INDUSTRIALES #1_2021

POR José Julio Balmaceda / INDUSTRIALES
TRANSPORTACIÓN
¿Aumentos en carga?
El dedo en la llaga de la competitividad
Múltiples analistas consideran que las tarifas impulsadas
por algunas empresas navieras son arbitrarias y, en el mejor
de los casos, resultan equivalentes a un impuesto de 21%
a la transportación de carga. Se cree que el Negociado de
Transporte emitió esta propuesta de tarifas sin hacer ningún
tipo de análisis financiero de las entidades reglamentadas.
“Los propuestos aumentos en los cargos de manejo de contenedores
en los muelles, y en el costo del transporte terrestre
en Puerto Rico, impactan indudablemente nuestra competitividad”,
admite a INDUSTRIALES Edmundo Rodríguez,
un ejecutivo de vasta trayectoria en materia de corretaje
aduanero e industria de carga. “En este momento histórico,
cuando se trata de traer mayor manufactura a EE. UU., Puerto
Rico tiene una oportunidad privilegiada de combinar su Programa
de Incentivos Industriales con el Programa de Zonas
Libres, permitiendo la mejor ecuación tributaria en territorio
estadounidense. No debemos permitir que estos aumentos en
costos de transportación y manejo de carga impacten adversamente
nuestra competitividad y afecten el costo de vida de
nuestra ciudadanía. Debemos presentar un frente unido en
contra de estos incrementos”, declara.
Rodríguez, quien preside Néstor Reyes, Inc. (NR), enfatiza
que “todos los sectores económicos de Puerto Rico rechazan
los aumentos” (30% en promedio por cada contenedor)
publicados desde enero en la Federal Maritime Commission
(FMC). Tales escaladas, como se sabe, son impulsadas por empresas
como Luis Ayala Colón (LAC), Puerto Rico Terminals
y Tote Marine, “y habrían comenzado a regir el pasado 1 de
marzo pero fueron momentáneamente detenidas - especifica el
titular de NR- pues impactan nuestra competitividad, no solo
en la Región Caribeña sino en el mundo. Lo mismo ocurre con
el aumento en tarifas terrestres que publicó el Negociado de
Transporte (el Negociado) y otros Servicios Públicos (NTSP),
el pasado 23 de diciembre de 2020”.
Al respecto, el ejecutivo entrevistado recuerda que “el
Tribunal de Apelaciones determinó, el pasado 12 de abril de
2021, que esa Carta Circular del Negociado, que imponía
un alza en tarifas de acarreo terrestre de mercancía, es nula.
Con esta decisión, entidades como la Cámara de Comercio
de Puerto Rico prevalecieron en su esfuerzo de que se elimine
el aumento tarifario en la transportación terrestre en nuestra
Isla”.
De acuerdo con Rodríguez y otros analistas como el economista
Vicente Feliciano, las tarifas propuestas son arbitrarias y,
en el mejor de los casos, resultan equivalentes a un impuesto
de 21% a la transportación de carga. Se cree que el Negociado
emitió esta propuesta de tarifas sin hacer ningún tipo de análisis
financiero de las entidades reglamentadas.
En tal sentido, Rodríguez recalca que “en el Comité de
Transportación y Logística de los Industriales (AIPR) hemos
propuesto -por muchos años- el hecho de desregular las tarifas
de transportación terrestre a la libre competencia. Estas tarifas
son reguladas localmente por el Negociado y otros servicios
públicos, factor que encarece el costo, no permite descuentos
por volumen y resulta en un impacto adverso a nuestra competitividad
en cuanto a las oportunidades de hacer negocios”.
A modo de contundente ejemplo, el experto contactado
expone el documento de Clifford Winston (senior fellow at
the Brookings Institution), que data de 2009 y está titulado
como “Lessons from the U.S. Transport Deregulation Experience
for Privatization”. En síntesis, Winston alude a varios
casos adversos y refiere que “En Estados Unidos, durante las
últimas décadas, se había manejado un sistema de regulación
de precios para el transporte de autobuses y de carga, que se
tradujo en altos gastos del sector... pues generaba ineficiencias.
Se dio paso entonces para dejar a las empresas la libre fijación
de precios, obtener capital y ofrecer servicios en un mercado
competitivo en la mayoría de los Estados de EE. UU.”.
¿El resultado? De acuerdo con Winston, “la experiencia
de la desregulación en EE. UU. ha traído grandes beneficios,
como el desarrollo de prácticas que responden mejor a las
preferencias de los consumidores, la rápida incorporación de
nuevas tecnologías y la reducción de precios. Estos logros se
han agudizado gracias a la entrada de nuevas empresas que
han intensificado la competencia.”
Cabe recordar que en EE. UU., excepto Hawaii, se desre-
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