La Bocina Nº 359 - Julio 2018

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JuLio 2018
- - * -_ * - * - * _ * _ * _ _ sucedió en Buenos Aires . /. / - - - * _ * _ _ .
TRASLADO
DE LA CÁRCEL
DE DEVOTO
La Legislatura avaló un acuerdo
entre el Gobierno metropolitano y el
Ministerio de Justicia nacional para
construir una nueva unidad penitenciaria
federal que posibilite el desalojo
del último establecimiento penal
que existe en la Ciudad de Buenos
Aires.
El entendimiento fue firmado el 12
de marzo último por el jefe de
Gobierno de la CABA, Horacio
Rodríguez Larreta; el ministro nacional
Germán Garavano y el presidente
AABE, Ramón Lanús.
El convenio estipula desafectar el
Complejo Penitenciario Federal de
calle Bermúdez al 2600, que totaliza
unas 4,7 hectáreas en Devoto, para
lo cual previamente se construirá
una nueva cárcel (en un lugar que el
convenio no especifica) cuyo costo
será solventado por la CABA.
Una vez desalojada la unidad penitenciaria
y trasladados los internos y
el personal al nuevo establecimiento,
la Legislatura dispondría la rezonificación
de esos inmuebles para autorizar
emprendimientos urbanísticos.
No tenemos código
(ambiental)
A través de un recurso de amparo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad encabeza
el pedido para que la Legislatura y el Poder Ejecutivo inicien el proceso de sanción
del Código Ambiental, ordenado por la Constitución hace más de 20 años.
En 1996, la Constitución de la Ciudad ordenó la aprobación de un Código Ambiental
para la Ciudad de Buenos Aires. En 2009, el Plan Urbano Ambiental (PUA) dispuso que
debía aprobarse, entre otros, el Código Ambiental, uno de los instrumentos normativos
esenciales para operativizar el PUA. Pero Desde hace 22 años, tanto el Poder
Ejecutivo como la Legislatura omitieron cumplir con la OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL
de aprobar el CÓDIGO AMBIENTAL para la ciudad. La cuestión toma gravedad con la
discusión actual, en la Legislatura porteña, del nuevo Código Urbanístico sin tratar el
Código Ambiental. La omisión inconstitucional de no haber aprobado el Código
Ambiental no debe premiar a la Legislatura con la facultad de determinar en forma
discrecional si respeta el procedimiento de doble lectura o no para las leyes ambientales
que constituirían una modificación del Código Ambiental de haberse aprobado
este, denuncian los expertos del Observatorio n
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La justicia le dió la razón
a los medios barriales
La Sala 1 de Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa, revocó el fallo en
primera instancia de la jueza Paola Cabezas Cescato, que denegó el amparo presentado
por un conjunto de editores, ante la avanzada de parte del Gobierno porteño
de recortar los montos de la pauta que, por ley, perciben los medios de comunicación
social inscriptos en el Registro de Medios Vecinales de la Ciudad.
El 5 de Febrero de este año -mediante una resolución- el subsecretario de
Comunicación Social, Máximo Merchensky, rebajó un 17% de la pauta publicitaria
que perciben los medios vecinales en concepto de contraprestación publicitaria,
según lo que ordena la ley 2587.
Tal como se hizo con otros inmuebles
nacionales transferidos a la Ciudad,
el 35 por ciento del suelo se utiliza
para construcción de edificios y 65
para espacio público. Así lo había
anunciado el jefe de Gobierno, aunque
esos detalles no figuran ni en el
convenio ni en la ley votada por los
legisladores n
En Mayo, esta reducción llegó al 20%. Esta baja no sólo repercute en las exiguas
economías de los medios vecinales, también vulnera la letra de la Ley y su reglamentación;
lo que llevó a un grupo de medios a reclamar ante la justicia, mediante
un recurso de amparo.
La Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió hacer lugar al
recurso de apelación deducido por los medios vecinales de comunicación social
.Teniendo en cuenta la contundencia de este fallo, que avala no sólo los argumentos
expuestos por los demandantes sino también lo expresado en la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, es de suponer que el nuevo Juez pondrá especial atención
a lo dictado por la Cámara n