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18 N. G. Rivas
portancia e1 art. 57.1 del Reglamento Penitenciario, en virtud del cual 10s
internos toxicomanos cumplen su condena en centros extrapenitenciarios
para drogodependientes; en 1994 casi 500 reclusos fueron ~desviados)) hacia
las Comunidades Terapéuticas.
Conviene afiadir que en e1 ambito estrictamente penitenciario la legislacion
espafiola dispone de instrumentos que permiten, ya en ultima instancia,
«desviar» e1 problema de la toxicomania hacia centros sanitarios. En efecto,
e1 art. 36.2 de la Ley Organica General Penitenciaria advierte que «ademas
de 10s servicios,médicos de 10s establecimientos, 10s internos podran ser asistidos
en las instituciones hospitalarias y asistenciales de cariicter penitenciario
y, en casos de necesidad o de urgencia, en otros centros hospitalarios)).
Se permite, ademas, que 10s internos sean tratados (a su costa) por
servicios médicos ajenos a las Instituciones penitenciarias, excepto cuando
razones de seguridad aconsejen limitar este derecho (art. 36.3 LOGP). Por
su parte, e1 art. 147 bis del Reglamento que desarrolla la LOPJ establece que
cuando no existan Centros hospitalarios penitenciarios pr6ximos al lugar
donde radique e1 establecimiento en que se encuentre e1 interno o por ser 20s
servicios hospitalarios penitenciarios inadecuados para una covecta asistencia
sanitaria de 10s internos, e1 tratamiento se realizar6 en Centros hospitalarios
no penitenciarios. Pero la medida mas importante es, sin duda, e1 art.
57.1 del Reglamento Penitenciario, que en su parrafo quinto establece:
«Tratiindose de penados clasificados en tercer grado que, por presentar
problemas de drogadiccibn, necesiten de un tratamiento especCfico, la
Direccibn General [s.c. de Instituciones Penitenciarias] podrà autorizar
su asistencia en instituciones extrapenitenciarias adecuadas, phblicas o
privadas, dando cuenta al Juez de Vigilancia y condicionando ello a que
e2 interno dé su consentimiento y se comprometa formalmente a obser-
var e2 régimen de vida propio de la institucibn que le haya de acoger y 20s
controles que establezca e2 propio centro directivo.~
Debe advertirse que, segun las estadisticas oficiales, en 1994 solo un
13,1% de 10s reclusos se hallaban en Tercer Grado, siendo aplicable a ellos
unicamente la ultima disposicion citada, lo que matiza bastante su efectivi-
dad, pero sirva también para valorar como es debido la incidencia rea1 del
art. 57.1 del Reglamento Penitenciario, pues si casi 500 reclusos fueron
tratados fuera de prision eso quiere decir que e1 porcentaje de ~efectividad))
de la citada disposicion es muy alto, lo que abona por su mantenimiento en
e1 ordenamiento juridico espafiol.
ABSTRACT
L'autore, dopo aver sottolineato la stretta relazione esistente tra consu-
mo di droga e criminalità, pone specialmente l'accento sul trattamento ri-
servato al consumatore di droga che commette un reato ai sensi del nuovo
codice spagnolo di diritto penale in vigore da alcuni mesi. L'attuale disci-