BUMERÁN CHÁVEZ

criminalidad. Pero sí ocurría que funcionarios
gubernamentales participaban en las redes de tráfico de drogas
como parte de su misión encomendada, simultaneando sus
cargos oficiales con esa actividad ilícita, con protección de
jerarquía más alta.
La principal función de Venezuela en el negocio de los
estupefacientes era facilitar el tránsito de los cargamentos de
cocaína, básicamente producida en Colombia y facilitada por
las FARC, y asegurarse de que podían ser colocados en
destino por carteles mexicanos. También fueron apareciendo
cultivos en zona venezolana y parte de la droga podía ser
terminada de manufacturar en laboratorios del propio país, a
los que a veces llegaba mercancía de Perú o Bolivia. En
cualquier caso, la implicación de los poderes del Estado en
esa actividad criminal se orientaba en primer lugar a facilitar
que el transporte se llevara a término. «Están usando
Venezuela como una gran autopista; para contar con garantías
necesitan que se asegure el acceso y control de vías, puertos y
aeropuertos, y la responsabilidad de la seguridad viaria y el
control de aduanas es de las fuerzas del orden», explica
Carlos Tablante, quien bajo la segunda presidencia de Caldera
dirigió la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de Drogas,
luego rebautizada como ONA. De ahí que las Fuerzas
Armadas, y en especial la Guardia Nacional, presente en las
carreteras de todo el territorio, así como en las fronteras, fuera
el sector institucional más ocupado en el narcotráfico.
Una actividad delictiva raramente se presenta sola, y en
este caso iba acompañada de contrabando de gasolina,
extorsión, secuestros, sobornos o corrupción. Esa múltiple
delincuencia era llevada a cabo por miles de bandas –Tablante
habla de dieciocho mil–, con las que mandos militares,