BUMERÁN CHÁVEZ

apresuraron a firmar». La oposición denunció una persecución
política y organizaciones internacionales llevaron a cabo una
serie de campañas en pro de la liberación de los presos,
especialmente centradas en la figura de Simonovis, a quien el
Gobierno trató con singular severidad. En septiembre de 2014,
después de nueve años de permanecer entre rejas, Simonovis
obtuvo prisión domiciliaria por su delicada salud.
El magistrado Aponte recibía instrucciones aún más
frecuentes de la entonces fiscal general, Luisa Ortega, y sobre
todo de quien presidía el TSJ, Luisa Estela Morales. Le
informaban de «cuándo se iba a imputar a una persona, cuándo
se le iba a privar de libertad, cuándo se iban a hacer los
allanamientos». Con esa información él debía «organizar» lo
necesario y buscar al juez «más idóneo». ¿Casos
manipulados? «Fueron bastantes».
En una de las situaciones le pidieron avalar una doble
injusticia. «Buscaron un preso, lo encapucharon y lo pusieron
como testigo» para incriminar a una persona. El preso fue
premiado con la libertad por su falso testimonio, y el inocente
que fue así burdamente acusado, José Sánchez Montiel,
conocido como Mazuco, resultó condenado a diecinueve años
de prisión por homicidio. Se le adjudicó la muerte de un
agente de la Dirección de Inteligencia Militar ocurrida en
2007 en el estado Zulia, del que era gobernador Manuel
Rosales, candidato perdedor frente a Chávez en las
presidenciales de 2006. Mazuco era jefe policial del estado y
su acusación se interpretó como un intento de acoso político
contra Rosales. Elegido diputado en 2010 y condenado justo
después, Mazuco entró en la Asamblea Nacional en 2013 con
la condena aún pendiente de cumplir. La confesión de Aponte
desde el exilio no llevó a las autoridades judiciales a revisar