BUMERÁN CHÁVEZ

Valencia, para ser embarcados en Puerto Cabello. Eso ocurría
en el estado Carabobo, cuyo gobernador, el general retirado
Luis Felipe Acosta Carlez, también daba protección al
entramado. Makled contaba, además, con la asistencia del
presidente de ese puerto, el almirante Carlos Aniasi, según
revelaría el propio traficante cuando fue detenido.
Fue un continuo intercambio de favores. Durante la huelga
general de 2002, Makled puso a disposición de Chávez sus
propios transportistas. Como pago obtuvo la concesión de
venta de urea, un fertilizante usado en el cultivo de la planta de
coca, algo conocido de sobra por la empresa estatal que lo
facilitaba, Petroquímica de Venezuela o Pequiven. «En
gratitud» a un donativo de dos millones de dólares para la
campaña electoral chavista, como explicó el empresario, este
recibió la concesión de control de Puerto Cabello, la principal
instalación portuaria de Venezuela. Entre nóminas y sobornos,
entregaba un millón de dólares mensuales a altos cargos. De
eso «vivía mucha gente del alto Gobierno», declaró a la
cadena colombiana RCN cuando tiempo después fue detenido.
Aseguraba haber acumulado un patrimonio de mil doscientos
millones de dólares.
Con el tiempo, la red de Makled, conocida como el cartel
de Beirut por el origen libanés del capo, comenzó a tener
competencia debido a la implicación directa de mandos del
Ejército. Esos militares ya no se conformaban con recibir una
participación de los beneficios, sino que deseaban ser los
repartidores. La ocasión para un mayor protagonismo militar
en el negocio de la cocaína se presentó cuando las
narcoguerrillas colombianas FARC y ELN lograron plena
movilidad en Norte de Santander, un área del vecino país
limítrofe con Venezuela. La localidad de Puerto Santander