Edición 17 de noviembre 20188

Diario Co Latino Nacionales
Sábado 17 de noviembre de 2018 7
PDDH de Guatemala y El Salvador
inician investigación de minería
en aguas transfronterizas
Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Fray Armando González
Villatoro, responsable
y coordinador
de la Comisión de Justicia y
Paz de Centroamérica, Panamá
y de la Fundación de la Santa
Cruz en Haití (JPIC), celebró
la decisión de los procuradores
de Guatemala y El Salvador de
investigar los proyectos de minería
metálica en aguas transfronterizas,
en el marco de la
Convención Universal de Derechos
Humanos (ONU).
En el salón de honor de la
Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos de
Guatemala, Jordán Rodas Andrade
firmó junto a Raquel Caballero
de Guevara una Carta
de Entendimiento para fortalecer
las capacidades de ambas
instituciones, en atención
al tema de “Empresas y Derechos
Humanos”.
La firma de la Carta de Entendimiento
culminó con la reunión
de representantes de los
colectivos JPIC, CRIPDES,
Madre Selva y ACAFREMIN,
con quienes se resolvió conjuntamente
integrar comisiones
binacionales de las procuradurías
y organizaciones sociales,
para abordar el tema de la
minería metálica en aguas transfronterizas.
Los Principios Rectores
de la ONU, sobre empresas
y los derechos humanos fueron
aprobados en consenso del
Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, en el 2011, que
define las responsabilidades de
las empresas en el respeto a los
derechos humanos de la población
y hacer frente a las consecuencias
de terceros, al ejecutar
sus operaciones mercantiles en
esos territorios.
“Hemos tenido acercamientos
tanto con organizaciones de
La Procuraduría
para la
Defensa de
los Derechos
Humanos de
El Salvador y
de Guatemala
investigarán
los proyectos
de minería
metálica en
aguas transfronterizos.
Foto Diario Co
Latino/Cortesía.
El Salvador y Guatemala, es un
día especial porque dentro de
esta reunión con ambos procuradores,
Jordán Rodas y Raquel
de Guevara, se tomaron algunas
medidas donde van a tener
una mesa para que ambos
países compartan y solucionen
la problemática”, dijo Fray Armando
González.
Igualmente, Fray González,
expresó su preocupación que el
tema de la minería, que es una
amenaza latente, no ha jugado
un papel preponderante, y por
lo contrario se ha tratado de criminalizar
al movimiento social
y los defensores y defensoras
de derechos humanos por exigir
sus derechos o resistir a proyectos
en sus territorios.
“El agua transfronteriza que
viene de las cuencas de Guatemala,
para caer al lago de Güija
en El Salvador, sería para nosotros
la violentación del derecho
humano al agua si la contamina
el proyecto minero Cerro
Blanco. Y desde el 2008, con El
Salvador, venimos trabajando
sobre este tema. Porque ninguno
de los gobiernos, ni sus legislaturas,
han retomado el derecho
humano al agua o decretado
una ley general de aguas,
pese al bien que haría a las sociedades
guatemalteca y salvadoreña”,
consideró el religioso.
Mientras, los discursos de los
procuradores fueron enfáticos
en reconocer la labor de las organizaciones
sociales, ambientalistas
y de derechos humanos,
por garantizar el recurso natural
del agua para la población.
Raquel Caballero de Guevara
señaló en su intervención estar
en la disposición de eliminar
cualquiera de las problemáticas
u obstáculos que enfrenta
la sociedad civil organizada en
la defensa del derecho humano
al agua.
“Vamos a crear un mecanismo
de atención y si es posible,
diría un protocolo de atención,
estamos con toda la disposición
de dar apoyo a los defensores
de derechos humanos. Y
como la PDDH de El Salvador
y Guatemala, sabemos que es
una situación que ha acarreado
vidas y la situación es más
grave de lo que se puede pensar,
ya que se avecinan nuevos
proyectos mineros que afectarían
la salud y los derechos humanos
de personas en El Salvador,
al contaminar los recursos
vitales para todo el país”,
expresó la funcionaria salvadoreña.
En cuanto a las declaraciones
de los representantes de las
organizaciones sociales, fueron
consideradas por los procuradores
como una “alerta”, para
evitar el surgimiento de conflictos
socioambientales, con
empresas de carácter extractivo
de los bienes naturales y colectivos.
Jordán Rodas, defensor del
pueblo guatemalteco, reiteró el
compromiso de su institución
para acompañar y compartir
con la sociedad civil organizada,
líderes comunitarios y pueblos
indígenas, las problemáticas
que les aquejan en sus territorios.
“El informe que se ha
hecho del proyecto minero Cerro
Blanco, sabemos del peligro
que corren las poblaciones
de ambos países. Y de concretarse
la contaminación en el río
Lempa que nutre de agua en la
hermana república de El Salvador,
y claro cada quien desde
nuestra competencia y dentro
del marco legal. Tenemos plena
disponibilidad de estar presentes
en esta jornada que comienza
con la temática del río
Lempa, a fin de proteger los
derechos humanos de los salvadoreños
y guatemaltecos”,
puntualizó Rodas.