
por tanto, solo se considera lícito el consumo de estupefacientes para usos médicos
o de investigación científica. En cumplimiento de este compromiso internacional la
Ley 17/1967 califica como géneros prohibidos todas las sustancias incluidas en la
Lista IV de las anexas al Convenio. De aquí concluye la Sala que la tenencia o
consumo de tales géneros, fuera de los supuestos expresamente autorizados,
constituyen un ilícito administrativo 101 .
Las consecuencias de esa interpretación del consumo ilegal no encajan con la
interpretación restrictiva del tipo que hemos venido sosteniendo. Implica que se
considera típica cualquier conducta que promueva o facilite el consumo y solo se
considera que estaría justificada la conducta cuando se trata de un consumo
expresamente autorizado, en concreto si el consumo es terapéutico o científico
99 Si así se entendieran las condiciones exigidas “acabarían por desplazar la antijuricidad desde el bien
jurídico –evitar el riesgo para la salud pública- a la fidelidad de unos protocolos cuasiadministrativos pero
fijados jurisprudencialmente” (FD undécimo p. 36).
100 FD undécimo, p. 36.
101 FD séptimo pp. 23-25. La concepción de los requisitos exigidos por la jurisprudencia como indicios
que abonan la idea de que la droga no va destinada al tráfico sino al consumo individual o colectivo hace,
como ha puesto de manifiesto DOPICO GÓMEZ-ALLER, “Transmisiones atípicas…”, cit. pp. 28 y 49 y ss.,
perfectamente posible que en un determinado caso se pueda afirmar que la droga iba destinada a un consumo
colectivo aunque éste no fuera inmediato, o aunque los destinatarios no fueran consumidores habituales, o
incluso cuando tenga lugar en un ámbito no cerrado, siempre que exista material probatorio que permita
afirmar que la droga es para consumo compartido.
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2015, núm. 17-22, pp. 1-50 − ISSN 1695-0194