BUMERÁN CHÁVEZ

la sentencia dictada en su día.
La farsa también ocurría en la Justicia castrense. El propio
Aponte, cuando antes de llegar al Tribunal Supremo actuaba
como fiscal militar, recibió órdenes desde el Gobierno de
lograr la condena de Francisco Usón. Se trataba de un general
retirado que fue alto cargo del Ejecutivo de Chávez y
nombrado ministro de Hacienda a comienzos de 2002, puesto
del que dimitió a las pocas semanas por discrepancias sobre
la represión callejera gubernamental desatada en el marco de
los sucesos de abril de ese año. Se reincorporó al Ejército,
pero fue forzado a jubilarse por realizar nuevas críticas. Ya
como civil, Usón hizo en abril 2004 unas declaraciones en
televisión en las que habló de la posibilidad, sin darla como
cierta, de que el incendio que en marzo había quemado vivos a
ocho soldados en una celda de castigo de la base militar de
Fuerte Mara hubiera sido provocado intencionadamente con un
lanzallamas. Aponte fue conminado a «manipular» el caso,
porque a Usón «había que imputarlo». Se le acusó de
calumniar a las Fuerzas Armadas y en octubre de 2004 un
tribunal militar –una clara violación, pues había vuelto al
estatus civil– le condenó a cinco años y medio de prisión. Fue
liberado en diciembre de 2007 a condición de no hablar de su
caso, ni participar en actos o reuniones políticas.
El chavismo fue transformando la judicatura, removiendo
jueces que no se doblegaban a sus propósitos y sustituyéndolos
por personal jubilado de la Justicia militar –se dio una
militarización parcial de los tribunales– o por personas sin
credenciales suficientes, que obtuvieron meteóricos ascensos.
Hubo quien de vender cedés piratas o de ser comerciante de
fiambres pasó en poco tiempo a ocupar un importante cargo
judicial; incluso se produjo la promoción de un juez que tenía